La ley de medios es constitucional
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La ley de medios es constitucional
Por Agencias DyN, Télam y AP 23 Buenos Aires. La Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló la consti­tucionalidad de artículos cuestionados de la ley de medios y reivindicó la facultad del Estado para regular el mercado de comunicaciones. No obstante, el tribunal aclaró que la adecuación del Grupo Clarín requiere una compensación económica. Fallo completo de la Corte en PDF El conglomerado empresario “lamentó” que el contenido de la sentencia no haya considerado “el valor de la independencia periodística como presupuesto para la libertad de expresión”, y anticipó que “continuará defendiendo judicialmente cada una de sus licencias vigentes y legítimamente adquiridas”. Fuentes de la Corte explicaron que se espera que ahora se abra una discusión entre las partes para generar la desinversión. “Se trata –dijeron– de una discusión de carácter patrimonial”, ya que el Estado deberá contemplar los derechos adquiridos de Clarín, tras la prórroga de licencias recibida en 2007. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda coincidieron en la constitucionalidad general de la ley. Sin embargo, respecto del artículo 161, que legisla sobre la adecuación a la norma, Argibay y Maqueda acompañaron objeciones de Carlos Fayt, el único ministro que se pronunció por la inconstitucionalidad de los cuatro artículos impugnados por Clarín. Los cuatro ministros que formaron mayoría sostienen que el plazo de adecuación estable­cido por el artículo 161 “se encuentra vencido”, por lo que la Autoridad Federal de Servicios de Comu­nicación Audiovisual (Afsca) está en condiciones de aplicar de inmediato la ley. El titular del organismo, Martín Sabbatella, dijo luego que se avanzará con la adecuación de oficio (ver página A3 ). En un apartado, el fallo, de 392 páginas, abre la puerta a nuevos reclamos, al considerar que la autoridad de aplicación de la ley debe ser un órgano “técnico e independiente, pro­tegido contra indebidas interferencias” del gobierno o de grupos de presión. En la aplicación de la ley 
–dice– deben respetarse la igualdad de trato en la adjudicación y en la revocación de licencias, no discriminar por opiniones disidentes, ajustarse al debido proceso en todas las decisiones y garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a información plural. El fallo desliza críticas al Gobierno. “El Estado –dice–afecta la libertad de expresión si por la vía de subsidios, del reparto de la pauta oficial o cualquier otro beneficio, los medios de comunicación se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas”. Y advierte que los medios públicos no deben ser “espacios al servicio de intereses gubernamentales”. Tras aclarar que “no se ha probado que exista una afectación actual de la libertad de expresión”, Lorenzetti, Highton, Petracchi y Zaffaroni subrayan que la ley “establece límites iguales para todos los titulares de licencias” y opinan que “no ha sido acreditado que el régimen que establece la ley ponga en riesgo la sustentabilidad económica” del Grupo Clarín. El modo de proteger las licencias “es la indemnización pecuniaria, pero de ningún modo implica que la ley no pueda ser aplicada”, sostiene el fallo. Opiniones Juan Carlos Maqueda. Juez de la Corte Suprema. Existe un derecho digno de protección jurídica de quienes a partir de la expresa conformidad del Estado, realizaron inversiones económicas y desarrollaron un proyecto periodístico con la legítima confianza de que su derecho se mantendría. Carmen Argibay. Jueza de la Corte Suprema. No tengo dudas de que se encuentra profundamente comprometida la función que cumplela libertad de expresión en una sociedad democrática cuando el Estado interfiere en el libre flujo de información. Carlos Fayt. Juez de la Corte Suprema. Las im­pugnaciones no se limitaron exclusivamente a restric­ciones que las normas imponen a los derechos patrimoniales sino que han hecho referencia a los efectos que esas prohi­biciones pueden producir sobre la libertad de información.
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