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Movimiento Por Un Uruguay Sustentable / extractivismo en América latina
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Charla Debate 23/11-18 h Montevideo : Democracia, megaproyectos y participación ciudadana

Charla Debate 23/11-18 h Montevideo : Democracia, megaproyectos y participación ciudadana | MOVUS | Scoop.it

Sabado 23 /11 Cafe la Diaria - Soriano 774 - Montevideo /

18 h


 Charla-debate /


Victor Bacchetta (Movus)

Edison Lanza (CAINFO)

Pablo Ligrone (Arquitecto. Dr en Ordenamiento Territorial y Urbanismo)

 

democracia, megaproyectos y participación ciudadana. La instalación de actividades extractivas a gran escala en Uruguay ha generado una resistencia de gran diversidad social, en la que se desarrolla un nuevo concepto de ciudadanía, cuyos temas centrales son el acceso a la información, el debate y la participación pública en la toma de decisiones.

 

Entrada libre y gratuita.

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uruguay / Experto de ONU sostiene que OSE oculta información sobre el agua

uruguay / Experto de ONU sostiene que OSE oculta información sobre el agua | MOVUS | Scoop.it

El Observador 4/04/2013

 

Exrepresentante de PNUMA en Uruguay apoyó la visión crítica de los académicos. “En Uruguay hay un secretismo sobre la información” ambiental.

 

¿Cómo tomó las reacciones de las autoridades del gobierno ante las advertencias de los científicos?


Al gobierno no le incomodan los papers pero cuando la gente de la academia empieza a opinar ahí la reacción es de descrédito. La discusión pasa por decir que son alarmistas. Se ataca a la persona en lugar de discutir sobre los datos (…) Cuando hicimos el Informe del Estado del Ambiente GEO Uruguay (en 2008) lo sufrimos mucho. En este debate siempre hay una desacreditación de las personas con pocos datos. ¿Y porqué con pocos datos?  Porque en Uruguay no contamos con demasiados datos. No hay un monitoreo ambiental que permita discutir más a fondo en base a datos(…) No solo no hay monitoreo de los temas ambientales, sino que no existe directamente un monitoreo de relación la salud. Muchas veces se dice: ‘Esto no causa ninguna enfermedad’. No sabemos (…) No hay ninguna investigación sobre los vínculos de los problemas ambientales y los problemas de salud. Cuando dicen que “esta agua es potable”, confiamos que sí, no lo sabemos. No hay una certeza de que los temas ambientales en Uruguay no estén provocando problemas de salud. Cuando ves investigaciones extranjeras ves que sí, que los pesticidas aumentan el índice de cáncer. Hay un estudio nuevo en EEUU con cordones umbilicales que encontró más de 200 químicos distintos. Los químicos tienen un efecto en la salud. El tema es si los están midiendo. No me parece seria la forma de referirse al tema sin datos. Crear tranquilidad a la población diciéndole que la arena es blanca o negra me parece que es que se le está tomando el pelo. Si vos denunciás o presentás datos, te tildan siempre de alarmista, pero en vez de alarmista, tendrían que tildarte de precaucionista. 

 

Así que si bien hoy el agua es potable, ¿no se puede establecer si tendrá algún efecto en el futuro?


En 2010 se detectaron niveles de atracina en el agua. Es uno de los componentes del glifosato. No hay ningún estudio a nivel nacional que diga cuál es la consecuencia de niveles muy bajos de atracina consumidos a lo largo de 10 años. Digo atracina por mencionar uno. Pero (lo mismo para) cualquier tipo de químicos (…) Hay que ver la definición de potable para OSE. ¿Significa que estamos tranquilos al consumir esa agua tras 50 años y que no está afectando un poco más a las poblaciones más vulnerables? El tema es tener un monitoreo de qué hay realmente en el agua y tener en cuenta que una cosa es que sea potable y otra cosa es beberla durante 50 años.

