El autoconsumo es el futuro energético
46.6K views | +6 today
Follow
 
Scooped by ECOIMPULSO
onto El autoconsumo es el futuro energético
Scoop.it!

La eólica española rinde en ‘un solo día’ el equivalente a 200.000 barriles de petróleo

La eólica española rinde en ‘un solo día’ el equivalente a 200.000 barriles de petróleo | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it
Si hubiese sido en forma de petróleo, los barriles puestos en fila hubieran llegado de Madrid a Ávila. Toda esa energía limpia puesta en el punto de consumo: nuestros hogares y empresas. ¿Dónde se extrajo?

 

¿Un gran logro? Pues hay otro que no lo es menor: toda esa energía  llegó a los hogares y empresas españolas sin ningún contratiempo y llegó  a cubrir el 52% de toda la demanda de electricidad del país. ¿Somos o  no somos buenos en esto? Cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo:  la ingeniería eólica española es de clase mundial, y la eléctrica  también. Es gracias a los increíbles recursos humanos y empresariales  que tenemos que esta hazaña ha sido posible. Tiene que ser un símbolo de  la capacidad de superación que debe guiar la recuperación del país. Si  somos capaces de crear en 20 años unas infraestructuras de  aprovechamiento del viento que nos han hecho ahorrar desde 2005 hasta  ahora la importación de 350 Millones de barriles de petróleo, que  puestos uno encima de otro llegarían hasta la luna, ¿de qué no seremos  capaces en los próximos 20 años?

Y la pregunta del millón ¿Cuánto cuesta? Si queremos comparar el  coste de la electricidad  eólica con la generada con derivados del  petróleo, podemos coger los datos de la CNE y de REE para ver como  compiten en, por ejemplo, Canarias: la eólica recibe de media 8,5  c€/kWh, incentivos incluidos (datos de CNE hasta agosto), mientras que  la generación con derivados del petróleo costaba de media 20,5 c€/kWh.   En electricidad es más barata la eólica que los derivados del petróleo, y  en energía para transporte también puesto que el coste de recorrer 100  km con un coche eléctrico cuesta 3 euros mientras que con un coche de  gasolina cuesta 7,5 €. Lo único que ocurre es que llevamos 100 años  apostando casi sólo por el motor de combustión para el transporte y  ahora nos va a costar mucho cambiar las infraestructuras para que el  vehículo eléctrico sea una alternativa real. Después de más de 5 años de  altos precios del petróleo, hay mucho capital invertido en investigar y  desarrollar la opción eléctrica para el transporte: todo hace pensar  que a partir de 2015 tendremos importantes reducciones en los costes de  las baterías, lo cual hará más asequible hacer el cambio al transporte  eléctrico. Y allí pueden estar las empresas eólicas españolas:  preparadas para suministrar con energía autóctona y no contaminante el  futuro del transporte español.

more...
No comment yet.
El autoconsumo es el futuro energético
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/index.php?cID=1033Las energías límpias son la solucion del nuevo siglo para luchar contra el cambio climático
Curated by ECOIMPULSO
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

Fukushima admite que no puede evitar al 100% la filtración de agua radiactiva

Fukushima admite que no puede evitar al 100% la filtración de agua radiactiva | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

La propietaria de Fukushima admitió por primera vez que el muro helado subterráneo que levanta alrededor de sus reactores para evitar que se filtre agua a su interior no podrá bloquear el 100% del líquido, lo que complica el desmantelamiento de la planta nuclear.


Tokyo Electric Power (TEPCO) reconoció que “el objetivo al construir el muro congelado es reducir el flujo de agua que penetra en el sótano de los edificios” de los reactores, no impedirá su completa entrada. 


En una reunión celebrada el pasado 19 de julio entre la empresa y la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA), TEPCO admitió que entre mayo y junio solo había conseguido reducir en unas 30 toneladas adicionales el volumen diario de agua que penetra en los reactores procedente de los acuíferos naturales, por lo que se calcula que unas 80-100 podrían seguir filtrándose dentro todos los días. 


Un técnico de la empresa reconoció que no es técnicamente posible “mantener fuera todo el agua subterránea al 100 por cien”. Desde principios de junio la construcción de este muro de hielo subterráneo ha entrado en su segunda y penúltima etapa. 


El muro tiene como meta aislar el subsuelo alrededor de los cuatro reactores afectados por el terremoto y tsunami de 2011 para evitar así que penetre en ellos el flujo de los acuíferos naturales y a la postre se produzcan vertidos contaminantes al mar. Y es que estas aguas subterráneas se mezclan en los sótanos con el refrigerante radiactivo y por efecto del rebalsamiento se filtran después al océano Pacífico. 


Para construir el muro se han insertado en la tierra, en torno a los cuatro reactores, más de 1.500 tuberías hasta una profundidad de unos 30-35 metros. A través de estas tuberías se inyecta una solución salina a una temperatura de menos 30 grados que congela la tierra en contacto con las canalizaciones y crea así una barrera helada. 


La NRA mostró su preocupación durante la reunión por el hecho de que TEPCO no esté progresando a la hora de reducir las aproximadamente 60.000 toneladas de agua que aún hay dentro de los sótanos de los reactores y advirtió que un nuevo tsunami podría provocar que ese agua se esparciera tierra adentro.


more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

Las eléctricas ya solo piden tiempo

Las eléctricas ya solo piden tiempo | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

"Por Domingo Jiménez Beltrán – Presidente de la Fundación Renovables"


Es la gran sorpresa del verano. En las jornadas organizadas recientemente por Enerclub (Club Español de la Energía) y APPA (Asociación de Productores de Energías Renovables) sobre “Una nueva etapa para la fotovoltaica”, se ha escenificado un cambio significativo de las eléctricas a favor de las renovables y del autoconsumo como gran indicador. 


Cómo sino interpretar declaraciones de Endesa e Iberdrola deslegitimando el “impuesto al sol” decretado por el Gobierno (“no puede entenderse que haya que pagar por la energía autoproducida y autoconsumida”), reconociendo un futuro “apabullante” para la fotovoltaica, la viabilidad de grandes plantas y del autoconsumo, solo pendiente del marco normativo adecuado, y admitiendo, en general, que el desarrollo de las renovables tiene que volver a arrancar. 


Es evidente que se han rendido a la inexorabilidad del cambio ante el cual su resistencia numantina solo les dejaría fuera de juego. No les va a valer con el nuevo Gobierno, sea el que sea, incluso si es del PP, y con el “valido” de la eléctricas, el Sr. Nadal de ministro de Energía, porque una oposición con mayoría en el Congreso está por promover ya el autoconsumo y por la transición energética. 


Y también es evidente que no se rinden sin condiciones, que lo que piden es tiempo. Piden tiempo sobre todo ante el cambio que más temen, el de la rápida introducción de la fotovoltaica como tecnología verdaderamente disruptiva, introducción que estaría potenciada por nuestro retraso (tenemos una octava parte de potencia instalada con respecto a Alemania y con más irradiación solar y alcanzarla significaría ¡superar el 60% de nuestra generación eléctrica con renovables!) y por la viabilidad creciente de la generación distribuida en autoconsumo en hogares, Pymes, explotaciones agrarias, municipios (hasta Barcelona está en ello) y regiones (solo Murcia puede instalar en sus más de 14 Km2 de tejados los mil megavatios de potencia para cubrir en balance neto su consumo residencial y alcanzar la soñada Murcia Solar con “autosuficiencia conectada”). 


Y ante esto, los asistentes a la reunión parecieron estar de acuerdo en que sí va a haber explosión de la fotovoltaica, que ya es algo, aunque no sería inmediata. Según el representante de Endesa, no habría un cambio radical en fotovoltaica en esta legislatura, lo cual es ya un avance en tiempo con respecto a lo declarado por el Sr. Nadal unos días antes cuando posponía el cambio a los próximos 15-20 años. 


Es evidente que lo que están pidiendo es tiempo, tiempo para adaptarse a la nueva situación, tiempo para rentabilizar a tope sus activos fósiles y nucleares y tiempo para seguir con la manija (también en autoconsumo) y mantener su situación dominante. 


Y tiempo, como decía el Papa en su encíclica Laudato sí, es lo único que no tenemos, es el recurso más escaso. El momento es ahora y es hora de ir a tope con el autoconsumo, la eficiencia y las renovables. 


El desafío es simplemente político y el nuevo Parlamento tendrá que estar a la altura de su compromiso con los ciudadanos para dar una respuesta urgente y ambiciosa a la “emergencia energética, climática y ambiental” que vivimos. Desafío que quizás es la gran oportunidad para España de entrar en un nuevo modelo de progreso, más sostenible, también en términos económicos de innovación y de competitividad. Es lo mejor que podemos usar y vender.

more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

El Gobierno tiene que subir la luz y lo hará justo después de las elecciones

El Gobierno tiene que subir la luz y lo hará justo después de las elecciones | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

El Tribunal Supremo obliga al Ejecutivo a revisar el margen de comercialización que reciben las eléctricas con la tarifa regulada y le da de plazo hasta el 30 de junio. Lo tendrá que elevar y lla subida tendrá carácter retroactivo, con efectos desde abril de 2014. El margen de comercialización está congelado desde hace siete años en 4 euros por kilovatio al año, la CNMC calcula que como mínimo debería estar fijado en 5,24 euros/kw. El Ejecutivo ha parado la medida hasta después de las elecciones.


El Gobierno endulzó el año (muy) electoral que fue 2015 con un par de anuncios de rebajas del recibo de la luz. El último de ellos en plena campaña para el 20-D. Pero de cara a los comicios del 26-J al Ejecutivo le tocan nones y el Tribunal Supremo le obliga a subir la luz y a aplicar el incremento con carácter retroactivo a 13 millones de usuarios acogidos a la tarifa regulada.


El Consejo de Ministros debe aprobar la medida antes del 30 de junio, según recoge la sentencia del Supremo. Como daba por hecho todo el sector, el Ministerio de Industria –ahora comandado por Luis de Guindos tras la salida de José Manuel Soria- ha decidido apurar al máximo los plazos para no hacer el anuncio en plena campaña electoral. Así que el cambio no se aprobará hasta después del 26-J, aprovechando que el mismo 30 de junio se celebrará un Consejo de Ministros.


El Gobierno debe aprobar antes de que termine el mes una nueva metodología para calcular el margen de las comercializadoras de electricidad que ofrecen el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la antigua tarifa TUR, la tarifa regulada a la que están sujetos más de 13 millones de clientes. Y todos tendrán que hacer frente a un recargo en sus facturas de la luz con carácter retroactivo, porque el nuevo margen que se llevan las grandes eléctricas por ofrecer la tarifa regulada se aplicará con efectos desde abril de 2014.


Fue entonces, hace más de dos años, cuando el Gobierno sustituyó la tradicional Tarifa de Último Recurso (TUR) por el nuevo precio regulado de la electricidad que ofrecen Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España. Tanto Iberdrola como Gas Natural Fenosa denunciaron ante los tribunales que el margen fijado por el Gobierno –de 4 euros por kilovatio cada año- no era suficiente para cubrir los costes. Las eléctricas, de hecho, sostienen que un 40% de los costes totales de la comercialización se quedan sin cubrir con ese precio.


Una sentencia anterior, del pasado noviembre, ya obligaba al Gobierno a fijar el nuevo margen de comercialización, pero ha mantenido la medida congelada. Y ahora el Tribunal Supremo estima una reclamación posterior de Iberdrola en la que la compañía denunciaba que el Ministerio de Industria había incumplido la ejecución de la sentencia. Por ello, el Alto Tribunal le marca ahora al Gobierno un plazo máximo que expira el viernes próximo. 


La pasada semana, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió su informe sobre el margen comercial de las eléctricas en la tarifa regulada. El supervisor sostiene que el nuevo margen que establezca el Gobierno debería fijarse como mínimo en los 5,25 euros por kilovatio y año, desde los 4 euros en que está fijado desde el año 2009.


Esta subida que recomienda la CNMC contempla la inclusión de los costes de explotación de comercialización que soportan las compañías (coste de facturación y cobro, el de atención al cliente y los costes de estructura, fundamentalmente). Pero el organismo también entiende que se debe incluir un margen de retribución de la actividad, para lo que establece diferentes fórmulas de cálculo, y también los costes de captación y retención de los clientes por si el Gobierno considera procedente incluirlo. El resultado, que la subida no se quedaría en esos 5,25 euros por kilovatio y año, sino que se situaría netamente por encima de ese mínimo fijado. 


Si el Gobierno cumple con el plazo legal fijado por el Tribunal Supremo, el próximo Consejo de Ministros fijará una nueva fórmula que marcará un nuevo margen de comercialización y se procederá a una refacturación con efecto retroactivo de dos años. Según algunos expertos, el recargo podría suponer un coste de entre los 20 y los 120 euros por cliente. Veremos… pero ya después de las elecciones.

more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

Nueva cruzada del jubilado de las eléctricas: Nos han cobrado 1.500 millones de más. Noticias de Andalucía

Nueva cruzada del jubilado de las eléctricas: Nos han cobrado 1.500 millones de más. Noticias de Andalucía | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

El incremento unilateral de la potencia, conocido por el Ministerio ya en 2009, no es un caso exclusivo de Endesa ni de Andalucía. Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico lo han aplicado


Los cuatro gigantes de la distribución de energía eléctrica en España tenían que haber devuelto un mínimo de 700 millones de euros, si se considera que el número de afectados en toda España (2,5 millones) es proporcional al número de afectados calculado y reconocido por la Junta de Andalucía (424.194). La cantidad a devolver se elevaría a 1.500 millones de euros (5,6 millones), lo que "se deduce, con un cálculo muy a la baja, de los datos publicados por la CNE [Comisión Nacional de Energía] en un informe del 25 de octubre de 2007”, según las cifras facilitadas a este diario por el ingeniero sevillano jubilado Antonio Moreno Alfaro: "Nos han cobrado 1.500 millones de euros de más". 


Endesa ha vuelto, por tanto, a repetir con la Junta de Andalucía el negocio realizado en 1987 por Sevillana de Electricidad (absorbida en 1996 por Endesa), en que esta devolvió solo 431 millones de pesetas de los 20.000 millones facturados en exceso con 29 irregularidades, una de las cuales era, precisamente, el incremento unilateral de la potencia contratada, como consta en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.


Según consta en las conclusiones del informe técnico de 22 de diciembre de 2014 de la Junta de Andalucía, publicado en exclusiva por El Confidencial el pasado 6 de junio, “el promedio de los incrementos de potencia contratada en suministros de baja tensión efectuado por Endesa en los contratos remitidos entre los años 2000 y 2012 es de 0,97 kW por suministro”. Con este incremento medio, la cantidad media a devolver por Endesa a cada uno de los 424.194 afectados en Andalucía se eleva, incluidos los intereses de demora, a 274 euros por afectado, muy superior a lo devuelta por Endesa (50 euros). 


Si se tienen en cuenta los 424.194 clientes de Endesa en Andalucía, tras el análisis de la Junta de Andalucía de tan solo el 10% de los 4,6 millones de puntos de suministro en baja tensión en la comunidad andaluza, la cantidad total que la multinacional debería haber devuelto supera los 115 millones. Endesa solo ha devuelto 20 millones de euros. 


Si el número de afectados se elevara a 952.554 personas, "cifra calculada muy a la baja", según explica Moreno Alfaro basándose en los datos publicados por la CNE en su informe de 2007. En este estudio sobre el mandato establecido en el Real Decreto 1634/2006 respecto al plan de sustitución de equipos de medida, la cantidad que Endesa habría tenido que devolver en Andalucía supera los 260 millones. Esta cifra se elevaría a 730 millones de euros si la devolución se hiciera también efectiva a los afectados del resto de las comunidades autónomas a las que Endesa suministra: Cataluña, Aragón, Canarias, Baleares y Extremadura. 


Iberdrola Distribución es otra de las compañías que también han sobrefacturado la luz. En al menos un caso, no solo ha aplicado el incremento unilateral de la potencia contratada, sino que además ha cobrado los derechos de extensión, responsabilidad y enganche correspondientes a dicho incremento, “y todo ello con la autorización del organismo administrativo, lo que es más grave, ya que dicha autorización, que infringe la normativa legal, deja indefensos a los afectados, pues el incremento de potencia no fue solicitado por el usuario, sino aplicado de manera unilateral por la compañía distribuidora", denuncia Moreno Alfaro. 


En este caso, Iberdrola cobró una cantidad de 25,65 euros en concepto de traspaso un contrato reclamada por el afectado ante la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Región de Murcia el 8 de octubre de 2015 al “acomodar la potencia contratada, pasando de 6.600 a 6.928 W, facturándose los derechos de extensión y responsabilidad correspondientes a los 328 watios de diferencia, más los derechos de enganche”. El artículo 83.4 del Real Decreto 1955/2000 establece que la empresa distribuidora no percibirá cantidad alguna por la expedición de los nuevos contratados que se deriven de los cambios de titularidad, salvo la que se refiere a la actualización del depósito.


Unión Fenosa Distribución, tras la reclamación de un usuario que solicita la devolución de la cantidad facturada en exceso como consecuencia de haberse incrementado unilateralmente de 4,4 a 4,6 kW su potencia contratada, contestó que desde finales de 2008 el cliente tenía una tensión de 230V a la que correspondía una potencia normalizada de 4,60 kW. "Le informamos que se considera correcta la facturación emitida, sin que proceda realizar modificación alguna al respecto ni devolución de importes previamente facturados”. 


César Acuña, funcionario de 48 años, residente en Pontevedra, es cliente de Unión Fenosa. “Me subieron la potencia y no me han devuelto nada. En Consumo me dijeron que no podían hacer nada. Nos tenemos que aguantar y yo me enteré porque me leo los contratos, pero la mayoría de la gente no se entera”, explica a El Confidencial. 


Hidrocantábrico Distribución también subió unilateralmente la potencia contratada, como reconoce el jefe de sección de baja tensión de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias en un escrito fechado en Oviedo el 29 de febrero de 2016. La propia compañía admite, como recoge el documento del Gobierno asturiano, que no disponía del contrato de 2009 solicitado, ya que el reclamante no habia remitido la copia firmada. Hidrocantábrico incrementaba, de esta manera, unilateralmente la potencia contratada aunque el cliente no firmara el contrato en el que la compañía modificó la potencia. 


Un informe del Servicio de Legislación y Recursos de la Junta de Andalucía, fechado el 20 de diciembre de 2013, expone que la distribuidora se "aprovechó" del cambio reglamentario operado como consecuencia de la entrada en vigor del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión que podría haber modificado la "potencia contratada" de los abonados al suministro amparando, por tanto, "su actuación en contrato celebrado en fraude de ley de conformidad con el artículo 1.269 del Código Civil". 


