Viviendo el Perú desde París...

La Columna del Director | 21-08-2011 | Juan Carlos Tafur

Cipriani aún no puede celebrar

La ofensiva va con todo y ya desnudó sus pretensiones: lo que Cipriani quiere no es solo una presencia en las decisiones patrimoniales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La reciente ordenanza vaticana –que va en paralelo y no tiene nada que ver, por cierto, con el litigio que la PUCP y el Arzobispado siguen-, que sin duda ha sido coordinada con él, pretende el paulatino control de los contenidos académicos y la plana magisterial de la universidad.

Ayer, la derecha oligofrénica celebraba con bombos y platillos que, por fin, se iba a reconquistar el actual “centro de envenenamiento comunista y caviar” que es la PUCP y que la razón (¿?) iba a retornara sus fueros. Algunos ya alucinaban con despidos masivos, con la suspensión de referencias a Marx, a Freud, a Nietzsche, con la eliminación del arte abstracto y, por supuesto, los desnudos tan ofensivos a la majestad eclesial, que son parte de la formación en la carrera de Artes Plásticas. Y demás bestialidades por el estilo.

La verdad es que las cosas son menos dramáticas. La PUCP ha tomado la ordenanza vaticana como corresponde, como una sugerencia. Y en un mes, la Asamblea Universitaria decidirá si procede o no, de acuerdo a las leyes del país. Y ha subrayado con justicia que la universidad “no es propiedad eclesiástica”. La PUCP se rige por sus propios estatutos, no es un ala de la Nunciatura Apostólica.

Quien escribe ha estudiado en la PUC y sigue haciéndolo en una Maestría. Y puede atestiguar que la pluralidad es un principio rector en ella. La discusión y la discrepancia son bienvenidas. Reina un espíritu universal en la base misma de su estructura.

Es verdad que algunas carreras han sido erróneamente copadas por profesores de una misma línea ideológica (Ciencias Sociales, fundamentalmente, la Maestría en Ciencias Políticas, etc.) y ojalá este remezón, del cual esperamos la PUCP salga airosa, sirva para que se reconsidere lo que, más que un afán de monopolizar mentalidades en el alumnado, parece haber sido resultado del lamentable amiguismo entre colegas. En todo caso, no es el tenor general de la inmensa mayoría de carreras que la institución ofrece.

Algunos abogados señalan que la PUCP corre el riesgo de perder su carácter de Pontificia. La verdad es que nos permitimos sugerir que, sin esperar a dicha “sanción”, la universidad misma se desafilie de tal condición. El Vaticano, ya desde Juan Pablo II, ha optado por una línea ultraconservadora que probablemente durará lo que resta del siglo. Y ese espíritu, afanoso por resucitar tiempos pasados y en estos tiempos efectuar una “extirpación de ideologías”, marcha en sentido contrario de lo que se espera que sea una universidad.

En todo caso, la batalla continúa. Los que ya estaban desempolvando sus capuchas inquisitoriales deberán guardarlas. Lo que sí esperamos es que el actual gobierno –que tiene alguna incidencia en el tema por su influencia en órganos judiciales y constitucionales- sepa guardar distancia y no tomar partido, como lo hizo Alan García, a favor de una de las partes.

... lo que está pasando suavemente es el hecho de que, a cada crisis, se acrecienta el metastásico poder de la tecnocracia de Economía y Finanzas y del jefe del MEF, Miguel Castilla.

Al principio era un asunto de quedarse a como fuere, presionando con los medios de comunicación que pedían un ministro de confianza de los mercados, ofreciéndose en privado por sus buenos contactos y su disposición a trabajar con quién sea; buscando amigos en la CAF y otros organismos para que recomienden como buen muchacho.

Eso hasta el día en que le doblaron el brazo al presidente con la famosa frase: ¿o usted quiere pasar a la historia como el que destrozó el crecimiento y llevó al Perú a los tribunales internacionales?

Quieren tapar el sol con un dedo. Luego de que los medios locales destaparon el hecho de que el nuevo Ministro de Interior, General (ret.) Wilver Calle Girón, habría firmado el infame Acta de Sujeción suscrito por unos 400 altos mandos militares —quienes así declararon su lealtad al autogolpe del 5 de abril de 1992 y a las leyes de amnistía que protegían a militares y policias de ser procesados penalmente por violaciones de derechos cometidos durante el conflicto armado interno, políticos de diversas tendencias así como altos mandos militares han intentando minimizar el hecho, e incluso negar la existencia de tal Acta.

JAJAJAJAJA.... CARLIN: muy buenas como de costumbre !

1.Un claro desinterés del gobierno por hacerle frente de manera responsable a la inseguridad ciudadana, al terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.

2.Un accionar altamente imprudente en un contexto de inseguridad creciente, consecuencia de la falta de preocupación que el actual presidente criticó severamente a su antecesor, quien tuvo que reconocer la inoperancia de su gobierno al haber optado por una fórmula de amiguismo, y compadrazgo en la elección de sus colaboradores. Esta situación que debería evitarse se ha mantenido y se expresa nítidamente en tres pésimos nombramientos, en escasos nueve meses.

