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El autoconsumo es el futuro energético
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/index.php?cID=1033Las energías límpias son la solucion del nuevo siglo para luchar contra el cambio climático
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La CE promete a IU hacer un “seguimiento estrecho” de las “subvenciones estatales ilegales” que hayan podido recibir las eléctricas a costa de la moratoria nuclear | IZQUIERDA UNIDA

La CE promete a IU hacer un “seguimiento estrecho” de las “subvenciones estatales ilegales” que hayan podido recibir las eléctricas a costa de la moratoria nuclear | IZQUIERDA UNIDA | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

La comisaria europea de la Competencia, Margrethe Vestager, se ha comprometido con Izquierda Unida a hacer un “seguimiento estrecho” de las “subvenciones estatales ilegales” que hayan podido recibir las compañías eléctricas en España a costa de la moratoria nuclear. La representante de la Comisión Europea ha tomado esta decisión tras una denuncia de la eurodiputada Paloma López, en la que explicaba que, pese a que “los activos afectados por la moratoria nuclear tienen un valor que oscila entre 2.400 y 3.000 millones de euros”, el Estado ha abonado cantidades muy superiores “en forma de intereses adeudados por la moratoria ya en 1994”, y que “los pagos siguen produciéndose en la actualidad”, algo que repercute directamente en la factura de la luz y, por tanto, en las familias y la industria.

 

López ha mostrado su satisfacción por el anuncio de Vestager, sobre todo teniendo en cuenta que el pasado mes de junio ignoró otra denuncia sobre este tema, bajo el pretexto de que la Comisión no había recibido “ninguna indicación” de que en España las empresas eléctricas hubieran “obtenido una compensación excesiva por una moratoria sobre la inversión en energía nuclear”.

 

“Las eléctricas especularon con la construcción de nucleares y como ocurrió luego con el ciclo combinado, ganaron gracias al rescate del Estado y la externalización de los costes ambientales. Es inaceptable la opacidad en las cuentas de las nucleares. Esperamos que la investigación permita saber qué cantidades y qué beneficios obtuvieron las eléctricas de esta moratoria, a costa de las familias y de la industria”, ha dicho la eurodiputada.

 

La moratoria nuclear entró en vigor a principios de los ochenta por la notable caída de la demanda, como consecuencia de la crisis del petróleo de la década anterior, y por un aumento muy significativo de los costes de financiación para construir las 25 centrales que se llegaron a proyectar. Quedaron paralizadas en total cinco plantas y se calculó que las eléctricas debían recibir una indemnización que se cifró entre los 2.400 millones de euros y los 3.000 millones de euros. En la práctica fue un rescate del Estado a las eléctricas cuyo valor total no es del todo claro, ya que en la actualidad se siguen pagando intereses. Por ejemplo, este año se abonarán 67,7 millones de euros que repercuten directamente en la factura de la luz y el déficit de tarifa. ONG como Ecologistas en Acción calculan que los sobrecostes de la gestión de la moratoria nuclear rondan los 6.600 millones de euros.

 

“Resulta evidente que la regulación eléctrica protege los intereses financieros de las grandes compañías", ha señalado López, para quien “los intereses creados por la privatización y concentración del sector, son un obstáculo hacia un modelo energético que aproveche nuestras potencialidades de generación y refuerce nuestro modelo productivo”.

 

La eurodiputada ha incidido, además, en la oposición de IU a que se continúe promoviendo “una energía altamente peligrosa, como demuestran sucesivos accidentes y el problema eterno de los residuos”. “Nos oponemos a que sean los consumidores y no los accionistas quienes asuman el coste de su necesario cierre”, ha concluido.

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Una legión de abogados y lobbistas consiguió que Zapatero regalara 3.400 millones a las eléctricas

Una legión de abogados y lobbistas consiguió que Zapatero regalara 3.400 millones a las eléctricas | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it
El primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008) tenía decidido reclamar a las grandes compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON-Viesgo y EDP-Hidrocantábrico) los más de .000 millones de euros (esta cantidad se actualizó posteriormente elevándose a 3.400 millones) cobrados de más en concepto de Costes de Transición a la Competencia (sistema por el que la Administración se comprometía a reconocerles el valor del impacto negativo que podría tener en sus cuentas la liberalización del sector).

 

Unos batalladores Ignasi Nieto y Jorge Sanz, Secretario General de Energía y director general de Energía, respectivamente, se pusieron manos a la obra para sacar adelante la orden que establecía la liquidación de ese sistema y "si en el caso de que se produjera dicha liquidación y resultara que algunos agentes han percibido cantidades superiores a la máxima atribuida inicialmente, cabría exigir a estos agentes la devolución de estos excesos".

 

De esta guisa preguntaba Nieto, a finales de 2007, a la Abogacía del Estado si era conveniente proceder en esta línea contra las eléctricas. El informe de la Abogacía llegó en marzo del siguiente año, pero para entonces, los compañías afectadas ya habían encargado la friolera de 14 contrainformes de bufetes de abogados para tumbar la orden en marcha.

 

Según desvela en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción Fernando Calancha, por aquella época Jefe de Gabinete del Secretario de Energía, él estuvo al tanto en un gran número de reuniones de la redacción de la orden de liquidación de los CTCs. Tras ganar de nuevo Zapatero las elecciones generales, llegó Miguel Sebastián como ministro de Industria y Calancha dejó su cargo y se quedó como abogado del Estado en este mismo ministerio.

Calancha reconoce en su declaración como testigo en la investigación abierta por Anticorrupción que "con posterioridad a la remisión de este oficio [dirigido a la Abogacía del Estado para que informara sobre la orden], el declarante no tuvo noticias de ninguna actuación en relación con los CTC's, por el cauce oficial. Sí recuerda que estando de Abogado del Estado en el Ministerio [ya en 2008 con Sebastián al frente] recibió una serie de informes contrarios a la posibilidad de la liquidación de los CTC's, concretamente 14, elaborados por diversos despachos de abogados, que recibió a título ilustrativo y no recuerda quién se los envió. Que desde la Abogacía del Estado no se volvieron a dirigir a él para preguntarle sobre el tema de los CTC's después de su marcha del cargo y que desconoce el motivo por el cual la Abogacía General del Estado no informó a la propuesta de Orden".

 

Las respuestas de Calancha a las preguntas del Fiscal Luis Rodríguez Sol muestran a las claras como las compañías eléctricas fueron capaces de parar la llegada de la Orden al BOE gracias a esos 14 contrainformes y las presiones ejercidas sobre el nuevo ministro de Zapatero y su equipo.El derecho de reclamación para que el sistema eléctrico y los consumidores recuperen el dinero que se embolsaron las compañías prescribió en 2008.

 

Según las fuentes al tanto de lo ocurrido ese 2008 cuando Sebastián tomó las riendas de Industria, los gigantes del sector desplegaron una intensa labor de lobby para frenar una norma que les hubiera obligado a devolver 3.400 millones de euros.

Fueron capaces de conseguir el borrador de Orden [Anticorrupción no ha conseguido averiguar quién les filtró de forma ilícita el documento] y diseñar contraargumentos ad hoc para desacreditar las tesis que defendía la norma, en un intento de recuperar para el sistema eléctrico y para los consumidores eso dinero cobrado de más por las compañías.

 

"Lógicamente, las empresas eléctricas tenían interés en que la propuesta de orden no siguiera adelante y utilizaron los medios de presión habituales que tenían a su alcance", ha señalado Jorge Sanz en su declaración ante el Fiscal.

 

La estrategia de las grandes eléctricas tuvo éxito. Los informes pedidos a la Abogacía del Estado primero, y posteriormente a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), quedaron "en suspenso" y la Orden pasó al cajón de los olvidos del ministro Sebastián.

Las eléctricas no han tenido que devolver ni un euro de lo que cobraron de más y eso que el Gobierno del PP intentó volver a poner en marcha una iniciativa similar, pero tanto desde los servicios técnicos del Ministerio de Industria, ya bajo responsabilidad de José Manuel Soria, como desde la Abogacía del Estado se confirmó que los hechos habían prescrito.

 

La querella presentada ante la Fiscalía Anticorrupción contra los ministros de Zapatero, Elena Salgado y Miguel Sebastián, finalmente ha sido archivada.

 

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El pitorreo del Castor: el Gobierno se plantea ahora reabrir el almacén de gas después de pagar a Florentino 1.350 millones

El pitorreo del Castor: el Gobierno se plantea ahora reabrir el almacén de gas después de pagar a Florentino 1.350 millones | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

Esto es un pitorreo. Ahora resulta que el Gobierno se está planteando reabrir el almacén de gas Castor. ¿Recuerdan? En verano de 2014, la empresa Escal UGS, controlada en un 66,7% por ACS, renunció a su explotación –la concesión le fue concedida durante el Gobierno de Zapatero- porque el proyecto resultó inviable, al provocar múltiples seísmos en la costa de Castellón.

 

Ante este panorama, el Ejecutivo decidió cerrar el Castor –octubre de 2014- y pagar a ACS, nada más y nada menos, que 1.350 millones de euros de indemnización. Por cierto, pago que se realizó con inusual rapidez, sólo un mes después del cierre.

 

Efectivamente, el contrato firmado por Florentino Pérez durante la legislatura de Zp incluía una cláusula que garantizaba la devolución de la inversión a Escal UGS en caso de reversión. Vamos, un auténtico chollo: si el proyecto salía bien, Florentino se forraba, y si no –como fue el caso-, recuperaba todo el dinero, acosta de los españoles, evidentemente.

 

Ahora, sin embargo, y después de pagar los millones a Florentino, el Gobierno se plantea reabrir el Castor, un proyecto al que no quiere renunciar porque “mantiene su interés estratégico”, según se pone de manifiesto en una respuesta parlamentaria que el Ejecutivo ha enviado Lourdes Ciurò, diputada de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el Congreso, y que recoge este lunes Europa Press.

 

En el texto, el Ministerio de Industria admite que aún sigue esperando los informes técnicos necesarios para poder tomar una decisión definitiva. “La hibernación de estas instalaciones ya construidas permitirá su futura explotación siempre que se realicen los estudios técnicos necesarios que garanticen la seguridad”, señala el escrito. Entonces, si la decisión de cerrar el Castor no fue en firme, ¿por qué el Gobierno indemnizó a Florentino? ¿Y por qué lo hizo con tanta celeridad? ¿No podía esperar a los informes técnicos?

 

En cualquier caso, la broma nos va a salir a los españoles por 4.731 millones de euros y no por 1.350 como dijo el Gobierno. Y es que, según la OCU, a los 1.350 millones hay que sumar el 4,27% de interés anual, a pagar durante 30 años. En total, 4.731 millones, uno detrás de otro.

 

Por cierto, Industria asegura que el pago de la indemnización “no implica en modo alguno la extinción de la responsabilidad” que la empresa y sus accionistas “deban, en su caso, afrontar por su gestión del proyecto, y que será convenientemente exigida una vez se dispongan de todos los elementos de juicio necesarios”. A que no.

 

Es más, no descarten que Florentino se presente para gestionar el Castor en el caso de que el Gobierno decida finalmente reabrirlo.

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Ecologistas temen que el Gobierno autorice un almacén de residuos temporal en Almaraz

Ecologistas temen que el Gobierno autorice un almacén de residuos temporal en Almaraz | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it
Ecologistas en Acción, Equo, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y el Foro Extremeño Antinuclear advierten que este sería el primer paso para ampliar la vida útil de la central hasta los 60 años Señalan igualmente que el Gobierno estaría planteando acumular allí temporalmente residuos de otras centrales hasta planificar dónde se construirá el Almacén Temporal Centralizado (ATC)

 

Esto permitiría guardar más residuos, y ampliar la vida útil de los dos reactores de la central cacereña. Todos confirman que la información sobre el almacén ha sido filtrada y contrastada desde dos fuentes autorizadas, que mantienen en el anonimato por motivos de seguridad. 

 

Según los datos de Enresa, de 2006, el grado de ocupación de los residuos de Almaraz I era entonces del 61 por ciento, y en Almaraz II del 57 por ciento;mientras que la saturación de los residuos radiactivos acumulados está prevista para los años 2020 y 2022, respectivamente.

 

Explica Uralde que la idea que corre por todos los foros es que el Gobierno, teniendo en cuenta que la capacidad de acumulación coincide con el fin de la vida útil de Almaraz, planifica en la actualidad un aumento de su vida útil, y por lo tanto su actividad. 

“Nuestra apuesta es ir hacia un nuevo modelo energético, por fuentes renovables, apostamos por una desconexión de las no renovables de manera progresiva”, transmite a eldiarioex el líder nacional de Equo. 

 

Es precisamente el proyecto fallido en Villar de Cañas el que hace pensar a los ecologistas que el almacén de Almaraz podría tener otro propósito. Advierten de la posibilidad de que la central, con sus nuevos depósitos, fuera el lugar de almacenamiento temporal de todos los residuos radiactivos que acumula España en Francia, y que tienen que volver de nuevo a la península. 

 

Ecologistas en Acción es una de las fuentes que plantea la posible hipótesis de que el objetivo, en último término, podría ser aparcar durante algunas décadas el debate sobre el famoso ‘cementerio nuclear’, utilizando mientras tanto Almaraz.

