El autoconsumo es el futuro energético

#Oligopoly2  Ya en las RedesSi te perdistes el estreno...

#Oligopoly2 El imperio eléctrico contra todxs. Dirigido por Alba del Campo. Producido por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Documental completo. En cuanto tengas unos 45 minutos, disfrútalo. Comparte! Juntos conseguiremos que la rebelión energética triunfe.

Van desmoronándose, una tras otra, las principales fuentes de conocimiento, de información, de posibilidad de optar y elegir con algún criterio. Todo eso, en fin, que nos dio la condición que tenemos. No sólo somos cada día más pobres, sino que también se van alejando las posibilidades de saber realmente lo que está pasando. Ya saben que no sabemos nada, pero lo realmente preocupante es comprobar que cada día resultará más difícil asomarse a los oasis informativos para que nos alcance algún pálido reflejo de lo que acaece.

 

Como no podía ser menos, todo lo relacionado con el medio ambiente, que siempre fue a la cola, ha sido despeñado casi ya del todo. El empujón - ¿definitivo?- se lo dará la desaparición del OSE, el Observatorio de la Sostenibilidad de España, ese que entre otras cosas hacía inviable lo que acaba de quedar una vez.

 

Además de unos pocos más al paro, con este cierre se confirma que ya no podremos contar con la valiosísima información que sus completos y correctos estudios, nos proporcionaban. Están poniendo las bases para que sólo suceda lo que quieran sin que ni siquiera nos enteremos.

Euro arriba, euro abajo, cada ciudadano español, hombre mujer o niño, debe a las compañías eléctricas en torno a 700 euros. Es lo que toca por el inmenso agujero acumulado en el sector en la última década, 35.000 millones de déficit.

 

El Ministerio de Industria está a punto de aprobar la enésima reforma del sector energético.Toca hacer cuentas. Unef, la patronal del sector solar fotovoltaico ha analizado las causas del llamado déficit de tarifa. Su conclusión es rotunda: las energías renovables, a las que las empresas tradicionales acusan de engordar el déficit por las primas que reciben, sólo son responsables del 22% del agujero. El resto, hasta la mareante cifra de 30.000 millones obedece a decisiones políticas y a la habilidad de las grandes empresas para exprimir el negocio.

El reparto de la inmensa tarta de deuda del sector eléctrico, siempre según Unef, es como sigue: del total acumulado (35.000 millones entre 2002 y 2012), el 41% corresponde a los desvíos entre ingresos y costes admitidos cada año por los distintos Gobiernos en la última década, el 22% por los desvíos (al alza) en las primas de las energías renovables, el 5% por las mayores compensaciones a Endesa por prestar servicio en las islas, Ceuta y Melilla y el 31% a los desvíos registrados en los precios de la energía.

 

El resumen del documento de Unef sobre el déficit tarifario bien podría ser éste: la mayor parte del déficit acumulado obedece a decisiones políticas sobre la tarifa y a las malas previsiones que los Gobiernos han realizado cada año. Todo ello trufado con la habilidad de las empresas para cobrar por todo aquello que se pueda imaginar.

Esta calificación como Proyecto Estratégico supone la simplificación de los plazos para su puesta en marcha, que se reducen al  50 por ciento, y se concede a aquellos proyectos impulsados por la  iniciativa privada o pública que tienen una especial incidencia en el  desarrollo económico de la Región de Murcia y, especialmente, en la  generación de empleo.

  

La planta solar destaca en este último apartado, pues se prevé que  se creen 200 puestos de trabajo durante la fase de 'diseño, promoción e  ingeniería del proyecto', más de 1.000 empleos en la fase de  'construcción' y más de 100 empleos estables en la fase de 'Operación y  mantenimiento'.

 

La instalación permitirá generar más de 750 millones de  Kilowatios/hora al año de energía 'limpia', suficiente para abastecer a  una ciudad como Murcia, lo que evitará la emisión de gran cantidad de  gases contaminantes. En concreto, 135.750 toneladas de dióxido de  carbono al año, 112,80 de nitratos y 168 de dióxido de azufre.

  

Además, la tecnología que se utilizará, así como las sinergias que  obtendrá esta instalación por sus grandes dimensiones, harán que sea  capaz de producir energía eléctrica dentro del régimen ordinario, y no  precisará para su viabilidad de la existencia de primas o estímulos  económicos.

 

Desde la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación se  está promoviendo la declaración como estratégico de un total de ocho  proyectos similares a éste, que supondrán una inversión total de 2.500  millones de euros en los próximos años.

