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Chile / Alcaldes de 16 comunas firman contra el proyecto Pascua Lama de Barrick

La Gran Epoca 11/06/2013


Agua contaminada, glaciares destruidos, casi 20 trabajadores muertos, las cuenca sin agua, el río con fecas y químicos”, son algunos de los daños que el Consejo del Valle del Huasco denuncia


Alcaldes de 16 comunas en el norte de Chile firmaron en contra del proyecto de Pascua Lama y todas las empresas y/o personas que dañen irreversiblemente el ecosistema, tras una iniciativa del Consejo de Defensa del Valle Huasco, que por décimo año consecutivo pide el cierre total del proyecto de la empresa canadiense Barrick Gold.

 

Los Alcaldes de Vallenar, Huasco, Copiapó, Diego de Almagro, Freirina, en conjunto con los de Arica, Putre, Ollague, Antofagasta, Tocopillay  Calama, se sumaron este mes a la iniciativa que también cuenta con el apoyo de las comunas de María Elena, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal, entre otros, destaca una carta difundida por el Consejo en conjunto al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA.


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Movimiento Por Un Uruguay Sustentable / extractivismo en América latina
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YO firme por un Uruguay Libre de megamineria 01 -

http://uruguayciudadanossinmegamineria.org/
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Uruguay / Aratirí y la información que guarda

Brecha 11/07/2014


ESCRITO  POR ELIANA GILET


Dejame ver


La clasificación como “confidencial” de la información contenida en el expediente de la Dirección Nacional de Minería sobre el proyecto Aratirí deja entrever las tensiones en torno al manejo de información pública.


Hay dos grandes fuentes de información sobre el proyecto Aratirí: el expediente de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), dependiente del mvotma, y por otro el de la Dirección Nacional de Minería (Dinamige), en el Ministerio de Industria, los dos organismos estatales a cargo del análisis del tema. 


“De la misma manera que he venido haciendo pedidos de acceso al expediente en la Dinama, también lo he hecho en la Dinamige. Ya había visto ese expediente anteriormente.” Las palabras son del periodista Víctor Bacchetta, quien además de formar parte del movimiento Uruguay Libre de Megaminería, es uno de los pioneros en el seguimiento de los impactos ambientales de los grandes proyectos. También del uso de la ley de acceso a la información pública (la 18.381, sancionada a fines de 2008). 


A comienzos de este mes, tras un nuevo pedido de acceso a la información en poder de la Dinamige, el periodista se encontró con que parte del expediente había sido “clasificado como confidencial”, como publicó el semanario Búsqueda en su edición del 3 de julio. 
El periodista contó a este semanario que lo único que encontró fueron las respuestas de los dueños de los campos recurriendo los pedidos de explotación de sus predios, junto a dos resoluciones y una carta de Jurídica de la Dinamige. 


La resolución que declara la información sobre Aratirí como clasificada está fechada el 28 de noviembre de 2013 y fue tomada por el director de la división, Pier Rossi, tras una solicitud de la empresa.


Consultado sobre el motivo de esta resolución, Rossi dijo a Brecha que “esta decisión es genérica para toda la información técnica. Esa información es el único valor del que dispone la empresa como retorno para negociar el área, o para negociar financiación. Por eso no puede estar en manos de terceros, porque puede caer en manos de competidores”. ¿La resolución fue tomada para proteger los intereses de la empresa, entonces? “Es para proteger todas las inversiones. Antes se protegían solas porque no había interés; al haber interés y un marco legal nuevo, la ley de acceso nos lo permite.” El director se ampara en que la ley de acceso a la información pública tiene una cláusula que admite la reserva de parte de la información que maneja el Estado.


Por el contrario, Bacchetta entiende que “esto va dirigido fundamentalmente a que el público no pueda acceder a esa información, y en consecuencia que pueda cuestionar el proyecto”. 
La preocupación pasa también por el antecedente que sienta este caso frente a futuros emprendimientos que pretendan instalarse en Uruguay, y más importante aun, por la suerte que corra el contrato de inversión que la empresa y el gobierno negocian reservadamente.
Sin embargo, según el artículo 26 de la ley de minería de gran porte, quien tiene la potestad de clasificar la información es el ministro de Industria.


Brecha no logró comunicarse con Roberto Kreimerman antes del cierre de esta edición para conocer si mantendrá la censura. De hacerlo, Bacchetta no duda en entablar un juicio al Estado, como también admite la mencionada ley de acceso, y como ya hizo en otras dos oportunidades anteriores. La justicia falló a favor de la desclasificación en ambos casos.

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Uruguay / Tapado con tierra

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Montevideo Portal 9/07/2014


Con los votos del FA, la Cámara de Diputados revocó un decreto aprobado en 2013 por la Junta de Tacuarembó que prohibía la minería de hierro en ese departamento. Los legisladores oficialistas aseguraron que las juntas departamentales no tienen potestad para aprobar normas sobre minería.


 Cámara de Diputados revocó este miércoles un decreto de la Junta Departamental de Tacuarembó que prohibía la minería metalífera en todo el territorio de ese departamento. La revocación fue aprobada con los votos del FA y el rechazo de la oposición, que reclamó más autonomía para las Juntas.


En noviembre de 2013, y recogiendo una iniciativa apoyada con la firma de 13 mil tacuaremboenses, la Junta Departamental de ese departamento aprobó un decreto que declaró al departamento como zona libre de minería metalífera. Si bien el decreto comprende todo tipo de emprendimientos, el rechazo de los habitantes respondía a la instalación de Aratirí en esa zona del país.


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Colombia / "El extractivismo es un muy bajo generador de empleo" Mauricio Cabrera

4/7/2014 Semanario virtual


Entrevista del Semanario Virtual Caja de Herramientas a Mauricio Cabrera, investigador en el tema del extractivismo, sobre la polémica que ha desatado el crecimiento de la minería en Colombia,...