 

De lo que sí que están seguros es de que, si los depósitos de Almaraz se llenan en los años 2020 y 2022, “está claro que lo que quieren es alargar la vida útil de esta central: tontos no somos”, según transmite Francisca Blanco, coordinadora del área de Energía de Ecologistas en Acción federal (es la activista que se enfrentó también a la urbanización Marina Isla de Valdecañas).

Una opinión que comparte la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Cote Romero apunta que Almaraz “ha dado problemas” a lo largo de su vida útil, “y desde luego que alargarla, es una mala noticia”.

 

Las renovables produjeron más del 40 por ciento de la energía durante el pasado año, “y el mercado eléctrico ha demostrado que ha estado suficientemente atendido en los momentos en que varias nucleares han estado desconectadas de la red”, añade . 

Una de las cuestiones que defiende es que hasta que no se anuncie el cierre completo de las nucleares, no pondrán encima de la mesa las alternativas que se pueden buscar a los residuos que generan las nucleares.

 

La organización ecologista Greenpeace ha hecho público un nuevo informe sobre la seguridad de las centrales nucleares en Europa, en el que analiza los planes de acción nacionales a través del ejemplo de diez plantas, entre ellas la cacereña de Almaraz, a la que suspende. El resultado de ese informe es muy negativo para la seguridad de la planta extremeña y en esas circunstancias solicita el cierre de la planta por motivos de seguridad.

 

Según este informe, la central extremeña suspende el test de resistencia nuclear en la evaluación encargada por la organización ecologista a la experta independiente Oda Becker en ocho puntos destacados. El documento se basa en la serie de “pruebas de resistencia nuclear'' que se establecieron a raíz del desastre nuclear de Fukushima (Japón) en marzo de 2011 y que Greenpeace ha evaluado sistemáticamente. Así, señala que no cuenta con válvulas de seguridad para prevenir una explosión de hidrógeno, como tampoco las tenía Fukushima, y su instalación no está prevista hasta finales de 2016, ni cuenta con medidas eficaces de gestión de accidentes para asegurar la integridad de la contención de la radiactividad durante un accidente grave en ninguna de las dos unidades de la central.

 

También echa en falta evaluación de los riesgos naturales y añade que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no se toma en serio el riesgo sísmico, ya que ha tardado casi 5 años en comenzar la evaluación sísmica que le exigió la UE, y alerta de la inexistencia de sistemas de ventilación con filtro y de que la implementación de un sumidero final de calor alternativo ni siquiera está previsto Añade que la debilidades de diseño continúan, ya que el edificio del reactor y el de la piscina de combustible gastado no tienen ninguna protección especial y por lo tanto son relativamente vulnerables frente a eventos externos.  


Asimismo, señala que se ignora el hecho de que la energía térmica de ambas unidades se ha incrementado y esto acelera los procesos de envejecimiento, un tema cada vez más relevante en una central que en su cuarta década de vida operativa.

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La reduccion del 2,2% de la luz apenas se notará por la demanda eléctrica culpa del calor - laSexta

La reduccion del 2,2% de la luz apenas se notará por la demanda eléctrica culpa del calor - laSexta | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it
La bajada en el recibo de la luz no se notará a pesar de la rebaja de un 2,2% que anunció el Gobierno y que ha entrado en vigor. La culpa la tiene la ola de calor. La demanda eléctrica ha aumentado un 10% lo que ha provocado la entrada de los ciclos combinados, con combustibles más caros, que al final, encarecen nuestra factura. El ministro de Industria, Jose Manuel Soria, recuerda a las eléctricas que el gobierno se mantendrá vigilante para que cumplan las reglas. - laSexta
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MANIFIESTO. Si a las energías renovables, no a las plantas de gas

MANIFIESTO. Si a las energías renovables, no a las plantas de gas | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it
La Coordinadora Canaria Contra Las Regasificadoras y 27 organizaciones y colectivos sociales, políticos y culturales más declaran…

 

1.- Rechazar de forma rotunda la introducción del gas natural en Canarias y la construcción de dos Regasificadoras, una en Arinaga, Gran Canaria, y otra en Granadilla, Tenerife, porque suponen un gravísimo impacto ambiental, por su peligrosidad y cercanía a núcleos habitados y porque impiden proyectar para Canarias un nuevo modelo energético de futuro, basado en parámetros de la gestión de la demanda energética y en el aumento de las medidas de eficiencia y de las energías renovables.


2.- Apostar, también con rotundidad, por una profunda transformación del modelo energético hacia la soberanía y autoabastecimiento energéticos, basado en energías limpias y renovables. Exigir un nuevo modelo distribuido, donde no existan grandes nodos centrales, donde quepan pequeños productores y el autoconsumo, como único camino para racionalizar el sistema. Hacerlo más justo, social, equitativo y solidario con respeto al medio ambiente, y eliminar los sobrecostes, con el objetivo de que Canarias pueda desarrollar su enorme potencialidad como laboratorio mundial para energías como la solar, geotérmica, eólica, minihidráulica o maremotriz. Un sistema que incentive además la eficiencia y que esté orientado hacia el ahorro y el consumo responsable de la energía, para que podamos también convertirnos en referentes a nivel mundial en la lucha contra el cambio climático.


3.- En aras a la transparencia y al derecho a la información, ¡¡EXIGIR!! a las Administraciones competentes en la materia, ya sea por la ubicación de las obras y/o  por actividades  de competencia específica o delegada,  tales como Ayuntamiento de Agüimes, Puertos del Estado y Autoridad Portuaria de Las Palmas, información de las actividades y de las obras que se están realizando en las inmediaciones del Puerto de Arinaga, la finalidad de las mismas, y si éstas tienen alguna relación con los proyectos de instalación de una Regasificadora. Qué tipo de licencia o concesión administrativa se ha emitido, cuando aún está en fase de elaboración el plan especial del suelo de dominio público portuario del Puerto de Arinaga, o en su caso para qué entidad pública o privada se realizan las mismas, debiendo constar la misma por escrito; dado el estado de alarma social que están provocando las mismas, al no figurar en su entorno información detallada de las mismas. 


4.- Dar traslado de los puntos declarativos del manifiesto aprobado, al Gobierno de Canarias, al Ayuntamiento de Agüimes, Puertos del Estado, Autoridad Portuaria de Las Palmas,  Cabildo Insular de Gran Canaria y a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


NO A LAS PLANTAS DE GAS


La introducción del gas natural en Canarias y los proyectos de construcción de dos Regasificadoras, una en Arinaga y otro en Granadilla, aparejadas con la posible ampliación del Puerto de Arinaga y la creación del macropuerto de Granadilla, suponen para quienes los sustentan una grave irresponsabilidad política.


La apuesta de futuro en Canarias no pasa por atiborrarnos con combustibles fósiles pertenecientes a un pasado arcaico, sino por las energías renovables. Estamos hablando de instalaciones especialmente peligrosas que han sufrido accidentes con víctimas mortales en todo el mundo, y no es difícil imaginar el desastre que provocaría un incendio accidental de esas enormes bombas inflamables. Estos proyectos constituyen un atentado ambiental, social y paisajístico para las dos islas, Gran Canaria y Tenerife; concretamente en nuestra zona afectaría a Arinaga y sus salinas, al litoral del municipio de Santa Lucía de Tirajana, a los Sebadales de la zona, aves como el patinegro, a la tortuga boba, impedirían el acceso a los usuarios habituales de las inmediaciones del Puerto de Arinaga, al Campeonato de Windsurfing de Pozo Izquierdo y notablemente mucho más grave a los vecinos y vecinas de Arinaga que vivirían a apenas 450 metros de la presunta ubicación prevista de la Planta de Gas.


La introducción del gas natural en Canarias no es la solución, porque es un recurso fósil y nos encontramos en el momento en el que todos estos combustibles no renovables tienen que ser sustituidos. Es absurdo, antieconómico y de poca visión de futuro estar planificando, para esta segunda década del dos mil, costosas infraestructuras eléctricas para crear un nuevo mercado de gas natural en Canarias. Está notablemente demostrado y comprobado, por estudios avalados y contrastados, que la demanda eléctrica de cada isla y de las islas en general se podrían atender sin necesidad de recurrir al gas. No resuelve la dependencia energética del exterior, no solucionaría el grave déficit de los sistemas eléctricos insulares y porque no contribuye a frenar el cambio climático. Bloquea y retrasa la transición al nuevo modelo energético, desincentiva el ahorro energético y porque obstaculiza y frena el desarrollo de las energías renovables.


Evidentemente está claro que la introducción del explosivo gas licuado, energía contaminante, no es el modelo energético y de respeto medioambiental a seguir, modelo que se quiere imponer cometiendo numerosas tropelías, como crear leyes para imponer instalaciones eléctricas y gaseras, infraestructuras para su transporte y depósito, impidiendo decidir a cabildos y ayuntamientos, y así evitar su oposición, si estos consideraran que van en contra del beneficio de su comunidad, favoreciendo únicamente a los intereses privados. Como todos sabemos todo esto se ha ido maquinando a raíz de que los tres ayuntamientos de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria se opusieran rotundamente a la instalación de la planta Regasificadora en Arinaga. 


ECOIMPULSO's insight:

¿Es en el presente, el gas natural, la energía primaria que mejor resuelve los problemas de dependencia, déficit y contaminación de los sistemas eléctricos de nuestras islas, cuando las renovables las tenemos aquí en Canarias y son mucho más baratas, inagotables y limpias?

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El restaurante Lasal del Varador apuesta por el balance neto. - Solartradex

El restaurante Lasal del Varador apuesta por el balance neto. - Solartradex | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it
¿El balance neto no existe? Os contamos como el restaurante Lasal del Varador ha ampliado su instalación de autoconsumo y ha apostado por el balance neto.

 

En primer lugar, conviene recordar, al menos a los más nuevos en esta bitácora, que en Noviembre de 2012, el restaurante Lasal del Varador se convertía en el primer proyecto de autoconsumo conectado a la red  (8,6 kWp) y legalizado al amparo del RD1699/2011 en España, hito por el que fuimos merecedores del Premio Intersolar al mejor proyecto solar europeo del año 2012.

 

Y ahora, tres años después de aquella gratificante experiencia, se ha decidido ampliar la instalación hasta los 21,175 kWp actuales que cubren la totalidad de la cubierta del restaurante. La nueva instalación compuesta por 77 módulos solares monocristalinos de 275 W del fabricante Yingli ( Panda YL275C-30b) y un inversor Fronius  de 20 kW nominales ( Symo 20.0-3-M) fue puesta en servicio el pasado mes de junio.

 

¿ Pero qué es lo que ha llevado a Lasal del Varador a ampliar su instalación tan sólo 3 años después de realizar una primera inversión?


Pues básicamente dos son las razones principales: de un lado la voluntad de aumentar la cobertura solar aún a costa de perjudicar la rentabilidad del proyecto,  y de otro lado el convencimiento de que el peaje de respaldo que quiere implantar el Sr. Soria, no tiene ningún sentido, y que en caso de aprobación definitiva, más pronto que tarde éste será derogado.

 

Empezamos pues, analizando el asunto de la cobertura solar; y es que con la antigua instalación de 8,6 kWp, la cobertura solar, entendida como el porcentaje del consumo final que es cubierto con energía solar, apenas alcanzaba el 22,5%; mientras que en la actualidad, con la nueva instalación de 21,175 kWp llegamos a cubrir, con autoconsumo instantáneo hasta el 44% del consumo total del restaurante.


No obstante también conviene destacar el hecho de que a mayor cobertura solar, la cuota de autoconsumo – porcentaje de la producción solar que se consume dentro del mismo restaurante- siempre disminuye;  básicamente debido a que en las horas en las que antes había excedentes, ahora, con una mayor potencia instalada,  estos serán mucho mayores, y además aparecerán nuevas horas en las que la producción solar supere el consumo del restaurante.

 

Todo esto conlleva que hemos pasado de una cuota de autoconsumo del 92,5%, a una cuota del 70%, provocando que la cantidad de energía no autoconsumida instantáneamente sea del orden de 8.871 kWh anuales ( 30% sobre la producción solar anual estimada).

 

Y es precisamente en este punto donde viene el quid de la cuestión….. ¿ Qué hacemos con estos 8.871 kWh que nos sobran cada año?


Para responder a esta cuestión, lo primero que debemos tener presente, es que el consumo anual del restaurante es de 47.108 kWh, de los cuales 11.881 kWh son en período valle ( desde las 12 de la noche a las 8 de la mañana), con un coste de  0,0757 €/kWh en período valle, según el contrato firmado con la cooperativa de energía verde Som Energia.

 

Y también es importante destacar que cada kWh  generado sobrante, lo vendemos en el mercado eléctrico a un precio medio aproximado de 0,05 €/kWh – el precio cambia cada hora, pero las horas diurnas son las de mayor precio-.

Fijaros ahora:

Coste consumo nocturno: 11.881 kWh  x 0,0757 €/kWh = 899,39 €/añoVenta excedentes solares: 8.871 kWh x 0,05 €/kWh = 443,55 €/año

Por lo tanto, podríamos asimilar que gracias a la venta de excedentes de producción en el mercado de generación, vamos a cubrir el 49% del coste nocturno de la electricidad.

 

O dicho de otra forma,  estamos compensando el 49% del consumo nocturno, lo que equivale nada más y nada menos que a 5.821 kWh ( 11.881 kWh x 49% = 5.821 kWh).