 IRREGULARIDAD Nº2: COBRO POR UN SERVICIO INEXISTENTE

La única y exclusiva finalidad por la cual las compañías eléctricas están autorizadas a cobrar a sus clientes una cantidad mensual por el alquiler de sus contadores es que efectúen la “adecuada renovación y actualización” de sus parques.

Para conseguir la “adecuada renovación y actualización” de un parque de contadores es preciso someter éstos a una verificación periódica, cuyo protocolo y plazos son definidos por el Gobierno, mediante una Orden ministerial, que establece el control metrológico del Estado sobre dichos contadores. El control metrológico de los contadores de energía eléctrica fue declarado obligatorio por la Ley 3/1985, de Metrología. En mayo de 1988, el Centro Español de Metrología alertó de que dicho control “es urgente y prioritario”, y en septiembre de 2001, la Comisión Nacional de Energía informó al Gobierno de que “es imprescindible que se proceda de manera urgente” a establecer el citado control. 

 

A día de hoy, casi 28 años después de la entrada en vigor de la Ley 3/1985, de 13 de marzo, de Metrología, la Orden ministerial sobre verificación periódica de contadores sigue sin ser publicada en el BOE.  La consecuencia es que, de los 25,8 millones de contadores que componen el parque nacional de contadores electromecánicos, 22 millones carecen de fiabilidad en la medida, pues llevan en servicio más de diez años, y 10 millones han superado su vida útil(30 años). 

 

Ya en noviembre de 2001, el 80% de los contadores marcaba de más, según un informe de la OCU. Debido a ello, las compañías eléctricas no han efectuado (ni efectuarán) nunca una verificación periódica del parque nacional de contadores electromecánicos, pues al no haber establecido el Gobierno el control metrológico del Estado sobre dichos contadores, no existe ninguna norma que defina en qué consiste tal verificación, por la cual los usuarios llevamos pagados más de 10.000 millones de euros, que se incrementan cada día en 600.000 euros.

El Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) realizó dieciocho emisiones de deuda durante 2012 por un valor cercano a 5.500 millones de euros, en las que obtuvo unos tipos de interés medios del 5,4%, según se aprecia en la auditoría de este instrumento gestionado por la Sociedad Gestora de Fondos de Titulización.

 

El interés medio de estas titulizaciones fue ligeramente inferior al del 5,62% obtenido en el ejercicio anterior, el primero de actividad del FADE, en el que el fondo realizó emisiones por valor de unos 9.800 millones de euros.

 

En total, la deuda eléctrica cedida al fondo entre enero de 2011 y el cierre del ejercicio 2012 asciende a 15.273 millones de euros. En el primer año de actividad, las colocaciones alcanzaron puntualmente tipos de interés del 8,11%, mientras que en 2012 no superaron el 6,91% y, en el mejor de los casos, se situaron en el 3,66%.

 

Hasta la creación del FADE a finales de 2010 y el inicio de las colocaciones en los mercados, las cinco grandes eléctricas habían financiado prácticamente en su totalidad y a tipos de Euríbor más un pequeño diferencial esta deuda de los consumidores con el sistema eléctrico.

 

En la auditoría del fondo se aprecia que en el momento de su creación el programa de emisiones tenía un saldo vivo máximo de 13.500 millones, ampliable a 25.000 millones.

 

Además, estos bonos están avalados por el Estado hasta un importe máximo de 22.000 millones de euros, y cuentan también con el refuerzo de una línea de crédito por valor actualmente de 2.000 millones de euros.

 

El propio mecanismo de gestación del FADE recoge la posibilidad de ampliar aún más este importe máximo de avales del Estado, para lo que sería necesario incluir primero la medida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y, posteriormente, en una orden ministerial.

Fase 1: Estudio y diseño de la instalación FV.

 

Debemos conocer la energía que demandamos, hora a hora. La instalación FV produce durante unas horas determinadas y si el consumo es inferior a la producción estaremos exportando parte de la energía (y la retribución no es precisamente un gran negocio a 5c€/kWh). El criterio de diseño debe ser el de minimizar la energía exportada. 

 

Fase 2: Permisos previos. 

 

Antes de empezar a instalar debemos solicitar: 

a) Punto de conexión. Se trata del permiso de la empresa distribuidora de cada zona para conectarnos a la red eléctrica. No se paga ninguna tasa y deben responder en 10 días (según el RD 1699/2011) 

b) Licencia de obra / ICIO. Se trata del permiso del ayuntamiento y del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras. Suele salir por un 4% del presupuesto de la instalación. Y suelen pedir que se aporte una descripción de la instalación para poder valorarla. 

 

Fase 3: Instalación. 