El Ministerio de Industria es consciente desde el 23 de noviembre de 2009, cuando el ingeniero jubilado sevillano envió un escrito al entonces ministro, Miguel Sebastián, de que las compañías distribuidoras están aplicando en todo el territorio nacional el incremento unilateral de la potencia contratada, pero permanece pasivo. El 3 de noviembre de 2015 también presentó una denuncia ante el Ministerio por haber aplicado un incremento unilateral de la potencia a compañías distribuidas en todo el territorio nacional. Moreno Alfaro no recibió respuesta a ninguno de los dos escritos. 

more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

Gas Natural reclama 400 millones al Estado por discriminar sus centrales

Gas Natural reclama 400 millones al Estado por discriminar sus centrales | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

Gas Natural Fenosa ha presentado en la Audiencia Nacional una demanda por responsabilidad patrimonial contra el Estado por el impacto que ha tenido en su cuenta de resultados la expulsión de sus centrales térmicas de gas del mercado desde el año 2009. 


La compañía reclama una indemnización de 400 millones de euros argumentando que el Ministerio de Industria ha distorsionado el mercado eléctrico al incentivar las energías renovables mientras se desplomaba la demanda de luz, según informan a EL MUNDO distintas fuentes jurídicas.


El consumo de electricidad sufrió un retroceso del 3,5% entre los años 2009 y 2014, un lustro en el que los retrocesos del consumo consecuencia de la recesión económica se han repetido de manera constante a lo largo de cuatro ejercicios. 


La mayor caída fue la registrada en el primer año, cuando la demanda se hundió 4,5% en el que es hasta ahora el mayor desplome de la serie estadística que publica Red Eléctrica. A la vez que caía el consumo, Gas Natural alega que la potencia instalada de energías renovables se disparó un 52% en el mismo periodo por la «sobrerretribución» que, a su juicio, recibieron estas tecnologías como consecuencia del plan energético aprobado en el año 2005. La combinación de ambas situaciones expulsó del mercado a las centrales térmicas de gas de las eléctricas -conocidas como ciclos combinados-, que han pasado en este periodo de suministrar el 34% de la electricidad nacional al 10%. 


La demanda de Gas Natural Fenosa apunta tanto a la gestión del Gobierno del PSOE, que sentó las bases para la instalación de energías verdes con primas reguladas, como a la del PP, que según la parte demandante no ha frenado la entrada de potencia en el sistema y únicamente ha llevado a cabo un ajuste en la retribución regulada que reciben estas instalaciones. 


La gasista catalana cuenta a su favor en la demanda con declaraciones públicas de quienes han sido -o todavía son en funciones- gestores de Industria en las que se reconocía una sobrerretribución de estas tecnologías. Esto vale a la compañía para argumentar que desde el propio Gobierno se ha actuado de forma contraria al mercado distorsionando los criterios de acceso y expulsando a unas fuentes de energía en beneficio de otras. 


Gas Natural asume en su demanda los «riesgos» del mercado que implica la inversión en la construcción de centrales, en este caso ciclos combinados, pero alega que en este caso el perjuicio patrimonial ha sido provocado por la incorrecta política energética llevada a cabo durante la crisis. 


La eléctrica cuenta para su causa con frases de ex ministros como Miguel Sebastián o José Manuel Soria en las que se apunta a la sobrerretribución de las energías renovables. El ex ministro socialista ha llegado a sostener que «la burbuja fotovoltaica fue alentada deslealmente por los ayuntamientos y las CCAA», tal y como ya publicó este diario. El ex ministro canario, por su parte, ha hecho en los últimos años varias menciones a las «rentabilidades imposibles» próximas al 20% de algunas instalaciones renovables para justificar el recorte de la reforma aprobada en 2013. 


La crisis de los ciclos combinados ha sido uno de los principales puntos de fricción entre el sector eléctrico y el Gobierno del Partido Popular durante la última legislatura. Iberdrola y Endesa han llegado incluso a pedir a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y al propio Ministerio de Industria el cierre de alguna de sus centrales alegando que no son rentables por su bajo uso. En el caso de la eléctrica que preside Ignacio Galán, el Gobierno tumbó la petición de cierre de la central de Arcos de la Frontera (Cádiz) argumentando que ponía en peligro el suministro en la zona. La energética respondió reclamando una indemnización al Ejecutivo por mantener abierta la instalación, inaugurada en el año 2003 con una inversión de 900 millones de euros. 


Gas Natural Fenosa tiene nueve ciclos combinados en España. Es la primera eléctrica por potencia instalada en esta tecnología en España aprovechando su creciente negocio en el mundo del gas, si bien la compañía no ha dado el paso para pedir el cierre de ninguna de ellas. La eléctrica había detenido cualquier tipo de acción de este tipo a la espera de que el Gobierno aprobara un plan de hibernación que permitiera cerrar las centrales de gas hasta que se produjera un nuevo repunte del consumo. Fuentes de la empresa declinaron comentar la información.

more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

Cinco preguntas claves para entender cómo sería una auditoría de costes del sistema eléctrico

Cinco preguntas claves para entender cómo sería una auditoría de costes del sistema eléctrico | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

Los grandes partidos a excepción del PP, es decir, PSOE, Podemos y Ciudadanos, llevan en sus programas realizar una auditoría de costes del sistema eléctrico para conocer en detalle los verdaderos costes de cada tecnología y así poder retribuir a cada una en función de sus necesidades. 


Estos partidos han hecho así cumplir una de las grandes peticiones del lobby renovable. Con ello, lo que se busca, además de hacer más transparente el mercado, es tratar de destapar a las eléctricas y sus abultados ingresos.


Se conoce muy poco sobre cómo se debería realizar una auditoría de este tipo. Y si finalmente el fin es ser más transparente o desprestigiar a las compañías. El caso es que una auditoría de costes sería totalmente novedosa, ya no solo en España sino en todo el mundo. 


Ni un mercado tiene auditado los costes de generación planta por planta. Pero hacer una auditoría es posible. “No solo es posible sino que es necesario”, dice el experto Javier García Breva. 


Cabe destacar que lo primero que hay que hacer es diferenciar o explicar realmente lo que se pretende hacer. La auditoría de costes regulados del sistema ya se hace por tanto no habría novedad. Pero sí lo sería en el caso de la generación.


“Una auditoría completa de los costes de generación debería tratar de reproducir la vida económica de estas instalaciones desde su construcción (o desde la entrada en el mercado liberalizado), estableciendo los valores de las inversiones iniciales, los costes e ingresos que estas instalaciones han tenido desde 1997 y el volumen de inversión que quedaría por recuperar a día de hoy y la tasa de rentabilidad hasta ahora. Entre los costes habría que incluir los costes de combustible, de O&M, inversiones recurrentes, impuestos y tasas, etc. Y entre los ingresos habría que tener en cuenta los ingresos de mercado, pagos por capacidad, ingresos por CTC, etc. Esta auditoría pondría de manifiesto que ninguna tecnología de generación recupera actualmente sus costes (con la excepción de la generación insular y de las renovables, cogeneración y residuos, que disponen de esquemas retributivos específicos)”, explican fuentes de Endesa.


“Se trataría, por tanto, de conocer al menos tecnología a tecnología, los costes medios a los que se enfrentan y se han enfrentado de forma similar a lo que ocurre en la distribución (donde ciertamente la CNMC sí dispone de una auditoría regulatoria que le permite establecer la retribución)”, afirma el director general de la empresa de renovables Geoatlanter, Jorge Morales de Labra.


Por poder hacerse se puede realizar, pero el cambio sería sustancioso respecto al funcionamiento actual. “La auditoría de costes para las actividades liberalizadas, generación y comercialización, supone un cambio de paradigma con respecto al modelo actual. Un sistema basado en costes auditados llevaría a una regulación similar a la que existía en España antes de la liberalización de estas actividades, el denominado Marco Legal y Estable. Bajo este marco las instalaciones se retribuían en función de un coste estándar por tipo de instalación, es decir, cada instalación recibía un pago diferenciado en función de sus características. Esto supondría una modificación sustancial con respecto al modelo actual, en el que las centrales cobran el precio resultante del mercado y los comercializadores ofertan libremente sus márgenes en función de sus expectativas de negocio”, aseguran fuentes de la patronal de las eléctricas Unesa.


Aun así, con todo ello, hay voces en el sector que critican las posibilidades técnicas para realizar este tipo de auditoría de costes.


“La generación es una actividad liberalizada, y no hay precedentes de que la Administración audite los costes de otras actividades en competencia (como podrían ser la distribución de productos petrolíferos, el comercio al por menor, los servicios financieros, etc.). En principio, lo que el regulador debe garantizar es que existe suficiente nivel de competencia y los precios sean de mercado. En este sentido, podría argumentarse, que no tiene sentido realizar una auditoría regulatoria de los costes de generación. No obstante, debido a la situación actual del mercado de generación (donde ninguna tecnología recupera sus costes), una auditoría de la generación arrojaría luz sobre la situación deficitaria en la que se encuentran todas las tecnologías de generación”., dicen fuentes de la eléctrica Endesa.


La Fundación Renovables también se ha mostrado públicamente a favor de que se realice una auditoría de costes. “Un tarea ardua sin duda que debe hacerse en varias direcciones. La primera analizando el funcionamiento y la fijación de costes e ingresos del sector y las cuentas de resultados y estados financieros de todos los implicados, también realizando un análisis profundo de la causa efecto que ha tenido los procedimientos de operación y consignación de ingresos y costes para la jerarquización de tecnologías y la retribución de empresas. Especial importancia tiene el análisis de las líneas de facturación ajenas al primer cierre de mercado como son las restricciones y los mercados de ajuste. Asimismo es preciso comprobar si a los agentes les retribuye en función de su actividad y de la calidad de su servicio o por el posicionamiento monopolístico o la capacidad de lobby”, aseguran fuentes de la Fundación.


Donde hay diferencias es en quién debería ser el encargado de realizar este tipo de auditorías. “En mi opinión, debería hacerlo la CNMC y para ello bastaría modificar la circular 5/2009”, explica Morales de Labra. Dicha circular permitía a la antigua CNE a realizar lo que hasta ahora ha sido lo más cercano que ha tenido España en cuanto a auditoría de costes. “Cualquiera de las empresas auditoras estaría capacitada para un trabajo como éste y tienen abundante experiencia en auditar información de este sector para su entrega al regulador”, explican fuentes de Endesa. García Breva explica que “la CNE, antes de su extinción, realizó en 2012 un informe para el Ministerio del Sr. Soria sobre los costes del sistema eléctrico bastante exhaustivo y participativo, que se utilizó sólo en lo que interesó al Ministerio para su reforma. El regulador independiente es el órgano adecuado para hacer esta auditoría. El problema es que la CNMC, sucesora de la CNE, no cumple en la actualidad con ninguna garantía de independencia y fiabilidad al ser un órgano que ha sido capturado por el poder ejecutivo, el Ministerio de Industria, pues así lo ha establecido la Ley 3/2013. Tampoco la experiencia de consultoras externas las acredita como fuentes fiables y mucho menos baratas, como se ha demostrado en los últimos años”. “Una auditoría de costes que inspire confianza, rápida y barata, debería hacerse desde un regulador independiente para lo que se debería modificar ampliamente la Ley 3/2013, de creación de la CNMC, para atribuirle esa función, eliminar sus nombramientos y dependencia del Gobierno para que dependa y reporte directamente al Congreso de los Diputados, que sus informes sean vinculantes para el poder ejecutivo y el posterior desarrollo normativo y transformar el Consejo consultivo en una garantía de participación de todos los actores del sistema energético. Sólo si es vinculante será útil”, continúa el experto. Por su parte, en Unesa piensan que “parece que lo más adecuado es que debieran ser los auditores los que enviasen la información al regulador”. El caso es que entre unos y otros no se fían de quien debería realizarla. “No estamos hablando del encargo para una ‘prestigiosa consultora’ ni de una ‘comisión de investigación parlamentaria’ en la que debate político impida un resultado objetivo. No, esta tarea corresponde a un amplio equipo cuya pluralidad en todos los ámbitos garantice unas conclusiones veraces. Si tuviéramos una CNMC independiente sería lógico que se realizara a partir de esta institución. Lo deseable es un desarrollo mixto con la participación de empresas privadas, instituciones e universidad bajo un control o supervisión del Parlamento. Obviamente deben quedar al margen las ‘consultoras de cabecera’ de los agentes actuales”, afirma la Fundación Renovables. ¿Cuánto tiempo se tardaría? En este caso, es aquí donde los actores del mercado están prácticamente de acuerdo, ya que realizar una auditoría de costes del sistema no es una acción que se lleve a cabo en dos días. “El primer paso sería aprobar una resolución de la CNMC o de la Secretaría de Estado estableciendo los criterios. Con el necesario trámite de alegaciones, la aprobación de tal resolución podría necesitar unos pocos meses. A partir de ahí, la realización de la auditoría propiamente dicha, si los criterios establecidos son razonables, requeriría de un plazo nunca inferior a 6 meses o un año”, aseguran desde Endesa. Por su parte, la Fundación Renovables afirma que “eso dependerá de los medios y el alcance final que se le quiera dar pero podemos pensar que menos de 6 meses será difícil, aunque sea lo deseable, y que podría llegar a ser una tarea de varios años. En cualquier caso debería ser una prioridad del conjunto de las fuerzas políticas en la nueva legislatura”. “No debería llevar más de seis meses”, asegura Morales de Labra. ¿Cuánto costaría realizarla? Todo depende de los recursos que se pongan sobre la mesa. Si finalmente Industria le da la tarea la CNMC el coste sería bastante bajo por no decir nulo. “El coste de este proceso sería similar al de las actuales auditorías de distribución. Es difícil dar una previsión, pues dependería del número de auditores involucrados y de cuántas empresas e instalaciones de generación tuvieran que ser auditadas, así como del detalle de los criterios establecidos”, dicen fuentes de Endesa. “Es muy difícil cuantificar el coste de una auditoría con la ambición que planteamos pero en cualquier caso siempre será mínimo frente a lo que han costado y cuestan algunas partidas que una auditoría sacará a la luz con precisión. No será un coste sino una inversión para construir un sistema más justo, transparente y eficiente. Por eso no es un problema de coste, sería la iniciativa más rentable a llevar a cabo porque supondría la a floración de ingentes cantidades de dinero que se han desviado hacia los agentes del sector”.

more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

“Impuesto revolucionario”, “solución final”… las críticas de las CCAA del PP al decreto de autoconsumo

“Impuesto revolucionario”, “solución final”… las críticas de las CCAA del PP al decreto de autoconsumo | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

Seis regiones gobernadas por el PP remitieron en 2013 duros comentarios contra el primer borrador del Ministerio para regular la autoproducción de electricidad. La propuesta “engaña” al consumidor, advertía Castilla y León, mientras Madrid, Murcia y Aragón señalaron que el ‘impuesto al sol’ era una propuesta inédita en ningún otro país. El Consejo de Transparencia ha obligado a difundir la documentación tras una solicitud de Access Info y la Plataforma para un Nuevo Modelo Energético.


“Impuesto revolucionario”, “decepcionante”, “injustificado”, “desorbitado” o "solución final" para las renovables. Son algunos de los calificativos que emplearon en julio de 2013 varias comunidades autónomas gobernadas por el PP para arremeter contra la propuesta de Real Decreto para regular el autoconsumo que el Ministerio de Industria les había hecho llegar en esas fechas por vía de urgencia.


Así consta en la documentación que, a regañadientes y obligado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el Ministerio ha remitido a Access Info Europe y a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético tras la solicitud de ambas entidades para acceder a los documentos y reuniones vinculadas a la elaboración de la polémica normativa que desde octubre pasado regula la autoproducción de electricidad.


El “peaje de respaldo” que contemplaba el primer borrador, conocido como ‘impuesto al sol’, objeto de mofa internacional en publicaciones económicas de prestigio y rebautizado después por Industria como “cargo por autoconsumo”, suscitó un amplio rechazo y escasas adhesiones (básicamente, de las grandes empresas eléctricas) entre los miembros del Consejo Consultivo de Electricidad que remitieron alegaciones a la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) en el verano de 2013. 


En el caso de las Comunidades Autónomas, el borrador se topó con el rotundo rechazo de Asturias, Andalucía, Catalunya y Canarias, gobernadas por formaciones distintas al PP y el tibio apoyo de Baleares, Comunidad Valenciana (ambas con gobiernos populares) y Euskadi, donde se ubica la sede fiscal de Iberdrola, considerada inspiradora del polémico impuesto al sol. 


Sin embargo, sorprende la dureza de las seis regiones entonces gobernadas por el PP: Madrid, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Galicia y Murcia. En especial, Castilla y León, que en la anterior legislatura se enfrentó abiertamente al entonces ministro de Industria, el dimitido José Manuel Soria, por su nulo interés en aprobar medidas en favor del carbón nacional. 


En un escrito remitido el 30 de julio de 2013, la Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Economía castellano-leonesa advirtió de que cobrar un peaje de respaldo por la energía producida por una planta de autoconsumo tras haber pagado la instalación "resulta desproporcionado y podría calificarse de penalización o impuesto revolucionario por no comprar la energía a los grandes productores eléctricos”.


Añadía que “los números en la fotovoltaica no salen” y alertaba de que “pagando los peajes a dos empresas distintas [el de acceso a la distribuidora y el de respaldo a la comercializadora] se disminuyen ambas facturas y con ello se 'engaña' al consumidor en relación a los costes reales del autoconsumo y, en todo, caso le 'lían', desincentivando el autoconsumo”. Respecto a las durísimas multas incluidas en el régimen de inspecciones a las instalaciones, señalaba: “No se entiende la persecución a la fotovoltaica”. 


Madrid, entonces gobernada por el PP con mayoría absoluta, comenzaba así su análisis: “Con carácter general, este proyecto de Real Decreto nos parece decepcionante y poco adecuado para la consecución de los objetivos básicos de nuestra política energética”. “Existe consenso entre los principales expertos del sector energético en que el futuro debe pasar por el fomento de la generación distribuida” y “tras la práctica desaparición de los incentivos económicos para las nuevas instalaciones de producción de energía renovable y de cogeneración” decretada por Soria nada más llegar al cargo, “el fomento del autoconsumo resulta la vía natural para el desarrollo de estos sectores”.


Sin embargo, “nos tememos que el texto que nos ocupa va a ser poco eficaz en este sentido”. Respecto al peaje de respaldo, el Gobierno de Ignacio González advirtió de que “en lo que sabemos, este gravamen no existe de esta forma en ningún otro país”, una observación que también realizaron Murcia y Aragón. 