 

Y voilà …… como por arte de magia, aquí os presento el famoso “balance neto” que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo nos quiere evitar.

 

¿O acaso esto no es lo más parecido a un balance neto? Estamos compensando parte de nuestro consumo nocturno gracias a nuestros excedentes de producción solar.

 

Dicho esto, hay algunas consideraciones relevantes que conviene tener presente, como por ejemplo que debido a la diferencia de precios entre lo que paga el restaurante por la energía nocturna y el precio de venta de la electricidad durante el día, la compensación no tiene una relación 1:1 ( están sobrando 8.871 kWh y en cambio sólo podemos compensar 5.821 kWh); pero en todo caso, queda fuera de cualquier duda se trata de una compensación de energía…. e incluso me atrevería a decir, que posiblemente sea más favorable este balance neto que lo que nunca podríamos esperar que regulase el Gobierno.

 

Consecuentemente podemos concluir que gracias a la nueva instalación solar de 21,17 kWp, cubriremos mediante autoconsumo instantáneo 20.820 kWh ( 44% de cobertura solar) y además vamos a compensar adicionalmente, 5.821 kWh de consumo nocturno, por lo que la cobertura solar final aumentará hasta los 26.641 kWh, alcanzando nada más y nada menos que un 56% de cobertura solar… que no está nada mal.

 

No hay temor al posible peaje de respaldo.  Según el borrador actual y  en caso de aprobación, este no afectaría en más de 20% sobre el ahorro conseguido, y esto suponiendo que el peaje de respaldo estuviera presente durante los 30 años de vida útil del proyecto….

 

¿ Alguien se lo imagina? El pasado día 27 de julio todos los partidos de la oposición firmaron el el Congreso de los Diputados un manifiesto comprometiéndose a derogar el real decreto de autoconsumo en caso de aprobación definitiva; por lo que llegados al extremo de aprobarse el peaje de respaldo este no sobrevivirá más de 12 meses a lo sumo y por lo tanto la disminución total del ahorro no superaría el 0,67% ( 1 año / 30 años x 20%)… ¿realmente hay razón para paralizar proyectos por temor al peaje de respaldo?

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Los ciclos combinados cobran el triple del precio del mercado eléctrico - elEconomista.es

Los ciclos combinados cobran el triple del precio del mercado eléctrico - elEconomista.es | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it
Las centrales de gas suelen operar bajo un mecanismo de seguridad del sistema eléctrico, las restricciones técnicas zonales, que les permite recibir cantidades más elevadas por su producción eléctrica. Como resultado, cada MWh abonado por los consumidores se encareció en 3,74 euros durante 2014.

 

El pasado 21 de julio, en plena ola de calor, los ciclos combinados de gas alcanzaron su máximo de producción de los últimos dos años. Ese día consiguieron cubrir el 22,4 por ciento de la demanda, convirtiéndose en la segunda fuente de generación del país, por detrás del carbón. No es lo normal. Lo habitual es que apenas tengan presencia en el grupo de tecnologías de generación que satisfacen nuestras necesidades de electricidad: el año pasado sólo cubrieron el 8,4 por ciento de la demanda.

 

Ahora bien, la mayoría del tiempo que están funcionando cobran un precio mucho más alto que el normal por su producción eléctrica. En momentos puntuales puede ser 100 veces más elevado, aunque lo usual es que no llegue a esos extremos; durante el año pasado fue el triple.

 

Eso es así porque operan dentro de un mecanismo de seguridad del sistema eléctrico conocido como Resolución de restricciones técnicas al programa diario base de funcionamiento. También el carbón y las centrales hidroeléctricas se acogen a él, pero es copado mayoritariamente por los ciclos.

 

El mecanismo de restricciones técnicas entra en funcionamiento cuando REE, el operador del sistema, constata que, de acuerdo con los resultados de la casación de oferta y demanda de energía en el mercado mayorista -el programa diario base de funcionamiento- hay problemas para garantizar el suministro en una determinada zona.

 

Estos problemas, normalmente, se derivan de la existencia de congestiones en las redes de transporte o distribución, pero también porque alguna central no esté disponible o porque la oferta de precio que han hecho las centrales de esa zona ha sido demasiado elevada como para casar en el mercado. Ocurren con frecuencia, por ejemplo, en Cataluña o en el Campo de Gibraltar.

 

Cuando se da esa situación, REE abre el mecanismo de restricciones técnicas y solicita ofertas de precio a las centrales de la zona para que produzcan energía y se prevenga que haya un apagón. En estas ofertas no hay un precio máximo, y es costumbre que sea mucho más elevado que el del mercado diario normal.

 

El pasado 21 de julio, por ejemplo, el precio del mercado mayorista osciló entre los 52,91 euros por MWh y los 71,65 euros por MWh, unas cantidades ya de por sí más elevadas que las habituales, precisamente porque el gas pesaba en la cesta de generación, pero mucho más pequeñas que las de la solución de restricciones técnicas, que oscilaron entre 188,98 euros por MWh y los 1.615,69 euros por MWh, cifra que se alcanzó entre las dos y las tres de la madrugada.

 

Los precios máximos que se alcanzan con el mecanismo de restricciones técnicas, normalmente durante períodos muy cortos de tiempo, son extraordinariamente llamativos: el récord del año pasado fue de 4.611 euros por MWh, y remontándonos en el tiempo, no es muy difícil encontrar precios todavía mayores: el 6 de enero de 2013 se alcanzaron los 15.200 euros por MWh.

 

Los precios medios no llegan a esos extremos. Durante el año pasado, el precio medio ponderado del mercado diario fue de 42,1 MWh, mientras que el precio medio ponderado en la resolución de restricciones técnicas fue de 117,6, prácticamente el triple. Atendiendo al volumen de energía despachada bajo el mecanismo durante todo el ejercicio, el coste total para el sistema rondó los 700 millones de euros.

 

Se calcula que el parque de ciclos combinados ha exigido la inversión de unos 13.000 millones de euros. Muchos están por amortizar y con las escasas horas que operan al año tienen muy complicado conseguirlo; varios, incluso, han solicitado el cierre definitivo ante la imposibilidad de entrar en funcionamiento.

 

Obviamente, una forma de conseguir que aporten ingresos a las empresas es procurar que entren en el mecanismo de restricciones técnicas para que perciban sus elevados precios.

 

Según los datos de la CNMC, la participación de la energía producida por los ciclos en el mecanismo se incrementó un 32 por ciento durante el año pasado: "similar a lo acontecido en los años precedentes, el reducido funcionamiento de los ciclos combinados en el programa diario base de funcionamiento y la búsqueda de un mejor posicionamiento en restricciones técnicas, derivó en un aumento a lo largo del año 2014 del número de centrales despachadas por debajo de su mínimo técnico".

 

Ese mínimo técnico al que hace referencia el regulador inhabilita a la central para participar en el mercado diario, de modo que sólo puede entrar en operación si es necesaria para garantizar el suministro de una zona en el posterior mecanismo de restricciones técnicas.

Tanto están actuando los ciclos combinados en el sistema de restricciones que durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado lo hicieron durante todas las horas en las que operaron.

 

El efecto de este mayor despacho de energía a través de las restricciones técnicas es, lógicamente, el aumento del monto final abonado por los consumidores por este concepto: en 2014 costó 3,74 euros por MWh, un 33 por ciento más que el año anterior, y un 120 por ciento más que los 1,7 euros por MWh que supuso en 2008, ejercicio en el que los ciclos fueron la primera fuente de generación del país, cubriendo el 32 por ciento de la demanda.

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Las obsesiones del oligopolio eléctrico | Periódico Diagonal

Las obsesiones del oligopolio eléctrico | Periódico Diagonal | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it
El sistema eléctrico español está dominado por un número muy pequeño de empresas transnacionales que explotan, en régimen de oligopolio, una necesidad básica. Esas empresas encabezan la lucha contra el autoconsumo con la perspectiva de seguir siendo las que dicten las condiciones de suministro y transporte en el nuevo paradigma energético.

 

Los privilegios del oligopolio se fundamentan en la connivencia con el poder político. Estas empresas obtienen una regulación favorable a sus intereses, en detrimento de los intereses de los consumidores, gracias a las influencias de algunos miembros de sus consejos de administración que, en un pasado reciente, ostentaron altos cargos políticos en el sector.

 

Fieles creyentes en el crecimiento infinito, durante los “años locos” de la burbuja las empresas del oligopolio apostaron muy fuerte por construir nuevas centrales de gas de ciclo combinado, seguros como estaban de que la progresión de la demanda era imparable. Un desatino. Sus grandes inversiones obedecían a un error de cálculo garrafal y vieron pronto amenazada su rentabilidad, porque apenas se utilizan. Menos mal que los amiguetes les ayudan a sobrellevar el mal trago con los pagos por capacidad.

 

Paralelamente, la generación renovable ha conocido una evolución imparable. La reacción del oligopolio a la implantación de estas tecnologías ha sido paradójica. Parecen estar asustadas ante la producción fotovoltaica, una tecnología muy flexible y escalable que, gracias a la impresionante caída de precios, permite abordar instalaciones de auto-producción de cualquier tamaño, con inversiones contenidas. Por otro lado, parecen ver con mejores ojos la tecnología eólica, mucho más exigente en capital. En cualquier caso, han señalado a las energías renovables como el enemigo a batir.

 

Para entender la estrategia del oligopolio y de la administración a su servicio hay que distanciarse un poco de las muchas batallas y litigios abiertos por el Ministerio, para situarnos en perspectiva: estamos iniciando un cambio de paradigma y lo que está en juego es la hegemonía en el nuevo mercado energético. Reemplazar un sistema eléctrico basado en la producción centralizada y el transporte a largas distancias en alta tensión por otro, en el que predomina la producción descentralizada y el consumo cercano, apoyado en una red inteligente que proporciona el equilibrio y la potencia de fondo, es una tarea gigantesca o, dicho de otro modo, es un gran negocio.

 

La transición hacia un modelo renovable y descentralizado abre un mercado muy goloso. Un mercado en el que pequeñas empresas, pioneras en el sector, tratan ya de abrirse un hueco en el diseño, la regulación y el control de estos sistemas de sistemas de generación de energía limpia. También hay conglomerados empresariales de tamaño importante, que tratan de crecer en los mercados termoeléctrico y fotovoltaico, que son terrenos mucho más exigentes en capital.

 

Pero nuestro voraz oligopolio lo quiere todo. No quiere dejar que ese mercado se desarrolle en sus narices sin quedarse con la mayor tajada. Pero sabe que, para tener éxito, necesita tener un producto competitivo para un mercado maduro. Veremos, sin duda, a las grandes compañías ofertando un producto que ahora demonizan.

 

Tendrá gracia ver a Endesa, Iberdrola y Gas Natural ofreciendo instalaciones de auto-consumo, llave en mano, en uno o dos años. Y, para que la gestión técnica de la necesaria y gigantesca smart grid funcione, necesitarán incorporar a un socio tecnológico de primer nivel. Muy posiblemente, veremos a Telefónica en proyecto conjunto con las eléctricas, proporcionando la infraestructura de red de datos que haga posible la telegestión eficiente del balance neto.

 

El oligopolio sabe que la conexión a una red inteligente es la solución más viable para el almacenamiento de excedentes. La red es la mejor solución, no las baterías. Por eso es de esperar que finalmente sustituyan el antipático término fijo de la factura, en función de la potencia contratada, por una "Cuota de Conexión" fija.

 

También los gigantes de la distribución están interesados en este suculento mercado: la megadistribuidora Walmart ya está instalando plantas fotovoltaicas en Latinoamérica, Ikea empezará a vender equipos fotovoltaicos en Reino Unido. Es muy posible que lleguemos a ver una guerra abierta entre nuestros gigantes tecnológicos y los paquidermos de la distribución. Una guerra de titanes en la que las eléctricas tienen un as en la manga: las redes de distribución.

 

El acceso a las redes de distribución es la clave para mantener su dominio. Si hay que cerrar las grandes plantas térmicas y nucleares, tan sucias como rentables, y la producción distribuida se generaliza, siempre les quedarán las infraestructuras de distribución, que consideran su monopolio natural.


Para democratizar el acceso a la energía, en el nuevo escenario de producción distribuida a partir de fuentes renovables, es vital recuperar el control público de las redes de transporte y distribución. Los nuevos actores políticos deben plantearse recuperar una posición dominante en Red Eléctrica Española, el gestor de la infraestructura de transporte. Por su parte, los gobiernos locales y autonómicos deben proponerse recuperar el control de las redes de distribución, que deben ser de titularidad pública para facilitar el acceso de las instalaciones de auto-producción a la red.

 

Por estas razones, la posibilidad de un cambio de ciclo político en España es visto como un desastre, que podría dar al traste con sus planes estratégicos. Por eso las empresas del oligopolio están obsesionados con controlar el desarrollo de el nuevo modelo energético en España. Por eso son tan agresivas.


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Autoconsumo: cambiar el mercado eléctrico o cambiar el sistema eléctrico | Periódico Diagonal

Autoconsumo: cambiar el mercado eléctrico o cambiar el sistema eléctrico | Periódico Diagonal | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it
Tras el polémico borrador de ley que grava el autoconsumo, se asoman los intereses de la patronal de la energía.


