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Uruguay / INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DEBATE PÚBLICO / Entrevista a Jacques Molinari / V. Bacchetta

(Publicado en el semanario Voces, de Montevideo, N° 375, 28/2/13)


 Entrevista a Jacques Molinari


 INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DEBATE PÚBLICO


 "El debate público debe desarrollarse antes de cualquier toma de decisión sobre la continuación que debe darse al proyecto. El debate público puede conducir a cuestionar la naturaleza misma del proyecto, a redefinir su contenido y puede influir sobre el porvenir del proyecto", explica Jacques Molinari, un experto francés sobre cuestiones de ordenamiento territorial y un activo participante en su país del sistema de debate público sobre proyectos de desarrollo.


 por Víctor L. Bacchetta


 En nuestro país, cuando surge un proyecto de desarrollo de cierta envergadura, la mayor parte de la información y los debates está dedicada a convencer al público de que las autoridades, ya sean del emprendedor o del estado, son las únicas capacitadas para tomar las decisiones. Funcionarios suelen dar por hecho un proyecto aunque éste no haya concluido las instancias técnicas y legales para su aprobación y la urgencia de las decisiones es el argumento usual para justificar la falta de informaciones y de tiempo apropiados para un libre y amplio debate público.


 Sin embargo, la institucionalización del debate público en los países no ha sido un obstáculo sino un beneficio para su desarrollo. Los principios de la "democracia participativa" incluidos en 1992 en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también firmada por Uruguay, fueron recogidos en 1998 por la Convención Aarhus sobre Acceso a la Información, Participación Pública en la Toma de Decisiones y Acceso a la Justicia en Temas Medioambientales, que hasta 2008 había sido ratificada por toda la Comunidad Europea y 40 países más.


 El ingeniero Jacques Molinari nos visitó a fines de 2012 invitado por el Laboratorio de Prospectiva Territorial de la Facultad de Arquitectura para participar en un taller sobre el futuro de La Pedrera y la región. Molinari se desempeñó en la Comisión de Energía Atómica y en la Oficina Internacional del Agua de Francia, cumplió misiones en Argentina, Brasil, México y Uruguay, en 1996 fundó el GIR Maralpin, una sociedad científica dedicada al ordenamiento territorial transfronterizo. Como ciudadano y como técnico, conoce de cerca el sistema francés de debate público.


 Antes de la decisión /

 VLB - ¿En qué consiste el mecanismo de debate público establecido en Francia cuando se debe decidir sobre proyectos de desarrollo de impacto social y ambiental?


 JM - El debate público es obligatorio para todo proyecto de cierta magnitud, con independencia de quién sea el emprendedor (Estado, ente público o privado). Se han instaurado dos valores límite y tres alternativas: primero, para el límite superior el debate público es obligatorio; segundo, para montos entre los dos límites definidos, la publicación del proyecto es obligatoria y la organización del debate es posible, a pedido de las colectividades o de una asociación de protección del medio ambiente con aprobación nacional; y tercero, para proyectos menores, el debate público no es obligatorio pero puede ser impuesto por una demanda suficiente.
 El debate público debe desarrollarse antes de cualquier toma de decisión sobre la continuación que debe darse al proyecto. El debate público puede conducir a cuestionar la naturaleza misma del proyecto, a redefinir su contenido y puede influir sobre el porvenir del proyecto. El debate público, sin embargo, no tiene como finalidad decidir, lo cual compete al emprendedor del proyecto y, en caso de ser pertinente, al Estado.


 VLB - ¿Cómo está institucionalizado este mecanismo, por medio de un decreto, una ley?


 JM - La instauración del debate público en su forma actual es el resultado de un largo camino que culminó con la Ley relativa a la Democracia de proximidad, del 27 de febrero de 2002. El primer paso fue dado por la ley Bouchardeau, del 1º de julio de 1983, sobre la democratización de las encuestas públicas.


 VLB - ¿Es un organismo permanente o se convoca cada vez que hay un proyecto?


 JM - Todos los debates públicos se desarrollan bajo la autoridad de la Comisión Nacional del Debate Público (CNDP). La CNDP está constituida como autoridad administrativa independiente. Su competencia sobre proyectos de equipamiento o infraestructuras se amplió recientemente a opciones generales en materia de ordenamiento territorial y medio ambiente. Por ejemplo, el debate público nacional sobre las  nanotecnologías. La CNDP garantiza que sean respetadas las buenas condiciones de información del público acerca de los proyectos.
 Cada debate público se desarrolla bajo el control y autoridad de la Comisión Particular del Debate Público (CPDP) cuya composición de 5 a 9 miembros es definida por la CNDP. La CPDP exige del emprendedor la redacción del informe de presentación del proyecto y controla su contenido. La CPDP define la extensión geográfica del debate y su organización, así como asume la responsabilidad del desarrollo del debate.


 Medios y recursos/


 VLB - ¿Cómo se financia la actividad, desde los estudios hasta los debates? ¿De dónde se extraen los recursos? ¿Quien es responsable de administrarlos y de rendir cuentas?


 JM - El presupuesto de la CNDP está asumido por el Estado. Los gastos de los miembros de la Comisión Particular del Debate Público (viáticos y viajes) están a cargo de la CNDP. Todos los demás gastos de redacción e impresión del informe de presentación del proyecto; de la secretaría de la CPDP, gastos de organización, de publicidad, de impresión de la documentación producida, de presentación de los participantes, el registro integral de los debates, etc., corren integralmente por parte del emprendedor. La responsabilidad de la operación es asumida por la CPDP y está bajo control de la CNDP.


 VLB - ¿Cómo se garantiza que el Estado y el público puedan disponer de estudios e informes técnicos o científicos competentes e independientes?


 La CPDP tiene la autoridad para exigir del emprendedor del proyecto todas las informaciones que juzgue pertinente, tanto a nivel de la redacción preliminar del informe del proyecto, como durante los debates. Puede recurrir a los expertos que estime competentes. El público puede formular propuestas en este sentido y recurrir a sus propios expertos.


 VLB - ¿Cuáles son las condiciones de independencia o neutralidad para que un técnico o un científico pueda intervenir en un estudio de un proyecto con esa finalidad?


 JM - Técnicos y científicos pueden intervenir tanto a nombre propio, a título de ciudadano, como a pedido de otros ciudadanos, asociaciones o colectividades.


 VLB - ¿Cómo se organiza el debate? ¿Cómo se eligen las partes que intervienen en el debate?


 JM - Antes de comenzar el debate, la CPDP debe disponer del informe de presentación del proyecto, examinar su contenido y pedir que se proceda a las modificaciones y complementos de información que le parezcan indispensables. Generalmente aprovecha este plazo - largo, a veces varios meses - para hacer contactos y convocar a los actores que considere necesarios y/o que estén directamente implicados en el debate.
 Consulta a representantes electos y a colectividades locales e instituciones de la sociedad civil, en particular las asociaciones. Estas consultas permiten percibir el "clima” del debate, definir los temas centrales, identificar posibles actores pertinentes y representativos, susceptibles de dar un inicio eficiente al debate por medio de cortas ponencias (de 6 minutos por ejemplo).
 Por la característica de absoluta abertura del debate, todo participante tiene derecho a intervenir, a título personal o como representante de asociaciones o colectividades, en las reuniones públicas y dentro del límite de tiempo disponible. Deben estar presentes en al menos la mitad de una reunión pública, la cual dura en general de cuatro a cinco horas.


