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GUATEMALA. Plantean reforma a Ley de Minería para prevenir conflictos.

GUATEMALA. Plantean reforma a Ley de Minería para prevenir conflictos. | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it

Reformas consensuadas por diversos sectores que incluyan aspectos sociales, culturales y beneficios netos a las comunidades es la salida que plantean varios sectores consultados por Siglo.21 para prevenir la conflictividad generada por la industria extractiva en el país. 

 

La minería es regulada por una Ley aprobada en 1997, que según políticos, académicos y sociedad civil está descontextualizada, pero, pese a varios intentos por modificarla, esta permanece estancada en el Congreso. En octubre pasado, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) presentó una iniciativa que propone 34 modificaciones en el aspecto social, económico, fiscalizador y ambiental (lea: Lo destacable según el MEM).

 

Pedro Muadi, presidente del Legislativo, opina que para que exista una baja en la conflictividad, el Parlamento debe jugar un papel importante al aprobar “una nueva ley de minas”. Indica que la actual normativa se hizo con el objetivo de “atraer la inversión y por eso las regalías son bajas”.

 

Édgar Cristiani, de la Comisión de Energía y Minas, del Congreso, concuerda y hace referencia a la iniciativa de reformas a la ley minera.

“El tema está parado; la Comisión no ha recibido las propuestas porque no se ha leído en el pleno. Cuando la tengamos, buscaremos la opinión de ambientalistas, alcaldes y los sectores que están en conflicto para buscar los consensos”, explica el legislador.

Destaca que las reformas buscarán defender los intereses de las comunidades y del Estado, crear una la ley amigable con el ambiente y que dé certeza a inversionistas.

La propuesta oficial 

Según Ivanova Ancheta, viceministra de Desarrollo Sostenible del MEM, uno de los pilares de la reforma que propone, son los aspectos sociales que permitirían reducir la conflictividad actual.

“La propuesta otorga a los ministerios de Energía y Ambiente la obligación de proveer información a las comunidades, previa a la autorización de un proyecto extractivo, a través de los Consejos Municipales de Desarrollo, responsabilidad social con pertinencia cultural y la obligatoriedad de hacer estudios de salud”, explica Ancheta.

A criterio de Yuri Melini, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), en cambio, la propuesta es un “mamarracho absoluto” y no contribuye a resolver las inquietudes que genera la extracción minera en las poblaciones de influencia. 

“No se pueden constituir a las comunas en instrumento del Estado; los miembros de los Consejos no son legítimos representantes del pueblo, se cuadran al partido de turno o a autoridades”, dice Mellini. 

Mario Marroquín, presidente de la Gremial de Industrias Mineras, opina que la reforma debe ser discutida en la agenda nacional, acorde con criterios técnicos, pero que también debe ir acompañada de otras herramientas que generen confianza.

“Se debe tener una inversión transparente y focalizada en las comunidades, un proceso informativo con diálogo permanente y una campaña de comunicación que permita comprender el verdadero alcance y beneficios de la industria”, propone.

Para el Comité de Unidad Campesina (CUC), antes de pensar en cambios se deben aclarar las inconstitucionalidades que presenta la normativa actual sobre la libre determinación de los pueblos que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“No tiene validez una reforma cuando no se respetan los derechos de los indígenas antes de las concesiones. Es falso y nefasto para los pueblos que no se reconozca el derecho de consulta, el Estado está obligado a consultar cuando firme convenios o tratados internacionales que afecten la vida económica, social y cultural”, asegura Daniel Pascual, de ese comité.

Centrarse  en el pueblo

Edwin Castellanos, de la Unidad de Investigación del Medio Ambiente, de la Universidad del Valle, expresa: “Las reformas tendrían que conformar aumento a las regalías, y mecanismos de control social y ambiental”.

Juan Carlos Rosito, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente, de la Universidad Rafael Landívar (Iarna), asevera que las reformas “ayudarían a bajar los niveles de conflictividad”.

Concuerda en que deben fortalecerse las instituciones de fiscalización “y que los ministerios  deberían tener un papel de contrapeso y no de facilitar las inversiones de las empresas”.

Así lo dijoNoticias Sigloxxi Guatemala

“Los ministerios deberían tener un papel de contrapeso y no de facilitar las inversiones de las empresas”. — Juan Carlos Rosito Universidad Rafael Landívar
“La propuesta es un mamarracho absoluto y no contribuye a resolver las inquietudes que genera la extracción ­minera”. — Yuri Melini, CALAS
“Los tiempos han cambiado; ahora sí tenemos actividad minera que se debe aprovechar de manera inteligente”. — Pedro Muadi Presidente del Congreso

 

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CHILE. El Morro: nueva acción judicial diaguita. Empresa solicita suspender Evaluación Ambiental hasta 2014

CHILE. El Morro: nueva acción judicial diaguita. Empresa solicita suspender Evaluación Ambiental hasta 2014 | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it
La Corte de Apelaciones de Copiapó resolvió paralizar la consulta indígena que a fines de marzo el SEA había instruido realizar.

 

Al parecer no será posible que los dueños del proyecto El Morro retomen el desarrollo de esta millonaria inversión aurífera en septiembre de este año, tal como esperaban.

La acción combinada de un nuevo recurso de protección y la solicitud de la propia empresa de suspender el trámite de evaluación, amenzan con postergar hasta el próximo año la obtención de los permisos ambientales de esta iniciativa, ligada a las canadienses Goldcorp y New Gold, cuya construcción demandaría una cifra del orden de US$ 4.000 millones.

El viernes pasado, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) fue notificado de una orden de no innovar que la Corte de Apelaciones de Copiapó dictó para paralizar la resolución que el organismo estatal emitió a mediados de marzo instruyendo a la empresa la realización del procedimiento de consulta indígena para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que hace un año revocó la autorización ambiental de El Morro, precisamente por no haber realizado dicho trámite.

Lo anterior, en el marco de un recurso de protección que la Comunidad Agrícola Diaguita de Los Huascoaltinos -la misma que en 2012 logró frenar el proyecto- presentó para impugnar la citada instrucción del SEA, porque consideran que ésta no se ajusta a los estándares internacionales. Añaden que no disponen de toda la información necesaria para pronunciarse respecto de la iniciativa.

Concretar este diálogo reglado es requisito para que la compañía avance en el proceso de evaluación ambiental.



Suspensión

Más allá de este tema legal, donde la compañía no está directamente involucrada, es otro el elemento que incide con más fuerza en la postergación de El Morro hasta 2014: la propia firma solicitó al SEA suspender la evaluación ambiental hasta el próximo 22 de diciembre.

“La empresa continúa trabajando para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Suprema en su fallo de abril de 2012 y para complementar su EIA, por lo que confirmamos nuestro compromiso por sacar adelante el proyecto de acuerdo a la legislación vigente”, dijeron en la compañía.

Precisamente, la firma requiere este plazo adicional para corregir algunos elementos del proyecto y responder el set de preguntas y aclaraciones que los servicios públicos remitieron en junio de 2012.

A partir de lo anterior, para que el El Morro pueda ser votado, se debe realizar la consulta y los evaluadores deben declararse satisfechos con esta quinta adenda, lo que, a luz de los nuevos plazos, sucedería recién en 2014.

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MEXICO. El quinto poder: transnacionales mineras

MEXICO. El quinto poder: transnacionales mineras | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it
En nuestro país convivimos con un régimen formal de división de tres poderes establecidos que coexisten, coadyuvan y/o son cómplices de los poderes metaconstitucionales del duopolio de los medios masivos de comunicación identificados como el cuarto poder, y el muy poderoso quinto poder, representado por el capital trasnacional colocado preferentemente en las compañías mineras, que ha logrado en los años recientes la concesión de cerca de la cuarta parte del territorio nacional. Y todo ello encubierto en la lógica del libre mercado, donde en apariencia se trata del ejercicio de libertades a las que potencialmente, y muy en abstracto, todos y todas tenemos derecho. Luigi Ferrajoli ha mostrado en su más reciente libro, Poderes salvajes, cómo estos nada virtuales poderes han sometido al modelo de constitucionalismo democrático que formalmente rige en nuestros países. 

Hoy es muy claro que el modelo neoliberal prohijó la fuerza de estos poderes y ha provocado la distorsión grave de los llamados estados nacionales que, antes que proteger y garantizar las libertades fundamentales, se coloca como ente subsidiario del gran capital. Pero no estamos hablando de simples tendencias especulativas; a lo largo y ancho del país se resiente el impacto negativo del extractivismo a ultranza, en demérito de la integridad territorial de los pueblos que nunca han sido hijos predilectos del Estado, los indígenas, los de muy antes que han resistido históricamente frente al despojo; sin embargo, la actual situación es ya la mayor amenaza para su subsistencia.

 

FUENTE

http://www.jornada.unam.mx/2012/03/27/opinion/022a2pol

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Canada's treatment of aboriginal people faces global scrutiny - Manitoba - CBC News

Canada's treatment of aboriginal people faces global scrutiny - Manitoba - CBC News | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it

Canada's record on how it treats aboriginal people will be under global scrutiny within the next year.

The federal government is allowing three human rights groups — including two from the United Nations — to make visits where they will look at living conditions in aboriginal communities, including access to clean water, housing and education.