Hay una guerra abierta en el sector eléctrico a costa de las reformas y contrarreformasque en menos de 20 años ha soportado. Primero la liberalización de 1997, el boom del gas natural y los ciclos combinados, seguidos por el boom “renovable”, que se solapa con la crisis del déficit de tarifa y que nos trae a la reforma del sector que desde 2013 se está llevando a cabo. El torrente de normativas y la opacidad de las mismas son el primer síntoma de la complejidad de los intereses que hay sobre el tablero.

 

La última línea de frente se ha abierto en las tierras del autoconsumo, caballo de batalla de la industria fotovoltaica frente al 'oligopolio' que apuesta por el modelo de generación centralizado del desarrollismo moderno. Todo detrás de un discurso que apela al ecologismo y a “la ciudadanía” para que se movilice contra el “impuesto al sol”.

 

El discurso de la insolidaridad del autoconsumo viene gestándose desde 2011 en las cocinas de Iberdrola, a quien por lo pronto no le interesa un mercado de la generación distribuido y horizontal que compita con el esquema tradicional con el que Iberdrola y las otras empresas de Unesa trabajan desde hace décadas.

 

Ésta es la línea de defensa del autoconsumo como línea de expansión de la generación eléctrica “renovable”, una línea basada en criterios ambientalistas, sociales y que apelan al empuje de “lo nuevo” frente a “lo viejo”. Que la aparición de este borrador de Real Decreto haya coincidido en el tiempo con el anuncio de la empresa Tesla de lanzar una línea de baterías destinadas al autoconsumo ha hecho que desde las distintas empresas de comunicación se hayan asociado ambos sucesos, vinculando el viejo autoconsumo eléctrico con la novedad del emprendedor de moda, Elon Musk.

 

El debate sobre el “modelo de mercado” está efectivamente en la picota. Desde la emisión del documental de Jordi Évole que trataba muy críticamente el funcionamiento del mercado eléctrico se generó una oleada de iniciativas que se han agrupado en torno a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético como punta de lanza de un movimiento más amplio que agrupa desde productores de energía renovables afectados por el recorte a las primas –especialmente fotovoltaicos– hasta las distintas cooperativas de comercialización que se despliegan y asientan por los distintos pueblos peninsulares. Las críticas al sistema de fijación de precios, al poder de mercado de las grandes empresas agrupadas en Unesa, la denuncia de la existencia de una desgraciadamente extendida pobreza energética y la denuncia de la insostenibilidad del modelo actual son los cuatro puntos principales en los que se vertebra la crítica al 'oligopolio'.

 

Bajo esta lógica de los costes comunes, la normativa propone cobrar a quienes consuman su propia electricidad por el uso de la red aunque no la usen, como forma encubierta de mantener dentro del sistema eléctrico y bajo unas reglas férreas y complejas a toda la población.

 

La “digitalización” es el caballo de batalla de la industria moderna después de la automatización de finales de siglo XX. En el caso que nos ocupa se habla de smart-grids, redes capaces de conocer y autoregular los flujos de energía que las atraviesan en tiempo real. La defensa de la red inteligente pasa por la reducción de gastos por pérdidas, la posibilidad de tener un mayor control sobre el consumo por parte de quién consume y la posibilidad de tener una información que ofrece un control permanente de toda la actividad eléctrica. Este aspecto tampoco es nuevo y lleva tiempo sobre la mesa. Esos contadores por horas que en este 2015 se han generalizado por obligación son un paso más de una red automatizada que ya lleva un largo recorrido en la parte de gestión de sistema que depende del operador, con espectaculares desarrollos de software de control.

 

Esta automatización extrema es algo perfectamente asumido por quienes apuestan por el Balance Neto, sin el cual éste sería inviable. Que la “revolución digital” es un proceso que la opinión pública percibe como bueno es una obviedad. Una obviedad inquietante mientras el imperio smart ha mapeado el planeta palmo a palmo, estudia nuestras relaciones en “el acuario de Facebook” y se postula como alternativa de gobierno a la “partitocracia”.

 

Parece entonces que el sistema eléctrico español ya ha iniciado su marcha para absorber el impacto de un boom de la burbuja del autoconsumo que alguna gente ya prepara con la expansión de Tesla, pretendiendo emular en el sector de la electricidad lo que hizo Windows en el sector de la informática. Con eso en marcha, que a nadie le quepa duda de que el deseado autoconsumo llegará, aunque nos queda ver de qué manera. Puede que en poco tiempo tengamos a la banca financiando la instalación de sistemas de autoconsumo dependientes de tecnología de Silicon Valley como forma de revalorizar inmuebles y relanzar la burbuja del crédito y la hipoteca o puede que simplemente Iberdrola nos instale placas y baterías en casa de la misma forma que hoy nos instala contadores. Que el bloque que domina el sector eléctrico hoy en día no esté trabajando por cambiar el mercado eléctrico no significa que no estén pensando en ello, y como prueba ya están levantando el “edificio” según sus propios intereses.

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Todo a punto para aprobarse el Real Decreto de Autoconsumo | EnergyNews.es

Todo a punto para aprobarse el Real Decreto de Autoconsumo | EnergyNews.es | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it
Cuando mariquita quiere, para todo se da maña. El pasado 5 de junio, a las 14 horas, y en mitad del puente del Corpus, se publicaba el borrador del Real Decreto de Autoconsumo. Después se abría, durante 15 días, una consulta pública de alegaciones. Pues bien, un mes después, los trámites se han agilizado tanto, que el Consejo de Ministros podría aprobarlo el 31 de julio.


Raudo y veloz como un rayo está siendo el procedimiento burocrático para aprobarse el borrador del Real Decreto de Autoconsumo. Según Daniel Pérez, socio de Holtrop S.L.P. Transaction & Business Law, “el único cuello de botella está en el informe que realice la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), pero en cuanto se publique, el Ministerio de Industria solicitará a su vez el dictamen al Consejo de Estado, y se podría aprobar ya en un Consejo de Ministros”.

 

Pues bien, pese a que hay borradores de Reales Decretos que están en la cola de espera desde hace varios meses, en este caso ya ha visto la luz. Y todo porque Industria ha solicitado que tenga “carácter de urgencia”… ¿Por qué tanta prisa ahora para aprobar una normativa que llevaba durmiendo el sueño de los justos desde 2012? Al abogado Daniel Pérez, le sorprende que “la CNMC haya hecho el informe sin esperar a recibir todas las alegaciones”.

 

El informe de la CNMC se muestra crítico con el borrador de Industria pero no extremadamente. Defiende que los autoconsumidores que estén conectados a la red tienen que pagar por el uso de la red, pero propone que paguen un cargo fijo y no por el consumo, que es lo que se pretende con el famoso “impuesto al sol”.

 

Además reclama una metodología clara que calcule los cargos que deberán pagar todos los usuarios, incluidos los autoconsumidores. Mientras no esté listo el método, aboga por un “cargo transitorio por energía autoconsumida”, que incluya diversos componentes, como “los pagos por capacidad y los servicios de ajuste”.

 

Lo que tiene claro el regulador es que el desincentivo que aparece en el borrador para el almacenamiento de energía, en clara alusión a las recientes baterías Tesla para el hogar, “no se justifica adecuadamente”. De hecho, señala que esta medida “no persigue sino mantener invariable la estructura actual de los ingresos del sistema”, y por tanto, debería modificarse para conseguir “una mejor eficiencia energética” del sistema.

 

También sorprende que la CNMC reconozca que las limitaciones del borrador de Industria pretenden evitar “un súbito desplome en los ingresos del sistema”.

 

Según ha podido saber EnergyNews, “el Consejo de Estado puede dar su dictamen sobre un borrador de Real Decreto en 15 días, si así lo solicita el Ministerio en cuestión, y en menos tiempo si lo hace el Consejo de Ministros”. Casualmente dentro de 15 días se celebra la última reunión del Gobierno antes de comenzar el período vacacional de agosto, y por tanto, el próximo 31 de julio podría estar todo listo para ser aprobado como Real Decreto y ser publicado en el BOE en la primera semana de agosto.

 

Sin embargo, EnergyNews ha hablado con Presidencia de Gobierno que le ha confirmado que “este año no se sabe todavía qué fechas se tomarán de vacaciones los ministros”. De hecho muchos de ellos temen que Mariano Rajoy les deje sin ninguna jornada de descanso. Algunos fuentes señalan que podría ser, este año, de tan solo 8 o 10 días. Sean cuantos días sean, lo que ha quedado claro es que España va a tener ya un Real Decreto de Autoconsumo, pese a la oposición del sector de las renovables, asociaciones de consumidores, plataformas ciudadanas y movimientos sociales y medioambientales.

 

“Todavía queda mucho por hacer”, explica Daniel Pérez, “hay 34.000 alegaciones presentadas en el Ministerio de Industria en contra del borrador, y aunque no hay obligación de contestar, se deberían tener en cuenta. Pero si aún así se aprueba dentro de dos semanas, lo que es seguro es que se va a recurrir, porque hay una base para defender que no cumple con el derecho comunitario. Esto no implica la suspensión inmediata de la normativa pero sí se podría pedir una suspensión cautelar para determinadas instalaciones que se van a ver perjudicadas”.

ECOIMPULSO's insight:

Si quieres leer el informe completo de la CNMC, aquí tienes el enlace:

http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Energia/Informes/DGPEM/150618_IPN_DE_011_15_.pdf

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El Constitucional salva al Gobierno, obligado por el Supremo a subir la luz o endeudarse más

El Constitucional salva al Gobierno, obligado por el Supremo a subir la luz o endeudarse más | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it
Año 2012. Ante la imposición de tributos a la generación eléctrica que varias Comunidades Autónomas estaban trasladando a las compañías eléctricas, el Gobierno central decide aprobar un Real Decreto Ley, en concreto el 20/2012, de 13 de julio, que modifica la ley aprobada en 1997 de la siguiente manera: “En caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las Comunidades Autónomas o recargos sobre tributos estatales, al peaje de acceso se le incluirá un suplemento territorial que cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo y que deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma”.

 

Con esta medida, según explica el experto en el sector eléctrico Jorge Morales, el Gobierno evitaba que las Comunidades Autónomas gravaran por su cuenta a las compañías eléctricas, dado que lo verían repercutido en la factura de los consumidores de esas comunidades, y así las propias empresas eléctricas no trasladarían esos nuevos costes a la factura de todos los españoles.

 

Lo curioso del asunto es que después de legislar por la vía de urgencia y sin pasar por las Cortes, con el trámite conocido popularmente como “decretazo”, el Ejecutivo nunca llevó a término su propio mandato. En el año 2013, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, encargado de ejecutar lo dispuesto en ese Real Decreto ley, se sacaba de la manga una Orden, en concreto la IET/221/2013, de 14 de febrero, que aplicaba los cargos a cobrar desde el 1 de enero de 2013 sin tener en cuenta lo que el propio Gobierno había sacado adelante en el Real Decreto ley 20/2012.

Al no consumarse el cobro de estos tributos, las empresas eléctricas se lanzaron a los tribunales, y consiguieron varias sentencias a su favor. El Tribunal Supremo dio la razón a Gas Natural Fenosa a mediados de 2014 por un recurso que interpuso la compañía. El Alto Tribunal declaraba como "no conforme a derecho parte de la orden de peajes de acceso a la electricidad para 2013", en concreto, la que se refiere al cobro de los citados suplementos autonómicos.

 

Esta sentencia no fue la única. En marzo de 2015  el Supremo volvía a redundar en la misma cuestión, pero añadía un detalle trascendental para los intereses del Gobierno. En esta ocasión, la sentencia procedía del recurso interpuesto por la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl). Además de dar la razón en parte a esta Asociación en el fallo, el TC estimaba la pretensión resarcitoria de la misma, cosa que no había hecho el año anterior en el caso de Gas Natural Fenosa.

 

Lo que suponía esto, según juristas expertos en la materia, es que las empresas tenían una sentencia en firme del Supremo que les permitía reclamar por el perjuicio patrimonial soportado, al no haber cobrado esos tributos o recargos autonómicos. El montante total que se le debería pagar a estas compañías no está claro, dado que son varios los reclamantes por conceptos distintos en varias Comunidades Autónomas como Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura, todas ellas gobernadas desde 2012 hasta mediados de 2015 por el Partido Popular. Fuentes del sector hablan de 200 millones de euros.

 

Tampoco específica la sentencia del Supremo en qué modo se debe resarcir a las empresas. Así, juristas que tratan habitualmente sobre esta materia hablan de volver a emitir las facturas de 2013, ahora sí con los consiguientes tributos incluidos en cada región. Dada la complejidad de esta vía, otra posibilidad sería cargar el coste total a pagar a las compañías en los Presupuestos del Estado. Sea como fuere, una mayor carga para el contribuyente, bien sea en la factura de la luz o en los presupuestos, dos de las vías que el Gobierno está tratando de aligerar con más denuedo en busca del favor de los ciudadanos de cara a las elecciones generales de finales de este año.

 

Lo curioso del asunto es que después de legislar por la vía de urgencia y sin pasar por las Cortes, con el trámite conocido popularmente como “decretazo”, el Ejecutivo nunca llevó a término su propio mandato. En el año 2013, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, encargado de ejecutar lo dispuesto en ese Real Decreto ley, se sacaba de la manga una Orden, en concreto la IET/221/2013, de 14 de febrero, que aplicaba los cargos a cobrar desde el 1 de enero de 2013 sin tener en cuenta lo que el propio Gobierno había sacado adelante en el Real Decreto ley 20/2012.