 Profundizar la reflexión /


 VLB - ¿Cuál es la relación de este proceso con la sociedad? ¿de qué manera se da a conocer a la población sus actividades y las distintas etapas del proceso?


 JM - A nivel nacional, la información sobre la organización de un Debate Público está ampliamente asumida por los diferentes medios de comunicación. Paradójicamente, a nivel local y regional, la difusión de la información está en parte sometida a la buena voluntad o, a veces, la reticencia de la prensa local, sobre la cual la CPDP no tiene influencia. Sea lo que sea, la CPDP hace colocar afiches y procede a la difusión de folletos informativos en los principales lugares públicos.
 Las reuniones llenan raramente las amplias salas puestas a disposición por los organizadores. La asistencia acumulada de los mayores debates regionales en los cuáles intervino el GIR-Maralpin son de algunos miles de participantes por debate público. En cambio surgen organismos, asociaciones o particulares particularmente motivados, que siguen el debate y participan en la casi totalidad de las reuniones. Este tipo de participación tiene como efecto positivo el de profundizar una reflexión que debe, si es posible, inscribirse en la totalidad del Debate Público.
 Por lo tanto, si no se puede pretender que el Debate Público interese una porción sustancial de la población, la misma se ve bastante bien representada por la diversidad de asociaciones que se implican. La tendencia de participación es más débil entre los representantes electos, quienes en su mayoría no ven conveniente su intervención en el debate, aunque algunos lleguen a hacerlo por vías indirectas.


 VLB - ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? ¿Existe alguna reglamentación establecida o queda librada al interés de los medios ?


 JM - La CPDP no dispone de ningún medio para inducir a la prensa local o regional a anunciar las reuniones y a informar del desarrollo de las mismas. Esta prensa suele desinteresarse del debate para destacar únicamente las posturas partidarias que defienden y, sobre todo, las divergencias y polémicas que ocultan el trabajo de reflexión real comprometido en el debate.


 VLB - ¿ Que duración tiene el debate ? ¿ De qué manera se realiza, mesas redondas, visitas, conferencias? ¿Tiene conclusiones? ¿Cómo se elaboran las conclusiones ?


 JM - La duración es de cuatro meses, con una eventual prolongación de 15 días si es necesario. Por ejemplo, un complemento de estudios o un peritaje de comprobación. El debate no puede comenzar antes de que esté a disposición del público el informe de presentación del proyecto. El proceso consiste en una serie de reuniones-debates, generalmente por temas. La cantidad de reuniones depende de la extensión del campo del debate. Cuando temas particulares requieren exámenes más profundos, pueden realizarse talleres y/o mesas redondas.
 Las reuniones siempre se inician con una recapitulación del proyecto por parte del emprendedor, continúan con las presentaciones de los expertos solicitados o avalados por la CPDP (entre los cuales figuran expertos del emprendedor) y culminan con un debate abierto a los ciudadanos, asociaciones, colectividades, representantes electos, sin que ninguna prioridad sea concedida a estos últimos. La CPDP cuida que las intervenciones constituyan contribuciones y aportes a la reflexión común. Para facilitar la participación más amplia, estas reuniones se organizan de preferencia a fines de la tarde.
 Otra forma de participación es ofrecida por medio de los “Cuadernos de Actores“ a los cuales pueden recurrir todos los participantes (institucionales, asociativos, ciudadanos). El contenido de los mismos está normalizado (ocho páginas, la cantidad de caracteres, tablas e ilustraciones es limitada). La publicación de estos Cuadernos de Actores está a cargo de la CPDP, los costos son cubiertos por el emprendedor. La entrega de las contribuciones debe respetar plazos, de modo que la impresión y la distribución se hagan antes de finalizar el debate.


 La fuerza del debate /


 El conjunto de los debates debe ser grabado y es objeto de una transcripción literal. Se realizan también informes parciales y globales. Estos documentos están disponibles de inmediato en el sitio Web del Debate Público. Fuera de la presentación y del Informe del Proyecto, disponibles desde los inicios del debate, todos los documentos y escritos son accesibles a través de Internet a medida que se desarrolla el debate.
 Al concluir el debate, en un plazo máximo de dos meses la CPDP y su secretaría redactan un informe detallado del debate que es presentado a la CNDP para su validación. Una vez finalizada esta etapa, la CNDP elabora y publica el Balance del Debate. En un plazo máximo de tres meses, el emprendedor debe “anunciar públicamente su decisión en cuanto a los principios generales del documento y a las condiciones de continuación del proyecto propuestas”.


 VLB - ¿ Qué peso pueden tener las conclusiones del Debate Público en las decisiones finales del estado sobre el proyecto analizado?


 La publicación del Balance del Debate por la CNDP tiene un efecto de anuncio importante, tanto para el emprendedor del proyecto, como para el público y las autoridades del Estado. Aunque la decisión final de proseguir o retirarse del proyecto sea formalmente del emprendedor, éste dispone de tres meses para tener en cuenta las observaciones o recomendaciones del informe final, establecidas en conformidad con las disposiciones legales. En los debates públicos de los cuáles el GIR Maralpin ha sido actor, se ha procedido a introducir modificaciones, algunas veces profundas de los proyectos, en todos los casos, a las cuáles se suman dos rechazos y una anulación definitiva. (Ver recuadro)
 Si se toma la decisión de emprender el proyecto, el mismo debe someterse, como todos los proyectos, al proceso obligatorio de audiencia pública. Mientras tanto, la información y la participación del público continúa bajo la supervisión de la CNDP, que puede designar para ello un "garante" del respeto de sus recomendaciones.


 A VECES HAY QUE DECIR "NO"


 Ejemplos de resultados de algunos de los debates en los cuáles el GIR Maralpin ha participado, algunas veces en calidad de experto invitado:


 ■ Extensión del puerto de Niza: Proyecto rechazado y luego abandonado (para este debate público, Molinari era miembro de la CPDP.
■ Autopista alpina Grenoble-Sisteron: Proyecto abandonado.
■ Duplicación de autovía Valle del Ródano-Arco Languedociano: Campo de estudio extendido al Arco Provenzal, prioridad concedida a la vía ferroviaria; proyecto sin continuación.
■ Duplicación de la vía de circunvalación de Niza: Proyecto abandonado.
■ Línea ferroviaria de alta velocidad Provenza Alpes Côte d'Azur (LGV PACA): Extensión del proyecto al arco Mediterráneo; trazado radicalmente modificado; prioridad a la red ya existente; reapertura del debate sobre la pertinencia de la alta velocidad, tomado en consideración por los distribuidores de mercadería por vía ferroviaria.
■ Nueva línea ferroviaria Montpellier-Perpignan: Proyecto modificado y parcialmente lanzado.


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(*) En el sitio Web del GIR Maralpin se puede ver una presentación de Molinari en la Universidad de Génova titulada "Miradas cruzadas sobre los debates públicos en Francia" (http://www.gir-maralpin.org/confnvxdossiers/GenovaPolisSemDpMolinariDiaporama1005z

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Uruguay / Megaminería "inconstitucional" para Federación Rural

Uruguay / Megaminería "inconstitucional" para Federación Rural | MOVUS | Scoop.it

El Espectador 6/02/2013

 

La Federación Rural de Uruguay afirma que el proyecto de megaminería es contrario a los artículos de la Constitución de la República que remarcan la defensa del agua y el medio ambiente. La constitución afirma que la política de aguas estará basada en la "protección del medio ambiente" y deben "anteponerse" las razones de orden social a las de orden económico.