Otro Gobierno del PP en esa época, el extremeño, señaló que “esta nueva regulación del autoconsumo no contribuye a su desarrollo e incide también de una forma totalmente negativa en el ahorro y la eficiencia energética”. “Se articula un mecanismo que impide el desarrollo de cualquier instalación”, resumía. Respecto al impuesto al sol, “si resulta injustificado el establecimiento de un peaje de respaldo por la energía auto consumida, lo es aún más el hecho de que este peaje sea mayor que el peaje de acceso que paga el consumidor normal”. 


Sobre las infracciones, “parece desproporcionado considerar como infracción muy grave el retraso o la imposibilidad de adaptarse a lo establecido en el real decreto, sancionable con multa de hasta 30.000.000 de euros, (…), una medida contraria al principio de proporcionalidad que debe regir en materia sancionadora”. También consideró “desproporcionado igualar (como infracción muy grave, sancionable con hasta 60 millones de euros) los incumplimientos de información sobre el autoconsumo con falsear las cuentas, aplicar precios irregularmente o no atender a la separación de actividades”. 


Murcia, otra de las regiones gobernadas por los conservadores que más se ha significado por su rechazo a la política energética de Industria durante la legislatura de Mariano Rajoy, llegó a sugerir que el borrador se parecía a un holocausto para las renovables, al calificarlo de “solución final” para el sector “con resultado de previsible paralización total de la actual industria renovable, sobre todo fotovoltaica”. “Esta regulación así propuesta resulta contraria a sus objetivos declarados, y por ello contraria al desarrollo del autoconsumo, incurriendo a la vez en inseguridad jurídica”. “Supone el establecimiento de una barrera de entrada a la competencia en el sector eléctrico, fortaleciendo el poder de mercado de ciertos operadores que ostentan una posición transversal y monopolística en el sector”.


La Xunta de Galicia advirtió de que “el peaje de respaldo es totalmente desorbitado para la teórica función que cumple, encareciendo el autoconsumo hasta el punto de ser más caro que el peaje de acceso que venía pagando el consumidor por el suministro eléctrico convencional”. “Se frena este mercado emergente y se contribuye a la destrucción de un tejido productivo compuesto por pequeños instaladores y distribuidores eléctricos”. 


Access Info y la Plataforma por un Nuevo Energético han anunciado un recurso contra la resolución del Consejo de Transparencia, porque “se limita a pedir al Ministerio que se facilite la información remitida durante los trámites de audiencia pública”. Reclaman la publicación de toda la información y documentos que se utilizaron durante el proceso, por considerar que el decreto “se debatió y aprobó de una forma muy poco transparente”.


La Secretaría de Estado de Energía se ha limitado a señalar, en una misiva remitida el 12 de abril, cuatro días antes de la dimisión de Soria por el escándalo de sus sociedades en los paraísos fiscales de Jersey y Bahamas, que entre 2013 y 2015, durante la tramitación del decreto, “por lo que respecta a la Dirección General de Política Energética y Minas, se mantuvieron seis reuniones con representantes de la Plataforma Autoconsumo (en mayo de 2013), Iberdrola (en abril de 2013), Diputada ICV (en abril de 2013), Sercobe (en febrero de 2013) y UNEF (en enero de 2013 y noviembre de 2015)”. Respecto a las alegaciones, en el trámite de audiencia llevado a cabo por el Ministerio el pasado verano “se recibieron alrededor de 15.000”, de las que la mayor parte corresponden “a tres modelos remitidos de manera masiva por los ciudadanos”.

more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

Así roban las eléctricas y el gobierno a las familias españolas 

Así roban las eléctricas y el gobierno a las familias españolas  | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

Es habitual que se quiera hacer creer que la escandalosa corrupción que sufrimos en España es cosa de unos cuantos políticos sinvergüenzas. La mayoría de los medios de comunicación y muchos dirigentes sociales se empeñan en decir eso para que la gente normal y corriente se aleje de la política, considerándola una actividad sucia, y se deje así vía libre a los empleados de quienes verdaderamente generan y se aprovechan de la corrupción, que no son otros que las grandes empresas y entidades financieras.


Una prueba indiscutible de esta última afirmación es lo que desde hace años viene sucediendo con las empresas eléctricas. El poder de mercado y la influencia política tan inmensa que han ido adquiriendo les permiten cometer auténticas estafas con la connivencia y colaboración del gobierno, de jueces y de antiguos presidentes del gobierno o ministros que están vergonzosamente en su nómina para ayudarles con su influencia institucional y política. 


El ingeniero sevillano Antonio Moreno Alfaro viene desvelando desde hace tiempo todas esas estafas en su página web y con este artículo y otros que iré publicando en este diario quiero ayudarle a difundir sus denuncias, al mismo tiempo que pido a quien las lea que haga lo mismo. Es el mejor apoyo y homenaje a un ciudadano ejemplar que está dedicando su vida a luchar contra la injusticia y la impunidad de las grandes empresas eléctricas españolas.


El robo al que voy a referirme en esta ocasión tiene que ver con el cálculo de la “potencias trifásicas normalizadas” que es preciso establecer para facturar la luz que se consume en las instalaciones domésticas (no se asusten los lectores, podrán entender todo lo que sigue sin saber una palabra de física o ingeniería eléctrica, y quién sí sepa y desee tener todos los datos, fórmulas y argumentos completos de Antonio Moreno Alfaro puede verlos en su página web). La cuestión, resumida de la manera más rápida y clara posible, es la siguiente:


Mensualmente, la compañía eléctrica cobra al usuario el denominado “término de potencia”, cuyo importe consta en la factura como “Facturación por potencia contratada”. Dicho importe es calculado multiplicando la potencia contratada por un factor definido periódicamente por el Ministerio de Industria. Para calcularlo, el Ministerio de Industria publica en el Boletín Oficial del Estado la tabla de potencias normalizadas. Antonio Moreno Alfaro ha comprobado que, en el caso de las potencias trifásicas, el cálculo de la tensión normalizada que hace el Ministerio está mal hecho, porque en lugar de considerar que la tensión entre fases es 398,17 voltios, que es el valor correcto, redondea a 400 voltios. Este redondeo del Ministerio no afecta a cálculos de tipo eléctrico, pero sí a los de tipo económico.


Como demuestra Moreno Alfaro, el redondeo solo supone un incremento medio de 42 watios (0,042 kW) en las potencias trifásicas normalizadas, que al precio actual del kW (3,50 euros mensuales) supone un exceso de 0,15 euros mensuales para un hogar con instalación trifásica. Pero si se tiene en cuenta el número total de instalaciones trifásicas en España (actualmente, cerca de tres millones) y que el exceso está siendo cobrado desde marzo de 2006, resulta que la cantidad facturada en exceso por las empresas eléctricas en perjuicio de las familias españolas supera ya los 35 millones de euros. Puede parecer que la cantidad media mensual cobrada en exceso por las eléctricas (0,15 euros) es despreciable, pero es preciso recordar que este tipo de compañías son capaces de cortar el suministro por esta cantidad. Eso hizo el 3 de febrero de 2009 la compañía Gesa en Mallorca: cortó el fluido de gas a una familia por el impago de una deuda de 0,15 euros y le facturó 168,265 euros por restablecérselo días más tarde. 


Pero el escándalo no acaba aquí. Cuando Moreno Alfaro se dirigió a la entonces llamada Comisión Nacional de Energía (actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC) señalando el “error” del redondeo, solicitando que se corrigiese y que se devolviera a los hogares lo cobrado de más, recibió una respuesta que sirve para conocer a favor de quién están las autoridades que supuestamente actúan como árbitros y defensores de los intereses nacionales. 


En contestación a la demanda de Moreno, la Comisión le dice que el asunto no es de su incumbencia pero que, ya de paso, adjunta un informe (documento dos) en el que sentencia que el cálculo del Ministerio es correcto porque éste estableció las tarifas según las tablas de potencias elaboradas por ella misma, ¡¡por la propia Comisión Nacional de Energía!! Y concluye diciendo que las empresas distribuidoras han cumplido con la normativa vigente porque se han limitado a aplicar las tarifas que aparecen publicadas en el BOE. Es decir, el cálculo está bien porque lo hice yo y las compañías obran correctamente porque hacen lo que yo digo. Así llevan robados más de 35 millones de euros a las familias en España. Y el robo continúa… Como veremos en próximas entregas, este escándalo, siendo vergonzoso y muy significativo que pueda ocurrir, es uno menor de los muchos que han cometido y vienen cometiendo las empresas eléctricas. 


Otros nos han costado y nos cuestan mucho más dinero a los españoles y se vienen realizando gracias a la ayuda que le prestan a las eléctricas no solo los políticos sino también bastantes jueces, entre ellos algunos bastante conocidos. En estos días en los que se habla tanto de patriotismo hay que recordar que, por muy alto que levante una bandera, no es patriota sino un traidor quien roba o quien permite o ayuda a que se robe a sus conciudadanos.

more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

Tres consultoras se ‘forran’ con las periciales que pide Industria para defenderse en los arbitrajes internacionales

Tres consultoras se ‘forran’ con las periciales que pide Industria para defenderse en los arbitrajes internacionales | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

Tres consultoras, BDO Auditores, la UTE Altran-MacGroup y Accuracy, se han llevado todos los contratos que el Ministerio de Industria ha sacado a concurso para asesorar y realizar las pruebas periciales en la defensa de España en los arbitrajes internacionales. 


En total, algo más de 4,5 millones lleva gastados el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en poco más de dos años en contratar los servicios de las consultoras para que les asesoren en varias de las demandas internacionales contra España por el recorte a las renovables. 


De esos 4,5 millones, la firma Accuracy es la que más dinero ha ganado para un total de 1,88 millones de euros. Esta consultora ha ganado cuatro lotes en tres procesos abiertos, el último el pasado 17 de marzo. 


El 9 de marzo del año pasado, el IDAE contrató por primera vez a Accuracy, que se llevó el lote 2 por 380.000 euros. Ese mismo día, la firma de auditoría BDO obtuvo el lote 1, a la par el mayor contrato dado por el Ministerio de Industria a una consultora: 1,42 millones de euros. BDO solo ha conseguido este lote. 


Accuracy también obtuvo en noviembre del año pasado dos lotes valorados en 1,09 millones. 


El resto de lotes y contratos se los ha llevado la UTE formada por Altran y MacGroup. Ellos fueron los primeros en realizar las pruebas periciales para el Gobierno en la defensa de las primeras demandas internacionales. 


Así, un informe suyo consiguió que el Estado español ganara el único laudo que ha salido publicado hasta la fecha. El pasado enero el Gobierno notificó que el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo le dio la razón y ganó el pleito a una filial holandesa de Isolux Corsán. 


Esta UTE se ha llevado un total de cinco lotes, por lo que ha realizado otros tantos informes periciales por un monto total de 1,2 millones de euros. 


Cabe destacar que el primero de ellos fue por 444.000 euros, de los cuales, el Gobierno le abonaba 54.000 euros en conceptos de viajes por si algún experto del equipo tuviese que viajar a alguna de las sedes de los tribunales. 


Si a esta cantidad le sumamos los contratos de Roland Berger y Boston Consulting Group por realizar los informes que validaron el hachazo a las renovables, la cantidad total destinada a las firmas de consultoría superaría los 5,1 millones de euros. 


A pesar de que otras firmas de consultoría como las Big Four u otras especializadas en asuntos de Forensic, Industria confía prácticamente en dos compañías, Altra-MacGroup y Accuracy, que se han llevado más del 90% de los casos y dos terceras partes del dinero. 


Pero esta cantidad no se quedará ahí. Probablemente dentro de unos meses irán sacando nuevos concursos para las demandas que aún no han avanzado mucho en sus procesos. Todos los informes realizados hasta ahora pertenecen a distintos casos que ya están avanzados en sus respectivas Cortes de Arbitraje.

more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

Cerrando nucleares (I): Alemania | lamarea.com

Cerrando nucleares (I): Alemania | lamarea.com | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

“El sector eléctrico es un sector que no funciona bien en manos privadas”. Desde luego, el exceso de centrales de ciclo combinado instaladas en España, las continuas subidas de la factura de los suministros energéticos y el aumento del número de familias con dificultades para pagarlos son una buena confirmación de la afirmación inicial, sobre la cual cada vez hay más consenso en nuestro país. Sin embargo, el entrecomillado corresponde a declaraciones de un antiguo ejecutivo de una de las grandes eléctricas alemanas, en noviembre de 2015. Un poco antes, en mayo de 2015, leíamos el siguiente titular: “RWE, camino de convertirse en propiedad del Estado”. RWE es la segunda eléctrica más grande de Alemania, y efectivamente en el artículo citado se discute su nacionalización. 


¿Cómo se ha llegado hasta aquí? (1) El hecho que disparó todas las alarmas fue el compromiso del Gobierno alemán de cerrar todas sus centrales nucleares antes del año 2022, como parte de su plan de transición energética (Energiewende). Esa decisión, tomada en 2002, revertida en 2010 por una recién elegida Merkel, y retomada un año más tarde tras el desastre de Fukushima, suponía limitar la vida de las centrales nucleares alemanas a 32 años. No obstante, no son los plazos -una decisión política (con base técnica)- el origen de todos los problemas, sino un aspecto intrínseco a una central nuclear: que antes o después hay que cerrarla y desmantelarla. Un proceso que resulta extremadamente complejo y caro. 


No existen estimaciones completamente fiables sobre cuánto costará desmantelar el parque nuclear alemán. Las compañías eléctricas alemanas dan cifras de entre 1.000 y 2.000 millones de euros (M€) por cerrar una central nuclear, un proceso que dura décadas (2). Sin embargo, eso es sólo una parte del coste del apagón nuclear, puesto que hay que hacerse cargo de los residuos radiactivos: almacenarlos temporalmente, buscar localizaciones para depósitos definitivos, construir estos, llenarlos y mantenerlos durante mucho tiempo. Una de las últimas estimaciones del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación, Construcción y Seguridad de los Reactores es un coste total de 65.000 M€ para todo el parque nuclear alemán. De ellos, 40.000 M€ corresponden a desmantelamiento de las centrales, almacenamiento temporal y transporte posterior, 15.000 M€ a los almacenes de residuos de baja y media actividad y 10.000 M€ a los almacenes de residuos de alta actividad. Se tratan de estimaciones muy complicadas: en palabras de investigadores del DIW (Instituto Alemán de Investigación Económica), “falta tanto experiencia técnica como económica para valorar cuánto costará realmente el desmantelamiento de las centrales nucleares”. 


¿Quién va a pagar esa inmensa cantidad de dinero? Los citados 65.000 M€ se repartían entre el estado federal, propietario de algunas de las centrales, y eléctricas privadas; de los 40.000 M€ asociados a desmantelamiento, almacenamiento temporal y transporte de residuos, 34.000 M€ corresponderían a las eléctricas privadas (principalmente E.ON, RWE, Vattenfall y EnBW). Éstas, para cumplir con sus obligaciones, han ido ahorrando hasta 38.000 M€ de sus ingresos anuales (ingresos que vienen de los consumidores de electricidad, obviamente). Sin embargo, la incertidumbre sobre cuánto tendrán que pagar finalmente las eléctricas es alta, y los tests de stress realizados hace medio año a instancias del Ministerio de Economía manejaron escenarios con costes entre 25.000 y 77.000 M€: las provisiones realizadas por las compañías serían suficientes para el escenario más optimista, pero no lo serían en absoluto para los más pesimistas. 


Aunque tanto las compañías como el Ministerio decidieron interpretar públicamente estos resultados como positivos, sus acciones apuntan en otra dirección. Las eléctricas llevan tiempo proponiendo la creación de una fundación pública a la que transferirían los 38.000 M€, quedando el Estado como responsable único de los residuos. Esta propuesta da una idea de cuál de los escenarios anteriores es visto como más probable por las compañías, y por el mismo motivo el estado alemán se resiste a aceptarla. Pero ni siquiera esta alternativa resultaría fácil para las propias compañías: RWE, por ejemplo, debería trasferir 10.000 M€; su valor en bolsa (en continua caída desde Fukushima, igual que el de otras empresas del sector) es sólo ligeramente superior a esta cantidad. Es en este contexto donde se empezó a hablar de nacionalización, como contraposición al rescate que significaría hacerse cargo de los residuos. Cerrada por un tiempo esa vía, compañías como E.ON trataron de separar de la empresa matriz las actividades nucleares, a lo que el Ministerio de Economía alemán tuvo que reaccionar con una ley destinada explícitamente a impedir que las reestructuraciones de las empresas les permitan librarse de su responsabilidad nuclear. 


En la actualidad existe una comisión, formada por técnicos y abogados de los partidos de gobierno y oposición y sindicatos, estudiando el asunto; sus conclusiones se harán públicas este mes de abril (si no hay nuevos retrasos, ya que la anterior fecha prevista era febrero). Aunque las reuniones no son públicas, los borradores filtrados apuntan a que habrá fundación pública y los hipotéticos sobrecostes del cierre nuclear irán a cargo de los contribuyentes alemanes. Obviamente, a estas filtraciones han seguido subidas en bolsa de las eléctricas en cuestión. 


Pero, más allá del caso alemán, no hay que olvidar que estamos hablando de un problema mundial: de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, 200 reactores cerrarán de aquí a 2040. También el Reino Unido y, especialmente, Francia, tienen un extenso parque nuclear que cerrar. Consultoras como Capgemini, en su informe anual sobre mercados eléctricos, han denunciado la falta de transparencia en la estimación de costes: por ejemplo, Reino Unido estima unos costes totales (3.400 M€) algo menores a Alemania (4.700 M€, incluyendo almacenamiento definitivo) por reactor cerrado; Francia, la cuarta parte (1.200 M€). 


¿Y España? El peso de la energía nuclear en la última década en España ha sido comparable al que ha tenido en Alemania, generando consistentemente alrededor del 20% de la electricidad demandada anualmente. En España existen cinco centrales nucleares activas, con un total de 7 reactores y con una antigüedad de entre 28 y 35 años, a las que hay que sumar Garoña. Estas centrales cerrarán antes o después: si no se renuevan sus permisos de explotación, la mayoría a comienzos de la siguiente década. Las cifras que hemos manejado en este artículo son espectaculares (y cuestionan seriamente otra vez el lugar común de que la energía nuclear es barata). Son de hecho comparables a las del rescate bancario español, así que cabe preguntarse por cuáles son los planes en España. Al fin y al cabo, ya tuvimos que rescatar a las empresas eléctricas privadas (3) en los años ochenta, debido precisamente a los excesos que cometieron al planificar y construir el parque nuclear español. La electricidad española es cara desde entonces, y estas mismas centrales han obtenido después enormes beneficios caídos del cielo. Que, después de todo esto, hubiera que rescatarlas una vez más sería ya triplemente escandaloso.

more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

EconoNuestra » Evolución y perspectivas para la energía solar fotovoltaica

EconoNuestra » Evolución y perspectivas para la energía solar fotovoltaica | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

La energía solar fotovoltaica se ha convertido en los últimos años en una de las fuentes de generación de energía eléctrica esenciales para frenar el cambio climático. Las razones de su uso generalizado son diversas, siendo una de los más determinantes el abaratamiento espectacular que han experimentado los precios de los paneles solares. 