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Uruguay / ONG detecta abusos en reserva de información; Cánepa lo niega -

Uruguay / ONG detecta abusos en reserva de información; Cánepa lo niega - | MOVUS | Scoop.it

El País 9/09/2012

 

Ministerios y organismos públicos han "abusado" a la hora derotular información pública como "reservada o confidencial", afirma la ONG CAinfo. El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, defiende las restricciones aplicadas.

Los ministerios del Interior y Defensa, y los Bancos República y Central, calificaron como "reservada" o "confidencial" prácticamente toda la información pública que manejan y, de esa forma, la dejaron lejos del alcance del control ciudadano.

El artículo 9 de la ley de Acceso a la Información Pública (18.381) permite a los organismos estatales declarar confidencial o reservada información que cumpla con determinadas condiciones y cuya divulgación pueda afectar la seguridad pública o el funcionamiento de la propia entidad.

No obstante, el Ministerio del Interior incluyó en esa lista prácticamente toda la información disponible. Algo similar ocurrió con el Banco República, el Banco Central y el Ministerio de Defensa Nacional.

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Jesús Fernández's curator insight, October 6, 2014 12:16 PM

El poder siempre ha impuesto mediante la censura especial celo en mantener oculta información sensible. 

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Chile/Transgénicos: Consejo Transparencia falló a favor de los ciudadanos

Chile/Transgénicos: Consejo Transparencia falló a favor de los ciudadanos | MOVUS | Scoop.it

Histórico fallo de Consejo para la Transparencia confirma el fin al secreto sobre transgénicos.

Santiago de Chile, 23 de marzo de 2012.-

María Elena Rozas, a nombre de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida/RAP Chile, valoró hoy el fallo definitivo del Consejo de Transparencia presidido por Alejandro Ferreira, que puso fin al secreto sobre la ubicación exacta de los cultivos transgénicos, al resolver por unanimidad ratificar el fallo emitido en 2010.

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Plombemia: 90 juicios por 25 millones de dólares - Diario EL PAIS - Montevideo - Uruguay

 Hay decenas de familias en Montevideo que a más de diez años esperan una solución ante la plombemia. El Estado enfrenta 90 juicios por más de US$ 25 millones y una denuncia penal por la desaparición de historias clínicas de los pacientes.

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Uruguay / EL MOVUS ALERTA SOBRE LIMITACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA / 13-07-2013

Comunicado de prensa 13/07/2013

EL MOVUS ALERTA SOBRE LIMITACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En la Rendición de Cuentas a consideración del Parlamento, el Poder Ejecutivo incluyó dos artículos que modifican la ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, de octubre de 2008. Los articulos propuestos permitirán que el gobierno y otros organismos del Estado denieguen información a los ciudadanos sobre asuntos de interés general.

Entre los cambios propuestos, se crean dos nuevas excepciones con respecto a la ley 18.381. La primera, en el artículo 37 faculta a un organismo estatal a clasificar como reservada aquella información cuya difusión pueda “afectar procedimientos de control, evaluación, investigación o deliberación de los sujetos obligados, hasta que sea adoptada la decisión respectiva”.

La segunda modificación permitirá que la información se clasifique como reservada "tanto en el momento en que esta se genere, obtenga o modifique, como en el momento en que se reciba una solicitud de acceso, cuando no se hubiera clasificado previamente", según el mismo artículo 37 del proyecto de Rendición de Cuentas que se encuentra a estudio del Poder Legislativo.

La Ley de Acceso a la Información Pública garantiza el acceso de los ciudadanos a cualquier documento oficial que no haya sido clasificado como reservado y, si fuera este el caso, exige que la autoridad justifique tal calificación. Como se comprende fácilmente, esta ley formaliza un derecho humano fundamental y propende a la transparencia de la función pública.

El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) es una asociación civil que ha comprobado la importancia de esta ley cuando su aplicación, incluso recurriendo a acciones judiciales previstas en la misma, fue la única vía que aseguró el acceso a una información fidedigna sobre la naturaleza de los posibles impactos ambientales y sociales del proyecto Aratirí.