Al no consumarse el cobro de estos tributos, las empresas eléctricas se lanzaron a los tribunales, y consiguieron varias sentencias a su favor. El Tribunal Supremo dio la razón a Gas Natural Fenosa a mediados de 2014 por un recurso que interpuso la compañía. El Alto Tribunal declaraba como "no conforme a derecho parte de la orden de peajes de acceso a la electricidad para 2013", en concreto, la que se refiere al cobro de los citados suplementos autonómicos.

 

Esta sentencia no fue la única. En marzo de 2015  el Supremo volvía a redundar en la misma cuestión, pero añadía un detalle trascendental para los intereses del Gobierno. En esta ocasión, la sentencia procedía del recurso interpuesto por la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl). Además de dar la razón en parte a esta Asociación en el fallo, el TC estimaba la pretensión resarcitoria de la misma, cosa que no había hecho el año anterior en el caso de Gas Natural Fenosa.

Lo que suponía esto, según juristas expertos en la materia, es que las empresas tenían una sentencia en firme del Supremo que les permitía reclamar por el perjuicio patrimonial soportado, al no haber cobrado esos tributos o recargos autonómicos. El montante total que se le debería pagar a estas compañías no está claro, dado que son varios los reclamantes por conceptos distintos en varias Comunidades Autónomas como Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura, todas ellas gobernadas desde 2012 hasta mediados de 2015 por el Partido Popular. Fuentes del sector hablan de 200 millones de euros.

 

Tampoco específica la sentencia del Supremo en qué modo se debe resarcir a las empresas. Así, juristas que tratan habitualmente sobre esta materia hablan de volver a emitir las facturas de 2013, ahora sí con los consiguientes tributos incluidos en cada región. Dada la complejidad de esta vía, otra posibilidad sería cargar el coste total a pagar a las compañías en los Presupuestos del Estado. Sea como fuere, una mayor carga para el contribuyente, bien sea en la factura de la luz o en los presupuestos, dos de las vías que el Gobierno está tratando de aligerar con más denuedo en busca del favor de los ciudadanos de cara a las elecciones generales de finales de este año.

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Las pequeñas eléctricas se atrincheran contra las grandes

Las pequeñas eléctricas se atrincheran contra las grandes | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it
El presidente de Cide ha reclamado a Industria que aplique ya la nueva retribución de la distribución y tenga en cuenta la diversidad de las pequeñas distribuidoras. Gerardo Cuerva reconoció el apetito de las grandes eléctricas por sus asociadas, que han recibido más de una decena de ofertas.

 

Las 205 pequeñas distribuidoras eléctricas integradas en la asociación CIDE han aprovechado su asamblea anual, que este año se celebra en La Coruña, para reclamar al Ministerio de Industria que apruebe de una vez por todas el reglamento (los denominados costes unitarios) del real decreto sobre la retribución de las redes, una de las normas estrella de la reforma eléctrica de 2013 que iguala la retribución de las pequeñas con la de las cinco de Unesa.

 

A la vista del gran interés que han mostrado repentinamente “las grandes multinacionales del sector” por algunas de estas pequeñas distribuidoras (muchas centenarias), el presidente de CIDE, Gerardo Cuerva, ha pedido “una normativa eficaz y justa, que sea verdaderamente neutral, que no beneficie las aspiraciones de esas multinacionales”. En otras palabras, que evite servir en bandeja la propiedad de unas pequeñas compañías repartidas por toda España y que en su conjunto tienen un valor de reposición en su conjunto de unos mil millones de euros.

 

Cuerva desveló en un encuentro con la prensa, que la CNMC ya había calculado los costes unitarios a finales del año pasado, pero que Industria no los ha aplicado en este ejercicio “porque perjudicaban a REE e Iberdrola”.

 

Respecto al interés de las grandes, y según fuentes de CIDE, ha habido una oferta por una empresa de esta asociación y contactos con otra decena. La gran interesada es Endesa que, tras la segregación de su negocio internacional con la venta de la chilena Enersis a su matriz, Enel, su crecimiento se ha quedado limitado a la península ibérica. Aun con todo, las ligas son tan dispares que la eléctrica tampoco lograría crecimientos significativos, además, ya tiene una cuota del 40% del mercado de distribución, lo que podría acarrearle problemas con Competencia.

 

El contraste es evidente: sobre los 27 millones de puntos de suministro que hay en España aproximadamente, las cinco grandes (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo) suman 26 millones, el resto se lo reparten CIDE, con 550.000 (algunas con apenas un millar de clientes) en 700 municipios, y ASEME, la asociación que agrupa a las grandes de entre las pequeñas, el resto.

El presidente de CIDE pidió que la nueva retribución tenga en cuenta “la heterogeneidad del sector” en el que las pequeñas “se niegan a desaparecer”. En este sentido, consideró que “a lo mejor habría que trocear a las grandes”.

 

Para contrarrestar posibles traspasos, la propia agrupación ha creado una compañía, Diselcide, para adquirir el capital de sus asociadas. Ya ha comprado tres de ellas. También ha tanteado la posibilidad de comprar activos de las grandes, caso de Gas Natural Fenosa, “pero piden precios desorbitados”, subrayó Cuerva.

 

Además del negocio regulado de distribución, 160 empresas de esta asociación comparten al 50% una comercializadora en el mercado libre con EDP, Cide HC, que cuenta con una cartera de 440.000 clientes. Respecto a esta alianza, Cuerva dijo que “todo está abierto”, tanto para que en algún momento uno de los socios compre la participación a otro.

 

También desde hace un par de años, una sociedad de Cide, fue reconocida por ley como comercializadora de referencia, por lo que puede suministrar en el mercado regulado de los domésticos (PVPC). En este segmento apenas tiene unos 200 clientes.

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Jeremy Rifkin: “Debemos transformar cada casa en una central de energía renovable”

Jeremy Rifkin: “Debemos transformar cada casa en una central de energía renovable” | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it
Crisis económica, calentamiento global… Nuestra civilización llega al fin de un ciclo. Jeremy Rifkin, economista americano y consejero de la Comisión Europea acaba de publicar “La Tercera Revolución Industrial”. Para el autor, únicamente las energías renovables y el “poder lateral” pueden sacarnos de la crisis y garantizar un futuro mejor a nuestras próximas generaciones.

 

Maxime Biosse Duplan, euronews: Usted ha dicho que es incierto que nuestra especie, la humana, pueda sobrevivir en este planeta. Oímos hablar a menudo de la crisis económica pero, según usted, estaríamos incluso amenazados de extinción como especie. ¿No se trata de una visión un tanto pesimista?

 

Jeremy Rifkin: “El 99.5% por ciento de las especies que han vivido en este planeta aparecieron y después desaparecieron. Es demasiado arrogante creer que vamos a vivir aquí de forma eterna.

 

Además, éste es un momento de crisis. Estamos pagando la factura de 200 años de una revolución industrial basada en los combustibles fósiles. Hemos emitido demasiado dióxido de carbono, metano y óxido nitroso a la atmósfera y no podemos enfriar suficientemente el calor que produce el sol en nuestro planeta. Lo que vemos es un cambio en la química del planeta Tierra y eso no pasa a menudo.

 

De modo que, como mi esposa dice, no estamos captando la importancia de este momento para nuestra especie. Es una crisis de especies. ¿Podemos superar esta crisis? ¿Podemos controlar el cambio climático? ¿Podemos crear una economía más sostenible? ¿Podemos hacer todo esto con la cuenta atrás en marcha activada? Y ¿podemos cambiarnos a nosotros mismos en menos de veinticinco años? Son unas cuestiones bastante importantes.

 

euronews: Entonces, una de sus conclusiones es que tenemos que avanzar hacia una tercera revolución industrial que, según usted, debe estar guiada por cinco ideas fundamentales, cinco pilares, como usted los llama. ¿Cuáles son?

 

Jeremy Rifkin: “La Unión Europea se ha comprometido a respetar los cinco pilares de esta Tercera Revolución Industrial. Yo daría más importancia a desarrollar este proyecto con la UE. Ya ha sido aprobado por el Parlamento Europeo y se está estudiando ahora en la Comisión Europea.

 

Pilar número uno: La UE se ha comprometido a que el 20% de la energía que produce sea renovable en 2020. Esto es una directiva y por lo tanto todos los países deben cumplirla.

 

Pilar número dos: ¿cómo recabamos lo que son esencialmente energías dispersas que se encuentran por todas partes?

A través de nuestros edificios. ¡Tenemos más de 191 millones de edificios en la UE! Casas, oficinas, fábricas… El objetivo es transformar cada inmueble existente en la UE en nuestra propia mini-central de energía renovable.

 

Es posible producir energía solar en el tejado, energía eólica gracias a las paredes exteriores, geotérmica desde el suelo donde se asienta el edificio, la basura puede transformarse en energía en la cocina…

Este segundo pilar reactiva la economía. Puede generar millones de trabajos y centenares de PYMES porque debemos transformar todos los edificios existentes en Europa en centrales eléctricas en los próximos cuarenta años.

 

Pilar número tres: tenemos que almacenar la energía porque hay días en los que el sol no sale, a veces el viento sopla por la noche y ocurre que necesitamos la energía de día…

 

Son energías intermitentes. Así que vamos a utilizar todo tipo de tecnologías de almacenamiento, aunque la mayoría de ellas estarán basadas en el hidrógeno. Si la luz solar da en el tejado, se crea un poco electricidad. Si no se necesita toda, ese exceso se podría convertir en agua. Si no se necesita toda, ese exceso se podría utilizar para transformar agua en hidrógeno y almacenarlo en un tanque. Cuando no salga el sol, el hidrógeno se puede usar para producir de nuevo electricidad”.

 

euronews: ¿Y esa tecnología existe ya?

 

Jeremy Rifkin: “Toda esta tecnología ya funciona. Simplemente debe ampliarse su producción. En el pilar número cuatro la revolución de internet converge con la revolución energética para crear un sistema de infraestructuras.

En el momento en que millones y millones de edificios en Europa estén produciendo su propia energía renovable, almacenándola en forma de hidrógeno, se desarrolla un proceso similar a almacenar información digital.

 

Si parte de esa energía no se necesita, el software puede programarse de manera que sea posible vender la electricidad a través de internet. A esto se le denomina “Smart Grid”, que es una red eléctrica inteligente. Estaría desplegada desde el mar irlandés hasta el otro lado de Europa. Es como si creásemos nuestra propia información, la almacenáramos en formato digital y luego la compartiéramos en línea.

 

El último pilar, el número cinco, atañe al transporte. Los coches eléctricos ya son una realidad. En 2015 saldrán vehículos a base de hidrógeno. Será posible cargar el coche en cualquier lugar donde haya un edificio que funcione con energía renovable o hidrógeno. Y en cualquier sitio donde aparques también. Además, será posible vender la energía sobrante.

 

Cada pilar cobra sentido en relación con el resto, cuando los cinco pilares funcionan juntos, en cada ciudad, cada barrio, cada pueblo. Los pilares crean una infraestructura y este sistema conlleva una revolución económica. La gente toma el poder. Se trata de un poder lateral”.

 

euronews: Hay mucha gente y empresas cuyos intereses van contra su teoría de la tercera revolución industrial. ¿Ha sufrido presiones por parte de empresas, lobbies o de personalidades respecto a sus teorías?

 

Jeremy Rifkin: Déjeme ponerme en esa situación… ¿Sabe usted? Las discográficas no anticiparon el fenómeno de bajarse música de Internet. Cuando millones de personas en todo el mundo empezaron a hacerlo, las discográficas pensaron que era una broma. Luego se disgustaron y más tarde se quedaron sin negocio.

Supongo que la respuesta a esta pregunta es que no estoy preocupado por las empresas energéticas. Se está produciendo mucha más energía renovable que nunca, en un momento en que las reservas de combustibles fósiles y uranio son más pequeñas que nunca.

 

Algunas empresas energéticas llevarán a cabo la transición. Ya están entrando en el mundo de las renovables. Otras no lo harán, al mismo tiempo que la energía seguirá encareciéndose y será más contaminante. Entonces simplemente desaparecerán. Tampoco las necesitamos.

 

Con las infraestructuras de la Tercera Revolución Industrial presenciaremos el renacer de las PYMES y de las cooperativas de productores y consumidores. Las grandes empresas que sobrevivan, transformarán su función y se dedicarán a agregar redes, ya que tienen la capacidad logística para ello”.

 

euronews: Usted acaba de hablar de las PYMES. ¿Es posible que desempeñen un papel importante en los países emergentes, como China o los países africanos, en el marco de esta Tercera Revolución Industrial?

 

Jeremy Rifkin: “Respecto a los países emergentes, van a ser más rápidos en esto. Van a dar el salto. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha adoptado la Tercera Revolución Industrial como la piedra angular para el desarrollo económico en los países emergentes.

 

En muchas partes del mundo no hay electricidad. 300 millones de indios nunca la han tenido, igual que otros tantos millones de africanos. Es posible que den el salto de nuevo. No tienen infraestructuras, así que pueden empezar a desarrollarlas ya allí donde no las hay en África o la India.

 

euronews: Si pensamos de aquí a de veinte años, ¿cómo querría que las cosas evolucionaran?, pero sobre todo, ¿cómo piensa usted que van a evolucionar?