En este artículo haré una breve reseña al origen histórico y al desarrollo posterior de esta clase de energía, para centrarme en su estado actual en el mundo y en España y analizaré las últimas previsiones establecidas para su futuro a corto y medio plazo. 


1. Orígenes y desarrollo de la energía solar fotovoltáica.

La primera célula solar de silicio se fabricó en 1954, en los laboratorios Bell Telephone (EEUU), incentivado por el comienzo del programa espacial de ese país. Durante las siguientes dos décadas, las aplicaciones espaciales fueron prácticamente las únicas para estos dispositivos, debido al elevado coste de la energía producida con ellas (por encima de 100 €/kWh). A partir del año 1975 y gracias a una reducción gradual de esos costes, las aplicaciones terrestres superaron a las espaciales y desde entonces, su desarrollo en el mundo ha atravesado tres etapas claramente diferenciadas: 


i) Desde 1975 hasta 1985. Las sucesivas crisis del petróleo de los años 1973 y 1979 motivaron que los principales países industrializados comenzaran a buscar fuentes de energía alternativas. Así, en Estados Unidos la administración Carter inició programas de estímulo destinados a incentivar el uso de fuentes de energía no basadas en combustibles fósiles. 


ii) Desde 1985 hasta 2000. Durante los primeros años de la década de los 80, los precios del barril de petróleo se redujeron significativamente y se estabilizaron en valores similares a los momentos pre-crisis, lo que hizo descender el interés y las ayudas estatales a las energías renovables. 


iii) Desde 2000 hasta el momento presente. Desde comienzos del siglo XXI, numerosos países, como Alemania y España en primer lugar y posteriormente Estados Unidos, Italia, China, India y Japón, comenzaron a incentivar el uso de las energías renovables en general y de la solar fotovoltaica en particular, mediante el pago de primas por la electricidad producida. 


Por lo que respecta a la producción de los paneles solares, en la actualidad los primeros puestos del ranking mundial de fabricantes los ocupan empresas asiáticas (con China a la cabeza) y de Norteamérica. Los fabricantes europeos, que tuvieron un papel muy destacado en el origen y el desarrollo de la tecnología fotovoltaica a comienzos del presente siglo, (Q-Cells, Isofoton), han desaparecido o han sido absorbidos por los grandes fabricantes asiáticos. 


2. La situación en España: del boom del 2007 a la moratoria renovable en la actualidad En nuestro país, desde el año 2004 y principalmente 2007, el primer Gobierno Zapatero hizo una apuesta firme por esta fuente de energía, mediante los Reales Decretos 436/2004 y 661/2007, que establecieron primas a los productores de energía fotovoltaica. No obstante, el sistema de retribuciones establecidas en 2007 estuvo mal diseñado, ya que no se pusieron límites a la capacidad instalada, lo que provocó el boom de instalaciones del año 2008 y todo el caos regulatorio que vino con posterioridad.


Desde la llegada del Partido Popular al gobierno en 2011, se han sucedido toda una serie de normas destinadas a recortar de manera retroactiva las primas a las energías renovables, lo que de hecho ha supuesto la aplicación de una auténtica moratoria a estas fuentes de energía, con el pretexto de reducir el déficit de tarifa del sector eléctrico. Fruto de la imaginación de Rodrigo. Rato, Vicepresidente del Gobierno del gabinete Aznar del 2000-2004, el conocido como “déficit de tarifa” es una figura única, no hay nada equivalente en los países de nuestro entorno, es anterior a la presencia de las renovables en el mix energético nacional y su evolución posterior no está ligada al incremento de las fuentes renovables en dicho mix. 


El freno al sector fotovoltaico ha llegado hasta el punto de que mientras que en 2015, en el mundo se instalaron 51.000 MW, (en los países de nuestro entorno, 4.000 MW en GB, 1.400 MW Alemania, 1.100 MW Francia); en España sólo se añadieron 49 MW.


La última de todas las trabas a la energía solar fotovoltaica tuvo lugar en los minutos de descuento de la legislatura pasada, mediante la publicación del Real Decreto 900/2015 del 9 Octubre de 2015 que penaliza el autoconsumo de energía eléctrica obtenida mediante paneles solares. El Decreto desarrolla en 44 páginas una batería de trabas de todo tipo a las instalaciones, al volcado de energía a la red, a los pagos por la utilización de esta, etc. La maraña normativa regulada en ese decreto se puede encontrar en este artículo, que resume su contenido en diez aspectos clave. Por supuesto, todas las instalaciones de autoconsumo deberán pagar el célebre “peaje de respaldo”, ideado por Iberdrola y verdadero impuesto revolucionario a la energía generada y autoconsumida, sin que ésta se vuelque en ningún momento a la red eléctrica.


3. Expectativas y proyecciones de futuro Fuera de nuestro país, la energía solar fotovoltaica ha alcanzado en los últimos años la característica de tecnología global. Ya no es solo una apuesta europea, sino una realidad creciente a escala mundial, lo que permitirá continuar de forma ininterrumpida con la reducción de costes experimentada en las últimas décadas.


Las principales agencias internacionales (IEA, IRENA) cifran las expectativas de crecimiento para esta fuente energía en 540 GW de potencia instalada en 2020, frente a los 230 GW que había a finales de 2015, con un incremento anual de 45-50 GW/año. Este crecimiento se basa principalmente en el desarrollo de la tecnología en China, con importancia creciente en otros mercados como India, Japón y EEUU y lleva aparejado una continuada reducción del precio del vatio solar, tal y como destaca la figura. 


Por lo que respecta a España, con los precios de los paneles de 2015, el precio del kWh de electricidad fotovoltaica se sitúa en la actualidad en el margen 8-12 cent€, plenamente competitivo con el obtenido con fuentes no renovables. Por lo tanto, con las proyecciones que muestra la gráfica anterior, ese precio seguirá reduciéndose un año tras otro. En las últimas dos décadas, pocos sectores industriales y tecnológicos han mostrado una pujanza y nivel de excelencia en I+D+i semejantes al ocurrido en nuestro sector fotovoltaico. La eclosión del mercado de instalaciones fotovoltaicas en nuestro país y en otros del entorno europeo durante el periodo 2005-2010, originó un fenómeno sin precedentes, con la creación de un tejido industrial de alto valor añadido, gran capacidad exportadora y creador de empleos de alta cualificación; el sector fotovoltaico llegó a emplear a más de 40.000 personas en 2008, en contraste con los escuálidos 5.000 de la actualidad. 


Los recortes posteriores iniciados por el segundo Gobierno Zapatero y la moratoria renovable de los dos Gobiernos Rajoy descrita en este artículo, han arruinado buena parte de lo conseguido en esos años. Recuperar la posición de liderazgo que tuvimos debe ser una absoluta prioridad para el nuevo gobierno, sea del color que sea. De hecho, un reciente estudio elaborado por Ernst & Young para Solar Power Europe señala a España como uno de los mercados que más va a crecer en los próximos cinco años. El estudio pronostica una recuperación del sector, lo que facilitará la instalación de 2.100 MW y la creación de 5.500 nuevos empleos hasta 2020.


El futuro de la energía pasará necesariamente por el desarrollo de las energías renovables en general y de la fotovoltaica en particular, especialmente en España, ya que gozamos de una privilegiada posición geográfica con elevados niveles de irradiación durante la mayor parte del año en la práctica totalidad del territorio, lo que hace una fuente de energía especialmente atractiva. Con un marco regulatorio mínimamente sensato, el sector fotovoltaico debería tener un futuro espléndido.

more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

Los Costes de Transición a la Competencia, los famosos CTCs, 20 años después (Parte I)

Los Costes de Transición a la Competencia, los famosos CTCs, 20 años después (Parte I) | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

¿Quién no ha leído u oído alguna vez hablar de los costes de transición a la competencia? ¿De los famosos CTCs? También conocidos como ‘costes hundidos’, ‘costes varados’… los ‘stranded costs’ de Joskow. 


Iniciamos con este artículo una trilogía dedicada a los CTCs. En este primero, intentaremos explicar su origen en 1996. 


En el segundo, hablaremos de la quita de 1998 y de dos palabras clave -“como máximo”- que truncaron su titulización y cambiaron su destino. Y en el tercero, revisaremos las distintas velocidades de recuperación de los mismos por las empresas eléctricas, así como su derogación antes de tiempo. Si los lectores nos lo pedís, podríamos intentar una cuarta entrega y simular qué hubiera pasado si se hubieran seguido liquidando hasta la fecha que estaba previsto. 


Así que empecemos por el principio.


Salvo error u omisión, el primer documento oficial en el que aparece por primera vez una mención expresa a los Costes de Transición a la Competencia (CTCs) es el llamado “Protocolo para el establecimiento de una nueva regulación del sistema eléctrico nacional”; más conocido como “El Protocolo Eléctrico” (el tercero para el sector, tras los de 1983 y 1986). 


Un documento firmado el 11 de diciembre de 1996 entre el Gobierno de Aznar (7 meses después de llegar al poder), representado por su Ministro de Industria y Energía (MINER) de entonces -D. Josep Piqué-, y los presidentes de las compañías eléctricas -todas menos HIDROCANTÁBRICO, que lo firmó unos días después: ENDESA, IBERDROLA, UNIÓN FENOSA, FECSA y SEVILLANA; y la patronal, UNESA. 


En el apartado 7 del acuerdo PRIMERO del Protocolo, sobre formación de precios, se acordó que uno de los componentes del coste de suministro, a ser asumido por los consumidores finales, serían los CTCs. Una cosa curiosa es que los CTCs estaban formados inicialmente por cuatro componentes: 


- la retribución fija (coste hundido puro y duro), 

- los costes del stock estratégico de combustible nuclear, 

- los costes por el tratamiento de residuos nucleares,

- y la moratoria nuclear (la pendiente). 


La energía nuclear dominaba los CTCs por sus cuatro costados, en el Antiguo Testamento que era el Protocolo Eléctrico. Los CTCs eran genuinamente nucleares; la energía nuclear estaba presente en los cuatro componentes de los CTCs. 


La llegada de la liberalización y de la competencia al sistema eléctrico, provocaría unos costes, sobre todo al parque nuclear español, que no se podrían recuperar vía mercado, a no ser que se reconocieran ex-ante y se pudieran liquidar aparte, vía peajes regulados. 


Aún estaba reciente el reconocimiento y titulización de la moratoria nuclear, gracias a la LOSEN (la Ley 40/1994) del último Gobierno González -disposición adicional octava-: 4.400 millones de euros (730 mil millones de pesetas), a ser “plenamente satisfecha” en un “plazo máximo” de 25 años (que no hemos agotado). 


En los prolegómenos de las negociaciones del Protocolo, la primera cifra de CTCs que se puso encima de la mesa fue 20.000 millones de euros (3,4 billones de pesetas), calculados con el Marco Legal y Estable de los ’80. 


Las matemáticas y las eléctricas son así: los CTCs empezaron valiendo 20 mil millones de euros (al cambio); y hoy, 20 años después, por otro concepto distinto pero no muy desconectado, la deuda pendiente de cobro por los sucesivos déficits de tarifa de este siglo, también vale 20.000 millones de euros. ¿Habrá alguna década en la que los consumidores no le deban 20.000 millones de euros a las eléctricas?


Volvamos a 1996. Unos dirán que fueron las eléctricas, que renunciaron; otros, que fueron los negociadores del MINER. Lo cierto es que, con ‘sábanas’ de tablas y datos por medio, fue posible meter dos tajos a esa voluminosa cantidad: 3.600 y 4.900 millones de euros (600 mil y 815 mil millones de pesetas, respectivamente). 


El importe que aparece en el Protocolo Eléctrico, que debía ser recuperada entre 1998 y 2007 (ambos inclusive) es “como máximo”, 12.000 millones de euros (casi 2 billones de pesetas de la época): a grandes rasgos, el 85% de retribución fija y el 15% en concepto de prima al carbón nacional (a razón de 1 PTA/kWh). 


Además, se estableció un sistema de liquidación por diferencias muy ingenioso, según el cual los años en los que el precio medio del mercado excediera de 36 €/MWh (6 PTA/kWh), ese exceso se descontaría de los CTCs pendientes de cobro; y viceversa. Es decir, los CTCs que se cobrasen vía mercado no podrían cobrarse vía peajes. O si el mercado tenía un precio muy bajo, se adelantaba la recuperación vía peajes de los CTCs. En la segunda entrega veremos que lo que sonaba bien sobre el papel, se convirtió primero en una guerra entre unos y, al poco, en una pesadilla para otros. 


Once meses de tramitación después, en noviembre de 1997, ve la luz la Ley 54/1997, la Ley del Sector Eléctrico del Gobierno Aznar. Dedica su disposición transitoria sexta a los CTCs, en la que se reproduce lo ya dicho, sin cambios sustanciales. Excepto por algo muy relevante: que dejan de considerarse CTCs tres de los cuatro conceptos que lo formaban; dos de los cuales aún perduran y el otro lo hemos acabado de pagar el año pasado: 


- el stock estratégico de combustible nuclear, regulado por la disposición adicional 13; 

- los residuos nucleares, regulados por la disposición adicional sexta, que hasta cuentan con un fondo específico propio; 

- y la moratoria nuclear, regulada por la disposición adicional séptima, que, por estar titulizada, no puede liquidarse como los CTCs. 


Los dos primeros costes, que en el Protocolo Eléctrico eran CTCs, pasan a ser costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, de acuerdo a la Ley. Pero no se reduce la cuantía de los CTCs como consecuencia de su cambio de clasificación, incrementándose los costes soportados por la tarifa y deshaciendo parte de la negociación pre-protocolo. Y lo mismo puede decirse de la moratoria nuclear. 


Acabamos la primera entrega, a punto de empezar 1998, con 4.400 millones de moratoria nuclear titulizados; con 12.000 millones como máximo de CTCs reconocidos; y con los costes asociados al combustible nuclear (stock estratégico y gestión de residuos) considerados como costes de diversificación y seguridad, no como CTCs. 


Las eléctricas queriendo titulizar los CTCs. El Gobierno queriendo reducir la cantidad reconocida y seguir bajando tarifas. El regulador, la antigua CSEN, está a punto de entrar en escena. Eran otras épocas, pero quizá no muy distintas de las actuales.

more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

Industria oculta información sobre su reglamento de autoconsumo

El Ministerio de Industria se niega a informar sobre los asistentes y las actas de las reuniones que dieron forma e hicieron que se aprobase el controvertido reglamento de autoconsumo –criticado tanto por consumidores como por asociaciones defensoras de las energías limpias–, así como de los documentos remitidos por las terceras partes, del listado de las reuniones internas y con terceras partes, y de la fecha de celebración de dichas reuniones. 


El 4 de diciembre de 2015, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, en colaboración con Access Info Europe, la organización de derechos humanos dedicada a promover y proteger el derecho de acceso a la información, solicitó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno datos sobre la elaboración del Real Decreto de Autoconsumo, más conocido como ‘impuesto al Sol’, en base a la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia. 


Apenas unos días después, el 16 de diciembre, se denegó el acceso a la información pública solicitada. He aquí la primera muestra clara de que el termino transparencia del Gobierno en funciones brilla por su ausencia. 


El 17 de diciembre del pasado año se presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia, en el que se manifestó que las causas en las que se basa el Ministerio son insuficientes, y se solicita que se conceda acceso a la información solicitada. 


También se añade en la reclamación, ante la denegación de la solicitud de información, que: “las discordancias en las fechas de resolución del expediente y de comienzo de tramitación de la solicitud de acceso a información, no se ajustan a los procedimientos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Resulta inverosímil que la solicitud de información comience a tramitarse con posterioridad a la resolución de la misma”. 


Con esta reclamación anima al Consejo de la Transparencia a llevar a cabo una evaluación y monitoreo del proceso de tramitación y resolución de las solicitudes de acceso a información. Los errores en las fechas ejemplifican la inseguridad jurídica y dificultad de los ciudadanos para estar informados y defenderse contra la vulneración del derecho de acceso a información frente a la administración pública. 


El 28 de diciembre el Consejo de Transparencia procedió a dar traslado de la reclamación presentada al MINETUR, tramite reiterado por el Consejo en dos ocasiones. El 29 de febrero de 2016 se remitió un documento firmado por la directora general de Política Energética y Minas, donde se considera que el recurso presentado no se encuentra fundamentado de manera alguna, ni ofrece razón de la impugnación de la resolución del 10 de diciembre, por lo que no se pueden presentar alegaciones ni informar en sentido alguno. 


Con todo ello se demuestra cómo agotan plazos y se reiteran en denegar el acceso a la información solicitada. ¿A quién defienden? ¿Por qué no quieren hacer pública la identidad de las personas u organizaciones que participaron en las reuniones? 


Desde MINETUR afirman que no se tiene registrada ninguna reunión oficial sobre el reglamento de autoconsumo y sobre reuniones informales que se celebran en la subdirección sobre las distintas cuestiones relativas al funcionamiento del sector. A ello añaden que tampoco se dispone de actas de las mismas ni de información relativa a los asuntos tratados. 


El proceso de elaboración de la norma, se sometió a audiencia en dos ocasiones –una en julio de 2013 a través del consejo consultivo de la electricidad CNE ahora CNMC– en la que Comunidades Autónomas, Red Eléctrica, asociaciones de productores renovables, ecologistas, etc., presentaron medio centenar de alegaciones; y otra, directamente al MINETUR en junio de 2015, en el que se presentaron 15.000 alegaciones. No obstante, esta información recibida fue considerada auxiliar o de apoyo y, en este sentido, se denegó su acceso. 


Tal y como se solicita al Consejo de Transparencia, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético pedirá la ampliación del Expediente Administrativo, esta vez, en el recurso contra el Real Decreto 900/2015 que se presento ante el Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre, por considerar que una vez más, el Ministerio de Industria envía el expediente incompleto. 