Esta fue la base para realizar una crítica fundada de este y otros proyectos, que ha permitido informar a la ciudadanía y que esta pueda forjarse una opinión al respecto. Si se llegara a aprobar la primera modificación señalada, se estaría vulnerando esta posibilidad y se condenaría a la población a recibir información solo después de consumadas las decisiones oficiales.

Es un principio irrenunciable - presente por demás en todo documento que hable de un desarrollo sostenible - que la población debe estar en condiciones de participar de manera libre, previa e informada, en el diseño, la aprobación y la ejecución de los proyectos de desarrollo que puedan .afectar sus formas de vida, sus derechos y sus culturas, presentes y futuras.

El MOVUS hace un llamado de atención a la opinión pública y a los legisladores para rechazar lo que constituye, lisa y llanamente, un intento de limitación de un derecho ciudadano fundamental. Una ciudadanía informada es la condición para construir una sociedad consciente y responsable, capaz de decidir, en libertad y democráticamente, su destino y el de sus herederos.

Movimiento por un Uruguay Sustentable
13 de julio de 2013.

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Juan Carlos Hernandez's curator insight, July 27, 2013 2:31 AM

#attention Tentative de dérive dictatoriale en #Uruguay #drauche #JoséMujica

Un organisme, sous le contrôle direct du président de l' #Uruguay José Mujica, décidera de ne pas dévoiler des informations et données publiques aux citoyens avec l'excuse de la notion hautement subjective de l"intérêt général. Il décidera cela si le Parlement de l' Uruguay approuve 2 articles, proposés par l' exécutif, modifiant la loi d'accès à l'information publique 

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Uruguay / INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DEBATE PÚBLICO / Entrevista a Jacques Molinari / V. Bacchetta

(Publicado en el semanario Voces, de Montevideo, N° 375, 28/2/13)


 Entrevista a Jacques Molinari


 INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DEBATE PÚBLICO


 "El debate público debe desarrollarse antes de cualquier toma de decisión sobre la continuación que debe darse al proyecto. El debate público puede conducir a cuestionar la naturaleza misma del proyecto, a redefinir su contenido y puede influir sobre el porvenir del proyecto", explica Jacques Molinari, un experto francés sobre cuestiones de ordenamiento territorial y un activo participante en su país del sistema de debate público sobre proyectos de desarrollo.


 por Víctor L. Bacchetta


 En nuestro país, cuando surge un proyecto de desarrollo de cierta envergadura, la mayor parte de la información y los debates está dedicada a convencer al público de que las autoridades, ya sean del emprendedor o del estado, son las únicas capacitadas para tomar las decisiones. Funcionarios suelen dar por hecho un proyecto aunque éste no haya concluido las instancias técnicas y legales para su aprobación y la urgencia de las decisiones es el argumento usual para justificar la falta de informaciones y de tiempo apropiados para un libre y amplio debate público.


 Sin embargo, la institucionalización del debate público en los países no ha sido un obstáculo sino un beneficio para su desarrollo. Los principios de la "democracia participativa" incluidos en 1992 en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también firmada por Uruguay, fueron recogidos en 1998 por la Convención Aarhus sobre Acceso a la Información, Participación Pública en la Toma de Decisiones y Acceso a la Justicia en Temas Medioambientales, que hasta 2008 había sido ratificada por toda la Comunidad Europea y 40 países más.


 El ingeniero Jacques Molinari nos visitó a fines de 2012 invitado por el Laboratorio de Prospectiva Territorial de la Facultad de Arquitectura para participar en un taller sobre el futuro de La Pedrera y la región. Molinari se desempeñó en la Comisión de Energía Atómica y en la Oficina Internacional del Agua de Francia, cumplió misiones en Argentina, Brasil, México y Uruguay, en 1996 fundó el GIR Maralpin, una sociedad científica dedicada al ordenamiento territorial transfronterizo. Como ciudadano y como técnico, conoce de cerca el sistema francés de debate público.