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Uruguay / Ambientalistas cuestionan garantías que ofrece Aratirí

Uruguay / Ambientalistas cuestionan garantías que ofrece Aratirí | MOVUS | Scoop.it

El Pais 3/07/2014

Por Juan Pablo Correa


Los militantes en contra de la minería de gran porte consideran que la ley no habilita a Aratirí a presentarle al gobierno tierras como garantía de fiel cumplimiento del contrato actualmente en negociación.


Mientras Aratirí y el gobierno continúan su prolongada negociación de un contrato que permita a la empresa comenzar a extraer hierro en el Este del país, los militantes contra la minería a cielo abierto entienden que no es legal que la compañía ofrezca hipotecar tierras a favor del Estado como parte de las garantías de fiel cumplimiento que debe constituir.


Raúl Viñas, integrante del movimiento Uruguay Libre, que quiere que se prohíba en la Constitución la minería metalífera a cielo abierto, dijo a El País que el artículo 27 de la ley 19.126 (ley de Minería de gran porte) no prevé la posibilidad de que se utilicen bienes como garantía de fiel cumplimiento del contrato.


El artículo establece que la garantía debe constituirse a favor del Ministerio de Industria, Energía y Minería y ascender al 5% de las inversiones programadas. Se podría componer de depósitos bancarios, valores públicos, una póliza de seguro de fianza expedida por entidades aseguradoras autorizadas por el Banco Central del Uruguay o avales en instituciones bancarias. Cualquier otra alternativa deberá ser dispuesta en una eventual reglamentación de la ley que hasta el momento no se ha aprobado, puntualizó Viñas. El activista dijo que las tierras, en caso de ser utilizadas, tendrían escaso valor porque tendrían pozos y poco valor productivo. "La ley no dice que tierras con pedimentos mineros puedan ser utilizadas como garantías", sostuvo.


La empresa y el gobierno están negociando que las garantías se constituyeran con tierras hipotecadas, efectivo y títulos públicos.

En estos días, los opositores de la minería están haciendo llegar sus objeciones a todos los partidos políticos en una ronda de contactos que están realizando. Antes de las elecciones intentarán reunirse con los candidatos presidenciales. Y siguen con su campaña de recolección de firmas con la que han reunido más de 50.000 rúbricas.

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Uruguay /  Constitucionalista duda de oposición de intendentes a megaminería [ audio ]

Uruguay /  Constitucionalista duda de oposición de intendentes a megaminería [ audio ] | MOVUS | Scoop.it
Radio Uruguay / Jueves 26 de junio de 2014 


Audio de la entrevista 

El asesor legal de la Comisión Tacuarembó por el Agua y la Vida opositora a la minería metalífera de gran porte, Eduardo Lust, dijo que los gobiernos departamentales cuentan con herramientas más efectivas que un decreto de sus Juntas para impedir el avance de proyectos. “Yo no sé si los intendentes realmente están en contra de los proyectos de minería”, expresó en De Ocho a Diez.

La Comisión de Constitución y Código del Parlamento resolvió este miércoles recomendar al plenario de Diputados la anulación de los decretos de la Junta Departamental de Tacuarembó que establecen la prohibición de megaminería en el departamento. Lust dijo que tiene derecho a dudar de la posición de los intendentes porque la Constitución da muchas herramientas para oponerse a los proyectos que los gobiernos departamentales no han utilizado . 

Si las intendencias quieren resolver en temas de minería pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Minería en la Suprema Corte de Justicia (SCJ). “Hay muchas opiniones que acuerdan en que la ley es inconstitucional; hay doctrina que así lo afirma”, señaló. Si la SCJ resolviera en ese sentido la ley no se aplicaría en el departamento, explicó.

Un segundo camino es la posibilidad presentar “un recurso de lesión de autonomía departamental”, previsto en la Constitución. Si la SCJ resolviera que hay lesión de la autonomía se impediría el avance del proyecto.

Otra opción, dijo, es apelar a la posibilidad de que Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para que ese organismo resuelva en contiendas de competencias entre el Poder Ejecutivo y el gobierno departamental. En el artículo 313 está a texto expreso esa posibilidad, dijo.

Además, repasó, el pronunciamiento de la Cámara contra los decretos departamentales será un acto administrativo. “Cualquier acto administrativo es susceptible de ser recurrido ante la misma Cámara y (si lo mantiene) luego se llega también por ese camino al TCA y se le plantea la nulidad del acto de la Cámara”, apuntó.

“Hay cuatro caminos jurídicos”, señaló. “Si se quieren llevar adelante es muy sencillo: hay que tener la voluntad de hacerlo, redactarlo y presentarlo”, afirmó.



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Reformas económicas son retroceso en medio ambiente en Perú, afirma experto

EFE 25/06/2014


El paquete de reformas económicas que ha presentado el Gobierno de Perú para que sea debatido por el Congreso implica un "serio retroceso" en materia ambiental para el país, dijo hoy a Efe el exviceministro de Ambiente y subdirector de la organización ambientalista Cooperacción, José de Echave.


"Ese serio retroceso va a implicar que los estudios de impacto ambiental se aprueben de manera más acelerada y sin que el Estado haya preparado condiciones para hacer una evaluación rigurosa de ellos", señaló De Echave.


El especialista, quien fue viceministro de Ambiente durante los primeros meses de la actual gestión del presidente Ollanta Humala, expresó su preocupación porque las medidas plantean reducir la capacidad de decisión del Ministerio de Ambiente y el poder sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

"Como el objetivo del paquete es destrabar las inversiones, al bajar las regulaciones ambientales y sociales, como con el tema de los derechos laborales, se mandará seguramente a la congeladora la ley de consulta previa a los pueblos indígenas. Se busca acelerar las inversiones sin las regulaciones necesarias", sostuvo.