Dicho expediente contiene los nombres y direcciones de correo de las más de 15.000 personas que realizaron alegaciones por vía telemática, y sin embargo, “no se incorpora el contenido de las alegaciones, lo cual resulta una muestra de desprecio total hacia las miles de personas que decidieron dar su opinión sobre el Real Decreto de autoconsumo”, según afirma Daniel Pérez, abogado de HOLTROP y miembro de la Plataforma. La resolución de la administración (MINETUR) carece de la suficiente motivación para aplicar dicha causa de inadmisión, limitándose a indicar que la documentación objeto de la solicitud constituye “información interna”. 


Como argumentó el propio Consejo de Transparencia, "la información relativa a las reuniones internas y con terceras partes, mantenidas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en las que se tratase temas relacionados con la elaboración del Real Decreto 900/2015 del 9 de octubre y los nombres de los asistentes y actas de las reuniones no pueden considerarse, en modo alguno, información interna que deba quedar vedada al conocimiento de los ciudadanos", según señala Alba Gutiérrez, coordinadora de campañas en Access Info. 


Las reuniones pueden recibir el calificativo de internas por MINETUR, pero el contenido de las mismas no tiene la condición de auxiliar o de apoyo, dado que sirve para configurar la voluntad publica del órgano, es decir, que es relevante para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones publicas y su aplicación. 


Tampoco puede considerarse que sea auxiliar o de apoyo informar sobre los asistentes a dichas reuniones siempre y cuando los asistentes lo hayan hecho en calidad de responsables públicos con cargos de relevancia en la toma de decisiones o representantes de empresas privadas del sector energético que tengan intereses que se vean afectadas por el contenido de la citada norma. 


La semana pasada el Tribunal Supremo notifico que el recurso contra el Real Decreto de autoconsumo, que el Gobierno del PP aprobó el pasado mes de octubre, ha sido admitido a trámite por la Sala Tercera de lo contencioso-administrativo y junto a la administración del Estado, que la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético señalaba como demandado en su recurso, cuatro de las grandes eléctricas españolas (Viesgo, EDP, Iberdrola y Gas Natural) se han personado como recurridas. 


A juzgar por esto y por la falta de colaboración a la hora de acceder a la información solicitada al Consejo de Transparencia, a nadie se le escapa que estas empresas pueden haber colaborado en la redacción de la normativa de autoconsumo. 


Aunque la mayoría del Parlamento se comprometió el pasado mes de febrero a allanar el camino, reconociendo el derecho al autoconsumo sin ningún tipo de cargo, y la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación de autoconsumo, entre otros aspectos no menos importantes, parece ser que el Ministerio sigue anquilosado en las viejas estructuras fósiles, en connivencia con las grandes eléctricas y dejando al margen a la ciudadanía. 


¿Qué pasará a partir de ahora? Damos pasos muy importantes, pero esto no ha acabado. El Ministerio tiene el plazo de un mes para enviarnos la documentación. Si no quisieran dar la información, irían a un contencioso administrativo pudiéndose demorar varios meses.

more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

Nuevos indicios lo confirman: somos idiotas | lamarea.com

Nuevos indicios lo confirman: somos idiotas | lamarea.com | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

El autor reflexiona sobre las consecuencias del modelo de crecimiento basado en combustibles fósiles. 


Más de 430.000 personas mueren cada año en Europa prematuramente a causa de la contaminación atmosférica. Las cifras no provienen de ninguna ONG, de ningún grupo ecologista ni de ningún lobby; sino de la Agencia Europea de Medio Ambiente y fueron publicadas hace sólo unos meses. En concreto, esas muertes son debidas a las partículas en suspensión (PM), el ozono troposférico (O3) y el dióxido de nitrógeno (NO2).


Hace sólo unos días varios medios informaban de la existencia de los primeros refugiados climáticos en Estados Unidos. Se trata de los habitantes de una pequeña isla perteneciente al Estado de Luisiana y situada en el Golfo de México. El Gobierno de EEUU ha aprobado una partida de 42 millones de euros para llevar a los 60 habitantes de la isla a tierra firme. Desde 1995 el 98% de la superficie de esta isla ha sido engullida por el mar, cuyo nivel ha crecido a causa del calentamiento global. Podían haber intentado construir diques y otros medios de contención; pero saben que el nivel del mar seguirá subiendo y que, a medio plazo, construir protecciones será tirar el dinero. El calentamiento global es un hecho científico que hasta hace pocos años muchos neoliberales se permitían negar (incluidos Mariano Rajoy y su primo). Si eres idiota (o neoliberal) todavía no estarás muy seguro de que el cambio climático sea un hecho.


Los dos fenómenos anteriores (las 430.000 muertes prematuras al año en Europa y el surgimiento de los primeros refugiados climáticos, cuyas tierras son anegadas por el mar) están relacionados entre sí. Son consecuencia de un modelo de crecimiento basado en combustibles fósiles: el petróleo, el carbón, el gas natural y el gas licuado del petróleo. Pese a todo, seguimos apostando por ese modelo, lo cual confirma que somos idiotas, en el sentido literal del término.


Ya lo explicamos en otra ocasión: la palabra idiota es un término griego y etimológicamente hace referencia a aquel individuo que sólo piensa en sí mismo y que sólo se preocupa por lo privado, por lo que le afecta a él, desdeñando lo público. En Grecia, todavía hoy en día, cuando usan el adjetivo privado (como lo podemos usar nosotros para referirnos a un médico privado o un jardín privado) emplean la palabra idiotikó.


La semana pasada se publicó el estudio Españoles ante la Nueva Movilidad: percepciones y hábitos de compra de vehículos. Ese estudio, elaborado por Pons Seguridad Vial y para el que se preguntó a más de 4.000 personas, ha revelado que sólo a un 17% le preocupan la cantidad de emisiones de un coche a la hora de comprarlo. Así que podemos decir que el 83% de los encuestados son netamente idiotas. El precio es lo más importante para el 66% de los entrevistados, con independencia de lo que contamine o no un coche.


En España al año mueren de manera prematura a causa de la contaminación unas 27.000 personas. Pese ello, todavía hay idiotas que piensan que lo único importante es su bolsillo, como si el aire que respiran no fuera tan suyo, o más, que el dinero que tienen en la cuenta corriente (o, peor, el que pedirán prestado al banco). No deja de ser paradójico que ni siquiera sepamos ser idiotas.


¿Cómo es posible que no nos demos cuenta de esto? Hay varias razones. Una es la mera ignorancia (una ignorancia consciente, voluntaria, culpable). Quienes deberían leer que al año mueren prematuramente en Europa 430.000 personas por la contaminación nunca leerán este artículo. La otra razón, mucho más poderosa, es el lavado de cerebro y la desinformación que sin descanso llevan a cabo las grandes compañías automovilísticas y petroleras. Personalmente, me parece un insulto a la inteligencia que todavía haya marcas de automóviles que publiciten vehículos contaminantes. Creo que en unos años nos parecerán tan impensables esos anuncios como ahora nos lo parecen los de tabaco o alcohol.


Entre las campañas de las compañías energéticas (y especialmente las petroleras), la última -de Repsol-, nos considera máximamente estúpidos. Tanto, que no dudan en delatarse al contarnos hasta qué punto el petróleo hipoteca nuestras vidas y las de nuestros hijos. La campaña Mejoremos la energía que nos rodea nos muestra cómo el petróleo y sus derivados está en nuestras casas, viajes, en nuestro ocio y en la sanidad: en nuestras zapatillas de deporte, en las pinturas de las paredes, en los envases, en los aislamientos térmicos, en los circuitos y carcasas de las tablets y los móviles, en los asientos del coche y en su motor, las mascarillas desechables de los cirujanos, los suelos de los quirófanos, las colchonetas de las camillas… Una auténtica metástasis, un catálogo de todo aquello que hay que reinventar y repensar, porque el petróleo y sus derivados debe ser erradicado progresivamente de nuestras vidas como si de células cancerígenas se tratara.


El petróleo contamina en su extracción y también en su transporte, procesamiento, distribución y consumo. Pero no parece preocuparle a nadie. Las petroleras tienen mucho dinero para lavar su imagen. Ese dinero es el que nosotros, los idiotas, les seguimos dando. Con él realizan emotivas campañas publicitarias y patrocinan un sinfín de eventos solidarios y deportivos, a la vez que su modelo de negocio hipoteca nuestro futuro. Cuanto más presente está una compañía está en grandes acontecimientos deportivos, cuanto más invierte en publicidad, tanto más sospechosa es. Aun así nos da igual. Nos tratan como a idiotas. Por algo será.

more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

Iberdrola fichará a la abogada del Estado de la Secretaría de Energía

Iberdrola fichará a la abogada del Estado de la Secretaría de Energía | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

Irene Agúndez ha dejado ya el ministerio y ha sido destinada transitoriamente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).


La abogada del Estado adjunta de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Irene Agúndez, ha acordado incorporarse al equipo de Iberdrola. Así se lo comunicó recientemente esta alta funcionaria a la Abogada General del Estado, Marta Silva, a la que pidió una excedencia voluntaria para poder contratar con la eléctrica. Según informan varias fuentes, en la Abogacía del Estado se le recomendó, “para disimular su pase directo desde el ministerio a la empresa”, su traslado temporal al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), lo que así ha hecho. 


Fuentes de Iberdrola aseguran que Agúndez no ha sido fichada por la compañía, pero que su fichaje “es muy posible”. En cualquier caso, formará parte del staff, pero no de la dirección, sino que se integrará en los Servicios Jurídicos. Sería la segunda abogada del Estado de Iberdrola, tras la entrada hace unos meses de Eva Chamizo, quien fue consejera jurídica de la Representación Permanente de España ante la UE. 


Se desconoce cuántos meses estará Irene Agúndez en su destino transitorio antes de hacer efectiva su entrada en la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán. Un caso similar lo protagonizó el año pasado Ignacio Grangel, quien fue jefe de Gabinete del exsecretario de Estado de Energía Fernando Marti y del actual secretario en funciones, Alberto Nadal. 


En febrero de 2015, Grangel pactó incorporarse a Red Eléctrica (REE), tal como adelantó CincoDías, previo paso por la Audiencia Nacional. Y aunque tenía previsto trabajar como Abogado del Estado en la Audiencia tan solo dos o tres meses, “se vio obligado a prorrogar este plazo varios meses más” (hasta mediados de septiembre) debido a la filtración de su acuerdo en diferido con REE, aseguran en el sector. Grangel fue nombrado director de la Asesoría Jurídica de REE.


Aunque en España los altos funcionarios no están sometidos a ninguna incompatibilidad o conflicto de intereses, como es el caso de los políticos, sus fichajes por parte de empresas están envueltos en polémica y hay quien considera “que las puertas giratorias de los funcionarios pueden ser más graves, o tanto más, que las de los políticos”, aseguran fuentes jurídicas. 


De hecho, el programa del PSOE y el documento en que se plasmó el acuerdo entre este partido y Ciudadanos en la anterior legislatura, figura una propuesta para extender las incompatibilidades de los cargos políticos (de dos años) a los altos funcionarios. En estos momentos un subdirector de cualquier ministerio puede incorporarse a una empresa del sector de su competencia al día siguiente de abandonar su puesto. La polémica afecta fundamentalmente a los inspectores de Hacienda y los abogados del Estado. 


Las fuentes antes citadas afirman que quien ha fichado a Irene Agúndez es Julián Martínez-Simancas, secretario del consejo de administración de Iberdrola y también abogado del Estado excedente, con el que mantiene una buena relación. Martínez Simancas se jubiló recientemente como secretario general de la compañía, función que ha pasado a desempeñar Santiago Martínez Garrido, también abogado del Estado en excedenciay hasta ahora director de los servicios jurídicos de la corporación Iberdrola. Martínez Garrido fue jefe de Gabinete del exministro del Interior y consejero de la eléctrica, Ángel Acebes. 


Hasta su nombramiento como secretario general, este directivo compartió el área de los servicios jurídicos con Miguel Alcolea, quien ha abandonado Iberdrola este año para incorporarse al despacho de Garrigues. Alcolea ha sido sustituido por Gerardo Codes. 


En Industria rechazaron ayer hacer ningún comentario al respecto, por tratarse “de personal del ministerio”. El departamento que dirige en funciones Luis de Guindos, tiene adscritos varios abogados del Estado: uno a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones; otro a la de Turismo y dos a la de Energía-Industria: el abogado-jefe de esta área es José Ramón Mourenza y su adjunta hasta ahora, Irene Agúndez, la candidata a incorporarse a Iberdrola.

more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

¿Porqué sube de nuevo la luz y habrá que refacturar en el PVPC ?

¿Porqué sube de nuevo la luz y habrá que refacturar en el PVPC ? | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

En plena campaña electoral acabamos de conocer un auto del Tribunal Supremo por el que se ordena al Ministro de Economía, en su papel de sustituto del renunciado —papeles de Panamá— Ministro de Industria, Energía y Turismo, a que eleve al Consejo de Ministros, antes del 30 de junio, una propuesta de metodología de cálculo del valor de los componentes de los precios de la tarifa eléctrica. 


Se trata del precio aplicable a esos más de 12 millones de suministros que siguen acogidos al denominado “Precio Voluntario del Pequeño Consumidor” (PVPC), esto es, a la opción por defecto facilitada por el Gobierno, ésa reservada a aquéllos que siguen resistiéndose a aceptar las supuestamente fabulosas ofertas con las que son bombardeados día tras día por hordas de comerciales a la puerta de casa. Resistencia, por otra parte, elogiable en la medida en que asociaciones de consumidores llevan años denunciando algunas de esas prácticas comerciales por considerarlas abusivas. No deben de andar muy desencaminadas las asociaciones cuando la propia Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha informado de que, curiosamente, los consumidores que “salen” de la tarifa oficial lo hacen pagando de media más de lo que venían haciendo. Curioso mercado en el que masivamente se quiere pagar más por lo mismo. 


La necesidad de establecer la referida metodología no es otra que la de calcular de forma objetiva el denominado “margen de comercialización”, esto es, el conjunto de costes que afronta la compañía eléctrica por atender al cliente, facturarle y cobrarle. Se excluyen del cálculo los costes de adquisición de energía y de su transporte hasta el domicilio. Cuando en abril de 2014 el Gobierno ideó la nueva “tarifa por horas” —ya sabe, lo de poner la lavadora a las 6 de la mañana porque es más barato que hacerlo a las 6 de la tarde, aunque depende del día— decidió que la tarifa oficial sería un mero traslado de los costes de adquisición y transporte de energía a los que se sumaría un margen de comercialización que estableció provisionalmente en 4 € por kW contratado y año antes de impuestos. Dado que la potencia contratada más habitual es de 4,6 kW, la cifra equivale a un margen de 23 € por familia y año, impuesto de electricidad e IVA ya incluidos. 


Pues bien, las eléctricas consideraron el margen insuficiente, lo recurrieron en los tribunales y lo ganaron. Para ser exactos, la sentencia del Supremo que les dio la razón se dictó el 3 de noviembre del año pasado. ¡Vaya!, ahora se comprende por qué cuando semanas después, cuatro días antes de las pasadas elecciones generales, el Gobierno anunció una inmediata bajada de la tarifa eléctrica, algunos la discutimos porque, entre otras “trampas”, no incorporaba lo que el Supremo había sentenciado: que había que recalcular el margen de comercialización. Y había que hacerlo nada menos que desde abril de 2014. Nueva refacturación a la vista que se acumulará al famoso por incomprensible recibo eléctrico. La cuestión por tanto es cuánto nos va a subir la luz esta vez.


Los números, una vez más, los proporciona la CNMC. Su sala de supervisión regulatoria aprobó el 19 de mayo una propuesta de metodología que dejaba en manos del Gobierno una subida de entre el 1,2 y el 6,8% del recibo. Antes de entrar en la justificación de tan amplia horquilla, permítaseme detenerme en la política de comunicación del supervisor. Según la web de la CNMC, su propuesta se publicó el 3 de junio mientras que la nota de prensa explicativa es de 17 de junio. Es verdaderamente sorprendente que las sanciones al sector de los pañales de adultos, de las agencias de viaje o de los extintores, por ejemplo, gocen de nota de prensa explicativa en cuanto se publican. Parecen ser de mayor interés que la factura de la luz de más de 10 millones de hogares. 


Entrando en la horquilla, la razón de su amplitud es que, además de los costes, cabría la posibilidad de que el Gobierno reconociera un margen a las comercializadoras eléctricas (que la CNMC estima no debiera en ningún caso superar el 3,5% de sus ventas) y, además, un coste de captación y retención de clientes. Coste éste en el no incurren las comercializadoras que venden energía a la tarifa oficial pero que se sugiere incorporar (para luego reintegrar “al sistema”) con el fin de no distorsionar el mercado, dado que las empresas que ofertan electricidad en competencia sí que lo afrontan. En definitiva, que en el mejor de los casos la luz subirá muy por encima del 0,7% de bajada anunciada por el Gobierno en la anterior campaña electoral. 


Es más, como el cálculo habrá que retrotraerlo a abril de 2014, se nos incorporarán en concepto de atrasos entre 20 y 120 € por familia, según los márgenes que finalmente el Gobierno decida incorporar. El procedimiento, aventuro, tiene muchas posibilidades de ser polémico, principalmente porque muchos de los consumidores que estaban acogidos a la tarifa oficial por entonces ya no lo están. Dejando de lado justificaciones de costes que pueden parecer más o menos razonables, conviene elevar la perspectiva para preguntarse el sentido que tiene que se vayan a reconocer ahora mayores costes a unas eléctricas que declaran un margen bruto conjunto de más de 7.000 millones de euros anuales en España. 


Hay quien dirá que se trata de actividades distintas y que es necesario garantizar la competencia en todos los segmentos del negocio eléctrico. Quizás, entonces, ahí estaría el problema: en que en algunas actividades la competencia sería tan escasa que los márgenes permitirían dedicarse a otras que resultaran deficitarias. Quizás, pues, el próximo Gobierno debiera centrarse en reestructurar definitivamente el sector para evitar márgenes desproporcionados en todas sus actividades. Quizás entonces la factura eléctrica resultara comprensible para la mayoría de los ciudadanos. 


A todo esto, el Sr. De Guindos previsiblemente no cumplirá la orden del Supremo. En la medida en que la semana pasada se negó a firmar una orden que establecía el reparto entre las eléctricas de los ingresos que les abonamos por la gestión de las redes, por haber sido Consejero de Endesa antes de su actual cargo, cabe presuponer que, por evidente analogía, nuevamente recaerá sobre la Vicepresidenta la decisión de reconocer más o menos margen comercial a las eléctricas.