 

Jeremy Rifkin: “Déjeme decirle que mi esperanza es ver un cambio de conciencia. Hemos tenido una conciencia mítica, luego religiosa y al final ideológica. Estamos presenciando el inicio de la conciencia ecológica.

 

Sé que la Tercera Revolución Industrial tiene sentido, es convincente, es práctica y alcanzable. No es ciencia espacial.

Ahora lo importante es que gobiernos, empresas y sociedad civil se reúnan en cada comunidad y pongan sobre la mesa el desarrollo de las infraestructuras que nos lleven a esta Tercera Revolución Industrial y a crear un mundo sostenible. Y todo ello debe hacerse rápido, muy rápido. No hay un plan B”.

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Así nació y murió el intento de recobrar 3.000 millones a las eléctricas

Así nació y murió el intento de recobrar 3.000 millones a las eléctricas | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it
Las declaraciones de exaltos cargos de Industria en Anticorrupción por el perdón de 3.000 millones a las eléctricas revelan contradicciones entre los gobiernos del PSOE

 

Las declaraciones de tres exaltos cargos de Industria y cuatro abogados del Estado ante la fiscalía Anticorrupción revelan cómo se fraguó el nacimiento y la muerte -antes de ver la luz- de la orden con la que el primer Gobierno del PSOE pretendía cobrar lo que las eléctricas habían cobrado de más a los consumidores por los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC), cifrados en unos 3.000 millones. “Lógicamente las empresas eléctricas tenían interés en que la propuesta de orden no siguiera adelante, y utilizaron los medios de presión habituales que tenían a su alcance”, declaró a la fiscalía Jorge Sanz, director general de Energía con Joan Clos y personaje clave en la tramitación. La fiscalía archivó el caso en diciembre al considerar que no había delito en la decisión de Pedro Marín, exsecretario de Estado de Energía, de enterrar esa orden en 2008, tras el traspaso de poderes éntrelos equipos de Joan Clos y Miguel Sebastián. Marí consideró que aprobarla habría sido "un desastre".

 

Jorge Sanz vivió de cerca los CTC. Economista del Estado y hoy consultor en Nera, fue nombrado director general de Energía en 2004, con la llegada del PSOE al poder. El pasado otoño fue interrogado por Anticorrupción como testigo. Este explicó que al llegar al ministerio “se plantea si tiene sentido seguir pagando” los CTC. Se trata de una compensación nacida en 1997, cuando el PP liberaliza el mercado eléctrico. Estos CTC -8.600 millones de euros- garantizaban a las eléctricas el pago por inversiones que el Estado les había obligado a hacer. En 2005, la subida del precio del petróleo hizo que las eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo e Hidrocantábrico) cobraran más de lo inicialmente estimado.

 

En junio de 2006, un decreto ley de Industria canceló el pago de CTC pero dejó pendiente la liquidación. El entonces secretario general de Energía, Ignasi Nieto, consultó a la abogacía del Estado cómo liquidar los CTC. Primero preguntó a la abogacía del Ministerio pero esta dijo que “era un tema muy complicado y se debía elevar a la Abogacía General del Estado”, siempre según las actas de Anticorrupción.

 

Jorge Sanz recuerda en su declaración ante el fiscal que Nieto “le da instrucciones expresas para hacer un desarrollo reglamentario de la liquidación”. Antes de las elecciones de marzo de 2008, Sanz ya tiene lista la orden ministerial para liquidar los CTC y que las eléctricas devuelvan lo cobrado de más. “Era consciente de que había un plazo de prescripción para hacer la liquidación, y recuerda que la instrucción del señor Nieto cuando se le pidió que abordara el proyecto expresamente se refirió a esa cuestión, y por eso se le pidió que lo hiciera a la mayor celeridad posible”.

 

“Él tenía hecha la propuesta de orden antes de las elecciones generales, y recuerda que en una entrevista con el ministro Clos, este le dijo que consideraba que era un tema lo suficientemente complejo y relevante como para que fuera abordado la siguiente legislatura”, según el acta de las declaraciones, aportadas en la instrucción que abrió y archivó la Audiencia Nacional tras una denuncia de Ausbanc.

 

El 13 de marzo de 2008, cuatro días después de las elecciones generales, entró en Industria la respuesta, firmada por el entonces abogado general del Estado (jefe de ese cuerpo), Joaquín de Fuentes Bardají. Su conclusión era que, aunque no estuviera expresamente contemplada en la ley una liquidación final, "los principios del derecho que prohíben el enriquecimiento injusto y el cobro de lo indebido permiten que pueda procederse a dicha liquidación para cada empresa". El informe no cifra la cantidad a devolver. De Fuentes Bardají que también testificó en Anticorrupción. El dictamen también avisa que el plazo para reclamar los CTC termina en junio de 2010, cuatro años después de su eliminación.

 

Tras las elecciones de 2008 llega Sebastián al ministerio y nombra secretario de Estado de Energía a Pedro Marín. Jorge Sanz explica a la fiscalía que “sí recuerda haber tratado el tema con el nuevo secretario de Estado”.

 

Para entonces, las eléctricas habían puesto en marcha lo que Sanz define como “los medios de presión habituales”. En este caso fueron informes contrarios elaborados por bufetes de abogados. Según declaró Eduardo Calancha, entonces abogado del estado en Industria y hoy en excedencia, “recibió una serie de informes contrarios a la posibilidad de liquidación de los CTCs, concretamente 14, elaborados por diversos despachos de abogados”. Calancha declaró que no sabía cómo habían tenido acceso las eléctricas al informe de la abogacía del Estado ni quién le envió a él los dictámenes.

 

También declaró en Anticorrupción el primer secretario de Estado de Energía del Gobierno del PP, Fernando Martí, hoy presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. Este declaró que al llegar buscó vías que aliviaran el déficit de tarifa. Conocía el caso porque procedía de la Comisión Nacional de la Energía, que calculó en 2008 que lo cobrado de más por las elétcricas ascendía a 3.400 millones, según publicó Cinco Días. Pero “al preguntar a los servicios del ministerio sobre la posible acción para liquidar los CTC estos le informan que habría prescrito, según un informe de 2008”. Por eso pidió un nuevo dictamen a la Abogacía del Estado que le confirmó la fecha de la prescripción. Martí sí afirmó que “la materia de los CTC es complicada, polémica, con muchas aristas técnicas y jurídicas”.

 

Finalmente, tras tomar declaración a estos cargos, la fiscalía cerró el caso y archivó la denuncia que le había presentado la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. El pasado 11 de diciembre informó de que “tras practicar las investigaciones oportunas para la averiguación de los hechos denunciados, por no desprenderse que pudieran revestir caracteres de delitos”.

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La empresas y urbanizaciones acomodadas son los grandes defraudadores de energía eléctrica - laSexta

La empresas y urbanizaciones acomodadas son los grandes defraudadores de energía eléctrica - laSexta | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it
Los grandes defraudadores de energía eléctrica son sorprendentemente grandes empresas y urbanizaciones acomodadas: manipulan contadores o directamente se enganchan al tendido de la vía pública. Según los datos de las principales compañías, ellos son responsables de más del 85% de lo defraudado el año pasado, y no gente en situación de pobreza.
- laSexta

 

Encontrar cables colgando y agarrados con cinta islante en un poste eléctrico son pista para saber que se trata de neganches ilegales. "Hay urbanizaciones de cierto nivel que tienen la luz enganchada" afirma un detective privado.

 

Según las eléctricas, los mayores defraudadores son urbanizaciones, hoteles, o grandes industrias, que acaparan más del 85% de la luz robada en nuestro país. El año pasado el fraude eléctrico superó los 1.200 millones de euros.


La propia patronal explica que el problema no es la cuenta de resultados de las compañías sino el bolsillo de los clientes. La razón, que todo ese dinero defraudado acaba repercutiendo en la factura de la luz por el déficit tarifario.

ECOIMPULSO's insight:

Os recuerdo que las pérdidas por transporte y distribución significan algo más del 10% de la energía generada por las centrales de producción. Si esta energía se factura o "se pierde" en líneas de alta tensión (ley de Oms), o en la bajada a media o baja tensión, o bien no se encuentra a quien facturar "por motivos varios", como si se ha generado, se socializa el gasto entre todos los consumidores "a escote" a través de la parte que fija el gobierno en el BOE que es la de los peajes de acceso (esa que dice UNESA que ellos no saben qué es y no les repercute en nada, que son costes de política :-)

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Otras miradas » Contrapoder y resiliencia

Otras miradas » Contrapoder y resiliencia | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

No nos hagamos trampas. El caso de Grecia, la negociación del TTIP, el rescate a la banca o la gestión del cambio climático nos demuestran dónde reside el verdadero poder: en los grandes capitales. Estos, como verdaderos señores feudales, controlan la política en todos los niveles y ejercen su derecho de pernada, sin que ningún contrapoder pueda frenar su lógica devastadora. Los parlamentos, los gobiernos, incluso permeados de ideologías sociales se demuestran incapaces, por sí solos, de plantarles cara.

 

Y este argumento no es un reproche a nuevos o viejos gobiernos con verdadera voluntad de cambio. Como podemos observar en el caso municipal, en tan corto periodo de gobierno, ya se han adoptado medidas que apuntan en la dirección de poner orden en este atropello del capital, y que sin duda, van a paliar el sufrimiento de personas que hasta la fecha estaban desahuciadas por las instituciones. Pero, no nos engañemos. Lo van a tener muy difícil.  La enorme presión mediática, herramienta al servicio del poder, va a desgastar enormemente éstas alternativas políticas. Y muchos, tal y como explicaba el maravilloso Mujica en el repaso a su política en la entrevista concedida a Jordi Évole, se verán con las manos atadas en los grandes asuntos.

 

En este panorama, solo atisbo dos herramientas para poder decir “hasta aquí llegó el orgullo de tus olas”:

 

1.- Que una ciudadanía organizada y activa ejerza tal presión en la política, que constituya un verdadero contrapeso al secuestro de la democracia por la plutocracia empresarial.

 

2.- Fortalecer nuestra resiliencia, es decir, nuestra capacidad de asumir con flexibilidad situaciones límite y salir fortalecidos. Y ello pasa por la autogestión y la autoproducción al margen del poder de las transnacionales.

 

La gran herramienta de transformación social, la más sólida frente a la hegemonía de las grandes corporaciones, es la economía social y solidaria. Sí, suena a chufla por su minúscula escala en los mercados a fecha de hoy, pero no hay vehículo más poderoso que el consumo responsable para salirse del sistema de dominación. Y si conseguimos incrementar la escala, sin duda alguna, será un verdadero contrapoder, porque apunta directamente al corazón de la bestia.

 

Aumentar la escala no puede significar deponer a unos para colocar a otros. Aunque se hicieran bien las cosas. Es difícil que el poder no corrompa y que el mucho poder no corrompa mucho. De ahí, que sea necesaria la descentralización y la democratización de la nueva economía. Organizaciones a escala humana, locales y democráticas.

 

Porque sí, ya es posible satisfacer nuestras necesidades fuera de las grandes corporaciones e incluso al margen del ánimo de lucro. Un nuevo paradigma económico alejado de la lógica de la acumulación. Se nos vendió, desde la lógica capitalista, que la concentración empresarial era una herramienta de eficiencia. Por economías de escala, una gran empresa abarata costes y esto influiría positivamente en la bajada de precio que paga, por el producto o el servicio, el consumidor final. Pero la realidad echa por tierra esta teoría, ya que la concentración de capital, es decir, de poder, no solo atenta contra el bien común, si no que se ha demostrado como una herramienta de ineficiencia. Las grandes empresas pactan entre sí (oligopolios) y expulsan la competencia. Ya no hay necesidad de innovar. El único esfuerzo reside en controlar el poder político (véase la puerta giratoria como una consecuencia) y la opinión pública.

Actualmente la satisfacción de las necesidades está dirigida desde el lado de la oferta. Son las grandes corporaciones, a través de sus departamentos de marketing y comunicación los que nos guían a la ciudadanía para saber qué y cómo consumir. De ahí, que se haya instaurado y asentado sólidamente el consumismo. Una locura colectiva que nos lleva a una insatisfacción permanente y a consumir irreflexivamente bienes que no necesitamos y servicios que no mejoran nuestra vida.

 

Es necesario crear estructuras desde la ciudadanía, de tal manera que la inteligencia y los recursos estén en el lado de la demanda. Organizaciones creadas desde el consumo, colectivas, sin ánimo de lucro, donde se decide qué y cómo consumir.  Si las relaciones del viejo paradigma económico son competitivas y excluyentes, sería inteligente aprender a trabajar desde la nueva lógica económica, cuyas relaciones se estructuran en la cooperación y el trabajo en red. Muchos, locales y conectados.

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Caza de brujas en el CSN: Marti fulmina a uno de los técnicos rebeldes

Caza de brujas en el CSN: Marti fulmina a uno de los técnicos rebeldes | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it
La disidencia está mal vista en el seno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El supervisor atómico está en el punto de mira de todos por el lío montado en torno a la autorización previa concedida a Enresa para construir el basurero nuclear y la guerra abierta entre el presidente, Fernando Marti, y el consejero Fernando Castelló, contra la disidente Cristina Narbona.

 

Presiones del Gobierno para que el cementerio nuclear eche a andar antes de que lleguen las elecciones generales, aprobación exprés de la autorización sin transparencia y en contra de los informes que alertan de los problemas de seguridad de construir en los terrenos de Villar de Cañas, guerras intestinas entre consejeros y ahora caza de brujas interna.