El Gobierno peruano envió la semana pasada, con carácter de "urgente", un paquete de medidas para reactivar la economía peruana, que busca impulsar la inversión en sectores como el minero, de hidrocarburos y telecomunicaciones, según fuentes oficiales.


Para De Echave, estas medidas reflejan las presiones que recibe el Gobierno de grupos de poder relacionados con las actividades extractivas.

"Es un falso dilema entre inversión y regulación ambiental, no son opuestas. En el mundo actual van de la mano y las inversiones aceptan que los Estados regulen", enfatizó

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Uruguay / Agua / Después de la alerta

Uruguay / Agua / Después de la alerta | MOVUS | Scoop.it

El Observador 29/30/2014


Cuando en marzo de 2013 el brote de cianobacterias causó mal olor y mal sabor en el agua potable, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial intimó a OSE a tomar medidas para mejorar los procesos de las plantas. El viernes pasado, penúltimo día establecido por resolución ministerial, el ente presentó ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) los proyectos para una red de  saneamiento y de plantas de tratamiento de efluentes en las localidades de Fray Marcos (Florida) y San Ramón (Canelones), además de la adecuación de la planta de tratamiento en Santa Lucía, dijo a El Observador el gerente general Danilo Ríos. [..] La implementación está ahora prevista para principios de 2016; tres veranos después de lo inicialmente planificado por OSE. No obstante, sus técnicos incorporaron algunos métodos “preliminares” durante el año pasado.  [...]

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Uruguay / Ruralistas respaldan al fiscal Viana

El Pais 25/06/2014


La Federación Rural expresó su apoyo al fiscal civil Enrique Viana, quien hace 15 días fue sumariado y separado del cargo por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, por incumplir con la obligación legal de asistir a las audiencias a las que fue convocado como representante del Ministerio Público.


A través de un comunicado, la Federación Rural respaldó a Viana, quien en los últimos años ha impulsado varias acciones judiciales en defensa del medio ambiente, por lo que se ganó el mote de "fiscal verde".


"Ante el sumario con separación del cargo del Fiscal Dr. Enrique Viana determinado por la Administración Pública, la Federación Rural destaca que el Dr. Viana ha tenido una muy importante actuación en la defensa del medio ambiente y del interés público, que mucho valoramos. Ante tal situación la Federación Rural confía que los procesos relacionados se desarrollen en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, respetando las garantía del debido proceso, base fundamental de un Estado de Derecho", expresó ayer la gremial ruralista.


Sobre el sumario dispuesto en su contra, Viana dijo: "Los fiscales tenemos independencia técnica y desde hace tiempo hay una intención manifiesta de eliminar esa independencia. Este movimiento obedece a la intención de que haya un fiscal general bajo instrucciones". El fiscal agregó que a los fiscales que se oponen a ello les queda "poca vida" dentro del Ministerio Público. Y aseguró que si se quitan los obstáculos "no hay fiscales independientes" y que se trata de un "golpe contra todos los fiscales".

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Paysandú libre de fracking / “La gente está hablando de temas que no se hablaban hace pocos años”

Paysandú libre de fracking / “La gente está hablando de temas que no se hablaban hace pocos años” | MOVUS | Scoop.it

El Telegrafo 23/06 /2014


Con una movilización que coincidió con el cierre del encuentro Cultura Viva Comunitaria, las organizaciones involucradas en el movimiento Paysandú libre de Fracking celebraron la firma del decreto que signó en diciembre el intendente Bertil Bentos y también los tres años del grupo Paysandú Nuestro. 


Javier Dalmás, integrante de esta organización, dijo a EL TELEGRAFO que es “una razón para festejar, tres años de trayectoria, con ese broche de oro a un trabajo que llevábamos un año haciendo en el tema del fracking. Es de por sí un tema a destacar, y estamos trabajando asimismo para que se incorpore esta prohibición de Paysandú libre de fracking a nivel del ordenamiento territorial del departamento. En ese sentido el intendente se ha comprometido a trabajar en el tema; entonces estamos tratando que eso se agilice”. 

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FA contra decretos de mega- minería

El Pais 22/06/2014


Con el objetivo de respaldar la inversión de la minera Aratirí en Uruguay, los diputados del Frente Amplio buscarán impugnar un par de decretos departamentales que amenazan la instalación de esa actividad en Tacuarembó.

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Dice la Constitución:

Artículo 281.- Los decretos que sancione la Junta Departamental requerirán, para entrar en vigencia, la previa promulgación por el Intendente Municipal.

...
Si el Intendente Municipal no los devolviese dentro de los diez días de recibidos, se considerarán promulgados y se cumplirán como tales.

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Argumentos económicos contra el extractivismo

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Biodiversidad en A.Latina 23/06/2014

Por Joan Martínez Alier


"Existe estructuralmente una relación de intercambio desfavorable que se observa en dos ámbitos: por una parte, se registran persistentes déficits físicos, es decir, se exportan más toneladas de materiales que se importan. Lo llamamos déficit porque se pierden recursos naturales, se agotan los recursos. En años muy recientes esta trayectoria se acompaña en países grandes y chicos por un contraproducente déficit en la balanza comercial monetaria, que compone el segundo ámbito de deterioro estructural en el comercio exterior de estas economías."


En toda Sudamérica hay enormes exportaciones en volumen (toneladas de petróleo, carbón, mineral de hierro, soya, madera, cobre…) y sin embargo varios países (Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Ecuador) no logran apenas pagar sus importaciones. Argentina está entre caer o no en déficit comercial. Colombia, Brasil, Perú, Ecuador ya lo hicieron en 2013 y principios de 2014. Sus exportaciones no pagan sus importaciones. Un ejemplo: Colombia vende al exterior unas cinco veces más toneladas que lo que compra de él, y sin embargo no puede pagar sus importaciones con las exportaciones que, en este caso, son en buena parte de carbón.