The groups will also probe whether government and law enforcement are doing enough to resolve the cases of an estimated 600 murdered and missing aboriginal women.

"Now Canada has to respond to the international community," said Grand Chief David Harper of Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), which represents Manitoba's northern First Nations communities. "What have you done? What more can be done?"

The United Nations' special rapporteur on the rights of indigenous peoples, James Anaya, as well as members of the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women and the Inter-American Commission on Human Rights will make the visits.

'Canada has nothing to hide'

The federal government says it stands by its record on human rights.

"We are proud of our record, so there is nothing to hide," said Deepak Obhrai, the parliamentary secretary to the minister of foreign affairs. "Canada has nothing to hide."

Anaya made his initial request for access to Canada in February 2012. A year later, in February of this year, he wrote to the Union of B.C. Indian Chiefs saying he still had not heard from the Canadian government about his request.

On April 26, Canada's ambassador and permanent representative to the United Nations at Geneva, Elissa Golberg, announced the federal government would allow Anaya to visit.

The last time that a UN special rapporteur on the rights of indigenous peoples visited Canada was in 2004.

Chief Harper said many countries at the United Nations have been pushing Canada to address the living conditions of aboriginal people.

"We've been banging on the doors of Parliament Hill, but here we are in this day and age. We need other countries to speak on our behalf," he said.

Visits provide some hope

It has been a year and a half since Gail Nepinak's sister, Tanya, went missing in Winnipeg, and there has been little to no progress in her case.

Gail Nepinak, left, and mother Joyce Nepinak hold a photo of Tanya Nepinak, who went missing in September 2011. (Ryan Hicks/CBC)

"She was kind-hearted … a special person," Nepinak said of her sister, who is among Canada's estimated 600 missing and murdered aboriginal women.

Winnipeg police charged Shawn Lamb last year with first-degree murder in connection with Tanya Nepinak's death, but her remains have never been found.

Gail Nepinak said the upcoming visits by the human-rights groups provide a glimmer of hope, as she doesn't believe governments and law enforcement are doing enough on cases like her sister's.

"When my sister went missing, I feel like they just put her aside," she said.

"Hopefully it will be helpful," she added. "If it helps, that's good. Anything helps for us."

Not the first UN visit

Canada has had a testy relationship with UN special rapporteurs lately.

Last May, the UN special rapporteur on the right to food, Olivier De Schutter, scolded Canada over inequality and access to food. He said inequality is getting worse and that 800,000 households do not get the healthy food they need.

The government responded to De Schutter's comments at the time, with Immigration Minister Jason Kenney suggesting that De Schutter was wasting his organization's money by visiting a developed country.

"Canada sends billions of dollars of food aid to developing countries around the world where people are starving," Kenney said.

"It would be our hope that the contributions we make to the United Nations are used to help starving people in developing countries, not to give lectures to wealthy and developed countries like Canada. And I think this is a discredit to the United Nations," he said.

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Indigenous methods of food preparation: what is their impact on food security and nutrition? | Global Forum on Food Security and Nutrition (FSN Forum) - FAO

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NICARAGUA. Indígenas alertan que la reserva de biosfera Bosawas puede desaparecer por avance de colonos

NICARAGUA. Indígenas alertan que la reserva de biosfera Bosawas puede desaparecer por avance de colonos | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it
Dirigentes indígenas de Nicaragua alertaron hoy que Bosawas, la reserva de la biosfera más grande de Centroamérica, corre peligro de desaparecer si no se detiene el avance de los colonos.

 

: Hasta 2010 el área de Bosawas tenía 823.237 hectáreas de extensión, y ha perdido al menos un 29 % de cobertura boscosa en los últimos 25 años, de acuerdo al estudio, titulado "Análisis de las causas de deforestación de Bosawas". EFE/Archivo

"Queremos que el mundo sepa que los bosques nubosos de Bosawas están en peligro", advirtió el presidente de la nación indígena mayagna Arisio Genaro, a través de una carta, cuya copia envió a Efe.

Genaro aseguró que "si el gobierno de Nicaragua no actúa, en diez años no quedará nada para nuestra protección".

Desde el 2010 esa reserva ha perdido 150.000 hectáreas de bosques en la zona que pertenece a la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN), según un estudio elaborado por la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), la Cooperación Alemana en Nicaragua, la Unión Europea y el organismo Oxfam.

Hasta 2010 el área de Bosawas tenía 823.237 hectáreas de extensión, y ha perdido al menos un 29 % de cobertura boscosa en los últimos 25 años, de acuerdo al estudio, titulado "Análisis de las causas de deforestación de Bosawas".

 

Los indígenas mayagnas son dueños de bosques naturales de Bosawas, y acusan a los colonos de "vender tierras para pastos".

Los mayagnas aseguran que en 2009 terminó un proceso de titulación que los legitimó como dueños de las tierras en Bosawas.

 

Las autoridades del municipio de Rosita, en la RAAN, abrieron juicio contra cuatro directivos de la Asociación de Campesinos Agraristas, compuesta por colonos que protestaron contra las demandas de los mayagnas.

"Sin embargo, los funcionarios están haciendo muy poco para detener el conflicto en tierra y la deforestación ilegal", sostienen los indígenas.

Un indígena, identificado como Elías Charly Taylor, murió el 24 de abril pasado en un enfrentamiento entre mayagnas y colonos en la comunidad de Sulún, en el territorio mayagna, por conflictos de propiedad.

 

Tras esos enfrentamientos, Bosawas "se ha convertido en una especie de salvaje oeste, marcada por las invasiones de tierras, los conflictos armados, la inestabilidad social, las ventas ilegales de tierras, la tala ilegal y la extracción ilegal de la riqueza mineral", alertó, por su lado, el asesor técnico de los indígenas mayagnas, Taymond Robins.

En su carta, la nación mayagna dice estar en un "estado de emergencia" por la "creciente tensión entre los pueblos indígenas y los colonos en Bosawa".

 

La nación mayagna anunció que realizarán una protesta en Managua el 8 de mayo próximo con el apoyo de los pueblos indígenas de Nicaragua, para exigir protección.

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura (UNESCO) sumo a Bosawás en su lista de reservas de biosferas en 1997, a través del programa El Hombre y la Biosfera.

Bosawás es una de las masas boscosas más grandes de Centroamérica y está integrada por seis áreas protegidas. Su tamaño es comparable con la extensión de El Salvador.

Pertenece, además, a la red de reservas de la biosfera, compuesta por 525 lugares ubicados en diferentes partes del mundo y se considera uno de "los principales pulmones del planeta", según las autoridades.

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MEXICO. Manuscritos indígenas fueron postulados a Memoria del Mundo

MEXICO. Manuscritos indígenas fueron postulados a Memoria del Mundo | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it
Los manuscritos de la BNAH están siendo digitalizados, no sólo por cumplir con las normas de la Unesco, sino para su preservación.

Para su inscripción en el Registro Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), han sido postulados 58 manuscritos en lenguas indígenas mexicanas, entre libros de tributos, anales, crónicas, vocabularios, gramáticas, arte de la lengua, sermonarios, confesionarios, textos bíblicos, poesía y representaciones, que se complementan con 35 documentos más de los siglos XVI y XIX, según se informó el pasado 3 de abril.

 

El patrimonio documental está propuesto para el citado registro junto con materiales de la misma naturaleza que custodian la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad Iberoamericana (UIA), según señala un comunicado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah).

 

Distribuidos en los fondos Franciscano, Colección Antigua, Lira, Colegio de San Gregorio, Colección Bustamante, Federico Gómez de Orozco, Jesuita, así como en la I, II y III Serie de Papeles Sueltos, los 58 manuscritos en lenguas indígenas de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (BNAH) proceden en su mayoría de la Biblioteca del Antiguo Museo Nacional, pero emanan directamente de las instituciones religiosas que catequizaron a lo largo y ancho del territorio novohispano.

El material está escrito en chiapaneco, chinanteca, chontal, cakchiquel (de Guatemala), matlaltzinca, mazateca, mixteco, maya, mayo, mazahua, mixe, mixteco, náhuatl, otomí, purépecha, trique, zapoteco y zoque, lo que implicó para los frailes, principalmente franciscanos y jesuitas, el conocimiento profundo de las mismas para realizar las adaptaciones fonéticas convenientes.

Más allá de su posible inscripción en la lista de la Unesco, comenta el historiador Juan Carlos Franco, responsable de la catalogación del Archivo Histórico de la BNAH, su importancia para la historia mexicana y universal es indiscutible, al ser testimonio del proceso de aculturación en el Nuevo Mundo, y que implicó para las distintas órdenes religiosas la adecuación del Evangelio y, por ende, de los caracteres latinos a la diversidad de idiomas originarios de estas tierras.

Abundó que estos ejemplares “son testimonio de la evolución de algunas de las lenguas indígenas del país y dan cuenta de fenómenos sociales como la evangelización y el mestizaje del lenguaje escrito, mediante la adaptación de los caracteres europeos a las palabras de un nuevo continente”.

Mientras sostiene un vocabulario en otomí editado en 1771, el cual se complementa con un impreso, Juan Carlos Franco explica que se solicitaron tipos especiales de imprenta en Europa para adaptar los sonidos a este idioma.