ECOIMPULSO's insight:
Share your insight
more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

El Supremo obliga al Gobierno a revisar este mes el margen de comercialización en el recibo de la luz

El Supremo obliga al Gobierno a revisar este mes el margen de comercialización en el recibo de la luz | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha emitido un auto en el que obliga al Consejo de Ministros a aprobar antes de que finalice el mes de junio una nueva metodología para calcular el margen de las comercializadoras de referencia de electricidad dentro del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).


Esto significa primero que nos volverán a someter a una nueva refacturación, calculando desde abril de 2014 las "pérdidas" en las que han incurrido las eléctricas (algo a lo que ya nos vamos habituando....) y segundo, que habrá una nueva subida de precios, (otra cosa ya muy habitual....)


También me da que pensar, si las empresas del oligopolio, o como las llama ahora la CNMC, las verticalmente integradas, recurren ante los tribunales porque consideran que se han visto abocadas a operar en pérdidas con estos márgenes de beneficio, ¿cómo lo han podido hacer algunas de las comercializadoras de mercado libre, que intentan mantener los precios lo más próximo posible a estos PVPC sin apoyo financiero ni estar verticalmente integradas como éstas?


Grandes misterios ¡¡ Algunos tienen como único objetivo ganar más y más; otros sin embargo son conscientes de que se dedican a un sector en el que no se está para ganar dinero, sino que se trata de dar un servicio a la ciudadanía.


Por el momento como consumidores tenemos la libertad de elegir comercializadora. Ese derecho se puede ejercer y podemos cambiar las cosas (o no), pero la decisión es nuestra, si no lo hacemos.......



more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

Dimite el funcionario del expediente de la multa contra Endesa tras el acoso de la Junta. Noticias de Andalucía

Dimite el funcionario del expediente de la multa contra Endesa tras el acoso de la Junta. Noticias de Andalucía | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

Dimite el funcionario del expediente de la multa contra Endesa tras el acoso de la Junta. Noticias de Andalucía. El Gobierno de Susana Díaz dejó caducar la sanción a la multinacional, que el empleado público cifró en 6,6 millones de euros. Al final, la compañía no pagará ni un euro


Santiago Ochoa Fernández, el funcionario de la Junta de Andalucía que tramitaba el expediente de la multa contra Endesa por la sobrefacturación de la luz a 400.000 andaluces, ha dimitido tras denunciar el acoso de sus superiores para que rebajara la sanción. Así consta en un informe de 11 páginas, fechado el 19 de enero de 2016, al que ha tenido acceso El Confidencial en exclusiva.  


La Dirección General de Industria, Energía y Minas, que depende del consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha dejado que caduque la sanción a Endesa que el empleado público cifró en primer lugar en 600.000 euros “por una falta leve continuada”. Según el cálculo del ingeniero sevillano jubilado Antonio Moreno Alfaro, denunciante de este caso y autor del blog www.estafaluz.com, la sanción total por las infracciones leves, graves y muy graves, “imponiendo las multas mínimas”, sería de al menos 105 millones. El expediente informativo se abrió el 19 de julio de 2011 y fue el 10 de marzo de 2015 cuando Endesa empezó a devolver el dinero a sus clientes. La sobrefacturación se elevó a 20 millones de euros. 


Ochoa Fernández, con 15 años de experiencia en la Administración pública andaluza, intentó incrementar al menos en seis millones de euros la sanción por la infracción grave de “alterar los datos de la potencia contratada para poder facturar incorrectamente”. El acoso, según el relato del instructor, no tardó en llegar. Las autoras fueron la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio Coto, que estuvo imputada en el caso Aznalcóllar aunque luego la jueza retiró la acusación, y la jefa de servicio de Energía de la dirección general, María Isabel González Cuenca. 


El 19 de enero de 2016, el funcionario de la Junta presentó su dimisión irrevocable. Informó de los hechos, en documento escrito, a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz Pacheco, y a Susana Díaz Calderón, secretaria general técnica de la consejería. Ni la jefa del Ejecutivo andaluz ni Díaz Calderón contestaron al instructor, quien no contó con la colaboración interna ni de González Cuenca, ni de Asensio Coto. 



La directora general llegó a estar imputada por presunta prevaricación tras denuncias de presuntas “presiones y amenazas” a técnicos de la Junta de Andalucía durante su etapa de delegada provincial de la Consejería de Economía en Huelva para beneficiar a Minas de Aguas Teñidas (Matsa), la empresa donde era apoderada Paula Chaves Iborra, la hija del expresidente Chaves. La causa contra Asensio Coto, protegida de Mario Jiménez, portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, quedó archivada. El juez sostenía que no hubo prevaricación, sino solamente “desavenencias laborales”. 

“Resulta obvio que un asunto como este no puede calificarse de expediente ordinario, ni mucho menos. Siete meses de tramitación frente a otros expedientes sancionadores que se completan hasta cinco en un día, en otras materias y consejerías, y en el que como instructor he tenido que construir una Propuesta de Resolución de 71 páginas con muy pocos datos”, argumenta Ochoa Fernández, que resalta: "Considero que con este proceder se ha beneficiado ilegalmente a la mercantil objeto del expediente sancionador al proponer solo una infracción leve por importe de 600.000 euros y poder ahorrarle, en su caso, una infracción grave añadida de seis millone de euros". 

Todo se aclaró tras la dimisión de este funcionario. El 15 de febrero de este año, Asensio Coto designa como nuevo instructor a Emilio Jorge Bolívar Raya, quien el 31 de marzo de 2016, fecha en la que se cumplía el plazo máximo de nueve meses para resolver el expediente sancionador, propuso “declarar caducado el presente procedimiento, al haber transcurrido el plazo máximo legal para dictar y notificar resolución expresa”. La propuesta de Bolívar Raya fue admitida por la secretaria general técnica el 16 de mayo, al declarar la “caducidad del procedimiento sancionador iniciado mediante Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de fecha 10 de junio de 2015 en el expediente sancionador número 12.4.1.24/01.15 contra Endesa Distribución Eléctrica”.

Ahora, más de 78 meses después de que Moreno Alfaro, cuyas denuncias ya han costado a las eléctricas más de 500 millones de euros, presentara la reclamación contra Endesa por el incremento unilateral de la potencia, la Junta de Andalucía carece de personal y los medios informáticos necesarios para analizar el SIPS (Sistema de Información de Puntos de Suministro) en baja tensión de Endesa en Andalucía, formado por 4,63 millones de puntos de suministros. La multinacional se enfrentaba a una reclamación por incremento unilateral de la potencia contratada a cambio de la tensión nominal de 220 voltios a 230 voltios en suministros con contrato anterior al 18 de septiembre de 2003.

En el informe técnico, consta que en el expediente solo se analizaron 464.126 puntos de SIPS, apenas un 10% del sistema en baja tensión de Endesa en la comunidad andaluza. ¿Cómo se realizaron las modificaciones del contrato? Remitiendo un nuevo contrato al cliente, aprovechando la desaparición de la tarifa nocturna y su sustitución por la tarifa de discriminación horaria, las modificaciones en las condiciones generales de los contratos y el plan de instalación de los interruptores de control de potencia (ICP). 

Estos cambios en los acuerdos con los clientes fueron calificados como “fraude de ley” por el Servicio de Legislación y Recursos de la extinta Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en un documento del 20 de diciembre de 2013. En la Resolución del expediente informativo, firmado por Asensio Coto, el alto cargo ignora que existe un colectivo afectado por la actuación de Endesa: los expulsados del Bono Social: los usuarios con potencia contratada menor de 3kW que, tras el incremento unilateral de potencia, pasaron a tener más de 3kW, lo que implicó la pérdida del bono. ¿Consecuencia? El incremento del 25% en el precio de la factura. 

Según destaca el ingeniero en declaraciones a este diario, “la Junta de Andalucía ignora el número total de afectados a los que Endesa les ha devuelto el dinero y la cantidad”. Y añade que existen “numerosos afectados” a los que la multinacional no solo no les ha devuelto nada, “sino que además continúa aplicándoles el incremento unilateral de la potencia contratada”. 

Fuentes oficiales de Endesa señalaron a El Confidencial que les habían notificado “hace poco” que el expediente de sanción había caducado. La multinacional cifra en 300.000 euros la multa que estaba prevista. También confirmó que los clientes afectados eran 400.000 andaluces, “con una media de 50 euros por cliente incluyendo intereses de demora”. “El 100% de las devoluciones se ha realizado”, resaltó un portavoz de la compañía. La Junta no quiso contestar a El Confidencial a las reiteradas llamadas de teléfono tanto al departamento de prensa de la consejería como a la Dirección General de Energía. 
more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

Soria copió a Endesa el intento de prohibir el autoconsumo eléctrico a los usuarios más vulnerables

Soria copió a Endesa el intento de prohibir el autoconsumo eléctrico a los usuarios más vulnerables | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

Industria incluyó en uno de los últimos borradores del decreto de autoconsumo dos párrafos que había sugerido la eléctrica. Tras las protestas de diversos sectores, el Ministerio se echó atrás y acabó permitiendo autoconsumir a clientes con bono social o tarifa regulada de la luz. Iberdrola expuso en julio de 2013 argumentos a favor del 'impuesto al sol' luego replicados en un estudio de FAES, la fundación del PP.


El Ministerio de Industria, Energía y Turismo tuvo muy en cuenta algunas de las alegaciones realizadas en julio de 2013 por Endesa, la segunda empresa del sector eléctrico en España, durante la elaboración de la polémica normativa que desde octubre pasado regula el autoconsumo. En uno de los últimos borradores del proyecto de Real Decreto, el Ministerio entonces a cargo del dimitido José Manuel Soria llegó a copiar casi literalmente dos párrafos que la eléctrica había aconsejado incluir en el articulado. 


Así se desprende de la documentación que, obligado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el Ministerio ha remitido a Access Info Europe y a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético tras la solicitud de ambas entidades para acceder a los documentos y reuniones vinculadas a la elaboración de la normativa.


En julio de 2015, Industria propuso prohibir que una familia que disfrutase de una tarifa regulada por la Administración (incluyendo a los hogares más vulnerables) pudiera autoconsumir. El veto iba dirigido a los hogares acogidos a la tarifa regulada que tienen contratada la mayoría de usuarios domésticos, conocida como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) o antigua Tarifa de Último Recurso (TUR), reservada para clientes con hasta 10 kilovatios de potencia; tampoco se permitía autoproducir electricidad a los clientes más vulnerables, los acogidos al bono social (descuentos para determinados colectivos). 


La propuesta de veto, según esa documentación, partió fundamentalmente de Endesa. El 29 de julio de 2013, la eléctrica había remitido a la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) sus observaciones sobre el primer borrador de Real Decreto publicado ese mes por Industria. Su primera petición: “Los CUR o comercializadores de referencia no deben contratar modalidades de suministro con autoconsumo, ni estos consumidores deben tener derecho al PVPC, TUR o bono social”.


El planteamiento estaba en línea con el de Gas Natural Fenosa: "Estos consumidores deben estar en mercado libre y no pueden ser suministrados por un comercializador de referencia", decía la gasista, que consideraba “muy acertada y razonable" la regulación del autoconsumo, “por cuanto supone la ordenación de una actividad que se estaba desarrollando sin las debidas garantías, cautelas y regulación adecuada”.


Endesa, que no comenta este asunto, argumentaba que “el cliente con capacidad de instalar generación dista mucho de ser considerado vulnerable y sin capacidad de negociación en el mercado libre”, fue más allá e incluso propuso añadir dos puntos al artículo 8 del proyecto normativo. La sugerencia fue recogida casi literalmente por Industria en el nuevo borrador que remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado 2 de junio para someterlo a consulta pública. El Ministerio copió esos dos párrafos casi al completo.


Pese a las peticiones de las eléctricas, finalmente el Ministerio no se atrevió a prohibir el autoconsumo a los clientes con tarifa regulada. Esos dos párrafos fueron suprimidos, tras las protestas de numerosas organizaciones ecologistas, sociales, empresariales y de consumidores contra el proyecto. No obstante, Industria mantuvo el polémico ‘impuesto al sol’ en el texto que entró en vigor en octubre. 


La documentación revela fuertes críticas de varias comunidades autónomas entonces gobernadas por el PP durante el proceso de tramitación. Alguna llegó a calificar el 'impuesto al sol' de "solución final" para las renovables o de "impuesto revolucionario" para compensar a las eléctricas. Ninguna se mostró con esa contundencia en público. 


En sus alegaciones de julio de 2013, Iberdrola, la primera eléctrica española, pidió a Industria que se abstuviera de implantar los descuentos en los peajes de respaldo (el denominado ‘impuesto al sol’) que preveía el artículo 16.4 del primer borrador de Industria, por entender que sería “una señal errónea, con efectos sobre el sistema y de difícil implementación”.


En línea con los argumentos de Endesa, Iberdrola subrayaba que “generalmente quien tiene capacidad de inversión en sistemas de generación propios son consumidores con rentas altas”. “Al recuperar parte de su inversión mediante la evitación de pagos de peaje de respaldo, sus ahorros tienen que ser pagados por otros clientes que no han realizado dichas inversiones, generalmente de rentas más bajas”. 


El peaje de respaldo, según Iberdrola, “evita que el resto de clientes tengan que subvencionar el desarrollo de esta actividad y reduce el riesgo de crecimiento del autoconsumo ineficiente con su consiguiente efecto en el déficit tarifario y sobre la sostenibilidad del sistema eléctrico”. La argumentación recuerda a las tesis recogidas en un estudio publicado a principios de 2015 por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el think tank del PP, firmado por un directivo de Iberdrola, Conrado Navarro, y un ex de Unión Fenosa, Juan Luis López Cardenete.

more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

Tú, tu recibo de la luz y los beneficios de las eléctricas

Tú, tu recibo de la luz y los beneficios de las eléctricas | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

El pasado año 2015 los beneficios de las tres principales eléctricas de nuestro país sumaron 5.010 millones de euros. En el primer trimestre de 2016 suman ya, solo entre Iberdrola y Endesa, 1.304 millones de euros a los que se añadirán lo que anuncie Gas Natural Fenosa esta semana. Cinco mil millones al año, unas decenas de millones arriba o abajo, es lo que han ganado durante los últimos años estas tres empresas, con unos márgenes que, por cierto, doblan a los de las eléctricas europeas. Y todo ello pese a la crisis que hemos sufrido, que estamos sufriendo en este país; pese a la espectacular caída de la demanda, hoy es la misma que en 2005; y, pese a la reforma normativa de los Soria-Nadal que según el presidente de la patronal eléctrica tanto les iba a afectar a su cuenta de resultados.


Ahí están nuestras grandes compañías eléctricas rebosantes de beneficios, con unos relucientes ratings (eso que sirve para medir su solvencia ante los inversores de todo el mundo), con unos ambiciosos proyectos de expansión internacionales y con la satisfacción del deber cumplido: han frenado el desarrollo de las renovables con las que se colaban en su cortijo decenas de actores en el caso de la termosolar, cientos en el caso de la eólica y decenas de miles en el fotovoltaica y que podían haber llegado a ser millones si el Gobierno (siempre obediente a sus intereses) no hubiera puesto el tapón del Impuesto al sol en la regulación del autoconsumo. 


Ellos argumentarán enseguida que más de la mitad de esos beneficios que estamos comentando vienen de su negocio fuera de España, lo que es verdad desde hace poco tiempo, aunque llevan diciéndolo desde hace mucho. Sí, es cierto, en efecto, nuestras eléctricas ganan mucho fuera de nuestras fronteras, pero no debemos olvidar que el músculo financiero que les permitió salir a conquistar mercados internacionales tuvo su origen también en tu recibo de la luz y en los regalos gubernamentales como los Costes de Transición a la Competencia. 


Y en el rincón de enfrente tú y tu recibo de la luz. Echa un vistazo a cualquiera de los últimos meses y busca uno de hace cinco o seis años. Antes de irte al importe final comprueba como un concepto que se llama “término de potencia” ha crecido en un 40 por ciento. Eso del término de potencia es lo que pagas fijo, consumas más o menos. Eso lo han subido para que en el caso de que tuvieras la peligrosa y subversiva idea de ahorrar energía, los beneficios de esas grandes compañías queden asegurados. De todas las subidas le han echado la culpa a las primas de las energías renovables, pero no te lo creas. Esas primas son un coste más del sistema y eran insignificantes cuando ya se estaba creando ese monstruo del “déficit de tarifa” que ha justificado todas las tropelías que han hecho y por el que se supone que todos los consumidores le debemos un montón de dinero a ese sistema eléctrico del que esas empresas obtienen esos insólitos beneficios. En los costes del sistema sí hay conceptos que no tienen ninguna razón de ser como los “pagos por capacidad” a los ciclos combinados de gas que las grandes empresas perciben para paliar su inmenso error estratégico de instalar 27.000 MW, potencia superior a la que se instaló en esos años en renovables. Con ellos pensaban ganar mucho dinero, pero como se equivocaron los pagas tú en tu recibo de la luz. Vete al final de tu factura y comprobarás que, pese a lo que ha estado diciendo el dimitido ministro de Energía, el coste de la electricidad ha subido cerca de un ochenta por ciento en los últimos diez años. 


Los ciudadanos tenemos por tanto motivos para sorprendernos, quizás escandalizarnos, por esta, digamos, anomalía y por eso, poco a poco, vamos tomando conciencia de que esto de la energía nos atañe, y mucho. Debemos, como busca la Fundación Renovables, dejar de ser consumidores pasivos para ser ciudadanos que pueden producir, gestionar y usar su energía sin alimentar ciegamente esas desproporcionadas cuentas de resultados. 


¡Ah! El próximo día hablaremos del petróleo, de las gasolinas más caras de Europa antes de impuestos y de los Repsol y Cepsa que hasta ahora han esquivado el debate del modelo energético.

more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

El recorte renovable ha sido un 22% superior al que fijó la reforma

El recorte renovable ha sido un 22% superior al que fijó la reforma | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

La reforma eléctrica que el Ministerio de Industria puso en marcha en julio de 2013 incluía, inicialmente, un paquete de 14 normas con las que se pretendía corregir un desfase en el sistema que se estimó en 10.500 millones de euros (el déficit de tarifa acumulado alcanzaba los 26.000 millones). Aquel importe se desglosaba de la siguiente manera:unos ingresos procedentes de los tributos al propio sector energético aprobados anteriormente (en una ley que había entrado en vigor el 1 de enero de 2012); una reducción de costes regulados de 2.700 millones (mitad a la actividad tradicional y la otra mitad, a las renovables, cogeneración y residuos); una aportación a través de los Presupuestos del Estado de 900 millones y una subida de los peajes eléctricos de otros 900 millones.