 

El presidente Marti ha ordenado el cese fulminante de Rodolfo Isasia, Jefe del Área de Experiencia Operativa y Normativa del CSN, por mostrar “su oposición a una modificación procedimental que cercenaba el alcance de la Escala INES en centrales nucleares (alertaba de que las modificaciones que se quieren hacer en las guías de seguridad del CSN permitirá a las centrales no comunicar muchos sucesos que podrían ser graves)”, según se desprende de la carta de protesta enviada por los sindicatos al presidente, a los consejeros y a la Secretaria General a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

 

La carta, fechada el 29 de julio y firmada por las secciones sindicales de CSI-F y Fedeca en el CSN, culpa a la presidencia del supervisor de presionar a los técnicos para condicionar sus decisiones y de no respetar las opiniones divergentes.

 

“Esta forma de no gestión de desacuerdos técnicos resta transparencia y reduce la confianza y la competencia del Cuerpo Técnico del organismo, ya que implica presiones para acatar decisiones tomadas por la cadena jerárquica sin respetar criterios divergentes y argumentados expuestos por los técnicos expertos en la materia, coartando toda posibilidad de debate técnico, sin dejar además constancia documental”, afirma la carta de denuncia.

 

Isasia es un “técnico de amplia experiencia profesional, con un gran prestigio reconocido a nivel nacional e internacional, con 25 años de servicio en el organismo, 16 de ellos como jefe del área citada”, recuerda la carta, enviada para “manifestar nuestra repulsa e indignación ante la decisión” ejecutada por Marti a petición del Director Técnico de la DSN, Antonio Muruera, que ha alegado “pérdida de confianza”.

 

La destitución de Isasia se produce en un momento muy complicado para el CSN, cuyo proceder en temas tan sensibles como la reapertura de Garoña o la puesta en marcha del basurero ha sido muy criticada por su opacidad y falta de transparencia.

 

Se da la circunstancia de que Isasia no se ha plegado a los designios, a veces interesados, ni del presidente del CSN ni de su Director Técnico, señalan fuentes internas del supervisor nuclear. De hecho, fue Munuera el director que ocultó al Pleno del CSN la nota informativa de Citi sobre el polémico cementerio nuclear (ATC), tal y como refleja el acta publicada esta semana por el supervisor.

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Un estudio muestra que el 90% de los españoles ve opaca la energía nuclear y un 45% cree que no es segura

Un estudio muestra que el 90% de los españoles ve opaca la energía nuclear y un 45% cree que no es segura | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el organismo que vela por el buen funcionamiento de los ocho reactores nucleares españoles y del resto de instalaciones radiactivas repartidas por todo el país (en sus múltiples usos: sanitario, industrial, de tratamiento de residuos, de tratamiento de combustible...) es un completo desconocido para la inmensa mayoría de la población española, que en un porcentaje muy elevado considera que no es seguro vivir teniendo una central atómica cerca.

 

Son algunas de las conclusiones de un estudio publicado por el organismo que, entre otros datos, revela graves carencias de información y confianza en la población con respecto a la energía nuclear, una cuestión de mucho o bastante interés para el 69,7% de los encuestados, pero sobre la que existe "poca" o "ninguna" información para la mayoría. Un 90,3% considera que los españoles no están adecuadamente informados sobre esta materia y el 45,7% dice que tiene "ninguna" o "poca" confianza en la información disponible.

 

El informe refleja que son más (un 45% del total) los ciudadanos que consideran que no es seguro residir en el entorno de una central nuclear que los que creen que es "bastante" o "totalmente" seguro (un 33,8% del total). Una opinión muy relacionada con la clase social (la percepción de seguridad es muy superior en los encuestados de clase alta) y el nivel de estudios: el porcentaje de los que creen que es seguro es del 43% entre los que tienen educación universitaria, y de sólo el 18,1% entre los que no han acabado la primaria.

 

Francisco Castejón, investigador en fusión nuclear del CIEMAT, miembro de Ecologistas en Acción e integrante del Comité Asesor del CSN, recuerda que la petición de hacer este informe "no partió de los grupos ecologistas, sino de expertos en comunicación". Este ecologista, que fue uno de los encuestados para la elaboración del estudio, considera que el informe, "pese a ser insuficiente" y con una metodología que "deja mucho que desear", arroja "indicios preocupantes" sobre la percepción del CSN entre la ciudadanía.

ECOIMPULSO's insight:

Y es que una ciudadanía desinformada es mucho más fácil de manejar

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Red Eléctrica y Endesa pagarán 20 millones por el apagón de 2007

Red Eléctrica y Endesa pagarán 20 millones por el apagón de 2007 | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

Red Eléctrica de España (REE) y Endesa tendrán que pagar un total de 20 millones de euros por el apagón que dejó media Barcelona a oscuras el 23 julio de 2007, en una incidencia que se alargó más de dos días. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo en dos fallos que avalan otro de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El alto tribunal desestima los recursos presentados por las dos compañías, responsables de las instalaciones colapsadas y que provocaron que más de 323.000 hogares y comercios del área metropolitana de Barcelona se quedaran sin electricidad, muchos de ellos más de dos días.

 

Esas multas responden a la responsabilidad de cada compañía. El origen de todo el embrollo fue la rotura y la caída de un cable de 110 kilovoltios (kV) de la línea Can Jardí 4-Collblanc, en la subestación de Collblanc, que era responsabilidad de Endesa. Si la avería no hubiera pasado de ahí la afectación se habría limitado a 40.000 abonados y la resolución del problema hubiera sido mucho más ágil. Pero aquel cable acabó provocando tres cortocircuitos que causó un efecto dominó del que se responsabiliza al mal estado de la red de REE. El resultado: cinco subestaciones eléctricas afectadas y la última de ellas, la del paseo de Maragall, con un aparatoso incendio y una columna de humo negro que se podía distinguir desde diferentes puntos de la ciudad.

 

El Supremo señala que las instalaciones donde se produjo el fallo eran propiedad de REE y que ya se había alertado del mal estado de la instalaciones que finalmente colapsaron y cuyo incendio se debió al fallo de las tomas de tierra correspondientes. En definitiva, el alto tribunal entiende que “la deficiente situación del sistema de puesta a tierra y cross-bonding de la línea Maragall-Urgell ha sido condición necesaria causante del incendio de la subestación de Maragall”.

 

“Como consecuencia del incidente producido el 23 de julio de 2007, 323.337 usuarios del área de Barcelona se quedaron sin sumnistro eléctrico, que quedó restablecido de forma gradual, si bien hasta el día 25 de julio de 2007 no se consiguió totalmente”, describía sobre lo sucedido el fallo del TSJC. La presencia de generadores en puntos estratégicos de la ciudad —ante las críticas vecinales por las molestias que generaban— acabó manteniendo el suministro hasta que la subestación de Maragall estuvo finalmente reparada.

 

El corte de luz afectó a trece centros de asistencia primaria, a diferentes líneas del metro, de Ferrocarrils de la Generalitat y del tranvía, además de hogares y comercios de Barcelona, Badalona, L'Hospitalet, Esplugues y Cornellà de Llobregat. También quedaron afectados un gran número de semáforos, que obligó a 800 agentes de la Guardia Urbana y de los Mossos d'Esquadra a regular el tráfico de Barcelona.

 

La Generalitat hizo informes propios y encargó a instituciones externas para sacar conclusiones y poder acusar a las dos compañías. Lo mismo hizo la Comisión Nacional de Energía, que si bien responsabilizó a Endesa del origen de la avería responsabilizó de la gran afectación a Red Eléctrica de España. Desde el inicio de la avería, ambas compañías se enzarzaron en una retahíla de acusaciones mutuas que acabó llegando al Parlamento catalán. En una comparecencia en la cámara el entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro, dijo: “No podemos pedir calidad alemana a precio tercermundista”.

 

Al pago de la sanción, ambas compañías tendrán que añadir las costas del proceso judicial, según establece la sentencia, además de los 10 millones de euros que la eléctrica Endesa asumió como indemnización para sus abonados por el tiempo y los daños provocados por una avería que obligó a la Generalitat a intensificar su control sobre la red.

ECOIMPULSO's insight:

Solo espero que el importe de la multa no se vea trasladado al recibo de la luz, pero si a Endesa el negocio de la distribución le parece tan ruinoso, que no se preocupe, que lo deje en manos de la gestión pública ..............

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Cuanta menos luz gasta más paga usted en el recibo

Cuanta menos luz gasta más paga usted en el recibo | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it
Las eléctricas recuperan a través del término de potencia los costes de inversión en generación que no pueden recuperar por el precio de mercado de la electricidad

 

Un elixir mágico, llamado regulación a la carta (de las compañías eléctricas, por supuesto), ha conseguido que el consumidor que menos energía eléctrica gasta sea el que pague más en términos relativos; y viceversa. Una política racional de precios procuraría que pagasen más (en términos relativos) los que más gastan, porque eso es lo que dicen los manuales de economía y porque de esa manera podría buscarse una disuasión del consumo. Pero en España sucede al revés. ¿Por qué?

 

Pues porque el regulador —el Gobierno— decidió en 2013 que era necesario, mejor dicho, imperativo, aumentar lo que paga el cliente en concepto de potencia contratada, que es la parte fija del recibo, para garantizar (parece la única explicación económica) los ingresos de las eléctricas. El balance desde agosto de 2013 es arrasador: para el consumidor doméstico ha supuesto una subida del 92% de la parte fija del recibo (término de potencia contratada) y del 145% para el consumidor industrial. La decisión ataca directamente los bolsillos de los clientes con menos capacidad económica y liquida cualquier política de ahorro; se haga lo que se haga con el consumo en los hogares, el peso principal del recibo sigue siendo inmune a la austeridad.

 

Cuando se calcula el ingreso que se garantizan las eléctricas por esa política tarifaria (penosa para el consumidor), aparecen nuevas distorsiones graves. Resulta que el sistema eléctrico factura a los clientes el equivalente a 175 gigavatios (Gw) de potencia contratada; pero, como es sabido, el sistema tiene una potencia instalada de 108 Gw; y la punta máxima que utilizan los clientes es de 39 Gw. Una sencilla cuenta demostraría, para pasmo de economistas y teóricos de los mercados, que pagamos a las eléctricas 136 Gw que no utilizamos, simplemente porque los tenemos contratados. Esos 136 Gw regalados con el consentimiento del regulador equivalen a 10.000 millones anuales. ¿No sería más lógico sustituir el sistema de tarificación contratada por uno de tarificación por potencia demandada? Pues sí; pero se acabaría la sobrefacturación de 10.000 millones consentida a las eléctricas.

 

No obstante, descártese provisionalmente la tesis del semifraude (tipo CTC) y acéptese la de incompetencia regulatoria. Las eléctricas recuperan manu militari a través del término de potencia los costes de inversión en generación que no pueden recuperar por el precio de mercado de la electricidad (la parte variable del recibo). ¿Que este esquema perjudica a los clientes más débiles, aumenta la desigualdad y penaliza el ahorro? Pues Industria no lo ha visto o le parece un daño irrelevante. Pero resulta que la generación eléctrica está liberalizada por ley y, por lo tanto, las empresas toman las decisiones de inversión a su propio riesgo. Es decir, esta estructura de recibo de la luz vulneraría la legislación vigente. Salvo mejor opinión del regulador, rebosante de abogados del Estado, claro.

 

 

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Morales: "No permitiremos que el futuro de esta tierra lo condicionen cuatro mangantes de la política y de las eléctricas"

Morales: "No permitiremos que el futuro de esta tierra lo condicionen cuatro mangantes de la política y de las eléctricas" | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

El presidente del Cabildo de Gran Canaria asegura que el futuro energético de la isla no lo van a condicionar "cuatro mangantes de la política y las eléctricas". Así se expresó este viernes haciendo referencia a la presión empresarial por implantar el gas y a los obstáculos políticos para frenar las renovables.

 

Morales subrayó que el objetivo del Gobierno es implantar el gas para dar salida a 27.000 millones de inversión ociosas que tienen las grandes gasistas españolasAdemás, criticó al ministro de Industria por frenar el autoconsumo y por eliminar las primas a las renovables

 

Morales contestó de este modo a las declaraciones del consejero del Gobierno canario de Economía e Industria del Gobierno canario, Pedro Ortega, sobre su posición de abrir un diálogo para implantar el gas en las Islas. "Nunca nos cerraremos a dialogar, pero con nosotros que no cuenten para la introducción del gas en Gran Canaria", insistió, para añadir que esta opción "no es alternativa para esta tierra".

 

El presidente de la Corporación insular agregó que "la capacidad de decidir del Cabildo es muy grande y no vamos a aceptar ningún tipo de imposición, ni que nos vendan que el gas es un elemento de transición", pues considera que se trata de un elemento de freno a las renovables.

 

Morales considera que existen muchos más frenos a las renovables porque el objetivo es implantar el gas para dar salida a 27.000 millones de inversión ociosas que tienen las grandes gasistas españolas. De hecho, explica que la prueba es que están cerrando las principales plantas de ciclo combinado y pone como ejemplo la última la de Arcos de la Frontera en Cádiz, pero la inaugurada en Gijón hace tres años ni siquiera ha sido puesta en funcionamiento porque no son operativas frente al superior rendimiento de las renovables.