 

Franco, junto con su colega María de Lourdes González Cabrera, son responsables de la redacción del formulario para la inscripción de los manuscritos en lenguas indígenas, y destacan que entre los más antiguos se encuentra un sermonario del siglo XVI, en lengua náhuatl, proveniente de la Biblioteca Indiana de Lorenzo Boturini.

 

Otra de las rarezas documentales es un catecismo de fines del siglo XVI o inicios del XVII, en lengua chiapaneca (ya extinta), que en sus páginas intercala la escritura con dibujos. Se trata de una reminiscencia de los catecismos testerianos elaborados durante la Conquista, a base de pictografías, antes de que los instructores religiosos hubiesen aprendido las lenguas de los pueblos indígenas.

 

Los soportes de estos documentos también refieren a al menos los tres siglos de la Colonia, en que se les consideró una herramienta fundamental para la conquista espiritual. Hay desde los prehispánicos como el papel maguey, hasta el europeo, llámese papel de trapo o pergamino.

Pero no sólo documentos doctrinarios fueron escritos en lenguas indígenas, señala Juan Carlos Franco; ejemplo de ello es un libro de tributos del Marquesado del Valle —que incluía amplios terrenos en Oaxaca y en el estado de México, concedidos por el rey Carlos V a Hernán Cortés—, escrito en náhuatl a fines del siglo XVI.

 

Versos, poemas e historias también cobraron vida a través de las lenguas indígenas, como es el caso del título Nican Mopohua, historia de las apariciones de la Virgen Santísima María Guadalupe.

 

Los 58 manuscritos en lenguas indígenas de la BNAH conforman el grueso de los documentos propuestos para el Registro Memoria del Mundo, que se complementa con 35 documentos más que postulan la Buap, el ITESM y la UIA.

 

Los manuscritos de la BNAH están siendo digitalizados, no sólo por cumplir con las normas de la Unesco para patrimonios susceptibles de inscribirse en el Registro Memoria del Mundo, sino para su preservación, de suerte que evita su manipulación y permite la consulta permanente, al actualizar los soportes tecnológicos.

Fuente: El Universal

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Indígenas de todo Brasil protestan para defender tierras ancestrales y su supervivencia como pueblos

Indígenas de todo Brasil protestan para defender tierras ancestrales y su supervivencia como pueblos | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it
Centenares de indígenas de todo Brasil exigieron al Congreso que frene un paquete de reformas que aseguran benefician al poderoso sector agrícola y amenazan los derechos sobre sus tierras ancestrales y su supervivencia como etnias.

"Somos contrarios a la invasión de nuestras tierras. Nosotros somos los primeros habitantes, el (hombre) blanco nos está mandando, eso no nos gusta. Tienen que respetarnos”, dijo solemne y en su lengua, ante diputados y representantes de los indígenas de todo el país, el conocido cacique Raoni, con su gran disco redondo de madera insertado en el labio inferior y una corona de plumas amarillas.

 

“Estamos exigiendo que sean revocados esos proyectos de ley, que son un trabajo asesino. Donde crecimos y nos criamos es donde está el espíritu del pueblo indígena, el espíritu del agua, el espíritu del bosque, no dejaremos esas tierras”, dijo Oriel Guaraní Kaiowá, representante de esta etnia del centro oeste de Brasil.

 

El año pasado, los Guarani-Kaiowá captaron la atención mundial al resistir el desalojo de una gran hacienda en el sur del país, que aseguran está dentro de sus tierras ancestrales, y que está siendo demarcada por el gobierno para entregar a los aborígenes.

 

La principal legislación repudiada por los indígenas es una enmienda constitucional (PEC 215), que transferiría del gobierno al Congreso la competencia de aprobar y demarcar tierras indígenas y los parques de conservación ambiental.

 

“Entregar el control de la definición de tierras indígenas a un Congreso con una poderosa bancada del sector agropecuario es un peligro. Es una medida de la bancada agropecuaria para retirar el poder del Ejecutivo en esa área”, dijo a la AFP el diputado Maritón de Holanda, coordinador del Frente Parlamentario de Defensa de los Pueblos Indígenas.

Reformas en curso

Otra reforma en estudio en el Parlamento autorizaría crear concesiones a productores agropecuarios dentro de tierras indígenas.

 

Las autoridades pretenden aún la regulación de la explotación minera en tierras indígenas y el abogado del Estado aprobó recientemente una medida que impide ampliar tierras indígenas reconocidas en el pasado.

Unos 300 indígenas comparecieron el martes ante una comisión de la Cámara de Diputados para exponer sus pedidos y decidieron no abandonar el lugar hasta no recibir garantías de que sus reclamos serían atendidos.

“Toman decisiones que ponen en riesgo a nuestros pueblos y la madre tierra; están enterrando nuestros derechos, queremos ser consultados”, lamentó a la AFP la indígena Taurepang Telma Marques, del territorio Raposa Serra do Sol del norte amazónico, reconocida a los indígenas y que los colonos tuvieron que abandonar hace exactos ocho años.

 

Las tierras indígenas ocupan el 12% del territorio de Brasil, y en la Amazonía el 20%. Pero hay todavía muchas áreas pendientes de reconocimiento oficial en favor de los indígenas, la mayoría ocupadas por colonos, en las zonas del país donde ha habido un gran avance de la agropecuaria, como es el caso de los Guaraní Kaiowá.

 

La sesión en el parlamento se inició con danzas y cantos espirituales de los indígenas xavantes, con sus cuerdas al cuello y el cuerpo en los colores de la tierra, del negro al marrón y el rojo, pletóricos porque acaban de recibir la titularidad de sus tierras ancestrales en Mato Grosso (centro oeste).

 

“Son nuestras danzas tradicionales para bendecir este lugar y para que nos ayude en nuestra lucha”, explicó una Macuxí, de la tierra Raposa Serra do Sol, que danzó con un grupo de mujeres indígenas en faldas de paja.

El presidente de la Cámara de Diputados, Luis Eduardo Alves, se comprometió a llevar sus reclamos a una reunión de líderes de los partidos.

“Nunca aceptaré deforestación en áreas indígenas, nunca aceptaré la construcción de hidroeléctricas y la explotación minera en tierras indígenas”, concluyó el jefe Raoni, quien expresó que quisiera llevar sus reclamos a la presidenta Dilma Rousseff.

En Brasil, con 194 millones de habitantes, viven 896.900 indígenas, distribuidos en 305 etnias, que hablan 274 idiomas, según el último censo oficial. AFP

 

 

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El Salvador: indígenas exigen reconocimiento de sus derechos ante Asamblea Legislativa

El Salvador: indígenas exigen reconocimiento  de sus derechos ante  Asamblea Legislativa | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it

SOY INDIGENA Y EXIGO MIS DERECHOS.

San Salvador- Representantes indígenas de El Salvador exigieron el 11 de abril en una marcha a la Asamblea Legislativa que ratifique una reforma constitucional aprobada hace casi un año que reconoce la existencia de los pueblos autóctonos del país.

 

Los manifestantes también demandaron que el Estado salvadoreño firme y ratifique el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas.

Dirigentes de la marcha entregaron su petición sobre la enmienda constitucional a diputados del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que prometieron impulsar una pronta ratificación.

 

La reforma fue aprobada el 25 de abril de 2012 y para entrar en vigor debe ser ratificada por la actual legislatura, que se instaló el 1 de mayo de ese año.

 

La enmienda supone "el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas de El Salvador", señaló un comunicado de la Mesa Permanente de la estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

 

"El propósito que tenemos es reclamarle o pedirle a la Asamblea que ratifique la reforma del artículo 63 de la Constitución de la República", que significa "el derecho a nuestro reconocimiento", dijo a Efe el tata (anciano) Juan Portillo, originario de los pueblos náhuat pipil de El Bálsamo, La Libertad (centro).

 

"Seguimos siendo marginados y sufriendo muchas violaciones" en cuanto a derechos económicos y sociales, agregó.

 

"Soy indígena y exijo mis derechos", "Reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas ya", "Los derechos indígenas nos han sido negados ¡Hoy los reclamamos!", decían banderas y carteles que llevaban algunos indígenas en la marcha.

 

La manifestación, que fue apoyada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, recorrió desde el parque Cuscatlán hasta el Parlamento, en el sector histórico de San Salvador.

En el comunicado, los representantes indígenas también demandaron que El Salvador se adhiera al Convenio 169 de la OIT, así como el respeto de su identidad cultural y que no continúe "la política de uso folklórico de los pueblos indígenas", que no son "objetos, sino sujetos de derecho".

El Salvador es uno de los pocos países de Latinoamérica y el Caribe, junto a Panamá, Uruguay, Surinam y Guyana, que no han ratificado el Convenio 169, según dijo a Efe el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, durante una visita a San Salvador en agosto de 2012.

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ECUADOR. Legisladores piden a la CIDH verificar matanza de indígenas taromenane

ECUADOR. Legisladores piden a la CIDH verificar matanza de indígenas taromenane | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it

Los asambleístas César Montúfar y Cléver Jiménez solicitan al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visite Ecuador ...