 Antes de la decisión /

 VLB - ¿En qué consiste el mecanismo de debate público establecido en Francia cuando se debe decidir sobre proyectos de desarrollo de impacto social y ambiental?


 JM - El debate público es obligatorio para todo proyecto de cierta magnitud, con independencia de quién sea el emprendedor (Estado, ente público o privado). Se han instaurado dos valores límite y tres alternativas: primero, para el límite superior el debate público es obligatorio; segundo, para montos entre los dos límites definidos, la publicación del proyecto es obligatoria y la organización del debate es posible, a pedido de las colectividades o de una asociación de protección del medio ambiente con aprobación nacional; y tercero, para proyectos menores, el debate público no es obligatorio pero puede ser impuesto por una demanda suficiente.
 El debate público debe desarrollarse antes de cualquier toma de decisión sobre la continuación que debe darse al proyecto. El debate público puede conducir a cuestionar la naturaleza misma del proyecto, a redefinir su contenido y puede influir sobre el porvenir del proyecto. El debate público, sin embargo, no tiene como finalidad decidir, lo cual compete al emprendedor del proyecto y, en caso de ser pertinente, al Estado.


 VLB - ¿Cómo está institucionalizado este mecanismo, por medio de un decreto, una ley?


 JM - La instauración del debate público en su forma actual es el resultado de un largo camino que culminó con la Ley relativa a la Democracia de proximidad, del 27 de febrero de 2002. El primer paso fue dado por la ley Bouchardeau, del 1º de julio de 1983, sobre la democratización de las encuestas públicas.


 VLB - ¿Es un organismo permanente o se convoca cada vez que hay un proyecto?


 JM - Todos los debates públicos se desarrollan bajo la autoridad de la Comisión Nacional del Debate Público (CNDP). La CNDP está constituida como autoridad administrativa independiente. Su competencia sobre proyectos de equipamiento o infraestructuras se amplió recientemente a opciones generales en materia de ordenamiento territorial y medio ambiente. Por ejemplo, el debate público nacional sobre las  nanotecnologías. La CNDP garantiza que sean respetadas las buenas condiciones de información del público acerca de los proyectos.
 Cada debate público se desarrolla bajo el control y autoridad de la Comisión Particular del Debate Público (CPDP) cuya composición de 5 a 9 miembros es definida por la CNDP. La CPDP exige del emprendedor la redacción del informe de presentación del proyecto y controla su contenido. La CPDP define la extensión geográfica del debate y su organización, así como asume la responsabilidad del desarrollo del debate.


 Medios y recursos/


 VLB - ¿Cómo se financia la actividad, desde los estudios hasta los debates? ¿De dónde se extraen los recursos? ¿Quien es responsable de administrarlos y de rendir cuentas?


 JM - El presupuesto de la CNDP está asumido por el Estado. Los gastos de los miembros de la Comisión Particular del Debate Público (viáticos y viajes) están a cargo de la CNDP. Todos los demás gastos de redacción e impresión del informe de presentación del proyecto; de la secretaría de la CPDP, gastos de organización, de publicidad, de impresión de la documentación producida, de presentación de los participantes, el registro integral de los debates, etc., corren integralmente por parte del emprendedor. La responsabilidad de la operación es asumida por la CPDP y está bajo control de la CNDP.


 VLB - ¿Cómo se garantiza que el Estado y el público puedan disponer de estudios e informes técnicos o científicos competentes e independientes?


 La CPDP tiene la autoridad para exigir del emprendedor del proyecto todas las informaciones que juzgue pertinente, tanto a nivel de la redacción preliminar del informe del proyecto, como durante los debates. Puede recurrir a los expertos que estime competentes. El público puede formular propuestas en este sentido y recurrir a sus propios expertos.