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Megaminería en Uruguay /V | UN PAQUETE CON MOÑITA DE REGALO PARA ARATIRÍ

Megaminería en Uruguay /V | UN PAQUETE CON MOÑITA DE REGALO PARA ARATIRÍ | MOVUS | Scoop.it
por Víctor L. Bacchetta, en semanario Voces (13/12/12)

La propuesta del gobierno sobre la minería de gran porte “tiene dos puntos graves, uno es el alto impacto que tendría esa minería en este país y el otro que está ambientada en un contexto de especulación con respecto al valor de los minerales”, comenta el productor rural y escribano Julio Gómez, quien critica severamente además los cambios en las normas del código vigente.


Julio Gómez García es propietario de 295 hectáreas dedicadas a la ganadería en la zona de Cerro Chato, departamento de Florida, concedidas en parte para actividades de Aratirí. A la vez, como escribano graduado en la Universidad de la República atiende a clientes que enfrentan problemas similares con la minera. Tales circunstancias llevaron a Gómez a realizar el curso de posgrado sobre Derecho Minero en 2010 y lo han convertido en asiduo lector y asistente de cursos extracurriculares sobre temas de minería. Sus opiniones sobre el proyecto de ley de minería de gran porte reflejan la posición de los productores enfrentados al proyecto de Aratirí.
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Uruguay /Fiscal denuncia ilegalidades en el proyecto del puerto de Rocha -

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13/08/2012 El Diario

 

El fiscal Enrique Viana, conocido defensor ecologista, expresó que “hay actos administrativos ilegales” relacionados con la instalación del puerto de aguas profundas en Rocha. “Si ya se tomó la decisión política para su creación, qué sentido tiene hacer evaluaciones de impacto ambiental”.

 

Entrevistado por UNoticias, el fiscal Viana dijo que  “el puerto jurídicamente no existe, porque no está habilitado por ley”, por lo tanto “son actos administrativos ilegales las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo como la expropiación de tierras y los llamados comerciales que se abrieron”.

 

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http://www.unoticias.com.uy/articulos/articulos_masinfo.php?id=12091&secc=articulos&path=0.281

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Uruguay /El gobierno ratificó que Aratirí no tendrá exoneraciones fiscales -

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8/08/2012 El País

 

El Poder Ejecutivo desestimó un recurso de revocación presentado por la empresa Aratirí y confirmó su decisión de excluir los emprendimientos de megaminería de los beneficios que prevé la ley de Inversiones.

En septiembre de 2011 el gobierno comunicó a la oposición que la ley de Promoción de Inversiones, cuya aplicación y beneficios están regulados en un decreto reglamentario de 2007, no se aplicará a los proyectos mineros de gran porte.

Por ese motivo Aratirí -que prevé una inversión de US$ 3.000 millones en la zona de Valentines, donde extraerá el hierro- deberá pagar el Impuesto a las Rentas de Actividades Económicas (IRAE) y no podrá exonerar el IVA de la maquinaria que importe al Uruguay.

La empresa de capitales indios presentó un recurso de revocación contra la decisión del Poder Ejecutivo de excluir los grandes emprendimientos mineros de la ley de Promoción de Inversiones.

(...)

El subsecretario de Economía fundamentó la posición del gobierno en que la megaminería es una industria extractiva de un recurso no renovable y que ocupa gran tamaño.

El jerarca también explicó que generalmente se aplica una exoneración cuando se considera que la ventaja para el país es mayor a la ventaja del inversionista; cuando la ganancia social es mayor a la privada -lo que incluye una importante creación de puestos de trabajos directos de indirectos- cosa que en este caso no se daría.(...)

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Uruguay / Plantean limitar los proyectos mineros -

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El País 1/08/2012

 

P. MELÉNDREZ / M. RIVERO 

 

Una organización que se opone a la minería a cielo abierto impulsa la realización de referéndums locales en Rivera, Treinta y Tres, Tacuarembó y Rocha para prohibir nuevos emprendimientos de este tipo en esos departamentos. El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) se reunió el sábado pasado en Treinta y Tres, instancia en la que resolvió analizar la viabilidad de realizar las consultas populares en los cuatro departamentos para poner a consideración de la ciudadanía la iniciativa de prohibir la instalación de nuevos proyectos mineros. La propuesta se basaría en lo que prevé la ley Orgánica de los Municipios (9.515) vigente desde octubre de 1935.

 

"La iniciativa departamental tiene un mecanismo parecido al del plebiscito nacional. Para proponer una norma que prohíba la minería a cielo abierto se requiere la adhesión del 15% del padrón electoral de cada departamento", dijo el periodista Víctor Bacchetta, uno de los referentes de Movus. "La intención es que se prohíba la minería de metales a cielo abierto a gran escala, aunque no de materiales de construcción. La idea es que no se permita la instalación de nuevos emprendimientos, pero no se afectará a los que ya están funcionando", indicó.

 

Consultado por El País, Bacchetta explicó que en Rivera, Treinta y Tres, Tacuarembó y Rocha hay comisiones de Movus que están prontas para comenzar a trabajar en las campañas, pero aclaró que "no hay plazos definitivos".

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Puerto de aguas profundas (II) Principios y derechos vulnerados | Observatorio Minero del Uruguay

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por Víctor L. Bacchetta, en semanario Voces (26/7/12)

 

Las recientes resoluciones de la Presidencia de la República con el fin de habilitar un puerto de aguas profundas en la costa oceánica de Rocha en base al proyecto minero de Aratirí generaron una reacción en cadena de diversos actores sociales y políticos que, más allá del tema de fondo, cuestionan el sustento legal de las decisiones oficiales.

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Uruguay / Ambientalistas consideran ilegal elección del sitio para puerto de aguas profundas

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25/07/2012 El Observador

 

El grupo ambientalista Gaia, conformado por abogados que trabajan por el derecho ambiental, y el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) presentaron este martes un recurso de inconstitucionalidad  contra las normativas del puerto de aguas profundas a desarrollarse en Rocha que impulsa el gobierno junto a la empresa minera Aratirí, informó La Diaria.

El recurso cuenta con el apoyo de un grupo de vecinos del balneario La Pedrera (Rocha), quienes se oponen a la instalación de la terminal en esa zona.

Los ambientalistas realizaron una conferencia de prensa este martes en la que se indicó que Presidencia de la República llama públicamente al lugar elegido como El Palenque, término que se utilizaba antiguamente por los pescadores, y destacaron que el sitio está a ocho kilómetros de La Pedrera y a 30 de Cabo Polonio.

Agregaron que desde el gobierno se llama así al lugar para evitar que se lo asocie con dos de los principales balnearios de Rocha.

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Uruguay/ Montes del Plata/ Alegato contra el "poder colonialista" -

El País 29/06/2012

 

El fiscal civil Enrique Viana presentó su alegato en la petición de nulidad absoluta del contrato de inversión entre el Poder Ejecutivo y la empresa Montes del Plata, para la construcción de una planta de celulosa en Colonia.