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Chile. Ley Araucanía y Convenio 169: los ejes de la cumbre empresarial chilena en La Araucanía

Chile. Ley Araucanía y Convenio 169: los ejes de la cumbre empresarial chilena en La Araucanía | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it

Para la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) la recuperación de la tranquilidad en la Araucanía no sólo pasa por medidas de seguridad, sino también por los proyectos de ley comprometidos por el gobierno.

 

A las 07.00 horas en punto de ayer dio comienzo el desarrollo de la intensa agenda que la Confederación de la Producción y del Comercio  (CPC) tenía programada para su vista en la Región de la Araucanía. Esto, con  el objetivo de desplegar el primer comité ejecutivo de la gestión de Andrés Santa Cruz en Temuco, y así entregar una señal de solidaridad a los empresarios del sector, por la serie de atentados ocurridos en el último tiempo. 

 

El día anterior ya se habían reunido con el Intendente regional, Andrés Molina, con el mismo propósito: tratar el conflicto en la Araucanía, ya que durante 2012 las denuncias relacionadas con el conflicto mapuche llegaron a 300, elevándose en un 77% respecto a 2011.

 

"Decidimos hacer nuestro primer comité ejecutivo en La Araucanía, como una muestra de apoyo  a todos los habitantes de La Araucanía por la difícil situación que están pasando, y reiterar nuestro mensaje de que hay que buscar una solución a la problemática que se vive, con la participación de todos, pero previo a ello es fundamental que impere el Estado de derecho", dijo Santa Cruz

 

En este contexto, los representantes de las ramas de la CPC (sólo se ausentó la Asociación de Bancos), se reunieron con la Fundación Aitué, con víctimas de atentados en la zona y con la multigremial de la región de la Araucanía, además de otras asociaciones de la zona.

 

Las principales preocupaciones, que fueron abordadas en la reunión, tanto para la CPC como de la multigremial de novena región, pasan por la Ley Araucanía y el convenio 169 de la OIT, sobre la consulta a las comunidades por proyectos de inversión. El tema pasa por el compromiso del gobierno de tener ambas propuestas durante este mes, sin embargo, hasta ahora, según el empresariado, no han existido señales de premura por parte del Ejecutivo.

 

LEY ARAUCANÍA


Tras el asesinato de la pareja Luchsinger - MacKay, en enero pasado, el gobierno se comprometió con los parlamentarios y empresarios de la zona, al envío al Congreso de una Ley Araucanía, que incorporara temáticas para el desarrollo regional, pasando así de los planes para La Araucanía (realizados por los tres últimos gobiernos) a una ley que trascienda al gobierno de turno. 

 

En este sentido, el presidente de la multigremial de la novena región, Emilio Taladriz (ver entrevista) señaló que "se está estudiando la Ley Araucanía, es un tema que hemos hablado con el presidente, hemos intercambiado opiniones y necesitamos que ellos nos ayuden en sacar una ley. Hay distintos elementos que se están discutiendo, el sistema de consulta al convenio 169 también es una tarea que nos hemos dado en conjunto para que ellos se empapen desde la región y vean como nosotros vivimos".

Las propuestas que elaborarán los empresarios sobre la Ley Araucanía estarán a cargo de la multigremial regional, que se están elaborando con la Fundación Aitué (tipo de think tank para las políticas de corto y largo plazo) y CorpAraucanía, e incorporará las observaciones realizadas por la CPC en su visita a Temuco.

 

En esta línea, la multigremial ya tiene elaborado un borrador con 8 puntos que será entregado en los próximos días a las autoridades. Entre las propuestas se encuentran alianzas productivas con trabajadores mapuches y no mapuches, avanzar en temas de inversión con apoyo del Estado (para acceso a créditos), conectividad vial, agua potable para sectores de la zona que aún no tienen y propuestas educacionales por el retraso en la región.    

 Los empresarios esperan que en los próximos días el gobierno cumpla su promesa y envié la ley al Congreso. "La tarea que se viene es importante y vamos a seguir  una línea con la CPC y vamos a tener un comité que va a estar preocupado de estos temas", señaló Taladriz.  

 

La propuesta de la multigremial también incorporará una línea sobre emprendimientos que generen impacto en la región. Además solicitarán que se incorpore en la Ley de Presupuesto, con un costo por 10 años.

       

CONVENIO 169


En marzo de este año el ministro de Desarrollo Social se reunió en La Moneda con representantes de los pueblos indígenas para hacerlos participes del perfeccionamiento al sistema de consulta obligatoria contemplado en el convenio 169 de la OIT, frente a proyectos de inversión que atañen a pueblos originarios. En este sentido, Andrés Santa Cruz dijo que este era un tema primordial para la CPC, y sostuvo que están esperando analizar el documento que prepara La Moneda, ya que el compromiso era que se haría llegar a los empresarios previa aprobación.  

  

"Es una preocupación para nosotros muy importante, porque es un tema que no solo tiene que ver con La Araucanía, sino también tiene que ver con las inversiones en todo el país. Lo que nosotros hemos planteado es que queremos dar nuestro punto de vista al respecto, y ahora estamos a la espera para ver como se encadena esto", dijo el presidente de la CPC.  

De esta manera, los representantes de la cúpula empresarial señalaron que lo más importante es que el reglamento sea lo más claro posible, para que se cumpla con la certeza jurídica que requiere el desarrollo de los proyectos que aún se mantienen en la incertidumbre.

 

Presidente de la multigremial de La Araucanía y conflicto mapuche: "Las medidas del gobierno han sido insuficientes"

 

En julio del año pasado, Emilio Taladriz, fue víctima de un atentado a uno de sus predios  familiares en la Región de La Araucanía. Hasta ahora no se conoce la identidad de las personas que llevaron a cabo ese hecho, que puso en pausa un esfuerzo de toda la vida. Es por ello, que como presidente de la multigremial, ahora más que nunca, Taladriz tiene como propósito que este gobierno cumpla con las promesas de devolver la tranquilidad a la zona, y que genere la ley para mejorar la productividad regional en sintonía con las comunidades. A la vez emplaza a la justicia a ser más diligentes, y así entregar certezas a aquellos empresarios que quieran invertir en la región.

 

¿Qué diferencia  hay en tener una Ley Araucanía, con los distintos planes que ya han generado los gobiernos?


Hoy estamos en un escenario distinto, hemos llegado a un nivel de violencia en la región que no hemos visto antes, el 2012 fue lejos el más brutal en cantidad de atentados llegando a 300. Y en 2013 tuvimos el atentado más brutal, con el asesinato de la familia Luchsinger - MacKay (enero pasado). Esa tragedia produjo una reacción en el mundo político, y por eso vemos con esperanza que a nivel de Parlamento exista conciencia en torno al problema de La Araucanía, tardía pero valiosa igual. De esta manera vemos una situación más propicia para que estas ideas se transformen en ley y no dependan de los gobiernos de turno, y sea a largo plazo.

 

¿Cree que el gobierno ha actuado un poco lento para generar medidas de seguridad en la zona?


Los distintos gobiernos han fallado en estos temas, este no es problema de un gobierno en particular. Se sacó un convenio 169 de mala manera, se han destinado recursos a donde no se debe, se ha despilfarrado dinero, y lamentablemente uno ve que después de todo eso la violencia sigue aumentando, los crímenes, los asesinatos, las quemas, es decir, ha fallado el sistema. Lo que vemos es que hay que juntar voluntades, y hoy tenemos una oportunidad, y ojalá reparar lo que ha sucedido, reparar a la región en general y que se traduzca en una buena ley para la región.

 

¿Considera que las medidas del gobierno para recuperar esa seguridad y tranquilidad han sido suficientes después de enero pasado?


Si yo me tuviera que referir desde el punto de vista de los resultados, han sido insuficientes lo ha hecho hasta ahora. El actual ministro del Interior (Andrés Chadwick) ha tomado con más celeridad este tema y ve una voluntad más decidida a corregir este tema y hay que valorarlo, pero hasta ahora los resultados no han acompañado esa voluntad y creemos que hay que corregir ciertas cosas, como la impunidad que ha hecho tanto daño en la región.

 

Y en cuánto las pesquisas por atentados ¿han sido efectivas?


El nivel de resultado en cuanto a las pesquisas policiales y judiciales son bajísimos, y eso genera la sensación de impunidad en los habitantes de esta región, porque vemos que las causas no llegan a buen fin. Lamentablemente el sistema judicial que tenemos es garantista, con fallos que aún no podemos comprender, que no está siempre a favor de las víctimas y más bien poniendo facilidades a quienes han ocupado la violencia.

 

Por Pia Toro

10/04/2013

Fuente

http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2013/04/7-20979-9-ley-araucania-y-convenio-169-los-ejes-de-la-cita-de-la-cpc-en-la-ix-region.shtml

 

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CHILE. Cuenta pública de la Defensoría: 23,7% de las detenciones ilegales corresponden a indígenas

CHILE. Cuenta pública de la Defensoría: 23,7% de las detenciones ilegales corresponden a indígenas | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it

La Defensoría Penal Pública dio a conocer hoy su cuenta pública del año 2012, en la que destacan el alto porcentaje de detenciones ilegales, pero la alta cantidad de indígenas que se encuentran en esta situación.