Persiste una estructura desfavorable en el comercio exterior, se exportan más toneladas que se importan, y se vende mucho más barato por tonelada que lo que se compra. Y esa gran exportación física no consigue ya pagar las importaciones o lo consigue apenas. Las balanzas comerciales de estos países medidas en dinero están ya en déficit, excepto en Argentina, que tiene todavía con un pequeño superávit.


Un reciente artículo publicado por la Flacso-Ecuador (de Pablo Samaniego, María Cristina Vallejo y yo mismo) con el título Déficits comerciales y déficits físicos en América del Sur llama la atención sobre esos hechos, fruto de una equivocada política extractivista. Nuestro artículo va a contracorriente de los entusiasmos generados por la evolución favorable en los términos de intercambio en los inicios del siglo XXI en América del Sur. Al analizar en detalle tres países andinos (Colombia, Ecuador y Perú) comprobamos que ciertamente existió una mejora en los términos de intercambio, pero que en 2012-2014 toca a su fin.

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Uruguay / Aratirí y la prueba sobre nuestra soberanía ambienta

L a Democracia 20/06/2014

Columna de Gerardo Amarilla.


La semana pasado tuvimos la presencia de las autoridades ambientales encabezadas por el propio Ministro de la cartera en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes y confirmamos que no tiene la información completa del proyecto de minería a cielo abierto denominado Aratirí y se desconoce totalmente algunos de los componentes fundamentales como el mineroducto o la terminal portuaria.


Eso demuestra que las negociaciones con ese emprendimiento se están llevando a cabo sin poder analizar previamente la viabilidad ambiental y poder advertir sobre modificaciones o aún rechazo de aquellas actividades que puedan suponer impactos ambientales de relevancia, graves o irreversibles.

Esta situación conforma nuestra visión de que si bien, el país avanzó mucho desde el punto de vista de a conciencia ambiental y eso se vio plasmado en una legislación moderna y casi en su totalidad completa y coherente en la protección ambiental, el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable, no así hemos avanzado en el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. Podríamos decir que al contrario hemos sido carentes de una institucionalidad fuerte, coordinada y con la presencia suficiente que permita un eficiente control y una efectiva aplicación de la legislación vigente.

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Uruguay / Junta de Tacuarembó insiste contra la megaminería

Uruguay / Junta de Tacuarembó insiste contra la megaminería | MOVUS | Scoop.it

Portal 180 11/07/2014


Blancos y colorados de la Junta Departamental de Tacuarembó tienen resuelto llegar hasta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para prohibir la minería metalífera de gran porte en el departamento.


El miércoles, con votos del Frente Amplio y el Partido Independiente la Cámara de Diputados anuló dos decretos de la Junta de Tacuarembó que prohibían la minería de gran porte y la técnica de fracking para la explotación de hidrocarburos en el departamento.


El argumento principal para anular los decretos fue que una Junta Departamental no puede pasar por encima de una ley.


El presidente de la Junta, el nacionalista Augusto Sánchez, dijo a No toquen nada que “en todos estos temas siempre hay dos o tres bibliotecas”.


“La Cámara de Diputados dice que había conseguido tres informes de constitucionalistas, nosotros tenemos un asesor letrado más un abogado que redactó el anteproyecto de megaminería y también estuvimos haciendo consultas a nivel profesional, un poco por afuera, de que podíamos hacer lo que hicimos”, señaló.


El proceso de revisión de los decretos aprobados por la Junta de Tacuarembó comenzó por un recurso presentado por unos mil ciudadanos de Tacuarembó que pidieron a la Cámara de Representantes la declaración de nulidad por inconstitucional e ilegal


Los decretos fueron aprobados en la junta de Tacuarembó el 29 de noviembre luego la recolección de 13.500 firmas entre ciudadanos de Tacuarembó movilizados a raíz del avance del proyecto Aratirí, que tiene previsto avanzar en la zona de Caraguatá.

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Firmemos por un Uruguay Libre de megaminería

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MONTEVIDEO /
Lunes /  Explanada de la IMM de 14 y 30 a 16 y 30
Martes/  Peatonal Sarandí  e Ituzaingó de 14 a 16
miercoles/ Explanada de la IMM de 14 y 30 a 16 y 30
jueves / Explanada de la IMM de 14 y 30 a 16 y 30
viernes /Explanada de la IMM de 14 y 30 a 16 y 30
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DECLARACIÓN PÚBLICA ANTE SANCIÓN AL FISCAL E. VIANA

9/07/2014
 
Ante la separación del cargo del Fiscal Letrado Nacional Enrique Viana, debido a la instrucción de un sumario administrativo dispuesto por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, homologado por el Ministerio de Educación y Cultura, los abajo firmantes expresamos:
 
Nuestra solidaridad con el Fiscal Enrique Viana, quien se ha caracterizado por una conducta profesional intachable en defensa de la Constitución y las leyes del país, en especial en relación con la defensa del medio ambiente y de la soberanía nacional. [...]

Siguen firmas de entidades y personas /
Esta declaración sigue abierta a nuevas adhesiones.
 
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Esta declaración sigue abierta a nuevas adhesiones.
 
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Aratirí / Gobierno clasificó como “confidencial” información del proyecto en Dirección de Minería tras pedido de la empresa.

Aratirí / Gobierno clasificó como “confidencial” información del proyecto en Dirección de Minería tras pedido de la empresa. | MOVUS | Scoop.it
Fuente: Semanario Búsqueda 3/07/2014
 Escribe Raúl Santopietro
 
  Un montón de hojas en blanco decían: “Por ser declarada información confidencial fueron retiradas las fojas”. A la leyenda la acompañaban una serie de números de páginas, dos resoluciones y una explicación jurídica.
 