"Se solicita a un Magistrado Civil que anule un documento por el cual la República Oriental del Uruguay ha dejado de ser una República y una Nación Soberana. En consecuencia, sin ambages, se le pide que, en reivindicación de un verdadero Estado independiente y republicano, desligue al Uruguay de todas las ataduras consentidas en ese ominoso documento otorgado a favor del poder de una Corporación Anacional Privada, un poder tan colonialista como aquel del cual el país se liberó hace casi 200 años", expresa el escrito del fiscal Viana.

Viana recuerda en su alegato que el contrato fue confidencial y que debió ser hecho público tras la orden de la Justicia. Agrega que "el Contrato se acordó sin conocimiento y sin venia del Poder Legislativo" y que "contiene cláusulas que significan condicionamientos o compromisos respecto del ejercicio de los tres Poderes del Estado".

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Costa Rica / Crucitas: Jueza y peritos visitaron desastre ambiental en bosques de minera

Costa Rica / Crucitas: Jueza y peritos visitaron desastre ambiental en bosques de minera | MOVUS | Scoop.it

San José, 2/06/2012  (elpais.cr) – Un equipo de peritos, acompañados por la Jueza Ejecutora de la Sentencia, Lorena Montes de Oca, inspeccionaron parte de los bosques talados por la transnacional canadiense Infinito Gold, en Crucitas de San Carlos, en la zona norte de Costa Rica.

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Uruguay/ Guichonenses llevan al Parlamento preocupación por posible contaminación del agua con agroquímicos

Uruguay/ Guichonenses llevan al Parlamento preocupación por posible contaminación del agua con agroquímicos | MOVUS | Scoop.it

El Telégrafo 7/05/2012

 

Las comisiones de Medio Ambiente y Salud Pública del Senado recibieron a representantes de los vecinos de Guichón que, asesorados por la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina (Rapal), expusieron su preocupación por la posibilidad de contaminación con agroquímicos del agua potable que se consume en Guichón y Termas de Almirón y reclamaron la necesidad de que sean realizados análisis específicos para su detección.
También preocupa la situación de las Usinas Potabilizadoras de Agua (UPA) puesto que no hay regulación que establezca zonas de exclusión de fumigaciones en sus cercanías, así como la existencia de plantíos de soja en la zona de cursos desde los cuales luego se extrae agua para el consumo humano.
Los vecinos y Rapal solicitan ampliar la regulación en las distancias de las fumigaciones, tanto terrestres como aéreas, en las cercanías de las fuentes de agua; prohibir las fumigaciones aéreas de agrotóxicos a una distancia inferior a 500 metros y terrestre a 300 metros del límite de las UPA (como actualmente rige para centros poblados y escuelas rurales), controlar el estado del agua por OSE, hacer análisis de residuos de agrotóxicos en forma periódica, tanto para el agua bruta como la potable, así como se hace para otras sustancias; eliminación de sustancias altamente tóxicas para el agua como el herbicida Azatrina, y prohibir las fumigaciones aéreas los días de viento.

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Pasivos ambientales mineros | Observatorio Minero del Uruguay

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Bombas de tiempo de las que nadie se hace responsable.

 

En Chile se acaba de promulgar una ley que busca evitar la generación de Pasivos Ambientales Mineros (PAM), pues representan una amenaza para la salud o la seguridad física de las personas que habitan o circulan en sus alrededores. En Perú, la normativa existe hace años. Sin embargo, tal como lo demuestra esta investigación, contar con una ley puede ser apenas un pequeño primer paso. En Perú hay registrados 6.847 PAM, sin embargo existen solo 50 responsables identificados. En algunas localidades las comunidades afectadas han amenazado al Estado con hacer justicia con sus propias manos.

Por José Manuel Balta, desde Lima, Perú, publicado por CIPER (Centro de Investigación Periodística) en Reportajes de investigación, 17/11/11.

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Reunión de Unesco en Uruguay sobre aguas subterráneas

Montevideo, 20 abr (PL)

 

La jefa de sección de la Unesco, Alice Aureli, calificó hoy de fructífera la I Consulta Regional de América Latina y el Caribe del proyecto Gobernanza de aguas subterráneas, que reunió aquí expertos de 26 países.

"El debate logró llegar a un lenguaje común de abogados, economistas, hidrogeólogos y políticos para promover esfuerzos por un manejo adecuado de los recursos naturales", declaró Aureli a Prensa Latina.

La experta insistió en llevar a la realidad el concepto de sustentabilidad para las próximas generaciones, así como la participación y sensibilización de toda la sociedad en los diferentes niveles, acerca de esta problemática.

El foro cerró este viernes con los informes de los cinco grupos de trabajo de las sesiones plenarias sobre marcos legales e institucionales, en cómo aumentar las inversiones, estudios e investigaciones y participación de actores clave.

Desde el 18 de abril el evento efectuó ocho juntas que abordaron la problemática del agotamiento y la degradación de las aguas en el subsuelo, y acciones para revertir estas tendencias.

 

Notas relacionadas/

 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=499140&Itemid=1

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Uruguay / Movus / RECLAMAMOS UNA AMPLIA DISCUSIÓN SOBRE LA MINERÍA EN LA SOCIEDAD

Montevideo, 14 de febrero de 2013. 

Comunicado de prensa  

 

RECLAMAMOS UNA AMPLIA DISCUSIÓN SOBRE LA MINERÍA EN LA SOCIEDAD 

 

En su comparecencia hoy ante la comisión parlamentaria que analiza el proyecto de ley de minería de gran porte, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) planteó que, antes de una decisión legislativa, se debe dar una amplia discusión en la sociedad uruguaya para que la decisión sea tomada en una instancia nacional, ya sea en elecciones o en plebiscito, debido a la importancia de este tema. 

Somos un agrupamiento de ciudadanos y asociaciones de productores rurales, sindicatos, centros de estudios, investigadores, docentes, académicos, grupos de vecinos y personas preocupados por las consecuencias de estos proyectos en el país.

 

 El MOVUS considera que una ley que pretende regular una actividad económica que modificaría sustancialmente la matriz productiva del país, como sus impulsores lo proponen, debe ser objeto de una discusión amplia e informada de toda la sociedad. En las últimas elecciones nacionales, ninguno de los partidos políticos incluyó en su programa o en sus propuestas un cambio de estas dimensiones. Tres marchas multitudinarias en la capital, reflejadas por la prensa nacional, tres marchas en el interior, una en Cerro Chato y dos en Treinta y Tres, los departamentos de Lavalleja, Treinta y Tres, Tacuarembó y Rivera con miles de firmas recogidas para decidir en un plebiscito si se acepta o no la minería metalífera a cielo abierto en su territorio, ¿no son muestras suficientes de que la sociedad uruguaya quiere decidir sobre el tema? 

 

Objeciones al proyecto de ley /

 

1) El proyecto de ley a consideración del Parlamento es ajeno a la realidad del país. Uruguay posee un sistema natural de tierras privilegiado en el mundo, sus yacimientos minerales son pequeños y de escasa concentración. La minería a cielo abierto en gran escala destruye en forma irreversible y entonces, por un negocio de 12 a 15 años, estaríamos hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. 

 

2) La destrucción del ecosistema y la corta duración de la actividad han sido reconocidas por las autoridades económicas en la comisión legislativa que estudia este proyecto. Ese ritmo de extracción es depredador no solo en la zona minera, también está asociado al mineroducto y el puerto de aguas profundas, que afectarán otros departamentos.