El defensor nacional Georgy Schubert indicó que "si bien las detenciones que se declaran ilegales son muy pocas (casi 1,5%), es interesante analizar (…) que se declaran con mayor frecuencia cuando el detenido es indígena (23,7%), adolescente (17,1%) o extranjero (13,5%). Es importante que reflexionemos como sociedad, ya que estos indicadores reflejan la forma en que nuestro sistema trata a ciertos grupos".

De esta forma además, indicó que se mantuvo la tendencia que año a año reduce la brecha entre mujeres y hombres imputados, pues si al inicio de la reforma las primeras representaban sólo el 10% de los ingresos, el año pasado totalizaron 17%.

Agregó que los delitos más comunes cometidos por las féminas fueron las lesiones (24,4%) y los hurtos (24%). No obstante, destacó como preocupante que las mujeres ingresan más por delitos de drogas que los hombres y existe un sostenido aumento de imputadas por delitos violencia intrafamiliar.

PRISION PREVENTIVA


El porcentaje de imputados con prisión preventiva se ha mantenido estable en los últimos años, pero sí ha aumentado el total de personas afectadas, pasando de casi 14 mil en 2006 a más de 21 mil personas en 2012.

Schubert destacó que de las personas que fueron declaradas con la medida cautelar de prisión preventiva, "sobresalieron notoriamente" los extranjeros (18,2%) y los indígenas (poco más de 7%). "El tema es aún más complejo en los adolescentes, pues sólo el 15% de los jóvenes a los que se les aplicó la medida de internación provisoria fueron finalmente condenados a una pena privativa de libertad", explicó el defensor.

 

CIFRAS GENERALES

Según el defensor nacional y desde el inicio de la reforma procesal penal, la Defensoría ha prestado servicios en cerca de dos millones y medio de causas de imputados, mediante un modelo mixto que supone un 71 por ciento de prestaciones efectuadas por defensores licitados y 29 por ciento por defensores institucionales. Así, de las 361 mil 634 causas ingresadas el año pasado, 249 mil 527 imputados fueron atendidos por abogados licitados.

 

8/04/2013

 

FUENTE

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/04/680-517716-9-cuenta-publica-de-la-defensoria-237-de-las-detenciones-ilegales-corresponden-a.shtml

 

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PERU. Gobierno tergiversa finalidad "Consulta previa dará más confianza a empresas extractivas" afirma Viceministro

PERU. Gobierno tergiversa finalidad "Consulta previa dará más confianza a empresas extractivas" afirma Viceministro | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it
La aplicación de la consulta previa va a generar progresivamente más confianza en las empresas extractivas sobre el desarrollo de inversiones más sostenibles y sin conflictos sociales, sostuvo hoy el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra.

 

"Poco a poco se va ir generando un clima de comprensión del proceso y de las tareas que nos compete a todos. Esta es una política nueva y nos encontramos en la etapa de información", señaló.

 

Resaltó el respaldo de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) a este mecanismo contemplado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y dijo que esa actitud demuestra que las empresas comienzan a entender la importancia de la consulta previa.

La consulta previa, que otorga voz a las comunidades nativas sobre el desarrollo de proyectos de inversión en sus territorios, tiene como objetivo mejorar la calidad de las inversiones, lo cual es beneficioso para las empresas, para la población y el Estado, subrayó.

 

Aquellos proyectos extractivos que no cumplan con los estándares de calidad, sociales y ambientales, añadió, constituyen en la práctica una amenaza para la estabilidad social en las zonas donde se desarrollan.

Indicó que desde el Estado se harán todos los esfuerzos para que los demás sectores entiendan de la importancia de velar por los derechos de los pueblos indígenas y la paz social.

 

Asimismo, aseguró que la presencia efectiva del Estado permitirá el éxito de la consulta previa en los pueblos indígenas que se inician este año.

 

Sin embargo, anotó, el Estado tiene que "llegar temprano" a los pueblos indígenas, no solo para la consulta previa en sí misma, sino para señalar cuáles son lo problemas reales en la zona donde se realizará la actividad extractiva.

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CEPPDI's curator insight, April 7, 2013 11:45 AM

Explicar al Vice ministro que la finalidad de la Consulta Previa no es "dar confianza a las empresas"  sino   garantizar la participación efectiva y salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas antes de que el estado adopte decisiones suceptibles de afectarles.

 

En ninguna parte del derecho internacional se establece que la finalidad de las consultas sea "dar confianza a las empresas".

 

Al contrario, todas las normas y directrices internacionales existentes subrayan la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos de los pueblos indígenas y el deber del estado de proteger dichos derechos.

 

Perú está erosionando la consulta previa como institución de derechos humanos.

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Tribunal de Guatemala exige al Estado pedir perdón a indígenas por genocidio

13-05-2013 / 20:40 h EFE

El tribunal guatemalteco que condenó al exdictador José Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de guerra perpetrados contra indígenas ixil instó hoy al Estado a pedir perdón a ese pueblo maya y sobre todo a las mujeres, y declaró el 23 de marzo "Día contra el Genocidio" en Guatemala.

 

Estas medida forman parte de las doce reparaciones en favor de la etnia maya ixil que fue víctima de genocidio y crímenes de guerra entre 1982 y 1983, periodo en el que gobernó de facto Ríos Montt.

El 23 de marzo de 1982 es la fecha en la que el general retirado asumió la jefatura del Estado tras el golpe militar que derrocó al gobierno del general Fernando Romeo Lucas García.

 

Durante la audiencia celebrada hoy en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la jueza Jazmín Barrios dijo que el tribunal también resolvió que los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) pidan perdón al pueblo maya ixil y sobre todo a las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual.

 

El acto se deberá celebrar en los municipios de Chajul, Cotzal y Nebaj, en el departamento noroccidental de Quiché, donde se perpetraron las matanzas de 1.771 indígenas por las que fue condenado Ríos Montt y absuelto su antiguo director de Inteligencia Militar, el general retirado José Rodríguez.

La presidencia de Guatemala y los ministerios del Interior y Defensa también deberán pedir perdón en una ceremonia oficial en el Palacio Nacional de Cultura.

El Gobierno guatemalteco deberá depositar un pergamino en los tres municipios de Quiché con una disculpa a las víctimas del genocidio y construir un monumento en homenaje al pueblo ixil.

Además, está obligado a crear centros de estudios desde primaria hasta la universidad e incluir en el proceso educativo la enseñanza del derecho humanitario para rescatar la diversidad cultural.

Asimismo, el Ejecutivo guatemalteco deberá incluir la categoría de "genocidio" en el Programa Nacional de Resarcimiento para que las víctimas ixiles de ese delito reciban una indemnización, y construir un centro cultural en los tres municipios.

Según la resolución judicial, el Ejecutivo tiene que divulgar la sentencia contra Ríos Montt y crear un museo itinerante sobre el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, y el Ministerio Público elaborar un mural que contenga su compromiso de velar por el respeto de la diversidad cultural.

La jueza aclaró que estas medidas no representan ninguna "condena" al Estado de Guatemala sino que se le recomienda la utilización de los mecanismos que sean necesarios para realizar una reparación digna a las víctimas del genocidio.

 

A la audiencia no asistió Ríos Montt debido a que cuando era trasladado al tribunal sufrió un desmayo y tuvo que ser trasladado a un centro médico.

Su abogado, Francisco García, explicó que el anciano militar, de 87 años, padece de hipertensión arterial y de próstata, y que desde el domingo un médico forense y un juzgado de turno habían autorizado su traslado a un centro médico para que recibiera atención.

 

Ríos Montt fue recluido en el Cuartel Matamoros, en la capital de Guatemala, momentos después de ser condenado el pasado viernes en primera instancia a 80 años de prisión por delitos de genocidio y crímenes de guerra.

 

Su abogado dijo que la próxima semana tienen previsto apelar la condena una vez que el tribunal le entregue el 17 de mayo el expediente completo de la sentencia.

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CHILE. 4 mil diaguitas interpondrán recurso por tierras ancestrales donde están Pascua Lama y El Morro

CHILE. 4 mil diaguitas interpondrán recurso por tierras ancestrales donde están Pascua Lama y El Morro | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it

En los próximos días 4 mil diaguitas interpondrán un recurso judicial que busca la restitución de tierras en la cordillera de Vallenar y Huasco, lugares donde se encuentran las iniciativas mineras de Pascua Lama y El Morro.
El abogado Álex Quevedo, informó a Radio Bío bío que a las comunidades se les dieron en 1903 títulos de dominio los que fueron actualizados en los 90.


Según el profesional que lidera el equipo de juristas que defiende a las comunidades, de esta forma los originarios tendrían más derechos de propiedad sobre esas tierras que quienes las inscribieron como comunidad agrícola.


Sin embargo, esta reivindicación de tierras implica una división entre los originarios. Esto, porque habrá una disputa de terrenos -que abarcan 390 mil hectáreas- con la comunidad huascoaltina, quienes arriendan las tierras a las firmas mineras.


Quevedo aseveró que estos predios pertenecen a sus clientes, porque de acuerdo a la Ley Indígena, dichas tierras no pueden constituirse como comunidades agrícolas, por lo que su arriendo a Pascua Lama y El Morro también sería inviable.