Los tres pilares que, según el entonces titular de Industria, José Manuel Soria, contribuirían a eliminar el déficit de tarifa: “Los operadores, el Estado y los consumidores”. Sin embargo, a casi cuatro años de aprobado el grueso de la reforma, el balance ha resultado muy distinto. Según los datos oficiales del ministerio y la CNMC, entre 2012 y 2015, el recorte de costes acumulado es de 4.141 millones, cuyo reparto no coincide con las previsiones.


Así, el de las renovables ha resultado un 22% superior al previsto (-1.864 millones, especialmente, la eólica y la cogeneración); el Estado solo ha asumido la mitad de los costes prometidos de las extrapeninsulares (y únicamente en los dos últimos años), hasta 745 millones, y el servicio de interrumpibilidad que recibe la gran industria ha sumado en estos años más de 1.100 millones. Por contra, según la orden de peajes eléctricos de 2016, la retribución a las redes de distribución mejora en 34 millones y el transporte, en 235 millones. Según critican en el sector renovable, en este caso, todas las partidas mejoran su retribución: o se benefician de una extensión en el tiempo de las medidas o se reubican, “sin que tenga consecuencias importantes para las empresas afectadas”.


La reforma acabó con el sistema de primas a la producción, que fue sustituido por un incentivo a la inversión (a lo largo de la vida regulatoria de las instalaciones) basado en parámetros que garantizaba una rentabilidad razonable (un 7,39%). Sin embargo, el sistema de revisión de la remuneración de estas tecnologías, tal como denunció en su día el sector, ha impedido a las plantas obtener dicha rentabilidad y a que en 2019 se parta de cero, a voluntad del Gobierno de turno.


Las empresas verdes denuncian la diferencia de trato respecto a las redes: tanto la retribución como el transporte, la rentabilidad que se les reconoce solo se aplica a futuro, sin tener en cuenta los beneficios obtenidos en el pasado; no están expuestas a una revisión cada seis años, como las renovables (con semiperiodos de tres años), con un límite de variación anual para determinarla de más/menos 50 puntos básicos. Además, la retribución de las redes se calcula según valores reales auditados, frente a la de las verdes, que se calcula según parámetros de los que se excluyen los costes financieros. Además, las interconexiones internacionales no se tienen en cuenta al establecerse los límites de inversión en la planificación energética. 


Respecto a otros costes del sistema, como los pagos por capacidad, que reciben con cargo a la factura las centrales de ciclo combinado, aunque se redujeron un 14% (10.000 euros/MW), se duplicó el periodo de tiempo con derecho a cobrarlos (hasta 20 años). Estos son de dos tipos: un incentivo a la inversión, que se recibe por 10 años desde la puesta en marcha de la planta, que ha bajado un 55% entre 2012 y 2015 (308 millones), y a la disponibilidad, que cae un 3% (cinco millones de euros).


El RDL 413/2014 acabó con las primas de las renovables y fijo un nuevo sistema de retribución basada en parámetros, entre otros, el relacionado con los precios del mercado que Industria estima para el ejercicio. Cada tres años (el semiperiodo regulatorio de seis años)se revisan estos parámetros que dan lugar a un nuevo cálculo de valores para retribuir la inversión en los siguientes tres años. 


Para ello se estiman unos límites superior e inferior sobre el precio del pool que se ajustan después con el precio real. Pero si este es inferior en cuatro euros/MWh al estimado, al generador no se le reconoce la diferencia; hasta ocho euros, solo recibe el 50% y la compensación solo llega cuando se traspasa ese límite. A finales de 2016 se realiza la primera revisión y, teniendo en cuenta que en 2014 estimó un precio superior al que resultó, a energías como la eólica no se le reconocerán pérdidas de 191 millones. Todo apunta a que en 2016, con otro desvío previsto de casi el 20% por los bajos precios respecto a las previsiones, las pérdidas podrían ascender a 210 millones, según calcula el sector, que critica que de esta manera no se respeta la rentabilidad del 7,39%. 


Además, los importes reconocidos no se liquidan al fin del periodo, sino que se difieren a lo largo de la vida regulatoria.

more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

Cerrando nucleares (y II): España | lamarea.com

Cerrando nucleares (y II): España | lamarea.com | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

En un artículo previo tratamos los problemas que está teniendo Alemania para llevar a cabo el cierre completo de su parque nuclear planificado para 2022. Los 38.000 millones de euros ahorrados durante décadas por las empresas eléctricas privadas, responsables últimas del desmantelamiento de sus centrales, sumados a lo comprometido legalmente por el Estado, podrían no ser suficiente. El motivo es sencillo: igual que construirla, cerrar una central nuclear es muy caro; hacer una estimación de la cantidad precisa resulta prácticamente imposible. Ante las enormes dificultades financieras que esto supone, el Estado alemán debate la posibilidad de, una vez más, salir al rescate de sus empresas. En este artículo hablaremos sobre lo que puede ocurrir en España que, no lo olvidemos, ya rescató una vez a las eléctricas privadas, durante la burbuja nuclear de los años ochenta. 


Igual que en Alemania, en España existe planificación financiera para el cierre del parque nuclear: durante las últimas décadas, parte del precio de la electricidad ha ido destinado al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de residuos Radiactivos (PGGR) de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A. (ENRESA). Con ese fondo se financia el tratamiento de los residuos nucleares, una vez que éstos han sido utilizados en las centrales, y el desmantelamiento de dichas centrales cuando llegan al final de su vida útil. El VI PGRR estima que mediante estas vías se podrán financiar completamente los costes asociados a los residuos radiactivos entre 1985 y 2070. Estos costes se calculan en el PGRR en unos 13.000 millones de euros, y de ellos ya se habría incurrido en una cuarta parte, pero estimaciones más recientes el Ministerio de Industria han actualizado esa cantidad a 18.000 millones hasta 2080.  

Recordemos ahora que, para el parque nuclear alemán, de un tamaño entre dos y tres veces el del español, 65.000 millones de euros podrían no ser suficientes. ¿Bastarán entonces los 18.000 estimados para hacer frente a todos los gastos asociados al cierre del parque nuclear español? Hay varios ejemplos que, sin ser definitivos, no invitan desde luego al optimismo sobre la precisión de las predicciones. Por ejemplo, el VI PGRR fija como inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Zorita el año 2009 (la central paró en 2005), y estima la duración de las actividades en seis años, finalizando en 2015; sin embargo, la web de ENRESA marca ahora 2018 como fecha de finalización del desmantelamiento. El VI PGRR también establece 2006 como fecha límite para el debate y toma de decisiones sobre la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC), un paso intermedio antes del almacenamiento definitivo de los residuos; pues bien, la decisión se tomó el 30 de diciembre de 2011, y en 2016 sigue recurrida en los tribunales. En cuanto al almacenamiento definitivo de los residuos, el VI PGRR lo plantea para 2050, lo que supone 15 años de retraso con respecto a lo que estimaba el V PGRR (y, dado el retraso del ATC, es probable que vuelva a demorarse). El mismo PGRR no siempre cumple los plazos: ENRESA ha de enviar un plan cada cuatro años al Ministerio de Industria, o antes si este lo requiere: los anteriores PGRR datan de 1987, 1989, 1991, 1994 y 1999; ENRESA mandó al Ministerio el actual plan en 2006 y una actualización en 2011; no hay noticias de un VII PGRR. 


¿Qué pasaría si los 18.000 millones de euros previstos no fueran suficiente? Lo que dice ENRESA en su web es: “ENRESA realiza un análisis de los costes futuros de todas las actividades de la gestión y comprueba que los tipos de gravamen vigentes son suficientes para asegurar su financiación. […] Si se produjera, a pesar de todo, un déficit en la financiación, el Gobierno introduciría los mecanismos necesarios para corregirlo”. 


Lamentablemente, lo que leemos en la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y en las sucesivas leyes que ésta cita, es menos tranquilizador. Ya en el preámbulo admite que: “Aunque en el Plan General de Residuos Radiactivos se prevén las necesidades de financiación, basadas en las mejores estimaciones disponibles, la valoración del coste total del desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión definitiva de los residuos radiactivos mantienen un alto grado de incertidumbre que, en última instancia, se trasladaría a la sociedad”. 


Es decir, el propio texto de la ley reconoce que, en caso de producirse sobrecostes estos serán asumidos por “la sociedad”. Precisamente en esa ley se crean nuevas tasas a la generación y almacenamiento de residuos radiactivos, con la motivación de que el Estado tendrá que asumir los costes de la gestión a largo plazo (es decir más allá de 2080). 


Dediquemos ahora un momento a analizar por qué la gestión de los residuos a largo plazo cae a cargo del Estado. Lo haremos repasando someramente la legislación relevante de acuerdo a la web del Ministerio y el propio PGRR. Aunque farragosa a ratos, merece la pena saborear alguno de los detalles; las conclusiones vendrán en los dos últimos párrafos. 


Para justificar la responsabilidad pública, en la ley antes citada, se menciona el artículo 38 bis de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, que establece que el Estado asuma “la titularidad de los residuos radiactivos una vez se haya procedido a su almacenamiento definitivo”. Sin embargo, dicha ley, que se promulgó un año antes de que empezase la construcción de la primera central nuclear española (Zorita, en 1965), no hacía originalmente referencia a desmantelamientos ni gestión de residuos; de hecho no existía artículo 38 bis, y el artículo 38 simplemente dictaba: “Las instalaciones nucleares y radiactivas que trabajen con sustancias radiactivas quedan obligadas a contar con instalaciones especiales para almacenamiento, transporte y manipulación de residuos radiactivos”. 


No es hasta 1984 cuando lo contenido en ese artículo 38 se concreta con la creación de la empresa pública ENRESA mediante los Reales Decretos 1522/1984 y 1899/1984. El segundo autorizó a ENRESA a realizar las actividades de almacenamiento transporte y manipulación arriba mencionadas, para lo cual debería establecer relaciones contractuales con las empresas titulares de las centrales nucleares, que seguían obligadas a contar con las instalaciones adecuadas. 


La primera vez que encontramos referencia a la titularidad pública de los residuos radiactivos es mucho más tarde, en el Real Decreto-Ley 5/2005 de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, promulgado mes y medio antes de que se solicitase el cese definitivo de la explotación de Zorita (la primera central en hacerlo en España), cese que tendría lugar un año después: “El Estado asumirá la titularidad de los residuos radiactivos una vez se haya procedido a su almacenamiento definitivo. Asimismo, asumirá la vigilancia que, en su caso, pudiera requerirse tras la clausura de una instalación nuclear o radiactiva una vez haya transcurrido el periodo de tiempo que se establezca en la correspondiente declaración de clausura”. 


Esto quedó confirmado por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad, promulgada medio año antes del cierre de Zorita. Esta ley modificaba la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, incluyendo una disposición adicional que comienza con: “La gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible gastado y el desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares y radiactivas, constituye un servicio público esencial que se reserva, de conformidad con el artículo 128.2 de la Constitución Española, a la titularidad del Estado. Este servicio será gestionado directamente por la entidad pública empresarial ENRESA de gestión de residuos radiactivos, de acuerdo con el Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por el Gobierno”. 


Sólo cuatro años después, párrafos similares serían incluidos en el anteriormente inexistente artículo 38 bis de la Ley 25/1964. Se haría, por cierto, con nocturnidad y alevosía, a través de una disposición final novena de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. 


Recapitulemos: justo antes de que la primera central nuclear española finalizara su vida útil, el Gobierno decidió hacer explícitamente al Estado titular de los residuos generados por esta central y por las que habían de cerrar en el futuro. Lo hizo además de forma opaca, en disposiciones escondidas de leyes que nada tenían que ver con el sector eléctrico. Obviamente, esta modificación no impide formalmente a futuros gobiernos tomar medidas como nuevas tasas y gravámenes a las eléctricas si previera problemas para costear el apagón nuclear. Pero no cabe duda de que ese tipo de medidas se pueden negociar en mejores condiciones y se puede defender legalmente de forma más segura en un escenario en que el apagón nuclear es explícitamente responsabilidad de las compañías (aunque no garantiza nada, como aprendemos del caso alemán). Habrá que permanecer vigilantes, y exigir las responsabilidades que toquen, ahora que se acerca el fin de la vida útil de las centrales nucleares. Vida útil que, de cara al PGRR, se estimó en 40 años; los costes de desmantelamiento crecerían obviamente si esta se ampliase. 


Por último, cabe pararse un segundo en el hecho de que la citada frase “la gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible gastado y el desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares y radiactivas, constituye un servicio público esencial” se incluyera precisamente en la Ley 54/1997. En esa ley del sector eléctrico fue en la que por primera vez se abandonó la noción de servicio público para el suministro eléctrico, y en la que se afirmaba “no se considera necesario que el Estado se reserve para sí el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico”. Al parecer los residuos nucleares, un elemento inevitable en un sistema que suministre electricidad de origen nuclear, es una excepción. Este caso, como el alemán, es un ejemplo más de cómo funciona el sistema: garantizando beneficios y socializando pérdidas..

more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

Florentino infló un 10% los costes del Castor usando las empresas del grupo ACS

Florentino infló un 10% los costes del Castor usando las empresas del grupo ACS | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

Un demoledor informe confidencial de la CNMC afirma que Escal, la empresa controlada por Florentino Pérez que explotaba el Castor, infló durante años los gastos de operación y mantenimiento del almacén de gas usando otras sociedades del grupo (la propia ACS y su filial Cobra), obteniendo "un margen intragrupo del 10%" para que fuera retribuido como coste regulado.


Según el documento, elaborado por la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, Escal UGS, compañía titular de la construcción y explotación del Castor controlada por ACS, infló en 2013 y 2014 los gastos de Operación y Mantenimiento (O&M) del almacén al incluir en ellos costes financieros de operaciones entre empresas del grupo presidido por Florentino Pérez que no tienen derecho a retribución. 


El análisis pormenorizado realizado por los técnicos de la CNMC ha detectado un desvío de 7,55 millones de euros provenientes de operaciones intragrupo con márgenes de hasta el 10%. En un demoledor y detallado informe, el regulador propone al Ministerio de Industria que no abone a la filial de ACS la retribución por esta partida, que es eminentemente financiera, ha sido obtenida a través de las empresas del grupo y no está ligada a costes de O&M.


"Escal estaría celebrando directamente un contrato de O&M para el almacenamiento Castor con la Unión Temporal de Empresas ACS y Cobra, integrada en el grupo ACS, debiendo considerarse entonces la relación existente entre Escal y la UTE ACS Cobra, propiedad y contratista, como pertenecientes al mismo grupo empresarial. Por lo tanto, se ha establecido un contrato entre dos empresas del mismo grupo empresarial, con un margen intragrupo del 10%, y con afección de dicho margen hacia las actividades reguladas, no repercutiéndose por tanto el servicio de O&M a su coste real. En conclusión, no cabría reconocer costes inexistentes, como son los márgenes intragrupo, que darían lugar a retribuciones por las actividades reguladas superiores a las establecidas por la regulación", afirma el informe en su página 22. 


Según el análisis de la CNMC, el grupo ACS habría inflado los costes con derecho a retribución mediante contratos de "asesoramiento económico-fiscal, por un monto total de 2,675 millones de euros, a través del "margen del 10% en los contratos de Operación y Mantenimiento", por una cuantía de 4,782 millones y por vía de otra partida minoritaria de 100.900 euros. En total, son 7,55 millones de euros que no han de ser retribuidos al grupo de Florentino Pérez, según ha determinado la CNMC.


Los costes inflados por el grupo ACS corresponden a tres periodos analizados: ejercicio 2013 completo, año 2014 hasta el 4 de octubre y un periodo transitorio que va del 5 de octubre al 30 de noviembre de ese año. Es en esos tres periodos en los que el regulador ha detectado esos 7,55 millones de sobrecoste que el grupo ha querido 'colar' como costes de Operación y Mantenimiento del almacén submarino, cuya actividad se suspendió el 26 de septiembre de 2013 tras provocar centenares de terremotos en el norte de Castellón. 


El informe de la CNMC establece los ajustes que hay que hacer a cada uno de esos tres periodos para que ACS y su grupo no cobren los sobrecostes atribuidos injustificadamente a O&M. En 2013 fueron finalmente 21,19 millones de euros, en 2014 hasta el 4 de octubre, 18,16 millones, y en el periodo transitorio, 4,56 millones. 


Los 7,55 millones restantes acumulados en los tres periodos se quedan sin retribución. 


El grupo ACS, a través de Escal UGS, tiene aún pendiente de cobro los costes de O&M correspondientes a su actividad en el almacén, hasta que la compañía dejó de hacerse cargo de éste y devolvió la autorización de explotación. 


A cambio, el Gobierno aprobó una indemnización de 1.350 millones de euros, que fue cobrada por ACS en noviembre de 2014. El Ministerio de Industria y Energía estableció este pago en función de la cláusula que el Gobierno de Zapatero incluyó en el contrato de adjudicación del Castor a la empresa del grupo ACS. 


Pese a los sobrecostes totales de la infraestructura, que según algunos informes se disparó por encima de los 1.600 millones de euros, no ha habido ninguna auditoría que detalle si este coste final estuvo justificado. Si hubo maquillaje en las cuentas del grupo ACS para intentar cobrar retribución por costes que no tienen derecho a ella, pudo haberlo también en las cuentas totales de la construcción del almacén submarino y su plataforma offshore, se preguntan algunos expertos del sector. 


La propia Generalitat catalana (el sur de Tarragona también se vio afectado por los terremotos) presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para evitar que los costes del Castor y su indemnización se carguen al recibo del gas durante 30 años.

more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

Los Costes de Transición a la Competencia 20 años después: la titulización imposible (Parte II)

Los Costes de Transición a la Competencia 20 años después: la titulización imposible (Parte II) | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

“¿Qué costes de transición hay que pagar? No pequemos de soberbia, preguntemos al mercado” (Jesuitas contra Dominicos, Salamanca, siglo XVII; MAFO, en el Congreso, 1998) 


En la primera entrega, calificamos al Protocolo Eléctrico de 1996 como el Antiguo Testamento de la regulación eléctrica en nuestro país. Pues bien, el Marco Legal Estable de 1987 (MLE) era el Tanakh: los rollos canónicos hebreos, de los que bebe la Biblia. 


Durante la vigencia de este marco, según el Ministro Piqué (comparecencia de noviembre de 1998, en la Comisión de Industria del Congreso), “la remuneración de la generación por MLE estaba entre 9,1 y 9,2 PTA/kWh” (en el entorno de los 55 €/MWh). 55 €/MWh fue el precio del ‘pool’ en 2015. 