 

 3) Destrozar un territorio productivo y poblado por un negocio de ocasión, no es la manera de gobernar el país. Se violaría el Artículo 47 de la Constitución de la República. Hay un solo proyecto de minería de gran porte posible en Uruguay, que es el proyecto Aratirí de Zamin Ferrous, y resulta obvio que esta ley está hecha para ese proyecto. 

 

4) Zamin Ferrous es una empresa creada en 2005, con sede en un paraíso fiscal, que no cuenta con antecedentes de explotación minera y acostumbra falsear la información al público. Fue creada para aprovechar la especulación financiera internacional con las materias primas y los metales. Pero es peor aún, el proyecto propone que el titular de la concesión sea una entidad financiera, un fondo de inversión, no la empresa minera. 

 

5) En caso de un litigio con la minera, el proyecto de ley traslada la resolución del conflicto a la jurisdicción internacional, donde las empresas extranjeras tienen mayor respaldo, como está pasando hoy con el juicio de la tabacalera Philip Morris contra Uruguay. 

 

6) El gobierno y la empresa se quieren reservar la confidencialidad de sus acuerdos. Los contratos de inversión del gobierno con empresas extranjeras, salvo datos particulares, deben ser de conocimiento público. El gobierno es el administrador de la cosa pública, no es el dueño del patrimonio nacional, que pertenece a todos los uruguayos. 

 

7) Se divulgan grandes cifras sobre el aporte económico de este proyecto para el país, pero lo que le quitan a la minera de un lado, se lo entregan por el otro con estímulos y beneficios. Una actividad que duraría a lo sumo 15 años, porque no hay mayores riquezas minerales, no es significativa en la historia de un país y menos cuando se destruye una zona productiva que ha dado y seguirá dando beneficios a sus habitantes y al país. Por todas estas razones, consideramos que este proyecto de ley es inconveniente para el país. Antes de cualquier decisión, debemos asegurarnos que la sociedad sea informada y pueda debatir ampliamente si es esto lo que queremos para el Uruguay. Si el Parlamento no escucha este reclamo, habrá que recurrir a otros caminos de respeto por las leyes y por el derecho de los uruguayos a decidir democráticamente su destino.

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Uruguay / Ley de minería de gran porte / No todo dicho -

Uruguay / Ley de minería de gran porte / No todo dicho - | MOVUS | Scoop.it

La diaria 7/02/2013

 

Ejecutivo presentó proyecto de minería de gran porte; oposición no descarta nuevos “intercambios”

La Comisión Especial creada para considerar en el ámbito parlamentario el proyecto de ley por el que se regula la actividad Minera de Gran Porte (MGP) sesionó ayer por primera vez en el año. Esta vez la convocatoria fue para recibir la iniciativa legislativa que el gobierno elaboró en base a los acuerdos alcanzados por los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria a fines de 2011.

El documento fue presentado por el asesor del presidente José Mujica, Pedro Buonomo, el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, el subsecretario de Economía y Finanzas, Luis Porto, y el jefe de la Asesoría Macroeconómica de esa cartera, Andrés Masoller.

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Uruguay / Proyecto de ley de megaminería / Entrevista A.Caputo y E.Viana

por Víctor L. Bacchetta (Semanario Voces, 22/11/12)

 

http://www.voces.com.uy/

 

SE ESTÁN MEZCLANDO PERAS CON ZAPALLOS

 

"El superficiario tiene derecho a cobrar el canon de producción (...) la producción agraria importa para evaluar los daños al predio que es suyo (...) estas pérdidas deben analizarse, pero (...) nada tienen que ver con el canon de producción", dice el profesor Alfredo Caputo refiriéndose a un aspecto clave del nuevo proyecto de ley minera en discusión.

 

Para contribuir a esclarecer los contenidos del proyecto de ley sobre minería de gran porte (MGP) enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento y a consideración actualmente de la Cámara de Senadores, entrevistamos al profesor Alfredo Caputo, encargado del curso de posgrado en Derecho Minero de la Universidad de la República. Caputo dictó cursos también de Derecho Náutico Espacial y Derecho Agrario. Ofrecemos las opiniones que, según él, surgen de "una primera lectura" del proyecto de ley de MGP.

 

El profesor considera positiva la propuesta, ausente hasta ahora en el Código de Minería vigente, de un Plan de Cierre de la actividad minera desde el inicio de las operaciones y de garantías para que se lleve a cabo. Caputo cuestiona, en cambio, la propuesta del canon a pagar a los dueños de las tierras afectadas y discrepa con otros aspectos tales como la introducción de una auditoria internacional y la referencia a Chile y Perú.

 

Consultorías internacionales/

 

En los aspectos ambientales, el proyecto de ley de MGP dice que "se incorpora la necesidad de realizar un Estudio de impacto ambiental completo"(sic). Esto no es ninguna novedad, porque en la actualidad todo proyecto de esa envergadura es clasificado en la Categoría C y debe presentar un EIA completo. Pero agrega, si, que ese EIA "será a la vez auditado por una entidad internacional con reconocida trayectoria en la materia"(sic).

 

Caputo - En cuanto a lo que la ley establece de que el minero puede recurrir a consultoras internacionales para elaborar el plan ambiental y luego presentarlo al MVOTMA, donde ese plan sería analizado por el ministerio y la consultora, no me parece adecuado. A corto plazo, puede ayudar, pero como solución definitiva no me parece adecuado. Yo confío más en mis funcionarios, en los funcionarios del MVOTMA y no los de una consultora internacional, que puede ser incompatible, porque a veces esas consultoras asesoran a los propios mineros. Me parece más diáfano, más transparente, más imparcial, que sea gente del ministerio de medio ambiente, salvo en el corto plazo, para ayudar a los tiempos inmediatos. Pero como solución definitiva que sea el ministerio de ambiente el que controle en la parte ambiental y para esto, para que haya mayor cantidad de funcionarios, que se capaciten en el exterior o acá, que se les tripliquen los sueldos, que se les estimule a trabajar a tiempo completo y que se aumente su cantidad y su calidad mediante la venida de profesores extranjeros o la asistencia a cursos en el exterior.

 

El ejemplo de Perú y Chile /

 

En la exposición de motivos del proyecto de ley para la MGP en Uruguay se cita como una referencia a Chile y Perú, tomándolos como "países con larga tradición minera y con una normativa recientemente actualizada"(sic). Preguntamos al profesor Caputo la importancia de tomar como ejemplo a Perú y Chile en este tema y nos respondió:

 

Caputo - Es un mal ejemplo. Perú, teóricamente, tiene una gran legislación ambiental y minera, pero no se aplica. Ha venido un experto peruano invitado al Colegio de Abogados, el 1° de diciembre del año pasado, y ha explicado que en la práctica no hay ningún control, no se inspecciona, y que toda esa legislación protectora del ambiente queda en el papel. En nuestro país, justamente, lo que se precisa es que haya más inspectores de la Dirección de Minas, que controlen la producción minera, más inspectores del ministerio de ambiente.

Y en cuanto a la legislación chilena, si hay que copiarle a Chile, que se copie adecuando nuestro Código a la Constitución diciendo que los materiales de construcción pertenecen al propietario superficiario, algo que se quitó de un plumazo por el último Código de Minería. Si hay que seguir el modelo chileno, que lo sigan en lo bueno, que le deja al superficiario la propiedad de los yacimientos. Por otro lado, en Chile, en la práctica el cobre, si bien es del estado, el estado no tiene el monopolio de la explotación pero representa el 90 por ciento de la explotación. Esto le genera una gran ganancia y por eso son bajos los impuestos en Chile, porque el estado tiene como fuente recaudadora principal el ingreso por el cobre.

