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La fuerte preocupación social por la corrupción y la crisis económica sitúan a los lobbies en la primera línea del debate político.

Las inesperadas palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su discurso en el Debate del Estado de la Nación, sobre la futura regulación de los lobbies en el ámbito parlamentario no ha sido más que la punta del iceberg de un movimiento que lleva años creciendo fuera de los focos mediáticos.

Los lobbies (también llamados grupos de interés) están de moda. La crisis económica ha provocado la intensificación de su actividad, pero también ha puesto de relieve el descontento de la sociedad ante la opacidad en la toma de decisiones políticas, donde este colectivo desempeña un papel muy relevante.

"Detrás de cada capítulo del gasto fiscal que se detalla en la partida de gastos de los presupuestos generales del Estado (38.000 millones de euros en 2012) y detrás de cada deducción o bonificación fiscal consignada en las cuentas públicas, hay uno o varios lobbies, con nombre y apellidos", afirma Juan Francés, periodista y autor del libro ¡Que vienen los lobbies!*.

Y si es así, ¿por qué sabemos tan poco de ellos? Pues hay varios factores. "La percepción social es, por el momento, negativa, dado que se confunden con grupos de interés que desarrollan actividades opacas y dañinas para el interés general", dice Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

También los expertos apuntan a la falta de regulación en España, así como al enorme peso de los factores culturales. En los países latinos en general está peor visto este tipo de práctica, frente a la normalidad y transparencia con que se desarrolla en los países anglosajones.

Un sector en auge
Lo cierto es que en España es un sector creciente. En el Registro de Transparencia de la Unión Europea, sólo hay inscritas en torno a 300 organizaciones españolas que practican esta actividad, sobre un total de más 5.500. Sin embargo, se habla ya de cerca de un millar de actores en nuestro país.

"La crisis ha exarcebado su actividad porque cuando había dinero para todos los proyectos, el grupo de interés no necesitaba dedicar tanta atención a convencer al poder de lo razonable de concederle un contrato público, por poner un ejemplo, pero ahora que la tarta ha encogido, ya no hay porciones para todos, y eso obliga a los lobbies a intensificar su actuación", dice Francés.

El boom de fichajes a expolíticos de grandes empresas y consultoras es otra prueba de esta tendencia. En Estados Unidos es una práctica muy habitual (incluso se ha acuñado el términorevolving door movements). Parece lógico que una compañía se sienta atraída por antiguos altos cargos públicos con una agenda cargada de contactos.

Y, ¿quiénes son los protagonistas? "Los sectores más regulados son quienes necesitan mayor fluidez en sus relaciones con los poderes públicos", indica Santos Ortega, director de Asuntos Públicos de MAS Consulting España.

Más allá de los bancos y de las grandes empresas de energía, muy activos en este campo en España, hay otros actores importantes que son menos evidentes, como las ONG. "El lobby no es más que la defensa de unos intereses concretos ante el poder establecido, y esos intereses pueden ser los particulares de un grupo empresarial, o los de una asociación de discapacitados", añade Francés.

Consuelo López-Zuriaga, directora de Relaciones Institucionales en Intermón Oxfam, indica que el mayor interés de la sociedad civil en las actividades de lobby. "Su evolución obedece a un cambio en las relaciones entre la ciudadanía y los decisores políticos, dirigido a ganar espacios de diálogo y participación ciudadana en los procesos legislativos", explica. Y añade: "En tiempos de desafección política y de ruptura entre ciudadanos y decisores políticos, es esencial reconstruir los cauces de participación y dialogo para regenerar nuestra democracia".

López-Zuriaga señala que su organización ejerce esta actividad de diferente forma según el país y actúa en dos direcciones. Por un lado, con información hacia los poderes políticos gracias su conocimiento de determinados problemas: "Publicamos informes, recogemos testimonios, hacemos análisis cualitativos y cuantitativos que ofrecemos a las personas clave que participarán en el proceso de toma de decisiones". Y, por otro, desarrollando campañas con un efecto multiplicador para "construir redes de presión e influencia que tengan incidencia sobre los procesos".

En busca de la regulación
La directora de Comunicación del Foro Nuclear, Piluca Núñez, señala que las acciones de lobby "son una realidad que deben estar reguladas para que las partes involucradas conozcan las reglas del juego y las respeten. Con ella ganaríamos en transparencia y se fortalecería el derecho a la información".

Lo cierto es que ésta es una demanda histórica. María Rosa Rotondo, presidenta de APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales), ha comparecido recientemente sobre este tema en la Comisión Constitucional del Congreso proyecto de ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

Según su opinión, es necesario desarrollar un registro, similar al europeo, con todas las organizaciones que ejercen esta actividad y que quieran inscribirse. También diseñar un código de conducta, así como establecer el derecho de acceso de los lobbies al Congreso para ejercer su labor y de información de los ciudadanos a estas actividades parlamentarias (para lo que es necesario que ésta sea pública).

En Bruselas, en 2008, la Comisión Europea abrió el Registro voluntario de intereses, que según consta en la página web del registro está abierto a todas las entidades que llevan a cabo "actividades que se realicen con el objetivo de influir en los procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones de las instituciones europeas".

Modelo europeo
Aunque la propuesta del presidente Rajoy era fijar esta regulación en la Ley de Transparencia, que está en tramitación parlamentaria, previsiblemente se desarrolle antes en el nuevo Reglamento del Congreso (de momento, solo afectará a este ámbito, aunque la mayoría de las iniciativas legislativas las protagoniza el Gobierno). De hecho, a finales de febrero se acordó (solo con dos votos en contra) en el pleno una Resolución sobre Regeneración democrática y transparencia, donde se insta al estudio de "medidas oportunas a adoptar para regular las organizaciones de intereses o lobbies, con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites".

Desde la Secretaría de Estado de Relaciones con la Cortes, dependiente del Ministerio de Presidencia, confirman que la futura regulación seguramente siga el modelo europeo y que previsiblemente estará para finales de este año o el que viene.

Paradójicamente, el sector de los lobbies no ha logrado influir a los poderes públicos para acelerar su normativa. Habrá todavía que esperar unos meses para ver si se arroja algo de luz sobre este colectivo.