3.En esa misma línea, cabe recordar que en los puntos noveno y décimo del Compromiso en Defensa de la Democracia y Contra la Dictadura, suscrito bajo juramento el 19 de mayo de 2011 por el entonces candidato a la Presidencia Ollanta Humala, sostuvo que “será prioridad de mi gobierno luchar eficazmente contra la inseguridad ciudadana, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado” (punto noveno) y que “los ministros de Defensa y del Interior serán civiles, en respeto al principio del control civil democrático sobre las fuerzas de seguridad” (punto décimo).

4.El nombramiento de un militar como Ministro del Interior genera un alto riesgo de sometimiento de las fuerzas policiales a las fuerzas armadas, y la consecuente militarización de la Policía Nacional del Perú, sobretodo cuando el EP (r) Wilver Calle Girón (hoy ministro del interior), firmó el acta de sujeción ante Vladimiro Montesinos.

5.Por último, se debe tener en cuenta que el nombramiento de militares en el Ministerio del Interior fue una política constante durante el régimen de Fujimori (los siete Ministros del Interior entre el 28 de julio de 1990 y el 25 de noviembre de 2000 fueron Generales EP en retiro), práctica que ninguno de los gobiernos democráticos siguientes mantuvo.

6.En el caso de Defensa, la preocupación es mayor puesto que el nuevo ministro José Urquizo, según todos los indicios, no tiene el conocimiento y cercanía a los temas específicos del sector; y, además, hasta hace pocos días, aparecía como el principal responsable político de la crisis relacionada a la pesca de merluza, que le costó la vida a dos pescadores.

7.Los ministerios, y de manera especial el de Defensa que se encuentra directamente involucrado a uno de los principales problemas del país como son los remanentes del terrorismo y su vínculo con el narcotráfico en la zona del VRAE, no pueden ser espacios de constantes ensayos y de aprendizaje. En las últimas semanas hemos sido testigos que las erráticas decisiones y las negligencias de este sector le han costado la vida a muchos policías y militares.

8.El perfil del flamante ministro de Defensa da cuenta de inoperancia, escaso conocimiento, nulo peso político. Frente a ello el asesor Adrián Villafuerte podría fortalecerse y constituirse, de facto, en el ministro en la sombra.

Todo ello le otorga a dicha sentencia precaria legitimidad, dado que su constitucionalidad es nula, convirtiendo el fallo no solo en ilegítimo, sino en ineficaz. Por eso a los jueces probos del Poder Judicial, como garantes en primera línea de los derechos humanos, les corresponde hacer el control convencional de la malhadada sentencia, en función de los precedentes establecidos en materia de protección del derecho al agua y de los pueblos indígenas, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esto es así, en la medida que la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha otorgado a los tratados de derechos humanos un rango constitucional y a las decisiones de la Corte IDH un carácter vinculante en el derecho interno; lo cual debe ser aplicado por los jueces nacionales de manera directa o mediante el control del convencionalidad declarando inaplicable las normas o sentencias contrarias tanto a la Convención Americana de Derechos Humanos como a las sentencias de la Corte IDH, de conformidad con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú.

César Landa, profesor principal del Departamento de Derecho, especialista en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Ex presidente del Tribunal Constitucional.

via Marco AranaZ ‏@vozdelatierra

Se puso ‘bravo’. El obispo emérito de Chimbote, monseñor Luis Bambarén, volvió a la carga respecto a la suspensión de la licencia ministerial del Padre Gastón Garatea, y afirmó que el cardenal Juan Luis Cipriani “no es el jefe de la Iglesia en el Perú”, pues su poder eclesiástico se reduce a la jurisdicción de la ciudad de Lima.

“Muchas veces creen que monseñor Cipriani, por ser cardenal, es el jefe de la Iglesia en el Perú, y no es así. Él es solo arzobispo de Lima y su jurisdicción es solo en Lima (…) Él toma las medidas en su jurisdicción, no a nivel nacional”, indicó a través de una comunicación telefónica con ATV+.

Tras afirmar que el único que puede tomar decisiones de tal influencia es el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Salvador Piñeiro; siempre en coordinación con las diferentes diócesis a nivel nacional, Bambarén consideró que si el Padre Garatea lo desea podría recurrir al Vaticano, en Roma, para buscar una solución.

El flamante ministro de Defensa, José Urquizo, tiene mucho que explicar. Ya no es solo el sospechoso caso del incremento de la cuota de merluza que promovió y sacó adelante antes de dejar la cartera de Producción. Ahora debe aclarar cómo hizo para estudiar una maestría a la edad de 17 años teniendo en cuenta que por ley antes debió haber terminado sus estudios universitarios.

El Ejecutivo ha presentado al Congreso un proyecto de ley para elevar a ese rango el decreto supremo de Alan García que prohíbe a los docentes que han cumplido su sentencia por terrorismo ejercer la profesión docente. En apariencia, ésta es una política que cautelaría la formación de los estudiantes y debilitaría a las fuerzas terroristas. Y, como si lo necesitara, mejoraría la imagen del Presidente como combatiente enérgico contra el terrorismo.

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Si a los docentes sentenciados por terrorismo que salen libres se les niega su derecho al trabajo en su profesión y los aparatos estatales los mantienen como sospechosos permanentes, la única salida que se les deja es volver a integrarse a las redes terroristas....