  Pese a que esperaba encontrarse con información técnica, gráficas de yacimientos mineros y números de millones de toneladas de hierro, esa fue la respuesta que obtuvo el 23 de junio el activista Víctor Bacchetta al solicitarle a la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) acceso al expediente de la concesión para explotar de la minera Aratirí. Bacchetta es activista del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), organización contraria a la minería de gran porte.
 
  Desde 2008 cualquier persona puede solicitar la información “que emane o esté en posesión de cualquier organismo público sea o no estatal”, según quedó establecido en la ley 18.381- Ley de Acceso a la Información Pública-.
 
  Amparado en ello, Bacchetta pidió varias veces acceso al expediente del proyecto minero en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) sin negativa alguna. Pero en Dinamige se topó con que el organismo clasificó el expediente como “confidencial” en noviembre de 2013 a pedido de la empresa.
 
  La Ley de Acceso a la Información Pública prevé en los artículos 8,9 y 10 los casos  en los que la documentación puede ser declarada de “carácter reservado y confidencial”. Allí se define como confidencial aquella información que “refiere al patrimonio de la persona”, “comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor” o que “esté amparada por una cláusula contractual de confidencialidad.”
 
  En función de esto, Aratirí solicitó el 22 de noviembre de 2013 que “se declare confidencial la información relativa al informe técnico y capacidad financiera” ya que el documento “contiene información referente al patrimonio de la empresa, y comprende hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico y administrativo de la misma que podrían resultar útiles para un competidor”.
 
  Según consta en el expediente al que accedió Búsqueda, la Dinamige, con la firma de su director nacional Pier Rossi, “entendió pertinente el planteo realizado por la empresa”.
 
*Lo clasificado.
 
  La resolución dice que “información técnica” implica la “descripción e interpretación geológica de los yacimientos”, el “detalle de las metodologías de determinación de recursos y reservas”, las “dimensiones y etapas de desarrollo de las minas”, la “operativa de cada mina”, los “procesos de beneficiación” y “cronogramas de ejecución”, los “volúmenes de producción del mineral y concentrado”, el “dimensionamiento de pilas de estériles”, los “mapas de aerogeofísica, hidrología e hidrogeología”, el “plan de cierre y todos los elementos que no estén descritos en este listado pero que conforman un proyecto minero desarrollado a partir del momento del descubrimiento geológico y la consecuente cuantificación de reservas” entre otros.
 
  “Sin lugar a dudas, esta información al igual que la de carácter económico constituye parte del patrimonio/capital de una empresa minera, encuadrando de esta manera en las hipótesis de confidencialidad previstas”, concluye.
 
Bacchetta dijo a Búsqueda que “se busca anular por la vía de los hechos la transparencia en la información invocando un supuesto secreto comercial para vedar al público de toda la información técnica que permita conocer las características del proyecto y sus posibles impactos”.
 
“El alegato de secreto comercial para los aspectos técnicos de este proyecto no tiene sustento real. El yacimiento Valentines es una reserva marginal de hierro en el contexto de las reservas internacionales, Aratirí es una empresa ‘junior’ de pequeño porte y prácticamente sin antecedentes mineros. Decir que este proyecto puede utilizar técnicas innovadoras, que se pretenden resguardar de la competencia, no es un argumento válido”, agregó”.
 
*Competencia.
 
  En la respuesta brindada a Bacchetta está el informe elaborado el 8 de mayo por el abogado Carlos Roselló, de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), quien asegura que la declaración de confidencialidad “no compete a Dinamige sino al MIEM”.
 
  Roselló se basa en el artículo 26 de la Ley de Minería de Gran Porte que indica que el MIEM y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, “en función de sus competencias respectivas, resolverá sobre la pertinencia de considerar dichos datos de carácter reservado o confidencial bajo resolución fundada”.
 
  Entonces estimó que “para ajustar lo actuado a lo dispuesto por la ley, sería conveniente que la Superioridad convalide la resolución”. Según pudo saber Búsqueda, el ministerio respaldó lo actuado por Dinamige aunque evalúa modificar el listado de información confidencial.
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Uruguay / Aratirí cerca de presentar garantías

El Pais 2/06/2014


La empresa Aratirí tiene previsto entregar en este mes o en agosto los estudios de impacto ambiental que el Gobierno le pide. También espera acordar con el Poder Ejecutivo la modalidad en que presentará las garantías de fiel cumplimiento del contrato, lo que le permitiría comenzar con su inversión para extraer hierro en el este del país, dijeron a El País fuentes de las negociaciones.


La empresa cree que podrá firmar el contrato con el Gobierno -cuya vigencia rondará los 20 años- antes de que termine el año y que no necesitará recurrir al pedido de prórroga de 90 días que permite la ley de Minería de Gran Porte.


La empresa ha aceptado poner tierras como garantía de cumplimiento del contrato y otra porción la garantizará con efectivo y bonos del Tesoro. La minera planea extraer 18 millones de toneladas al año y emplear a 1.500 personas en forma directa.

El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, dijo en el Parlamento que el acuerdo con Aratirí le dejará al Estado uruguayo unos US$ 400 millones anuales durante dos décadas.

La empresa tiene que presentar todavía los estudios de impacto ambiental de las cinco minas que explotará, del ducto que llevará el hierro que va a extraer hasta la costa oceánica y del puerto en el que se embarcará con destino al mercado asiático. El Gobierno cree que puede suscribir el contrato con Aratirí aún sin autorizaciones ambientales. La oposición lo cuestiona.

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Comunicado de la Red Uruguaya de ONG´s Ambientalistas.

Comunicado de la Red Uruguaya de ONG´s Ambientalistas. | MOVUS | Scoop.it

Comunicado de la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas 

Junio 2014

ARATIRÍ, un mega proyecto de extracción de mineral de hierro altamente inconveniente para el país

La Red Uruguaya de ONG Ambientalistas, ante la eventual firma de un contrato por parte del Estado uruguayo con el mega emprendimiento conocido por el nombre ARATIRÍ, relativo a la extracción de mineral de hierro en la zona de Valentines, expresa su profunda preocupación de que se concrete una explotación cuya forma de extracción y transacción resulten altamente inconvenientes para el país.