 

Desvirtuación del canon /

 

El canon de producción es la compensación económica que debe pagar el minero al dueño del terreno que queda comprendido en el área concedida por el estado para la extracción del mineral. Por el Artículo 45 del Código de Minería aprobado en setiembre de 2011, el canon de producción para los yacimientos de sustancias minerales metálicas constituye un porcentaje del precio de venta del mineral extraído en el período considerado.

El proyecto de ley de MGP dice basarse en el Artículo 45 del Código, pero introduce unos cambios significativos en el canon de producción. Por un lado, distingue entre superficiarios del área de intervención directa e indirecta y fija un tope diferente de lo que debe percibir cada uno según el valor de los arrendamientos rurales en la zona para usos productivos y, por la otra, les hace a aquellos una quita del 10% para distribuirla entre los propietarios de los predios linderos de la concesión minera, con un tope también para éstos.

 

Para el profesor Caputo, estas modificaciones alteran el concepto en el que se basó el Código de Minería para establecer el valor del canon de producción. Veamos:

Caputo - En el canon de producción, hay algunas modificaciones que no me parecen adecuadas. Se mantiene el derecho del propietario superficial a recibir una participación del canon de producción y se mantienen los porcentajes, en principio, pero se establecen topes y los topes están relacionados solamente con la producción agraria en el momento de inicio de la explotación minera. No tiene nada que ver el establecimiento de la participación del superficiario en el canon de producción con respecto a la producción agraria.

 

Cuando el estado es el dueño del yacimiento, el superficiario no tiene parte, pero se siente propietario del yacimiento y para satisfacer ese sentimiento vago e impreciso de propiedad, por razones históricas y políticas se le da una compensación. Esta compensación atiende, justamente, al valor del yacimiento, porque de eso se trata, que participe un poco en las utilidades de ese yacimiento. No tiene nada que ver aquí la explotación agropecuaria que el superficiario pueda tener, es totalmente diferente. Entonces, se están mezclando peras con zapallos y obteniendo un resultado completamente distinto.

 

El superficiario tiene derecho a cobrar el canon de producción y, por otro lado, el valor de la producción agraria importa, sí, para evaluar los daños al predio que es suyo. Para esto está todo el sistema de servidumbres y ahí se prevé que deben indemnizarse los daños a las mejoras agrarias que tenía en ese momento, a la producción que tenía en ese momento, la que no pudo tener, lucro cesante, etc. Todas estas pérdidas deben analizarse, pero a renglón aparte, nada tienen que ver con el canon de producción.

Se establece ese tope y se atiende al tipo de actividad minera que se desarrolla en el predio, cosa que no quiso distinguir nunca el Código de Minería. Justamente, el Código quiso evitar cualquier pleito, problema o dificultad que pudiera surgir. Cuando son varios propietarios superficiarios, por ejemplo, aunque la producción se extraiga de un predio, se distribuye por igual el canon entre todos los propietarios afectados por la concesión minera, sin ir en cada caso a ver de dónde se sacó. El codificador, con gran sabiduría, optó por esa solución.

En cuanto a que el superficiario tenga, según este proyecto, que pagar al vecino el diez por ciento de lo obtenido por el canon de producción que le corresponde, me parece totalmente injustificado. Si se quiere hacer una obra social, que se lo de al peón rural. Va a estar mucho más contento el productor y va a ser más equitativo, más justo socialmente, que se de un porcentaje a su peón, a su capataz, para que pueda vivir mejor y no al vecino porque de repente está peleado con el vecino y se va a poner enojadísimo porque lo obligan a cederle algo suyo. Si están en buenas relaciones, ya lo habrán aclarado en forma voluntaria.

 

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Entrevista a Enrique Viana /

 

LEGITIMACIÓN DEL DAÑO

 

Desde su función en el Ministerio Público, el fiscal Enrique Viana ha desarrollado una acción persistente, aunque con escaso éxito en la Justicia, de cuestionamiento a los proyectos de inversión con severos impactos sociales y ambientales. Para Viana, el proyecto de ley de MGP es un intento de legitimar aún más aquello que ha venido denunciando.

Este proyecto no es otra cosa que la manifestación, con una ingeniería más sofisticada quizás, de lo que venimos denunciando judicialmente en los accionamientos de mi Fiscalía. Cuando el Estado se vuelve "socio" de estas Corporaciones Anacionales como ocurrió con Botnia en el 2004-2005, en la confusión de intereses generales y privados, los primeros se disuelven, no hay objetividad ni confiabilidad posible en la evaluación y en el control, y, con esa confusión de intereses, el Estado Republicano y la Soberanía Nacional no son tales.

 

Arrepentimiento/

 

Considero que el proyecto se define en la primera oración del artículo 1° cuando dice directamente que "La Minería de Gran Porte es aceptable". El resto son elementos decorativos o de artificio que siguen la línea de esa prioritaria intención. Se "aceptan" el daño y la destrucción graves al medio ambiente. Ese el propósito indisimulado del proyecto, exceptuar, conceder una excepción de rango legislativo al deber de abstenerse de causar depredación, destrucción y contaminación graves al medio ambiente, previsto desde 1997 en el artículo 47 de la Constitución.

Defino al proyecto como una Ley de Arrepentimiento o de Arrepentidos. Nos arrepentimos del Uruguay Natural, nos arrepentimos del art. 47 de la Constitución y nos arrepentimos de la Reforma del Agua de 2004. Fuimos brutalmente ecologistas cuando previmos toda esa normativa, por ello damos varios pasos hacia atrás y aceptamos la destrucción ambiental de la megaminería.

 

Inconstitucionalidad /

 

Desde ya entiendo por tanto, que, de aprobarse el proyecto, se trataría de una ley flagrantemente inconstitucional. Se trataría de una ley "de daño aceptado", constituiría una rebaja o radical reducción en la protección constitucional del medio ambiente que se ha dado el Uruguay. Por ley se "legitimaría" la destrucción ambiental ocasionada por la megaminería, destrucción grave que nadie discute, ni los propios emprendimientos.

Es más el artículo 3° describe cuales son algunos de los impactos más conocidos de esta megaminería a cielo abierto (altísimo consumo de energía, uso de substancias tóxicas peligrosas, producción de drenaje ácido); pues bien, con ese reconocimiento, también los acepta como válidos, los convalida. Las previsiones de un capítulo, prácticamente hueco de contenido en cuanto a la mitigación al cierre de la mina, como el complejo sistema de "compensaciones" previstas en los capítulos tributarios y del fideicomiso, son parte también de esa trampa del daño aceptado, para esquivar la norma constitucional.

Si se anuncian "mitigaciones" y "compensaciones", va de suyo, que al aceptarse estos pobres y falsos antídotos, es porque se acepta de lleno la enfermedad. Se viola así el principio de no regresión en materia de Derecho Ambiental, resultante de los propios arts. 47 de la Constitución y 6º de la Ley de Protección del Medio Ambiente de 2000.