 

Bueno, esta fase es crucial. Si el diseño es FUNDAMENTAL, la ejecución lo es tanto o más. Lo más importante es contar con una empresa instaladora de BT acreditada y responsable (las comunidades autónomas cuentan con registros de empresas habilitadas) y que toda la instalación se ajuste al reglamento de baja tensión y los permisos que nos han concedido. 

 

Fase 4: Legalización.

 

a) Contrato de acceso. Se trata del contrato de conexión a la red de la empresa distribuidora. Se cobra por la verificación (hasta unos 240 € para instalaciones de 10 kW). Se verifica que todo es correcto y se programa el contador para que registre la exportación de energía. 

 

b) Inscripción de la instalación eléctrica de baja tensión. Consiste en inscribir la instalación en el registro de instalaciones de baja tensión de la comunidad autónoma. Se hace con todas las instalaciones, no tiene nada de particular. Cuesta unos 40 €. En este punto se tiene que aportar, por ejemplo, el certificado de instalación y la memoria técnica de la misma (ambos, documentos que ha de entregarnos la empresa instaladora) 

 

c) Inscripción de la instalación en Régimen Especial. Ahora tienes una instalación "especial" y tiene su propio registro!!! ... bromas aparte, las instalaciones de energías renovables, tienen un tratamiento especial, y han de estar registradas. 

 

d) Alta en "aduanas". Es simplemente, que como seguro que algún kWh vas a exportar, y te lo van a pagar, tendrás que estar dado de alta como "fábrica de luz" y este trámite se realiza al solicitar el CAE (Código de Acividad y Establecimiento) en Hacienda. Te pedirán la memoria técnica de la instalación y documentos que te acrediten como propietario. (no se paga tasa) 

 

e) Licencia de actividad municipal. Esto no está muy claro si deben exigirlo o no. Ni siquiera si debe el ayuntamiento cobrar o no tasas por expedir la licencia ... Os recomiendo que lo consultéis. En teoría toda actividad econónica que se realiza precisa contar con esta licencia.

 

Y esto es todo!!!  Puede parecer largo o complicado, pero si os asesoráis bien, veréis que no lo es tanto y estaréis encantados con vuesta instalación FV.

Bruselas se ha plantado ante los mensajes que están lanzando España y Alemania sobre el coste que suponen las renovables y la intención de revertir la situación para dar más protagonismo a los ciclos combinados de gas. Y es que la Comisión Europea publicó ayer una hoja de ruta que deben seguir los Estados miembros en materia energética e insta a los países a que impulsen las renovables.

 

La nueva comunicación de Bruselas se produce tras unos meses de gran ajetreo en el sector de renovables en España y que incluso ha derivado en varias reuniones a nivel europeo para alertar de los recortes que se están planteando en España. Por ello, desde la Comisión Europea se han asignado tres funcionarios técnicos en exclusiva para que vigilen de cerca las nuevas políticas energéticas en España.

 

Además, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, un heterogéneo colectivo que aglutina diferentes organizaciones que defienden las renovables,ha mantenido encuentros con el comisario de Energía, Günter Oettinguer, y con varios europarlamentarios, entre ellos, Juan Fernando López Aguilar, presidente del eurogrupo socialista español. Además, se ha entrevistado con el director general de Energía de la Comisión Europea, Fabrizio Barbaso.

Cuando se afirma que la nuclear y carbón son energías más baratas que las renovables, si incluyéramos los subsidios que reciben estas serían 10 céntimos de euros kWh más caras. Quienes propugnan que el modelo británico de “certificados verde”, como más barato, hasta 52.000 millones de euros se ahorraría los consumidores; olvidan la prima de riesgo que comporta los certificados verdes, ante volatilidad de estos, pues resulta que el kWh de la eólica británica es 5 céntimos de euros el kWh superior a la alemana.

 

La industria tradicional aprovecha el diálogo de la reforma para atizar contra los costes de las renovables y lanzar consignas en contra de la revolución tecnológica. Las energías renovables se han convertido en el chivo expiatorio de todos los desajustes del sistema energético; con la lógica de la estabilidad –que impone recorte- o fácil es tajar costes regulados. El resultado de la discusión depende que componentes se incluya, cando un coste se convierte en un sobrecoste. Nadie se le ocurre exigir que los ciclos combinados abaraten la tarifa por debajo del coste en que incurren. No se explican es, por ejemplo, que se ha planificado redes eléctricas, para una generación distribuida que integren más renovables, que acaban sin construye; que se inician la construcción de parques eólicos, pero de detiene ante la falta de redes; o que, en lugar de dominar a los grupos de presión, estos son los que marcan la dirección de la político, con giros de viento de 180 grados. Se plantea la necesidad de un ministro de energía con amplias competencias en política industrial, I+D, planificación de redes, cuente con un Consejo de la Transición Energética con competencias. Sería la forma de sacar el debate energético de las aguas turbulentas en que se encuentra este.