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PERU. Empresarios dicen que Consulta previa es una trampa para las inversiones

PERU. Empresarios dicen que Consulta previa es una trampa para las inversiones | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it
Gremio empresarial advirtió que las duras trabas burocráticas y los cambios en la regla de juego podrían sacar al Perú del mapa de los inversionistas.

 

El vicepresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Gonzalo Prialé, calificó como “trampa” a la Ley de Consulta Previa y aseguró que su aplicación ahuyenta las inversiones en el país.

“La consulta previa ha resultado ser una especie de trampa para las inversiones. Además de la demora en su reglamento no tiene claridad sobre su aplicación, e incluso se quiere aplicar retroactivamente a proyectos que ya tienen licencia social”, sostuvo.

Advirtió que las duras trabas burocráticas y los cambios en la regla de juego podrían sacar al Perú del mapa de los inversionistas.

Vale indicar que actualmente 60 grandes proyectos de infraestructura y minería están paralizados o postergados. Estos equivalen a una inversión superior a los US$41.000 millones, un 20% del PBI.

“Está en manos del gobierno acelerar las inversiones sin afectar la tranquilad social. ES hora que muestren resultados”, refirió.

A su turno el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, afirmó que la Ley de Consulta Previa es necesaria para que país, aunque reconoció que su aplicación será complicada.

“La consulta previa responde a un convenio internacional del cual es parte el Perú y si el Perú suscribe un convenio hay que cumplirlo. Si bien su aplicación no va a ser un proceso sencillo la ley (de Consulta Previa) nos va a generar entendimiento”, puntualizó.

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La ONU examinará el trato que da Canadá a los indígenas

La ONU examinará el trato que da Canadá a los indígenas | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it

El tratamiento que otorga el gobierno de Canadá a los pueblos indígenas en el país será examinado en detalle el próximo año.

 

El gobierno federal dio el permiso necesario a tres organizaciones de defensa de los derechos humanos, incluyendo dos entidades que hacen parte de Naciones Unidas, para que puedan visitar el país y examinar las condiciones de vida de las comunidades de las Primeras Naciones.

El Relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, así como los miembros del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son las entidades que realizarán las visitas.

 

Estas organizaciones prestarán atención, entre otros, a temas como el acceso al agua potable, a la vivienda y la educación.

Las entidades también examinarán si el gobierno federal canadiense y la policía están haciendo lo suficiente para resolver los casos de cerca de 600 mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en Canadá.

Según el Gran Jefe David Harper, miembro del consejo político Keewatinowi Okimakanak MKO, que representa a las comunidades de las Primeras Naciones en el norte de Manitoba, ha llegado la hora en que Canadá debe responder a la comunidad internacional sobre qué es lo que se ha hecho y qué más se puede hacer.

Últimamente Canadá ha tenido una relación conflictiva con los Relatores especiales de la ONU.

En mayo pasado, el Relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, reprendió a Canadá por la creciente desigualdad social y la falta de acceso adecuado a los alimentos. De Schutter destacó que la brecha entre ricos y pobres está aumentando en Canadá  y que unos 800.000 hogares no tienen acceso a una alimentación sana y suficiente.

El Gobierno conservador canadiense reaccionó con irritación a los comentarios de De Schutter.

El ministro de Inmigración, Jason Kenney, señaló que De Schutter estaba derrochando el dinero de su organización al visitar un país rico y desarrollado como Canadá.

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GUATEMALA. Jazmín Barrios, la jueza que condenó a Ríos Montt

GUATEMALA. Jazmín Barrios, la jueza que condenó a Ríos Montt | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it

La jueza Jazmín Barrios, que preside el tribunal que condenó a 80 años de prisión al exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes contra la humanidad, tiene un historial de sentencias emblemáticas contra militares acusados de violaciones a los derechos humanos en la última década.

 

CIUDAD DE GUATEMALA.- Su voz aguda y quebradiza contrasta con la firmeza de su carácter. Barrios anunció el viernes la histórica sentencia que emitió el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo contra Ríos Montt, de 86 años, responsabilizado por la matanza de 1 mil 771 indígenas durante su régimen de facto entre 1982 y 1983.

“Es lógico que (como gobernante y comandante máximo del Ejército), tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo (...) y no lo evitó (...). Se arrasaron las aldeas, se quemaron las viviendas y se mataron a las personas”, expuso en el fallo la jueza, quien llegó al juicio custodiaba por varios guardaespaldas.

Barrios, una mujer de 50 años menuda y de baja estatura, de cuya vida privada se conoce muy poco, ha estado en el ojo del huracán, generando opiniones encontradas: unos la consideran valiente y otros la acusan de parcialidad.

Durante el proceso fue investigada por abuso de autoridad y violación a la Constitución, luego de que Francisco García, uno de los abogados del exdictador, presentó una denuncia por prevaricato  (abuso de autoridad).

García fue expulsado por la jueza en el propio inicio del juicio, el 19 de marzo pasado, señalado de falta de ética al usar, según el tribunal, mecanismos para retrasar la apertura del proceso.

En esa oportunidad el defensor pidió que los tres jueces del Tribunal -también lo integra otra mujer, la jueza vocal Patricia Bustamante, y otro vocal es el juez Pablo Xitumul-, se recusaran por considerar que no eran imparciales.

Pero se rechazó la medida al establecer la justicia que “ya conocía de antemano el nombre de los jueces que integraban el tribunal”  y era una estrategia para suspender el debate.

 

En abril, cuando el juicio se suspendió temporalmente por recursos interpuestos por la defensa Barrios dejó ver su inconformidad.

“¡Abogados, abogados, no se deja salir, no se deja salir, se ordena que regresen!” , se le oyó decir entre aplausos en la sala cuando en una de las tensas jornadas de audiencia trató de evitar con la seguridad del tribunal que los defensores de Ríos Montt abandonaran la sala.

 

Grupos cercanos a los militares la han vinculado con la exguerrilla de izquierda, al igual que lo han hecho con la fiscal Claudia Paz y Paz.

 

Un historial de casos sensibles


En 2001, Barrios ya integraba este Tribunal, pero como vocal, por lo que formó la terna que condenó a 20 años de prisión a tres militares y un sacerdote católico por el crimen del obispo Juan Gerardi, perpetrado en 1998.

 

El coronel Byron Disrael Lima Estrada, y su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, así como el sacerdote Mario Orantes fueron sentenciados por el crimen del prelado, registrado dos días después que presentara un informe sobre violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil  (1960-1996) y responsabilizara de la mayoría de los crímenes al Ejército.

Cinco días antes de iniciar ese juicio, el 21 de marzo del 2001 Barrios fue víctima de un atentado cuando dos granadas de fragmentación explotaron en el patio de su casa en la capital, aunque no hubo víctimas pero sí daños materiales.

 

Ya como presidenta del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, encabezó el juicio que condenó en agosto de 2011 a 6.060 años -aunque la pena máxima en Guatemala es de 50 años- a cuatro exmiembros de la unidad élite contrainsurgente del Ejército, los denominados Kaibiles.

Los militares fueron hallados culpables de la masacre de 201 campesinos perpetrada en la aldea Dos Erres, unos 500 km al norte de la capital, entre el 6 y 8 de diciembre de 1982, cuando gobernaba el país con mano de hierro Ríos Montt.

La condena contra los Kaibiles fue también histórica porque por primera vez se condenaba a militares por una masacre colectiva cometida durante la guerra de 36 años que dejó 200 mil muertos o desaparecidos, según un informe de la ONU.

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Indígenas, los grandes excluidos del modelo de desarrollo en Centroamérica

Indígenas, los grandes excluidos del modelo de desarrollo en Centroamérica | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it

Representan el 15 % de la población de Centroamérica y aportan una enorme riqueza cultural, pero los pueblos indígenas de la región continúan sufriendo la exclusión en los procesos de desarrollo de sus países y el poco respeto a sus derechos.

Así lo señala el "Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de América Central", elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) con la colaboración de líderes indígenas, quienes fueron los encargados de redactar las recomendaciones.

La representante para Centroamérica del ACNUDH, Carmen Rosa Villa, declaró a Efe que una de las principales preocupaciones de los indígenas de la región es la sobreexplotación de los recursos naturales como parte de la visión de desarrollo de los estados.

"Muchas veces se dice que los pueblos indígenas no quieren el desarrollo y esto es una afirmación totalmente falsa. Lo que pasa es que nuestra visión de desarrollo no necesariamente coincide con la de ellos", aseguró Villa.

Explicó que "los indígenas tienen una cosmovisión distinta a la occidental, pero que tiene que ser respetada, reconocida y admirada porque son pueblos milenarios que han contribuido a la construcción de la región centroamericana".

Según el informe, que recopila datos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en Centroamérica habitan casi 5,8 millones de indígenas en 52 grandes pueblos, lo que representa el 15 % de la población de la región.

Guatemala es el que tiene una mayor cantidad de aborígenes con 4,3 millones, lo que representa el 38 % de los habitantes del país.

Sobre Guatemala, el diagnóstico del ACNUDH señala como uno de los principales problemas que las tierras indígenas han sido "expropiadas desde la época colonial, arrasadas durante el conflicto armado y ahora explotadas para la extracción de recursos naturales y la realización de proyectos de desarrollo".