 VLB - ¿Cuáles son las condiciones de independencia o neutralidad para que un técnico o un científico pueda intervenir en un estudio de un proyecto con esa finalidad?


 JM - Técnicos y científicos pueden intervenir tanto a nombre propio, a título de ciudadano, como a pedido de otros ciudadanos, asociaciones o colectividades.


 VLB - ¿Cómo se organiza el debate? ¿Cómo se eligen las partes que intervienen en el debate?


 JM - Antes de comenzar el debate, la CPDP debe disponer del informe de presentación del proyecto, examinar su contenido y pedir que se proceda a las modificaciones y complementos de información que le parezcan indispensables. Generalmente aprovecha este plazo - largo, a veces varios meses - para hacer contactos y convocar a los actores que considere necesarios y/o que estén directamente implicados en el debate.
 Consulta a representantes electos y a colectividades locales e instituciones de la sociedad civil, en particular las asociaciones. Estas consultas permiten percibir el "clima” del debate, definir los temas centrales, identificar posibles actores pertinentes y representativos, susceptibles de dar un inicio eficiente al debate por medio de cortas ponencias (de 6 minutos por ejemplo).
 Por la característica de absoluta abertura del debate, todo participante tiene derecho a intervenir, a título personal o como representante de asociaciones o colectividades, en las reuniones públicas y dentro del límite de tiempo disponible. Deben estar presentes en al menos la mitad de una reunión pública, la cual dura en general de cuatro a cinco horas.


 Profundizar la reflexión /


 VLB - ¿Cuál es la relación de este proceso con la sociedad? ¿de qué manera se da a conocer a la población sus actividades y las distintas etapas del proceso?


 JM - A nivel nacional, la información sobre la organización de un Debate Público está ampliamente asumida por los diferentes medios de comunicación. Paradójicamente, a nivel local y regional, la difusión de la información está en parte sometida a la buena voluntad o, a veces, la reticencia de la prensa local, sobre la cual la CPDP no tiene influencia. Sea lo que sea, la CPDP hace colocar afiches y procede a la difusión de folletos informativos en los principales lugares públicos.
 Las reuniones llenan raramente las amplias salas puestas a disposición por los organizadores. La asistencia acumulada de los mayores debates regionales en los cuáles intervino el GIR-Maralpin son de algunos miles de participantes por debate público. En cambio surgen organismos, asociaciones o particulares particularmente motivados, que siguen el debate y participan en la casi totalidad de las reuniones. Este tipo de participación tiene como efecto positivo el de profundizar una reflexión que debe, si es posible, inscribirse en la totalidad del Debate Público.
 Por lo tanto, si no se puede pretender que el Debate Público interese una porción sustancial de la población, la misma se ve bastante bien representada por la diversidad de asociaciones que se implican. La tendencia de participación es más débil entre los representantes electos, quienes en su mayoría no ven conveniente su intervención en el debate, aunque algunos lleguen a hacerlo por vías indirectas.


 VLB - ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? ¿Existe alguna reglamentación establecida o queda librada al interés de los medios ?


 JM - La CPDP no dispone de ningún medio para inducir a la prensa local o regional a anunciar las reuniones y a informar del desarrollo de las mismas. Esta prensa suele desinteresarse del debate para destacar únicamente las posturas partidarias que defienden y, sobre todo, las divergencias y polémicas que ocultan el trabajo de reflexión real comprometido en el debate.


 VLB - ¿ Que duración tiene el debate ? ¿ De qué manera se realiza, mesas redondas, visitas, conferencias? ¿Tiene conclusiones? ¿Cómo se elaboran las conclusiones ?