Aspectos legales que hacen a nuestra soberanía /

Esta Red considera que la escasa información sobre el proyecto ARATIRÍ se traduce en una falta de transparencia de un mega negocio en el que no es posible confiar, sobre todo teniendo en cuenta de que se trata de firmar un contrato secreto de inversión, el que seguramente contenga cláusulas que permitan dejar de lado el derecho nacional, y que en caso de litigio, nos harán comparecer ante tribunales extranjeros, perdiendo así toda autonomía, independencia y soberanía.

Aspectos económicos /

Esta Red considera que ARATIRÍ no es una buena iniciativa para nuestra economía, debido a los siguientes motivos:
a) Los antecedentes de ZAMIN FERROUS no son buenos, ni sabemos que garantías ofrecen.
b) Concentra y extranjeriza nuestra riqueza.
c) Se trata de una industria meramente extractiva, que saca del suelo el mineral de hierro y lo lleva sin industrialización alguna, o sea que no agrega valor ni diversifica la matriz productiva nacional.
d) Se trata de una explotación que agota las reservas de hierro en pocos años, privando a las futuras generaciones del mismo.
e) No se sabe a ciencia cierta qué ganancia bruta obtendrá el Estado y si la recibirá desde el primer año de explotación minera o recién cuándo la empresa beneficiaria haya descontado todo aquello que tiene permitido deducir de acuerdo a lo convenido.
f) Se desconoce también la ganancia neta que obtendrá el Estado uruguayo, ya que no sabemos ni el precio futuro del mineral de hierro ni cuáles serán los costos que por diferentes conceptos se asumirá.
g) No se sabe los perjuicios que ocasionará al sector turismo.

Aspectos institucionales y de infraestructura /

Esta Red no comparte el hecho de que se firme un contrato antes de que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) realice todos los estudios ambientales que exige la ley, así como que se ejerza cualquier tipo de presión sobre la autoridad ambiental nacional para que acelere sus normales plazos de evaluación.

Asimismo, manifiesta también su preocupación por las idas y venidas respecto al puerto de aguas profundas y el mineroducto por donde se transportaría el mineral de hierro, así como la falta de información sobre obras de infraestructura tales como caminos, rutas, puentes y otras, las que necesariamente tendrán que construirse.

Por otra parte, nos preocupa especialmente la cantidad, el origen y el impacto de la utilización de grandes cantidades de agua y energía en el proceso y transporte del mineral a través del mineroducto.

Aspectos ambientales /

Esta Red entiende que de concretarse la minería a cielo abierto, ésta actuará como un permanente atentado al ambiente y a la comunidad, debido a lo siguiente:

a) No hay remediación posible de la destrucción de biodiversidad y territorio, sin duda un elevado y comprometedor pasivo ambiental que se deja a las presentes y futuras generaciones.
b) No habrá plan que permita mitigar los efectos ambientales negativos sobre tierra, agua y aire producida por residuos sólidos, líquidos y gaseosos, tanto tóxicos y no tóxicos.
c) No será posible mitigar la contaminación sonora, producto de las explosiones periódicas.
d) No existe “plan de cierre” ni puede haber soluciones a “cerros” de residuos sólidos contaminados ni a los cinco pozos gigantes que dejará la extracción minera.

Aspectos laborales, sociales y culturales /

Esta Red considera que si bien en la etapa de construcción de obras civiles puede existir durante algunos pocos años un “boom laboral – social”, luego la ocupación descenderá abruptamente, siendo casi cero al culminar el período de explotación. Paralelamente, entendemos que realizada de esta manera, la actividad minera destruye nuestra cultura y da por tierra el concepto de país natural, un importante diferencial a nuestro favor en un mundo que demanda alimentos.

A modo de resumen /

Por lo antepuesto, la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas rechaza de plano este tipo de explotación minera, proponiendo en cambio un debate nacional sobre la minería en general, enmarcado en un modelo de país que contemple de modo equilibrado el desarrollo económico junto con los desarrollos ambiental, social y cultural.

Uruguay, junio de 2014

Red Uruguaya de ONG Ambientalistas

Por mayor información contactar con
redambiente@gmail.com

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Juan Carlos Hernandez's curator insight, July 1, 9:20 AM

#Uruguay la réalité .. dans le pays de Saint Mujica, la nouvelle idole de la gauche bobo européenne qui semble-t'il ne sait plus s'informer qu'à travers Rue 89, le Nouvel Obs, The Economist, Le Monde ou le Courrier International. Bien marketée par des agences de comm occidentales cette idole... En réalité, Mujica n'est que l'idiot utile des multinationales. Il est par ailleurs toujours bienvenu à Washington comme par hasard

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Mexico / Descargas industriales colapsan el medio ambiente en Altamira

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El financiero 26/06/2014


Especialista afirma que la política ecológica es “letra muerta” en la zona sur del estado de Tamaulipas; en los últimos cinco años se han identificado 60 derrames de hidrocarburos que han dañado los ecosistemas, están en riesgo un millón de personas.

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Uruguay culmina fase de exploración y pasará a perforar en busca de petróleo

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EFE 18/06/2014


Uruguay entró en una nueva fase en la búsqueda de hidrocarburos en su plataforma marítima tras la conclusión de los trabajos de exploración y prospección que permitirán arrancar el próximo verano con las primeras perforaciones, confirmaron hoy desde la petrolera pública ANCAP.