Y parafraseando al Ministro Piqué, esta vez en su comparecencia en el Congreso del mes siguiente -diciembre de 1998-, “antes de empezar conviene que todos recuperemos memoria histórica”; para ello, nos apoyaremos en las cifras y plazos que dio aquel día el Ministro en sede parlamentaria: 


- 7 billones 466.949 millones de pesetas (000 millones de euros): ingresos asegurados de las Eléctricas “a lo largo de los próximos 15 años” (1998-2012), con el MLE. Con sus centrales de generación instaladas a 31 de diciembre de 1997. 

- Algo más de 550.000 millones de pesetas (3.500 millones de euros): inversiones realizadas y garantizadas, que el MINER no incluyó en los cálculos de los CTC. 

- 4 billones 958.379 millones de pesetas (29.800 millones de euros): ingresos de las Eléctricas en esos mismos 15 años (1998-2012) “bajo el régimen en competencia”, para un precio-sombra de 6 PTA/kWh (estimación MINER). 

- 2 billones 508.570 millones de pesetas (15.000 millones de euros): restando, lo que las Eléctricas dejan de percibir con el cambio normativo. 

- 285 millones de pesetas (4.900 millones de euros): primera quita (-32,5%), aplicada sobre la cifra anterior. 

- 1 billón 693.285 millones de pesetas (10.200 millones de euros): compensación parcial máxima reconocida a las Eléctricas. 

- 276 millones de pesetas (1.800 millones de euros): incentivo al consumo garantizado de carbón autóctono, equivalente a una prima máxima promedio equivalente a 1 PTA/kWh (6 €/MWh). Disposición transitoria cuarta de la Ley 54/1997. 

- 1 billón 988.561 millones de pesetas (12.000 millones de euros): retribución fija máxima reconocida como CTC, que las Eléctricas podrán recuperar, durante un plazo máximo de 10 años (1998-2007). Disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997.l


Estas comparecencias en el Congreso del Ministro Piqué, a finales de 1998, vinieron motivadas por el anuncio y comunicación a la CNMV, como hecho relevante, por parte de las Eléctricas, en septiembre de aquel año, del acuerdo alcanzado entre el MINER y el Sector Eléctrico para adelantar la liberalización, seguir reduciendo las tarifas y titulizar parte de los CTCs. 


En concreto, en lo referido a los CTCs, sobre el saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 1998, el acuerdo contemplaba:


Cobro garantizado y adelantado (inmediato) del 64% de los CTCs no asociados al consumo de carbón autóctono, mediante titulización: 1’03 billones de pesetas (6.200 millones de euros). 


Quita (segunda) del 16% de los CTCs no asociados al consumo del carbón autóctono, a cambio de la seguridad del punto anterior: 257.000 millones de pesetas (1.500 millones de euros). 


Recuperación del 20% restante y de los CTCs asociados al consumo de carbón autóctono de acuerdo con el sistema de liquidación que estaba en vigor, hasta 2007: 320.000 millones de pesetas (1.900 millones de euros). 


Las eléctricas conseguirían garantizar y adelantar a 1999 el cobro íntegro, a tocateja, de la mitad de la cifra máxima de CTCs negociada vía Protocolo en diciembre de 1996: 6.000 millones de euros; libres de la incertidumbre del ‘pool’ eléctrico, del posible impacto de la liberalización y de la hipotética entrada de competidores. 


Además, la peseta del incentivo al carbón la tenían garantizada, al menos hasta 2007, si seguían consumiendo carbón autóctono: otros 1.500 millones de euros. Más los 1.300 millones de euros cobrados por CTCs en 1998, primer año (226 mil millones de pesetas).


La diferencia hasta los 12.000 millones iniciales (3.200 M€), todo lo cedido ante el regulador, había que salir a ganarlo al mercado. Por una simple regla de tres, esas quitas equivalían entonces a 4 €/MWh (por encima de los 36 €/MWh del precio-sombra). Si en el período 1998-2007, el precio medio acumulado del mercado acababa siendo igual a 40 €/MWh, esos 3.200 millones de costes varados se recuperarían vía mercado. 


Lo cierto es que el precio final medio acumulado del mercado eléctrico, en el período 1998-2007, acabó siendo de 44 €/MWh, 8 €/MWh mayor que el precio-sombra (+22%).


Nota: hasta ahora, todo el análisis se ha hecho con el texto primigenio publicado en el BOE de la Ley 54/1997. Daría para otra trilogía valorar el impacto de cada cambio de la Ley, hasta la derogación de los CTCs. 


Pero, ¿qué ocurrió entre septiembre y diciembre de 1998? ¿Qué otras comparecencias hubo en el Congreso, entre el segundo protocolo y la promulgación del cambio normativo? ¿Por qué no hubo titulización de los CTCs? 


El 11 de noviembre de 1998, con motivo de las noticias sobre la posible titulización de los CTCs, comparecieron en la Comisión de Industria del Congreso los Presidentes de los dos órganos reguladores: D. Amadeo Petitbó, del Tribunal de Defensa de la Competencia; y D. Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE). 


Petitbó, además de hacer una llamada a la prudencia y concluir que era necesario un esfuerzo adicional de precisión, planteó 3 posibles escenarios:


- El importe de la titulización resulta superior a los CTCs reales. En ese caso, “ocurriría algo relevante; las eléctricas ya instaladas obtendrían ingresos extraordinarios que sin ningún tipo de duda distorsionarían la competencia”; “nuevas barreras de entrada”. 

- El importe de la titulización es inferior a los CTCs reales. “En este caso las empresas harían oír su voz; claramente perjudicadas las eléctricas que ya están instaladas en el mercado”; “las empresas entrantes dispondrían de algunas ventajas competitivas”. - “Absolutamente teórico e irreal”, que el importe de la titulización coincidiera exactamente con los CTCs reales. “Las empresas recuperarían los CTCs avanzadamente, ello reforzaría su poder financiero, imponiendo una suerte de barreras de entrada”.


Solamente una titulización insuficiente sería positiva para la competencia; pero a costa de perjudicar a las ‘incumbentes’. ¿Tiene eso sentido? 


¿Pedirían las eléctricas titulizar 6 mil millones de euros, para salir perjudicadas y dar ventajas competitivas a los nuevos entrantes? ¿Aceptando, además, una quita de 1.500 millones de euros? 


Como que no. El escenario 2 de Petitbó no estuvo nunca en las cabezas de los responsables de las Eléctricas. 


La posterior comparecencia de MAFO como Presidente de la CNSE, junto con el informe del Regulador que presidía, fue determinante -¿demoledora?- para el futuro de la titulización de los CTCs. Su conclusión puede resumirse en esta frase: en la CNSE “hoy, ni siquiera defenderíamos que se titulizara una peseta”.


En el mencionado informe de octubre de 1998, la CNSE “aconseja” al Gobierno que no acepte “la petición de las eléctricas” de titulizar un billón de pesetas de CTCs. De ir por esa vía, “no habría posibilidad de reducir dicha cantidad en el futuro”. “La titulización de los CTCs dejaría a los Consumidores desprotegidos y a los próximos Gobiernos, hipotecados”. 


Para la posteridad, en su intervención dejó estas dos frases combinadas: “no hay mayor impuesto que la factura eléctrica”; “como no paguen la factura eléctrica, se quedan sin luz”. 


MAFO advirtió en sede parlamentaria que, por cada año que se extendiera la vida útil de las centrales de generación que recibieron CTCs, por encima de lo que aparecía en las ‘sábanas de cálculos’, sus propietarios recibirían ingresos adicionales, beneficios directos en vena. Y si la cantidad recuperada por extensión de vida útil supera el valor de los activos en el momento de calcular los CTCs, no es necesaria ninguna ayuda para soportar la competencia; más bien, la competencia le viene bien a inversiones ‘maduras’ que han sido bien amortizadas, que han sabido envejecer (como los buenos vinos). 


Una semana después, el 19 de noviembre, compareció el Ministro Piqué ante la misma Comisión de Industria del Congreso, como veíamos al inicio de este artículo: “a la vista de los argumentos que plantean tanto la CNSE como diversos grupos parlamentarios, les anticipo un esquema que, sin impedir la titulización, permita corregir los hipotéticos y muy improbables excesos de CTCs”.


La nueva enmienda incluyó una “cláusula de salvaguarda”: en ningún caso las eléctricas cobrarán con el nuevo sistema (1 billón titulizado + 320 mil millones por diferencias) una cantidad mayor de la que hubieran cobrado, hasta 2007, de haberse mantenido el sistema de diferencias originalmente previsto en la Ley, para los 1,69 billones (artículo 107 de la Ley 50/1998, de Acompañamiento). 


La prima de riesgo impuesta a la titulización, como consecuencia de esta enmienda, fue tan elevada que la hizo inviable. Y sin garantía del Estado, a diferencia de la moratoria nuclear, la titulización nació muerta. Dos años después, la Comisión Europea le acabo de dar la puntilla. 


Eso sí. La segunda quita, de 1.500 millones de euros, fue efectiva desde el 1 de enero de 1999. A pesar de no prosperar la titulización, esa cifra no se volvió a reintegrar en la cifra máxima de CTCc pendientes de cobro. 


Los CTCs no dejan indiferente a nadie. Marcaron una época en nuestro sector. Deberían ser materia obligatoria, no sólo en Escuelas de Negocios o en cursos de post-grado energéticos; también en las Facultades de Derecho, las de Periodismo y las de Económicas. Incluso, en las Escuelas de Ingeniería. Ójala nunca olvidemos nuestra Historia, para no volver a repetir errores del pasado. Quizá nuestro fallo colectivo fue ése: que nunca antes nos habíamos enfrentado a un reto conjunto de tal magnitud, con tantas implicaciones y de tan largo plazo, incluso para los ‘nascituri’ renovables. Si hubieran aparecido en la época de los griegos clásicos, sin duda los CTCs estarían dentro de la Caja de Pandora.


more...
No comment yet.
Scooped by ECOIMPULSO
Scoop.it!

Algunos aspectos clave de un sistema 100% renovable: controlabilidad, mix óptimo y precio

Algunos aspectos clave de un sistema 100% renovable: controlabilidad, mix óptimo y precio | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

Cada vez está consiguiendo mayor aceptación en la sociedad la idea de que un sistema eléctrico 100% renovable no solo es deseable sino que además es posible tecnológicamente. Hasta hace muy poco eran comunes las voces que alertaban sobre las insalvables dificultades tecnológicas que impedirían un desarrollo sustancial de las energías renovables, en particular auguraban que la red eléctrica sería incapaz de gestionar un elevado porcentaje renovable. Hoy, sabemos que esa barrera tecnológica no era tal. En España en 2014 las energías renovables generaron el 43% de la demanda de electricidad peninsular y el 21 de noviembre de 2015 más del 70% de la demanda se cubrió mediante eólica que se incorporó al sistema eléctrico sin dificultades. 


Vencidos los miedos iniciales, ahora es el momento de plantearse si existirán otros límites que impidan un sistema eléctrico totalmente renovable en España. En este texto me centraré en los límites tecnológicos; en este otro artículo se analizan los obstáculos que se derivan de una propuesta que modificaría sustancialmente el statu quo. Aunque el informe que Greenpeace publicó en 2007 ya demostraba que el recurso renovable es más que suficiente para cubrir la demanda, quedan algunas preguntas importantes que deben ser respondidas. Entre ellas ¿cómo se generará energía en aquellos momentos en los que no haya suficiente viento o sol?, o en otras palabras, ¿cuántas baterías o potencia de respaldo será necesaria?, ¿cuál es el mix de fuentes de generación renovable más adecuado?, y por último, ¿cuánto nos costará la electricidad producida mediante este nuevo sistema?


Para responder a estas preguntas es imprescindible un modelado del sistema eléctrico peninsular en el que las combinaciones de diferentes parámetros variables (potencia instalada de cada tecnología, capacidad de bombeo, evolución de la demanda global, estrategias de regulación de demanda…) conformaran diferentes sistemas. Posteriormente, el funcionamiento de cada sistema debería simularse con datos reales para cada hora del año de manera que pudiese evaluarse su funcionamiento en base a figuras de mérito definidas (garantía de suministro en cada hora o coste del sistema). Este enorme esfuerzo de modelado resulta absolutamente necesario y sería deseable que fuera emprendido por algún organismo público cercano al sistema eléctrico como el IDAE o por algún centro de investigación. De momento, Daniel Carralero, Aida González y José Luis Velasco, miembros del Observatorio Crítico de la Energía, han elegido la aproximación que al menos permite obtener conclusiones generales. En su informe titulado “Hacia un sistema eléctrico 100% renovable: El ejemplo de Francia y su extrapolación a España” revisan dos trabajos con un enfoque similar y centrados en intentar describir cómo sería un sistema basado exclusivamente en fuentes renovables. El primer documento analizado “Vers un mix électrique 100% Renouvelable en 2050” describe el posible funcionamiento del sistema eléctrico francés y ha sido elaborado por ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). El segundo trabajo estudiado consiste en el diseño de un sistema eléctrico totalmente renovable para España realizado en la tesis doctoral de Santiago Galbete. En los siguientes párrafos se describen los aspectos más destacados de los sistemas anteriores con el objetivo de extraer conclusiones en relación con la controlabilidad, el mix óptimo de tecnologías y el precio.


El principal problema al que debe enfrentarse un sistema basado exclusivamente en fuentes renovables es cómo asegurar que la energía producida es igual a la demandada en todo instante de manera que se cumpla la garantía de suministro. El estudio de ADEME sobre el sistema francés aporta algunos resultados interesantes. En primer lugar propone como herramienta clave la gestión de la demanda, pone como ejemplo la carga de vehículos eléctricos en horario laboral y el apagado en breves periodos de tiempo de las calefacciones residenciales[1]. En segundo lugar, ADEME calcula que para garantizar el suministro en todas las horas del año sería necesario instalar una capacidad de almacenamiento de 0,35 gigavatios (GW) por cada GW renovable instalado. Es decir, existen a grandes rasgos dos escalas temporales de controlabilidad: por un lado, la gestión de la demanda se utiliza principalmente para desplazar el pico de consumo diario a las horas donde la generación fotovoltaica es máxima, complementando a los sistemas de almacenamiento de corto plazo como las baterías y, por otro, los excesos de generación eólica se almacenan mediante la hidroeléctrica para ser consumidos días o semanas después cuando no hay viento. Para el caso de España, la tesis de Galbete plantea dos escenarios. En el primero, denominado “España-1”, la garantía de suministro se consigue aumentando la capacidad de bombeo hasta los 9 GW (en 2015 existen en España 2,5 GW de bombeo puro y 2,3 GW de bombeo mixto[2] y están proyectados para 2020 otros 3,3 GW) e instalando un total de 8 GW de potencia renovable controlable (centrales de biomasa, geotérmica o solar termoeléctrica con sales fundidas). En el escenario “España-2”, la capacidad de bombeo requerida se limita a 6 GW y la potencia renovable controlable se aumenta hasta 12 GW. En ambos escenarios se cumple la condición de que la energía demandada en cada momento es suministrada sin problemas. Es necesario recordar aquí que el hecho de que España sea una isla energética aumenta las exigencias de potencia de respaldo. En nuestro país la capacidad de intercambio con los sistemas extranjeros representa un 5% del pico de demanda mientras que en Francia, conectada con varios países limítrofes, este ratio es del 14%.


El siguiente asunto sobre el que merece la pena intentar extraer conclusiones es el relativo al reparto óptimo de tecnologías de generación. Para aportar un poco de contexto, conviene recordar que, en la actualidad, el sistema eléctrico francés se basa mayoritariamente en energía nuclear. En 2014 esta tecnología cubrió el 77% de la demanda mientras que la aportación renovable apenas supuso el 18%. El sistema 100% renovable optimizado por ADEME cuenta con un 63% de la potencia eólica, 17% solar y 13% hidráulica. En este caso la potencia instalada eólica prácticamente cuadriplicaría la solar. Para el caso español, los dos escenarios analizados difieren ligeramente en la potencia eólica y solar instalada (“España-1” incluye 63 GW eólicos y 34 GW solares; “España-2” incluye 54 GW eólicos y 27 GW solares) pero en ambos casos la potencia eólica es aproximadamente el doble de la solar. Al contrario de lo que ocurre en Francia, donde el desarrollo de las renovables todavía es incipiente, en España sí existe una potencia significativa instalada. Pese la nefasta política energética de los últimos años, a finales de 2015 había 23 GW eólicos instalados en España de manera que alcanzar un sistema 100% renovable requeriría duplicar esta potencia, para lo cual será necesario la repotenciación de los parques existentes junto con la instalación de nuevos parques. En cuanto a la energía solar, a finales de 2015 la potencia instalada era de 6,5 GW, de los cuales 4,4 GW son fotovoltaicos y 2,2 GW son termosolares. Aunque, en comparación con la eólica, podría parecer que la potencia solar instalada actualmente está más alejada de la necesaria, es evidente que simplemente con una legislación que no obstaculice la fotovoltaica se produciría un notable desarrollo de estas instalaciones en los próximos años. Si tenemos en cuenta que en Alemania existen en la actualidad 38 GW de potencia fotovoltaica podemos confirmar que el requisito de desarrollo de esta tecnología para alcanzar un sistema basado exclusivamente en fuentes renovable en España es absolutamente asumible.


Por último, también resulta muy interesante conocer los valores para el precio de la electricidad que estiman los trabajos mencionados. Para el sistema francés, ADEME predice que la generación de electricidad costaría 77 €/MWh. La comparación de este valor con los 109 €/MWh que recibirá la central nuclear de Hinkley Point C en Reino Unido despeja cualquier duda sobre la conveniencia de este sistema. Para el caso español, la tesis de Galbete estima que el precio de generación de la electricidad en los escenarios considerados estaría comprendido en la horquilla 84-107 €/MWh aunque el propio autor advierte la necesidad de actualizar el coste de las tecnologías renovables, en particular el de la fotovoltaica que ha experimentado un espectacular descenso de precios en los últimos años.


A partir de la información recogida en todos los trabajos citados anteriormente y resumida en este artículo podemos llegar a una conclusión esperanzadora. Si hasta ahora sabíamos que un modelo eléctrico 100% renovable era muy deseable desde el punto de vista ambiental y que el recurso en nuestro país era suficiente para alcanzarlo, estos trabajos nos indican que no hay duda de que dicho sistema es factible desde el punto de vista tecnológico y recomendable en tanto que no supondrá un encarecimiento del precio de generación de la electricidad. Descartados pues los impedimentos técnicos y económicos, queda patente que el principal motivo que está obstaculizando esta transición energética es de tipo político.



more...
No comment yet.