 JM - La duración es de cuatro meses, con una eventual prolongación de 15 días si es necesario. Por ejemplo, un complemento de estudios o un peritaje de comprobación. El debate no puede comenzar antes de que esté a disposición del público el informe de presentación del proyecto. El proceso consiste en una serie de reuniones-debates, generalmente por temas. La cantidad de reuniones depende de la extensión del campo del debate. Cuando temas particulares requieren exámenes más profundos, pueden realizarse talleres y/o mesas redondas.
 Las reuniones siempre se inician con una recapitulación del proyecto por parte del emprendedor, continúan con las presentaciones de los expertos solicitados o avalados por la CPDP (entre los cuales figuran expertos del emprendedor) y culminan con un debate abierto a los ciudadanos, asociaciones, colectividades, representantes electos, sin que ninguna prioridad sea concedida a estos últimos. La CPDP cuida que las intervenciones constituyan contribuciones y aportes a la reflexión común. Para facilitar la participación más amplia, estas reuniones se organizan de preferencia a fines de la tarde.
 Otra forma de participación es ofrecida por medio de los “Cuadernos de Actores“ a los cuales pueden recurrir todos los participantes (institucionales, asociativos, ciudadanos). El contenido de los mismos está normalizado (ocho páginas, la cantidad de caracteres, tablas e ilustraciones es limitada). La publicación de estos Cuadernos de Actores está a cargo de la CPDP, los costos son cubiertos por el emprendedor. La entrega de las contribuciones debe respetar plazos, de modo que la impresión y la distribución se hagan antes de finalizar el debate.


 La fuerza del debate /


 El conjunto de los debates debe ser grabado y es objeto de una transcripción literal. Se realizan también informes parciales y globales. Estos documentos están disponibles de inmediato en el sitio Web del Debate Público. Fuera de la presentación y del Informe del Proyecto, disponibles desde los inicios del debate, todos los documentos y escritos son accesibles a través de Internet a medida que se desarrolla el debate.
 Al concluir el debate, en un plazo máximo de dos meses la CPDP y su secretaría redactan un informe detallado del debate que es presentado a la CNDP para su validación. Una vez finalizada esta etapa, la CNDP elabora y publica el Balance del Debate. En un plazo máximo de tres meses, el emprendedor debe “anunciar públicamente su decisión en cuanto a los principios generales del documento y a las condiciones de continuación del proyecto propuestas”.


 VLB - ¿ Qué peso pueden tener las conclusiones del Debate Público en las decisiones finales del estado sobre el proyecto analizado?


 La publicación del Balance del Debate por la CNDP tiene un efecto de anuncio importante, tanto para el emprendedor del proyecto, como para el público y las autoridades del Estado. Aunque la decisión final de proseguir o retirarse del proyecto sea formalmente del emprendedor, éste dispone de tres meses para tener en cuenta las observaciones o recomendaciones del informe final, establecidas en conformidad con las disposiciones legales. En los debates públicos de los cuáles el GIR Maralpin ha sido actor, se ha procedido a introducir modificaciones, algunas veces profundas de los proyectos, en todos los casos, a las cuáles se suman dos rechazos y una anulación definitiva. (Ver recuadro)
 Si se toma la decisión de emprender el proyecto, el mismo debe someterse, como todos los proyectos, al proceso obligatorio de audiencia pública. Mientras tanto, la información y la participación del público continúa bajo la supervisión de la CNDP, que puede designar para ello un "garante" del respeto de sus recomendaciones.


 A VECES HAY QUE DECIR "NO"


 Ejemplos de resultados de algunos de los debates en los cuáles el GIR Maralpin ha participado, algunas veces en calidad de experto invitado:


 ■ Extensión del puerto de Niza: Proyecto rechazado y luego abandonado (para este debate público, Molinari era miembro de la CPDP.
■ Autopista alpina Grenoble-Sisteron: Proyecto abandonado.
■ Duplicación de autovía Valle del Ródano-Arco Languedociano: Campo de estudio extendido al Arco Provenzal, prioridad concedida a la vía ferroviaria; proyecto sin continuación.
■ Duplicación de la vía de circunvalación de Niza: Proyecto abandonado.
■ Línea ferroviaria de alta velocidad Provenza Alpes Côte d'Azur (LGV PACA): Extensión del proyecto al arco Mediterráneo; trazado radicalmente modificado; prioridad a la red ya existente; reapertura del debate sobre la pertinencia de la alta velocidad, tomado en consideración por los distribuidores de mercadería por vía ferroviaria.
■ Nueva línea ferroviaria Montpellier-Perpignan: Proyecto modificado y parcialmente lanzado.