 

En Canarias la rentabilidad de las renovables aún es mayor, según explica Morales ya que el coste del megavatio hora es de 89 euros frente a los 200 de media de la producción con combustibles fósiles. Sin embargo, "hay un empecinamiento que tiene que ver con esas inversiones ociosas" puntualiza. 

 

Para el presidente del Cabildo, José Manuel Soria ha utilizado fórmulas como eliminar las primas a las renovables y "demonizarlas" ya que según explica,  mantiene en cuantías superiores las del carbón, el gas y las nucleares.

 

Además, critica que dio un "hachazo“ y dejó "en la ruina a miles de familias, personas que habían invertido en las plantas fotovoltaicas o energía eólica”, igual que al conjunto del autoconsumo con el impuesto al sol.

 

Asimismo, el presidente del Cabildo denuncia que cada año se "tira a la basura" entre 1.300 y 1.500 euros por consumir combustible fósil. Por ello, se pregunta "¿quién va a hacer una inversión multimillonaria para implantar las plantas regasificadoras, los gaseoductos, el gas ciudad y el gas industrial para que le digan que en el 2020 vamos a tener el 60, 50 o 40% de renovables?". Morales cree que es "imposible” y que la intención es implantar el gas y frenar las renovables hasta que dicha inversión sea amortizada.

 

Para implantar las renovables, explicó, hay que despejar las servidumbres aeroportuarias, pero el Gobierno canario puede hacerlo por la vía de los asuntos estratégicos, una vía ya adoptada por el Ejecutivo autonómico.

 

El Estado, por su parte "anuncia, pero no ejecuta", las estaciones y subestaciones para verter la energía a la red, y defiende que es precisamente en el Gobierno estatal donde están los impedimentos con toda suerte de obstáculos formales y una decisión “clara y contundente del ministro de Industria de frenar la implantación de las renovables”.

 

La decisión del ministro la conocemos todos, es ponerse del lado de los lobbies eléctricos e impedir la implantación de las renovables”, pero “no van a pasar por encima de nosotros, hay unos intereses que no pueden estar por encima del interés general”.

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Prisas en la tramitación del cementerio nuclear | Ecologistas en Acción

Prisas en la tramitación del cementerio nuclear | Ecologistas en Acción | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

El Gobierno está acelerando los trámites para autorizar la construcción del cementerio nuclear en Villar de Cañas (Cuenca) ante el miedo de nuevos posibles reveses electorales. Se realiza la Evaluación de Impacto Radiológico y se quiere otorgar la Autorización Previa o de Emplazamiento sin que Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) haya concluido todos los estudios geológicos.

 

Enresa licitó la realización de nuevos estudios geológicos para caracterizar el emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas por un valor de 1,17 millones de euros y para una duración de 8 meses. Estos estudios deberían comenzar en septiembre de 2015 y mejorar el conocimiento que se tiene del subsuelo.

 

A pesar de esto, los trámites para conceder la autorización al emplazamiento del ATC se han acelerado. En concreto, el Ministerio de Industria pretende otorgar Autorización Previa o de Emplazamiento en las próximas semanas, lo que supone una presión inadmisible sobre el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

 

Para Ecologistas en Acción, no se comprende cómo este organismo puede pronunciarse sobre la calidad del emplazamiento sin haberse realizado los sondeos y las pruebas de caracterización ya licitadas por Enresa, salvo que estas pruebas sean redundantes e innecesarias y en ese caso la antedicha empresa pública esté tirando 1,17 millones.

 

Además, el CSN ha concluido la Evaluación de Impacto Radiológico, que es imprescindible para la realización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que está realizando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Obviamente, el impacto radiológico dependerá, sobre todo en caso de fuga o accidente, de las características del subsuelo, especialmente del acuífero, que podría actuar como un verdadero vector de la contaminación en el territorio. Ecologistas en Acción no comprende, por tanto, que se pueda realizar dicha evaluación sin tener bien caracterizado el subsuelo y, especialmente, la dinámica del acuífero.

 

Previamente, la Comisión Provincial de Urbanismo de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó la renovación del Plan de Ordenación de la zona de Villar de Cañas para habilitar la normativa para el ATC. Pero lo hizo cuando ya se habían celebrado las elecciones y los diputados lo eran en funciones, lo que es manifiestamente antidemocrático.

 

Para Ecologistas en Acción todos estos movimientos responden a la prisa que le ha entrado al Gobierno para acelerar los trámites que permitan la construcción del ATC. El Gobierno desearía que los trámites estén listos antes de las próximas elecciones generales, por si se produce un cambio de gobierno, lo que es probable dados los resultados de las últimas elecciones locales. Pero además, el Gobierno Regional entrante se ha manifestado ya en contra de la instalación, lo que demuestra que existe una mayoría política en la región que no debería ser desoída.

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Sepi abortó el ascenso de Seco y los codazos en el PP al nombrar a Lasala como 'número dos' de REE

Sepi abortó el ascenso de Seco y los codazos en el PP al nombrar a Lasala como 'número dos' de REE | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it

El presidente de Red Eléctrica (REE), José Folgado, se comprometió en 2012 a nombrar a un consejero delegado para cumplir con las normas de buen gobierno en una compañía en la que más del 70% de sus accionistas son fondos internacionales. El nombramiento ha tardado más de tres años en llegar, pero finalmente se ha tenido que realizar por la vía exprés.

 

Según fuentes del entorno del accionariado de la empresa semipública, el actual director económico financiero, Juan Lasala, candidato de Folgado, tuvo que ser nombrado a toda prisa para que la guerra de guerrillas no llegara a más.

 

De puertas adentro, Andrés Seco, director de Operación de REE, había movido sus hilos para postularse para el cargo, sabedor de que en el Ministerio de Industria y Energía se le debe el favor de haber sido uno de los artífices en la sombra de la polémica reforma eléctrica, en la que trabajó codo con codo con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

 

Pero el candidato del ex alcalde de Tres Cantos para ceder el poder ejecutivo que ahora detenta en exclusiva era otro, y así se lo hizo saber a la Sepi, la sociedad estatal dependiente del Ministerio de Hacienda que posee el 20% del capital de REE, hace unos meses.

 

Con Seco y sus aspiraciones atadas en corto en la casa, todo iba sin prisas y Folgado ni siquiera llevó a la junta de accionistas ordinaria de abril la propuesta de nombrar un consejero delegado, que en esos momentos, además, aún no estaba ni consensuado con Sepi.

Tanto en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) como en REE sabían que había movimientos en el PP y en algunos ministerios del Gobierno para que el puesto lo ocupara un hombre del partido o, al menos, de absoluta confianza de éste.

 

Llegaron a barajarse algunos nombres que se quedaron en eso, simples nombres. Pero el vuelco electoral del 24-M azuzó el nerviosismo en el Gobierno y en el PP sobre qué pasaría si en noviembre próximo, Rajoy no gana las elecciones.

 

A la vista de cómo se desarrollaban los acontecimientos y las altas cotas de pérdida de poder autonómico y local que estaba sufriendo el PP, Folgado y Sepi decidieron convocar de urgencia el consejo y elegir a Lasala, un profesional que llegó a la casa en 2001.

Los ministros Cristóbal Montoro (Hacienda-Sepi), José Manuel Soria (Industria) y Luis de Guindos bendijeron el nombramiento, que fue refrendado por unanimidad de todos los consejeros de REE, según las fuentes del entorno del accionariado consultadas.

 

La junta extraordinaria del 18 de julio refrendará el nombramiento y la separación de los cargos de presidente y consejero delegado, si bien Folgado seguirá manteniendo todo el poder ejecutivo hasta la junta general de 2016, según dijo REE a la CNMC mediante un hecho relevante el pasado viernes.

 

Lo que no ha quedado definido ha sido el futuro de Folgado (71 años), cuyo mandato por cuatro años finaliza precisamente en abril del próximo año, cuando se celebre la junta. Todo ello dependerá, sin duda, de quién gane las elecciones generales de finales de año, porque desde su creación, REE ha cambiado de presidente cada vez que cambiaba el color del partido en el Gobierno.

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Industria cierra la reforma con un aumento de los pagos a las eléctricas - elEconomista.es

Industria cierra la reforma con un aumento de los pagos a las eléctricas - elEconomista.es | El autoconsumo es el futuro energético | Scoop.it
El Ministerio de Industria ha cerrado la reforma eléctrica justo dos años después de su inicio. El departamento que dirige José Manuel Soria ha enviado ya a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia los borradores de los reales decretos de retribución de redes, así como las órdenes que fijan los valores para calcular los estándares de la distribución y del transporte.

 

Según dichos documentos, a los que tuvo acceso elEconomista, con la nueva regulación las grandes distribuidoras de electricidad (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP) recibirían este año por su labor 4.740 millones de euros, lo que supone un 2% más de lo previsto para este ejercicio. Esta previsión sirve para hacerse una idea del incremento que se puede registrar para el próximo ejercicio pese a que la normativa ya indica que aún no se dispone de la base de datos detallada de las instalaciones auditadas puestas en servicio hasta 2014, lo que en cualquier caso incrementará esta cantidad.

 

La normativa tendrá un impacto importante también para las empresas con menos de 100.000 clientes, el cálculo de su retribución ha resultado aproximado como consecuencia de "la calidad de la información", lo que el Gobierno considera que deberá ser subsanado para fijar la retribución base.

 

La retribución para este tipo de empresas, tomando el informe de la CNMC de diciembre de 2014 y añadiéndole la retribución de otras tareas reguladas, quedaría entorno a los 348 millones de euros, lo que supone un "ligero ascenso" del 5%.

 

De este modo, las eléctricas parecen haber ganado la batalla después de haber reivindicado que los cobros que mantenían por esta actividad estaban por debajo de la media del sector en Europa, según un estudio elaborado por KPMG.

 

Industria establece en esta normativa unos valores unitarios de referencia para la inversión y de operación y mantenimiento, tanto para la península como para las islas, Ceuta y Melilla pero la tramitación ha sido complicada en un sistema similar al utilizado con las renovables pero sin consultoras.

 

La CNMC envió una primera propuesta en junio de 2014 y un posterior informe adicional en noviembre del mismo año. El organismo ha tenido que crear un diseño de instalaciones tipo y asignarles una serie de elementos constructivos para otorgarles posteriormente una valoración económica. Industria ha introducido un abanico más amplio de niveles de tensión y una sección especifica para los conductores.

 

En lo que respecta al transporte el Gobierno ha adoptado una serie de medidas que favorecen a Red Eléctrica, Industria modifica la metodología de cálculo de la retribución de la actividad de transporte de tal modo que para los límites de inversión impuestos no computarán ni las interconexiones internacionales, ni las ayudas, ni las inversiones financiadas o cedidas por terceros, lo que significa reducir las limitaciones que tenía la compañía. Además, el Gobierno le permitirá a Red Eléctrica que exista una fluctuación de hasta un 20% con carácter anual para evitar la rigidez en el momento de planificar.

 

Este margen que le otorga el Ejecutivo a REE parece contrastar con el reciente informe elaborado por la CNMC sobre la Planificación Energética para 2020 en el que el organismo regulador alertaba de la gran cantidad a invertir en este tipo de redes e instaba a reducirla.

 

El Gobierno también incluye cambiar en la vida residual y la estimación de activos puestos en servicio antes de 1998 lo que se estima que puede tener un impacto de 40 millones de euros anuales.

 

El Ministerio de Industria lanzó el jueves un comunicado -que al igual que con la rebaja de la tarifa eléctrica el pasado viernes no incluyó en su web- para cargar contra la patronal fotovoltaica Unef.

En el documento, el Ministerio trata de defenderse de las acusaciones realizadas el jueves por esta organización, en las que aseguraba que las recomendaciones que Bruselas ha dado sobre el autoconsumo no se cumplen en el borrador de decreto español.

 

La defensa del Gobierno fue simple, las recomendaciones no analizan la propuesta española, algo evidente ya que son eso mismo recomendaciones de buenas prácticas y no una revisión regulatoria.

 

Unef, por su parte, se reiteró en los mensajes de su comunicado en el que aseguraban que suponía un golpe político para el Gobierno y recordó que el proyecto es además contrario a la Directiva de Eficiencia y Renovables europea. La UE marca en sus recomendaciones cuáles con las líneas que los países miembros deberían seguir.

ECOIMPULSO's insight:

Es decir, suben la retribución a las empresas distribuidoras porque se quejan de que están por debajo de la media del sector en Europa. Con ese mismo razonamiento deberían bajar los costes de la luz, porque están por encima de la media europea, y para eso deben cambiar el sistema, como en Europa, y poner cada coste en su sitio. Ya no me quiero ni meter en las interconexiones internacionales, porque económicamente los consumidores domésticos somos los que más contribuimos a ellas y todavía no tengo claro qué sacamos de ello, porque la venta  de energía beneficia al vendedor, (el oligopolio) y los peajes de esa energía los pagamos nosotros (los consumidores), así que si también hemos contribuido a pagar la red que permite esa venta, ¿qué beneficio económico nos reporta a nosotros? .

En cuanto a que el gobierno se "entretenga" en sacar comunicados rebatiendo las acusaciones de la asociación UNEF le pone en muy mala posición, ¿acaso han dado en el clavo? Hay que tener más temple y aguantar, que para eso os pagamos...........

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