"Ello genera conflictos sociales, incertidumbre, intimidaciones y ataques a líderes por el reclamo de sus derechos y una respuesta estatal dirigida a la autorización de desalojos, muchos realizados en forma violenta", señala el documento.

 

En el caso de El Salvador, una de las principales críticas es que "el Estado no reconoce constitucionalmente la existencia de los pueblos indígenas y por lo tanto tampoco reconoce sus derechos colectivos como pueblo".

El estudio recomendó a El Salvador reformar la Constitución Política para que reconozca la "identidad multiétnica, plurilingüe y multicultural de la nación" que incluya a los pueblos Náhuatl/Pipil, Lenca y Cacaopera.

De Honduras se afirma que hay poca participación política de los indígenas y que sus territorios muchas veces son dados en concesión por el Estado sin consultarles.

 

Sobre Nicaragua indica que a pesar de que muchas comunidades poseen títulos de propiedad sobre sus tierras, éstos no son reconocidos por el Estado, aunque el informe destaca diversos avances en temas como salud y participación política.

 

Acerca de Costa Rica, uno de los principales señalamientos es que el proyecto de ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas ya suma 18 años de haber ingresado al Congreso sin que se haya votado.

 

Esa iniciativa busca dar autonomía a estos grupos para la administración de sus tierras, el reconocimiento de sus juicios consuetudinarios, una educación pluricultural, el establecimiento de patentes para su medicina natural y procesos de consulta.

 

Sobre Panamá, el estudio destaca que se han tomado medidas legislativas y jurídicas para avanzar en la protección de los derechos indígenas como las leyes comarcales.

 

Entre los principales vacíos de Panamá en la materia se destacan falta de mecanismos de consulta y de acceso pleno a la justicia, así como déficit en infraestructura de salud para esos pueblos.

 

El informe de la ACNUDH se concentró en diagnosticar los problemas de los indígenas en relación con el derecho a la tierra, a la consulta, a la participación política, a la salud y educación, a la igualdad y no discriminación y acceso a la justicia.

En todos los países los indígenas sufren dificultades para el cumplimiento pleno de sus derechos, pero hay avances en varios ámbitos como procesos de consulta en Costa Rica y Nicaragua, programas educativos en Honduras y marcos jurídicos adecuados en Panamá.

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CHILE. Comunidades indígenas de isla Chiloé rechazan construcción de puente sobre Canal de Chacao

Más de 150 representantes de comunidades indígenas de la región de Los Lagos sesionaron en Chiloé, luego de 30 años sin organizar un congreso. Tras el debate de los principales temas que los preocupan como pueblos ancestrales de la zona, rechazaron la construcción del Puente Chacao y anunciaron movilizaciones al respecto.

Cristian Chiguay, lonco mayor del Consejo Territorial Indígena de Quellón, dio cuenta del rechazo al proyecto de conectividad del Gobierno, tras la realización de un congreso en la isla donde participaron representantes ancestrales de las 30 comunas de la región.

 

La construcción del puente sobre el Canal de Chacao es un tema que preocupa a las comunidades, porque consideran que la megaobra le va a quitar identidad al territorio isleño, dijo el lonco.


 

El representante indígena precisó que las comunidades concordaron en que antes de imponerse la construcción del viaducto se debe aplicar una consulta a los pueblos originarios de la isla, tal como así lo establece el convenio 169 de la OIT. Anticipó la probable realización de una marcha como una de las medidas que se adoptarán para visibilizar el rechazo.

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Según lo señaló el lonco, hace más de 30 años que los representantes de las comunidades ancestrales de la región no se reunían para sesionar en conjunto, razón por la cual y sumado a la alta representatividad que tuvo este congreso terrotorial, sienten que es ahora el momento propicio para alzar la voz previo a la ejecución de una obra como tal.

 

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ONU pide a Costa Rica aprobar ley de autonomía de pueblos indígenas

ONU pide a Costa Rica aprobar ley de autonomía de pueblos indígenas | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó hoy un informe sobre la situación de los pueblos indígenas de Costa Rica y pidió al Gobierno y al Congreso la ratificación de la ley de autonomía de esas comunidades.

 

an José, 17 abr.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó hoy un informe sobre la situación de los pueblos indígenas de Costa Rica y pidió al Gobierno y al Congreso la ratificación de la ley de autonomía de esas comunidades.

 

La representante de la oficina regional para Centroamérica del ACNUDH, Carmen Rosa Villa, declaró hoy en una conferencia de prensa que en el informe se destaca la "necesidad de que se apruebe el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas para recuperar las estructuras de poder tradicional".

 

"Esta ley es un elemento muy importante. Nos gustaría ver que después de 18 años la Asamblea Legislativa, finalmente, pueda revisar esta ley y aprobarla", expresó Villa.

 

"Se han hecho muchos esfuerzos a lo largo de estos años y los pueblos merecen contar con esta ley de autonomía", resaltó.

Este proyecto de ley se encuentra en un limbo en el Congreso desde hace 18 años, donde no ha mostrado avance alguno, pese a que los indígenas han pedido que se vote ya sea para aprobarla o rechazarla.

La iniciativa busca dar mayor autonomía a los pueblos indígenas para la administración de sus tierras, las cuales serían inalienables e intransferibles, así como el reconocimiento de sus juicios consuetudinarios como procedimientos compatibles con el ordenamiento jurídico del país.

También pretende una educación pluricultural, el establecimiento de patentes indígenas para su medicina natural, la creación de oficinas indígenas en la Cancillería y el Ministerio de Educación, y el establecimiento de procesos de consulta, entre otras cosas.

El informe acerca de Costa Rica de la ACNUDH es parte del "Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de América Central".

 

Villa detalló que otras recomendaciones que se le hace al Estado costarricense son suprimir la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas porque "no ha cumplido con sus objetivos", desarrollar un plan de ordenamiento territorial indígena y ampliar la participación de los pueblos en las decisiones estatales.

 

"Las políticas y programas que se diseñen y se ejecuten deben ser con los pueblos indígenas y no solo para los pueblos indígenas. Trabajar con, significa que quienes están en el proceso tienen voz y decidida participación en las decisiones", expresó Villa.

 

Además, señaló que se debe formular una estrategia jurídica, económica y social para que las personas no indígenas que habiten tierras ancestrales sean reubicadas, así como aumentar la participación de las mujeres indígenas en los procesos de discusión.

 

En el informe se señalan como principales problemas de los pueblos indígenas del país la inseguridad jurídica sobre la tenencia de tierras, violaciones al derecho de consulta, discriminación por parte de autoridades judiciales, especialmente deficiente asistencia legal e interpretación en sus lenguas.

 

Además, falta de educación en idiomas indígenas, problemas de acceso a la salud, pobreza, discriminación, entre otros.

Según datos oficiales, en Costa Rica, país con 4,3 millones de habitantes, viven unos 64.000 indígenas pertenecientes a ocho grandes pueblos: Chorotega, Bribri, Cabecar, Brunca, Huetar, Maleku, Teribe y Guaymi.

(Agencia EFE)

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ARGENTINA. Mapuches afirman que les restringen derechos. Presentan Informe.

ARGENTINA. Mapuches afirman que les restringen derechos. Presentan Informe. | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it

NEUQUÉN (AN).- El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) presentó ayer su quinto informe anual que cuenta con un registro de los incumplimientos que realiza el estado argentino de los derechos que poseen los pueblos originarios, entre ellos los mapuches. La consulta previa es uno de los más frecuentes en Neuquén, Río Negro y Chubut.

 

Con un duro cuestionamiento al proyecto que busca reformar el Código Civil, el director del ODHPI, Juan Manuel Salgado, presentó ayer el informe anual de este año (que contienen en realidad datos de 2012). "El punto inicial es el proyecto de reforma del Código Civil en donde se pretende legislar sobre las comunidades indígenas, la personería, los territorios, sin ningún procedimiento de consulta previa y con estándares muy bajos de lo que establecen los tratados de derechos humanos", remarcó Salgado.

 

La primera parte del informe cuenta con fundamentos sobre estos puntos.

Salgado también puntualizó sobre la criminalización en las tres provincias y la violencia que se genera desde el estado hacia las comunidades originarias. También se criticó las demoras en la realización del relevamiento territorial. La abogada del Observatorio, Micaela Gomiz,

explicó que en Neuquén el relevamiento está en marcha pero con una demora de seis años. "Pero no es una demora teórica, los problemas son todos los desalojos, la criminalización, los despojos territoriales que se han vivido por el incumplimiento de la ley. No es una solución de fondo pero viene a dar certidumbre para fijar cuáles son las ocupaciones de las comunidades y eso bajaría el nivel de conflicto", agregó.

 

Desde la Confederación Mapuche, Peti Pichiñan, destacó la importancia del informe como forma de visibilizar la realidad mapuche. "No se nos permite vivir en nuestro territorio libremente, aparte de la situación de marginalidad y pobreza tenemos que enfrentar juicios contra sus miembros. Esta información no sale en los medios masivos".

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CHILE. Comunidades diaguitas del Valle del Huasco conformes con paralización de Pascua Lama

CHILE. Comunidades diaguitas del Valle del Huasco conformes con paralización de Pascua Lama | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it
Comunidades diaguitas del Valle del Huasco conformes con paralización de Pascua Lama Nacional - BioBioChile

 

Comunidades indígenas diaguitas de la pre cordillera del Valle del Huasco, se mostraron conformes con la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó de paralizar todas las obras de la empresa Barrick en Pascua Lama, hasta que se resuelva el fondo de la acusación que persigue revocar el permiso ambiental al proyecto, por daño ambiental.