"Ya culminaron los trabajos de investigación comprometidos por las empresas que pujaron en la Ronda Uruguay II. Y ahora empieza una nueva etapa. Los datos van a ser buenos y una vez procesados se podrá definir con precisión cual es el potencial de hidrocarburos en la cuenca uruguaya", explicó a Efe Pablo Gristo, ingeniero del departamento de Exploración y Producción de la compañía.


Las empresas petroleras británicas BP y BG, la irlandesa Tullow Oil, y la francesa Total gastaron unos US$2.000 millones en analizar varios bloques exploratorios que se adjudicaron en 2012 en una licitación denominada Ronda Uruguay II.


Según indicó Gristo, en este período las empresas han levantado más de 38.000 Km2 de datos sísmicos en tres dimensiones, más de 7.500 Km2 de datos sísmicos en dos dimensiones, tomaron alrededor de 250 muestras de sedimentos y levantaron datos de 164 estaciones de magneto-telúrica.


"A partir de ahora se estudiarán esos datos, que es un trabajo arduo. Lo que sí es seguro es que la empresa Total va a perforar un pozo hacia finales de 2015 en aguas ultraprofundas, para saber realmente lo que hay abajo", indicó el ingeniero.

Esta perforación se realizará a unos 200 kilómetros de la costa uruguaya y tendrá una profundidad de unos 3.000 metros.

Las otras empresas podrán también perforar si así lo desean una vez que analicen los datos recopilados.


"Esta cuenca se subastó y tenía un alto riesgo asociado. Comenzamos con una evaluación de riesgo que señalaba que había entre un 5 y un 10% de posibilidades de encontrar hidrocarburos. Considero que con la información recibida será de un 20% en algunos casos. Ese dato sería un mínimo para que las empresas entren en la fase de perforación", añadió.

Fuentes de la empresa citadas por la prensa uruguaya apuntaron que recién en 2017 o 2018 se sabrá si se encuentra petróleo en cantidad suficiente para extraer y que sea comercialmente rentable.

En este sentido, el presidente de ANCAP José Coya anunció ayer que antes de fin de año se realizará una nueva licitación para explorar la plataforma marítima que abarcará zonas aún no exploradas.


Esa Ronda Uruguay III incluirá zonas de aguas someras cercanas a la costa, un área de mediana profundidad y una amplia zona ultra profunda, cercana al límite marítimo del país.

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Uruguay / Industria pesquera alerta sobre el impacto de los grandes proyectos

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El Pais 25/06/2014

por MAXIMILIANO MONTAUTTI


Un experto en actividad pesquera advirtió que grandes emprendimientos que se desarrollan en el país impactan en el desarrollo de la industria y en el ecosistema acuático. Este sector emplea, entre la industria y la pesca artesanal a 10.000 personas.


La planta regasificadora, el tendido marítimo de cables de comunicaciones, el puerto de aguas profundas o la exploración petrolera off-shore son algunos de los grandes emprendimientos que se desarrollaron o están en fase de ejecución. Y sin dudar de la importancia estratégica que tienen para el país, algunas voces señalan que esos megaproyectos afectarán el normal funcionamiento de algunas industrias además de causar impacto medioambiental o subacuático.


Según datos históricos del sector, la flota pesquera está compuesta por 100 buques industriales y 1.220 embarcaciones artesanales, 22 plantas industriales en funcionamiento, 66 empresas exportadoras de productos del mar y 4.200 trabajadores vinculados a la industria y 5.500 en la actividad artesanal. La producción anual aproximada es de 85.000 toneladas y se exporta por US$ 180 millones. Sumando la actividad industrial y la artesanal este sector productivo tiene un valor económico cercano a los US$ 300 millones.

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Fukushima es un desastre que no terminó

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Portal 180 21/06/2014


Ya pasaron tres años desde el terremoto y el subsiguiente tsunami que dañaron cuatro reactores de la planta nuclear de Fukushima Daiichi, en Japón. Pero las consecuencias se siguen sufriendo por la continua fuga de radiactividad al ambiente, alertó el consultor independiente en energía atómica Mycle Schneider.


La tendencia actual es a operar cada vez menos plantas de energía nuclear, indicó el especialista durante una visita a Brasil. En vez de un renacimiento, el mundo atraviesa un declive en el uso de esta fuente de energía.


Schneider opinó en entrevista con IPS sobre la iniciativa que desarrollan Argentina y Brasil en el marco de su acuerdo de cooperación en energía atómica. Según él, la idea podría adaptarse a regiones críticas como Medio Oriente.


IPS: ¿Cuál es la situación de la opción nuclear como fuente de energía en el mundo?


MYCLE SCHNEIDER: La situación del uso comercial de la energía nuclear es bastante diferente de lo que percibe la población. Si analizamos la cantidad de reactores nucleares operativos en el mundo, vemos que el máximo se alcanzó en 2002, hace 12 años. Entonces hubo 444 funcionando al mismo tiempo.


Ahora hay unos 400 reactores operativos. Oficialmente, en Japón están funcionando 48, pero ninguno genera electricidad, aunque la Agencia Internacional de Energía Atómica sigue considerándolos a todos en funcionamiento.


En realidad, hay un declive significativo. En Europa, el máximo número se alcanzó en 1988, hace 25 años, cuando hubo 177 reactores operativos; ahora solo quedan 131, 46 unidades menos.


No vivimos un renacimiento, sino un declive. La porción de la energía nuclear en la generación eléctrica en el mundo llegó a su máximo en 1993, hace 20 años. Entonces representaba 17 por ciento, ahora ronda 10 por ciento. La tendencia claramente apunta a la disminución de las plantas en funcionamiento.


IPS: ¿Cuáles son las lecciones que dejó el desastre de Fukushima?


MS: La opinión pública mundial se vio muy influida por Fukushima. Esa fuente de energía perdió aceptación, en Asia mucho más que en otras partes. En Europa también, pero con diferencias entre los países. Por ejemplo, en Suiza, enormemente, en Gran Bretaña, mucho menos, y en Alemania, la oposición ya estaba bastante asentada. Cambió mucho en países como China y Corea del Sur porque esos países están mucho más cerca de Japón.