 

Internacionalización /

Por si fuera poco, el proyecto de ley pretende "legitimar" también los Contratos de Inversión. Prevé su confidencialidad, además. Mediante la previsión de estos Contratos para la concesión minera habilita un "cheque en blanco" o un "pasamanos" que será llenado a la hora de la redacción del contrato en sí, con todas aquellas estipulaciones que el inversionista quiera a su antojo y conveniencia. Allí vendrá la "internacionalización" del contrato, se preverán Juez (árbitros privados) y un Derecho Anacional para el caso de controversias en cuanto a su interpretación y aplicación, desplazándose a los Poderes Judicial y Legislativo nacionales, cláusulas de congelamiento del derecho, etc., todo lo que ya conocemos que aconteció con el Contrato de Inversión con Montes del Plata de enero de 2011. Se permite así, en genérico, un instrumento que autorizara privilegios y prebendas exorbitantes a una empresa privada, construyéndose a su favor un verdadero estatuto feudal. Nada más contrario a las disposiciones que nos definen como una República y un Estado Soberano (arts. 1 a 4, 82 Const.). Otra grosera inconstitucionalidad que, además, atenta contra el principio de igualdad ante la ley (arts. 8 y 9 de la Constitución).

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Negociaciones con Aratirí | Observatorio Minero del Uruguay

Negociaciones con Aratirí | Observatorio Minero del Uruguay | MOVUS | Scoop.it

10/08/2012

Por Victor L.Bacchetta

 

El derecho a la información pública

 

Una demanda judicial por acceso a informaciones existentes en el Poder Ejecutivo sobre las negociaciones con la minera Aratirí y los proyectos de puerto en la costa oceánica, a pesar de una sentencia favorable y dos intimaciones de la justicia, atravesó cinco meses de negativas, forcejeos y zancadillas burocráticas para llegar a un final que no es feliz, pero prueba la importancia de ejercer el derecho de acceso a la información pública.

 

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El 6 de marzo de este año, con el patrocinio del Centro de Acceso a la Información Pública (CAinfo) y la intervención del abogado Martín Prats, iniciamos una acción judicial por la Ley 18.381 de Acceso a la Información Pública reclamando de la Presidencia de la República y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) la entrega de documentación relativa a los preacuerdos establecidos por el Poder Ejecutivo con la empresa minera Aratirí y a los proyectos de puertos de aguas profundas en la costa oceánica presentados por la misma Aratirí y por la Compañía Oriental de Desarrollo e Inversiones (CODIN).

“En la información solicitada no puede invocarse confidencialidad y se trata de información pública en posesión de organismos estatales que no es propiedad de los mismos. La información versa sobre asuntos de alto interés público que los ciudadanos tienen derecho a conocer”, expresa el texto de la demanda. El fundamento de la acción judicial fue el haberse sobrepasado, sin respuesta de parte de los organismos mencionados, el plazo de 20 días establecido en la ley 18.381 para la entrega de la documentación requerida.

La causa quedó a cargo del Juez Alejandro Martínez de las Heras de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, quien convocó a una audiencia tres días después. El 12 de marzo, Martínez de las Heras dictó sentencia amparando la solicitud de acceso presentada e intimó a las partes demandadas a entregar esa información en un plazo de 15 días. El juez dictó una segunda intimación, esta vez dirigida solo a la Presidencia, por un plazo de cinco días, sin que se haya logrado hasta el presente acceder a la información.

 

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Uruguay /Regla T - Científicos y organizaciones exigen etiquetado obligatorio de alimentos transgénicos.

Uruguay /Regla T - Científicos y organizaciones exigen etiquetado obligatorio de alimentos transgénicos. | MOVUS | Scoop.it

la diaria 2/08/2012

 

“¿Qué comes en Uruguay? ¿Sabés?” fue el nombre del segundo seminario local de la organización Slow Food sobre la necesidad de un etiquetado obligatorio de los alimentos transgénicos en Uruguay. ¿Cuáles son las razones para negarlo? Al parecer, la capacidad técnica de los científicos uruguayos para evaluar los riesgos de los eventos transgénicos no es suficiente para el Estado porque Argentina, principal proveedor de alimentos del país, tiene etiquetado voluntario. Falta voluntad política para cumplir la ley de Derechos del Consumidor.

Quizá desde que Estados Unidos dio tregua a la prohibición de etiquetar los alimentos transgénicos, y con ello a las amenazas a los países que lo promovían, le sea más fácil a Uruguay decidir su proceder. En aquel país argumentaban con el principio de equivalencia sustancial, por el cual los alimentos eran considerados iguales aun si tenían una pequeña cualidad diferente. ¿Qué opción tienen los consumidores mientras tanto? “Exigir un etiquetado y no consumir alimentos que ya sabemos que tienen transgénicos es una forma de hacer política en nuestras cocinas”, sentenció Laura Rosano, representante de la organización.

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Uruguay / Puerto de Aguas Profundas / Presidencia de la República

Revista Políticas N°9/ julio 2012

El artículo sobre el puerto de aguas profundas incluye una entrevista a Pedro Buonomo, que reproducimos.

La revista puede ser descargada (PDF) en la web de la Presidencia de la República

 

http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/portalpresidencia/comunicacion/revista-politicas/revista-politicas

 

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Aratirí como proyecto embrionario del puerto

 

—¿Cuáles son los nexos entre el puerto de aguas profundas y el proyecto de explotación minera de Aratirí?

—Estamos pensando en algunas soluciones para no afectar los plazos de Aratirí y que ambos proyectos puedan ser compatibles. Pensamos que en una primera instancia se puede hacer el muelle para la salida de los productos mineros y que esa infraestructura sea compatible con el puerto que se instale después. Pensamos que el puerto de aguas profundas puede montarse sobre el puerto de Aratirí y generar una relación virtuosa. El proyecto de Aratirí es importante en sí mismo y a su vez nos va a servir de embrión del puerto de aguas profundas.

—¿Y cuál es la opinión de Aratirí al respecto?

—Los técnicos de Aratirí están de acuerdo en que la ubicación es muy buena, aunque ellos habían empezado a trabajar en otra ubicación, más precisamente en la zona de La Angostura. Estamos avanzando, y los estudios que se harán para el propio puerto generarán sinergias positivas, convenientes para ambas partes.

—En razón del vínculo que se prevé entre el puerto y el desarrollo de la minería, ¿se da como un hecho, entonces, la concreción del emprendimiento de Aratirí?

—Hemos elaborado junto al Ministerio de Industria, Energía y Minería y al Ministerio de Economía y Finanzas un proyecto de ley para la minería de gran porte. Este proyecto se diseñó de acuerdo a las definiciones de la Comisión Multipartidaria y se presentará en breve en el Parlamento. También se realizaron negociaciones en paralelo con Aratirí, las cuales registran resultados positivos. Hoy por hoy, dado el avance de ambos trabajos, soy optimista respecto a que el proyecto de Aratirí pueda ser compatible con el marco jurídico que el país le dará a la minería de gran porte.

 

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 27/07/2012 Presidencia de la República.

 

http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/portalpresidencia/comunicacion/comunicacionnoticias/mtop-informo-puerto-aguas-profundas-terminales-paloma-montevideo-palmira

 

Reunión con empresarios /

MTOP informó sobre puerto de aguas profundas y terminales La Paloma, Montevideo y Palmira.

 

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, se reunió este viernes con empresarios del sector logístico a quienes les expuso la visión estratégica en materia portuaria, focalizando la atención en el proyecto del puerto de aguas profundas de las costas de Rocha. Informó sobre el proyecto de ley con la localización de la futura terminal a efectos de que los inversores cuenten con las máximas garantías.