En fallo unánime, el tribunal de alzada acogió una orden de no innovar planteada por el abogado Lorenzo Soto, quien representa a un grupo de comunidades indígenas, para detener el proyecto por supuestos incumplimientos en las exigencias contenidas en la Resolución de Calificación Ambiental que aprobó la iniciativa.

 

Al respecto, Solange Bordones, presidenta del consejo regional diaguita y representante de las 7 comunidades que presentaron la acción judicial, indicó que el recurso buscaba asegurar el recurso hídrico para la cuenca, pues es imprescindible para su forma de vida.

 

Bordones agregó, que ella ha expuesta las situaciones denunciadas en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, instancia que “quedó de sesionar en Alto del Carmen, sin embargo, nunca se hizo. De ahí que nuestra única alternativa fuera la salida judicial”.

Además narró los hechos concretos que llevó a sus comunidades a buscar la paralización del proyecto.


 

Por su parte, el abogado representante de los diaguitas, Lorenzo Soto, explicó que esta acción se fundamenta en la serie de transgresiones que se han realizado al proyecto, sobre las cuales “la autoridad no ha actuado”, y que los ha obligado a los recursos.

 

El jurista sostuvo que ha diferencia de la paralización parcial administrativa de faenas de Pascua Lama realizada por Sernageomin en octubre del 2012, por no cumplir la normativa de seguridad minera, este recurso paraliza integralmente el proyecto por las múltiples irregularidades detectadas.

Recordemos que el último mes Barrick ha sufrido por Pascua Lama tres sanciones del Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama, cargos por no cumplimientos ambientales de la Superintendencia de Medio Ambiente.

 

10/04/2013

FUENTE

http://nacional.biobiochile.cl/notas/2013/04/10/comunidades-diaguitas-del-valle-del-huasco-conformes-con-paralizacion-de-pascua-lama.shtml

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Rechazo generalizado entre habitantes de Rapa Nui por posible realización de reality en la Isla.

Rechazo generalizado entre habitantes de Rapa Nui por posible realización de reality en la Isla. | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it

Y aunque aún se habla de “proyecto”, la verdad de las cosas es que los habitantes de la paradisíaca Isla de Pascua están en pie de guerra. Lejos del continente, y de sus problemas, los Rapa Nui escucharon que Nicolás Quesille, productor de televisión, no han parado de exigir que no quieren ningún reality show en la Isla.

 

“Nos presentaron el proyecto que tienen pensado y la verdad es que la Isla se vende por sí sola, no necesita más promoción. Pero me pareció interesante que se muestre la cultura viva de nuestra gente”, indicó al matutino Edgard Hereveri, presidente de la Cámara de Turismo de Isla de Pascua.

 

En el mismo tenor, Alberto Hotus, quien es presidente del Consejo de Ancianos de la Isla, afirmó que no tiene mayores detalles del proyecto pero que “me parece bien que se haga”.

 

Por su parte, Nicolás Quesille, quien sería productor del espacio, no quiso responder a las preguntas.

 

Pese a estas opiniones auspiciosas, la idea del reality ya tiene detractores tanto al interior como fuera de Rapa Nui.

 

Los primeros llegaron por parte del rechazo en primera instancia de la Corporación de Desarrollo Indígena de Isla de Pascua (Codeipa), que hace 2 semanas vetó el proyecto ante el temor de que afecte la imagen de los nativos de la isla, tal como sucedió con la tribu Bora tras el reality de Chilevisión, “Amazonas”.

 

Quienes no parecen tener intención de dar su brazo a torcer son los cientos de usuarios de redes sociales que manifestaron su descontento con la idea de MEGA, los que se han coordinado en torno a un grupo de Facebook que ya supera los 4.700 miembros.

 

“¿Necesita un reality la Isla? No. Quizás sí documentales… programas serios que muestren la cultura hacia dentro y hacia afuera con el respeto que se merece. ¿Quién necesita un “reality” entonces? Unos pocos ambiciosos no más, que no les interesa realmente la Isla… que quieren llenarse los bolsillos aunque el precio lo tengamos que pagar todos los demás”, expresó en el grupo Cristián Moreno Pakarati, historiador de la PUC que actualmente vive en Rapa Nui.

“Que alguien me explique qué efectos positivos podría dejar la telebasura en Rapa Nui y que podamos disfrutar todos los que formamos la comunidad”, concluyó Moreno Pakarati.

El rechazo al programa ya comenzó a salir de la red virtual, con llamados a realizar marchas coordinadas el sábado 13 de abril en la propia Rapa Nui, en Viña del Mar y en Santiago, esta última frente a los estudios de MEGA.

 

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COSTA RICA. Nuevos desafíos a 20 años de ratificado el Convenio 169 de la OIT

COSTA RICA. Nuevos desafíos a 20 años de ratificado el Convenio 169 de la OIT | Políticas Públicas y Derechos Pueblos Indígenas | Scoop.it

La aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) constituye una conquista de hombres y mujeres indígenas que incansablemente han demandado el reconocimiento, respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas en el marco del derecho internacional, así como en las legislaciones nacionales. Ratificado en Costa Rica por la Asamblea Legislativa, mediante ley 7316, en noviembre de 1992, sin embargo la fecha que computa la Organización Internacional del Trabajo es: 2 de abril de 1993.

 

Amado por muchos y cuestionado por otros, para entender el espíritu y avanzar en la implementación del Convenio 169 se requiere, por parte de las instituciones y funcionarios, comprensión y respeto a las cosmovisiones de los pueblos indígenas, así como un análisis profundo de la historia y situación de los pueblos originarios posterior a la llegada de los invasores; para realizar tal análisis se requiere superar todo tipo de subjetividades y estereotipos que la falta de una educación intercultural ha implantado, ya que nuestro sistema educativo permite conocer todas las fases históricas por las que ha atravesado Europa e incluso América en su periodo colonial y post-colonial, pero invisibiliza la situación histórica por la que han atravesado los pueblos indígenas en Costa Rica y el mundo entero, y muchas veces los minimiza a indicar que se trataba de una población “pequeña”.

Entre otras cosas, el Convenio 169 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a practicar, conservar y transmitir sus conocimientos tradicionales, formas de organización, entre otras, permite el empoderamiento de estos para exigir su cumplimiento, exigencia que también encuentra sustento en el artículo 7 de nuestra Carta Magna como en la jurisprudencia constitucional, los cuales dotan a los instrumentos de derechos humanos de un rango supra constitucional.

Sin embargo el pleno goce de los derechos consagrados en el Convenio 169, continúa siendo un desafío en razón que pasa por una ausencia de voluntad política y de un fuerte apego de las instituciones del Estado, y organizaciones no gubernamentales, a mantener vivo un Estado paternalista y asistencialista, que tan solo ha servido para empobrecer a los pueblos indígenas no solo de manera económica sino social y políticamente.

A 20 años de la ratificación del convenio 169, grandes e históricos cambios se han dado a nivel internacional en los derechos de los pueblos indígenas, como lo fue la adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en setiembre del 2007, la cual contó con un voto favorable de Costa Rica, así como la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, del cual nuestro país forma parte. Sin embargo, a pesar de estos grandes avances en el reconocimiento, su implementación sigue siendo un reto para el país especialmente a la luz de nuevas luchas y reivindicaciones que están llevando a cabo los ocho pueblos indígenas de Costa Rica para un disfrute pleno de sus derechos humanos.

 

Reconocer y asegurar un disfrute pleno de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales, el derecho a disfrutar de sus prácticas culturales milenarias, es una meta; una meta que pasa por un profundo cambio de mentalidad y percepción en el ser costarricense, en el cual se despojen del “indio imaginario”.

 

20 años después de la ratificación del convenio 169, la juventud indígena y las nuevas generaciones nos proponemos empoderarnos para exigir el cumplimiento de nuestros derechos y lanzarnos a la conquistas de espacios que hasta ahora han carecido de la participación indígena, sean estas políticas, económicas, etc-.

 

A la fecha nadie puede alegar la inexistencia de los pueblos indígenas costarricenses -aunque no faltará quien lo alegue-, basta con leer los innumerables votos de la Sala Constitucional, sobre recursos interpuestos por los pueblos indígenas ante las violaciones de derechos fundamentales. .

Con mucho orgullo los pueblos indígenas podemos decir que todos nuestros espacios, nos lo hemos ganado, nada ha sido regalado; sin embargo mientras no se tenga un disfrute pleno de nuestros territorios ancestrales, y mientras existan niños y niñas indígenas que mueran por desnutrición, hombres y mujeres indígenas que mueren por causa de falta de acceso a los servicios básicos, niñez y juventudes carentes de una educación intercultural de calidad, emigración a causa de la falta de tierras o simplemente falta oportunidades, la lucha continuará.

Dos décadas de la aprobación del Convenio 169, tan solo nos sirven para hacer un análisis de lo realizado y del camino que aún falta por recorrer.

Sara Mayorga Villanueva

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