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(*) En el sitio Web del GIR Maralpin se puede ver una presentación de Molinari en la Universidad de Génova titulada "Miradas cruzadas sobre los debates públicos en Francia" (http://www.gir-maralpin.org/confnvxdossiers/GenovaPolisSemDpMolinariDiaporama1005z

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Uruguay / Entrevista a Victor Bacchetta (MOVUS) en Piriápolis/ Clausulas de confidencialidad en contratos con Aratirí y Montes del Plata

Semanario la prensa de Piriápolis, Pan de Azúcar y Solis Grande

20/04/2012

En el marco de la charla ofrecida por el Ing. Senlle sobre “Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social” realizada en los salones de APROTUR el sábado 14 de abril, entrevistamos al periodista Víctor Bacchetta, integrante de “MOVUS” - Movimiento por un Uruguay Sustentable”- quien expuso sobre la preocupante situación que se está viviendo con el proyecto de la minera Aratirí. El periodista comentó que el gobierno establece clausulas de confidencialidad con empresas como Aratirí, ocultando de esta forma información al pueblo.

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acción de acceso a la información a los proyectos portuarios de Aratiri y puerto de Aguas Profundas en Rocha

acción de acceso a la información a los proyectos portuarios de Aratiri y puerto de Aguas Profundas en Rocha | MOVUS | Scoop.it

Uruguay / COMUNICADO de CAINFO

Montevideo, 09 de marzo de 2012

El lunes se conoce sentencia sobre acción de acceso a la información a los proyectos portuarios de Aratiri y puerto de Aguas Profundas en Rocha

El Juzgado Letrado de 2ª Instancia en lo Contencioso Administrativo dictará sentencia el lunes a las 17 horas para definir si los proyectos de inversión presentados por Aratirí para construir un puerto en la Costa Altántica de Rocha (La Angostura), y otro proyecto de un consorcio que pretende construir otro puerto de aguas profundas en esa misma costa, son públicos y pueden ser consultados abiertamente por los periodistas.

El periodista Víctor Bacheta, patrocinado por el Centro de Acceso a la Información Pública (CAinfo), presentó una acción de acceso a la información contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Transporte, luego de comprobar que ambos organismos no contestaron en los plazos de la ley de 18.381 un pedido de acceso a la información presentado por el mencionado periodista.

El viernes 9, en la audiencia convocada por el magistrado, los abogados de la Presidencia de la República afirmaron que no pueden dar acceso a la información porque no contaban con ningún expediente relativo a estas megainversiones. Pese a que un decreto del gobierno anterior estableció que las megainversiones son coordinadas por Presidencia, los abogados argumentaron que Presidencia recibió copias de los expedientes presentados por Aratiri y Corporación Oriental, pero las devolvieron a los minsterios correspondientes.

El MTOP, en cambio, reveló en la audiencia que después de haber recibido el pedido de información, clasificó la información de estos proyectos como confidencial, al amparo del artículo de la ley 17.555 (Ley de Reactivación Económica e Inversiones).

Cainfo espera confiado la resolución de este caso, no obstante recuerda que el los principios del derecho de acceso a la información y el artículo 10 de la Convención de Río, obligan a los Estados a actuar bajo el principio de máxima divulgación y, en particular en este caso, a transparentar toda la información referente a temas ambientales.

Sin transparencia e información ambiental, la sociedad, las comunidades directamente afectadas y los periodistas que investigan estos temas, se ven privados de su libertad de investigar, opinar, informar, y participar en al vida democrática.

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