La sociedad operó las plantas de energía nuclear según una ecuación muy simple: un peligro potencialmente enorme multiplicado por una muy baja probabilidad de ocurrencia es igual a un riesgo aceptable. La ecuación se hizo añicos en Fukushima. La gente se dio cuenta que una baja probabilidad no necesariamente equivale a la no ocurrencia, no es riesgo cero.


La lección, la más importante que debe aprender la sociedad, es, antes que nada, reducir el peligro potencial. La energía contenida en los tanques de gas natural líquido, por ejemplo, es increíble en términos de energía pura. Puede ser equivalente a dos veces la bomba de Nagasaki (1945) en un tanque. Es muy poco probable que explote, pero aun si el riesgo fuera solo 10 por ciento, el daño que podría causar supera toda imaginación. Y esas bombas están por todas partes.


IPS: ¿Qué representa Fukushima en cuanto a la seguridad de las plantas nucleares?


MS: La gente cree que Fukushima fue el peor caso y que ya pasó, pero no es así. Puede ser peor, no se terminó. El accidente continúa y ya pasaron tres años. Hay continuas filtraciones de radiactividad al ambiente porque el inventario de radiactividad no está estabilizado.


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Actividades y métodos de trabajo de las sociedades transnacionales y sus consecuencias sobre el libre disfrute de los derechos humanos

CETIM 

A lo largo de los últimos cuaranta años, las sociedades transnacionales (STN) han adquirido un poder sin precedentes. Sus actividades se extienden en la actualidad a todos los campos (agroalimentario, salud, agua, educación, medios de comunicación, etc.) y todo con unos efectos a menudo catastróficos para las poblaciones.
 

Así, en todo el mundo, las organizaciones populares, los movimientos sociales se enfrentan a violaciones de sus derechos humanos y medioambientales que cometen no sólo los Estados sino también las sociedades a menudo más poderosas que aquellos pero que dependen del sector privado.
Normalmente, en el seno de un país, las víctimas de tales exacciones pueden en estos casos dirigirse a la justicia para exigir reparación. Se sabe que, en la práctica, ya a este nivel sus quejas no son siempre escuchadas.

Pero en el caso de las STN, las cosas se complican terriblemente. Éstas tienen, en efecto, una capacidad particular para encontrarse al mismo tiempo por todas partes y en ningún sitio. Esto les permite sustraerse fácilmente de las legislaciones nacionales y garantizarse la mayoría de las veces una total impunidad.
En cuanto a los gobiernos, a menudo más preocupados de la "competencia internacional" que de promover los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos, suelen tener poca prisa para ejercer un control serio sobre las sociedades transnacionales efectivas en o desde su territorio. 
Frente a esta situación, numerosas organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales luchan para conseguir que se establezca un marco jurídico de las STN a nivel internacional. A este respecto, la única instancia legítima para intervenir decidir y dotar de dicho marco es la Organización de las Naciones Unidas.
Además, a la vista de la experiencia de los códigos de conducta voluntarios, es indispensable que este marco sea de carácter obligatorio. Por otra parte, esta es la razón por la cual, desde hace tiempo nosotros denunciamos la iniciativa del Golbal Impact (asociación entre la ONU y las STN) que rebaja el rol de la ONU, promueve la idea de un derecho a la carta que, lejos de luchar contra las violaciones de los derechos humanos, sirve sobre todo de biombo y de buena conciencia para dichas sociedades.

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Uruguay / Aratirí puso sus tierras como garantía del proyecto minero

Uruguay / Aratirí puso sus tierras como garantía del proyecto minero | MOVUS | Scoop.it

El Observador 22/06/2014


La firma de origen indio Zamin Ferrous (Aratirí) accedió a hipotecar a favor del Estado uruguayo la totalidad de sus tierras adquiridas para la extracción de hierro, para sumar a las garantías establecidas en el contrato de explotación. Se trata de una exigencia del gobierno, informaron a El Observador fuentes oficiales.


La ley de minería de gran porte aprobada en 2012 establece que las empresas aspirantes a obtener un permiso de extracción deben demostrar su capacidad económica, además de las garantías ambientales, que también se miden en dinero. La espalda financiera de Aratirí podrá ser demostrada hasta un año después de firmado el contrato con el gobierno. Parte de ese dinero puede estar depositado, y el resto provenir de una línea de crédito. En ese tiempo la compañía, de hecho, tiene previsto conseguir créditos en bancos internacionales para iniciar las obras. En caso de fracasar ese trámite, el gobierno puede llamar a una licitación para adjudicar el permiso, o bien formar una empresa pública que se encargue de la extracción.


Si se cumple ese extremo, además, la información adquirida por la firma en este tiempo del suelo en Valentines (Treinta y Tres) queda en manos del gobierno.

El contrato en proceso de negociación establecerá cuál será la inversión total, dato que servirá para determinar garantías y otros detalles como la exigencia de demostrar capital y financiación. En abril de este año el ministro de Industria, Energía y Minería (MIEM), Roberto Kreimerman, dijo a El Observador que la inversión de Aratirí se estima en US$ 2.770 millones.


Para garantizar el mantenimiento fiel del contrato, por ejemplo, la empresa deberá presentar una garantía equivalente a

US$ 139 millones. La ley plantea para ello varias opciones, desde un depósito hasta la presentación de un aval bancario.

Una resolución del MIEM del 4 de diciembre de 2013 clasificó como minería de gran porte al proyecto de Aratirí. Ello inició los plazos establecidos en la ley. A principios de junio se esfumó la mitad del tiempo, y si bien existe la posibilidad de una prórroga de 90 días, a la empresa se le acortan los plazos para lograr el permiso

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