 

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28/07/2012

 

http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/Presidencia/PortalPresidencia/Comunicacion/comunicacionNoticias/lejtreger-sobre-puerto-de-aguas-profundas

 

Raquel Lejtreger sobre Puerto de Aguas Profundas /

 

La subsecretaria del MVOTMA e integrante de la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas, Raquel Lejtreger, dijo a la Secretaría de Comunicación que la localización finalmente recomendada (en El Palenque, Rocha), toma en cuenta los criterios de desarrollo sostenible que el país fomenta. Agregó que la evaluación del impacto ambiental se realizará una vez que sea presentado un proyecto concreto de puerto. (...) La revista Políticas señala que la inversión se estima en mil millones de dólares. La Comisión también recomendó que se articule por participación público-privada y, además, definió que sólo habrá lugar para un puerto. Uruguay firmó tres convenios internacionales que lo obligan a proteger las áreas protegidas (Convenio sobre Diversidad Biológica, Convención sobre Especies Migratorias y Convención sobre Humedales de Importancia Internacional).

 

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uruguay / Vecinos de Rocha presentaron recurso para anular resolución del proyecto de puerto de aguas profundas

uruguay / Vecinos de Rocha presentaron  recurso para anular resolución del proyecto de puerto de aguas profundas | MOVUS | Scoop.it
La instalación de un puerto de aguas profundas entre los balnearios de La Pedrera y Cabo Polonio, en Rocha, generó reticencias entre los vecinos y los asiduos del lugar.

 

25/07/2012 El Espectador / entrevista a Carolina Neme.

 

EMILIANO COTELO:
Vecinos de la zona de El Palenque, en la costa de Rocha, presentaron un recurso solicitando la anulación de la resolución de Presidencia de la República de construir un puerto de aguas profundas, ya que entienden que viola principios y derechos legales básicos.

El escrito fue respaldado por Gaia, una organización liderada por abogados que trabaja por el derecho ambiental, y Movus, el Movimiento por un Uruguay Sustentable.

Con la doctora Carolina Neme, integrante de Gaia, estamos en contacto en este momento en En Perspectiva.

Cuéntenos a propósito de Gaia, es una organización que quizás los oyentes no conozcan.

 

CAROLINA NEME:
Gaia es una organización que surgió en 2009 a raíz de lo que se está dando no sólo en Uruguay, sino también en el resto del mundo, producto del desarrollo, de los avances tecnológicos y científicos que a veces no dan respuesta a las consecuencias que se están produciendo en el medio ambiente, y que generan conflictos sociales como este. El derecho ambiental es una herramienta para prevenir impactos ambientales que pueden ser graves, no sólo para la naturaleza en sí, sino también para la sociedad.

 

EC – El 14 de junio se firmaron el decreto y dos resoluciones en las que se aprueba la instalación del puerto de aguas profundas en las costas del océano Atlántico, entre los kilómetro 236,500 y 242 de la ruta nacional número 10, o sea entre La Pedrera y Cabo Polonio. ¿Qué objetan ustedes de esta decisión del Gobierno?

 


Via Rocha a Futuro
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Uruguay / Puertos : Cuestionan legalidad de artículo del presupuesto -

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El País 23/07/2012

 

Los legisladores de Aire Fresco (Partido Nacional) presentaron una acción de inconstitucionalidad contra un artículo del presupuesto que habilita construir puertos sin necesidad de una ley. Argumentan que esa norma va contra la Constitución.

Los diputados Luis Alberto Lacalle Pou, Gerardo Amarilla, Álvaro Delgado, Amín Niffourines, Daniel Mañana y Nelson Rodríguez firmaron la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 473 de la Ley de Presupuesto Nacional, aprobada en 2010.

Dicho artículo dispone que se habiliten los puertos que cuenten con la aprobación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, encuadrados en "la política nacional portuaria de estímulo al desarrollo de una logística de transporte eficiente que dinamice el desarrollo de la producción y la economía nacional", y que se ubiquen en la costa oceánica del departamento de Rocha.

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Argentina/ Neuquén/ Loncopué hizo historia con un referéndum que rechazó la megaminería

Argentina/ Neuquén/ Loncopué hizo historia con un referéndum que rechazó la megaminería | MOVUS | Scoop.it

4/06/2012

 

Darío Aranda desde Loncopué, Neuquén

 

Se realizó en Loncopué, Neuquén, el primer referéndum de la Argentina, de cumplimiento obligatorio, por el cual se votó Sí a una norma que prohíbe la minería a cielo abierto en las 8.000 hectáreas del ejido municipal. Sobre 3.601 empadronados, debía votar el 50% para que el referéndum fuera válido, pero votó el 72% del padrón y una arrasadora mayoría de 82,08% aprobó la ordenanza que prohíbe la minería. En votos: 2.125 a 388.

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Uruguay / Denuncias aumentan por contaminación de nuestro medio ambiente

María Isabel Cárcamo RAPAL Uruguay

Mayo 2012

 

Los impactos negativos del modelo productivo imperante cada vez son más y las denuncias de contaminación vienen desde distintos departamentos del país.

Impactos en el agua

Desde el 2004 se tiene registro de contaminación del agua por agrotóxicos. El primero se conoció luego que miles de peces aparecieran muertos en el arroyo Guaviyú, en el departamento de Paysandú, inmediatamente después de haberse lavado maquinaria aplicadora con el insecticida endosulfan en las orillas del arroyo.

Posteriormente a este hecho, se ha conocido contaminación del agua en distintos arroyos y ríos de nuestro país, básicamente a través de la mortandad de peces. Pero esto no ha sido todo, también se encontraron residuos del herbicida atrazina en la Cuenca del Río Santa Lucía en febrero del 2010. En ese entonces tanto el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Carlos Colacce como integrantes de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) coincidieron que tal situación se debía a la duplicación de la cantidad del herbicida atrazina encontrado en la Cuenca del Río Santa Lucía. Una cantidad calificada de "alerta amarilla"; habiendo aumentado de entre 0,7 y 0,8 microgramos por litro a 1,4 microgramos por litro.

De esta situación han pasado varias zafras de cultivos varios, especialmente maíz y sorgo donde se aplica este herbicida altamente persistente en el agua.

- El agua se sigue contaminando e incluso la potabilizada por OSE, ya que las unidades Potabilizadoras de Agua (UPA) son abiertas, y las avionetas fumigadoras o los “mosquitos” pueden fumigar tanto arriba de ellas o a los costados, y no existe reglamentación que lo impida.

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Argentina / Glaciares, otra promesa incumplida |

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Un trabajo de Sergio Elguezábal.

Jueves 26 de Abril 2012

 

El gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, proclama que no hay glaciares en su provincia. Sin embargo un reciente estudio revela que en la cordillera riojana hay más de 400, y que en muchos casos están siendo afectados por actividades relacionadas con la gran minería. Glaciares, otra promesa incumplida, un trabajo de Sergio Elguezábal.

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Colombia /Contraloría pide al Gobierno endurecer la reglamentación de licencias ambientales

Colombia /Contraloría pide al Gobierno endurecer la reglamentación de licencias ambientales | MOVUS | Scoop.it

20/04/2012

 

El ente de control advirtió sobre los riesgos de daño ambiental que representa el proceso de licenciamiento, especialmente para páramos, humedales, parques nacionales y reservas naturales.

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