Don Miguel Ángel Revilla, actual secretario general del PRC, comparte su punto de vista respecto al ataque del Gobierno y del Oligopolio de Unesa hacia el sector de las energías renovables, como clausura de la IV Asamblea General de ANPIER.

Te acuerdas del programa de Salvados "Oligopoly"?

Ahora Llega.....

Estreno : #Oligopoly2. El imperio eléctrico contra todxs.

 

Ha llegado el momento de poner el debate energético sobre la mesa y pasar a la acción.

 

Cogemos el testigo al equipo de Salvados y seguimos profundizando en las claves del sistema eléctrico español, recogemos la voz de los que cuestionan el actual modelo energético y planteamos alternativas para luchar contra el oligopolio y caminar hacia un cambio de modelo energético basado en la soberanía ciudadana.

Nueva vía de agua que se le abre al Ministerio de Industria por el problemático sector eléctrico. Por si fuera poco el enfrentamiento con las poderosas compañías eléctricas tradicionales y con las renovables, ahora le toca el turno a la cogeneración.

 

Las grandes industrias (automovilísticas, alimentación, papeleras, químicas, refinerías…) reciben una prima por colocar la electricidad sobrante de sus procesos productivos en el sistema. Y en los últimos tres años esta retribución se ha disparado un 58%, cerrando 2012 con un coste regulado de más de 1.800 millones de euros imputables al déficit de tarifa.

 

Acogen recuerda a Industria que el culpable del “déficit económico creciente imputado a la cogeneración es consecuencia de las ineficiencias económicas y regulatorias asociadas al pool de electricidad y a los costes regulados”, los mismos que “han generado el déficit eléctrico”.

Y conmina a los responsables del Ministerio a que afronten con urgencia la reforma del sistema de fijación de precios del pool, el principal causante del déficit de tarifa.

 

“El pool no refleja los costes ni de la energía producida ni de la electricidad final”, afirma Javier Rodríguez, director general de Acogen en conversación con Vozpópuli.

 

Además, apunta a que “los que se están beneficiando de la situación de precios bajos del pool son las comercializadoras de electricidad. El consumidor paga la luz a precios de oro pero el pool está a poco más de 23 euros de media, con días a coste cero, cuando en las previsiones de principios de año se fijaba un precio estimado de 50 euros”.

 

“Cada diez euros que baja el precio del pool sube el déficit de tarifa en 1.000 millones de euros”

La prioridad de acceso nació a principios de los años 80 en Estados Unidos  a raíz de la Public  Utilities Policies Act (PURPA) después del segundo choque de precios del petróleo, con el objetivo de permitir la  recuperación de las inversiones en energías renovables, intensivas en  capital.  La idea era simple: siempre que hubiera viento, la eólica  vendería la electricidad a un precio prefijado, basado en el coste que  le evita al sistema por ser una energía autóctona y gratuita.  Un  objetivo adicional era promover la entrada de nuevos actores,  productores de electricidad independientes o cualificados, frente a la  posición dominante de las grandes utilities.

 

Esta prioridad de acceso se trasladó a la normativa española antes  incluso de la aprobación de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, a  través de la figura del autoproductor, con objetivos similares a la  regulación americana. La Ley del Sector Eléctrico garantiza la “prioridad  en el acceso a las redes de transporte y de distribución de la energía  generada, respetando el mantenimiento de la fiabilidad y seguridad de  las redes”.

 

Este derecho se establece también en la Directiva Europea sobre  energías renovables, que garantiza el derecho a los productores de este  tipo de energías:  “Los Estados miembros deberán establecer bien un acceso prioritario o un acceso garantizado a la red de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables” y “velarán  porque, cuando se realice el despacho de las instalaciones de  generación de electricidad, los operadores de los sistemas de transporte  den prioridad a las instalaciones de generación que utilicen fuentes de  energía renovables”.

Antonio Moreno es un ingeniero industrial sevillano que lleva desde 1994 denunciando unas supuestas irregularidades que llevarían reportados más de 10.000 millones de euros a las compañías eléctricas, incrementándose cada día en 600.000 euros. Él mismo nos cuenta en esta entrevista en qué consisten, punto por punto, dichas irregularidades y nos explica cómo su carrera profesional se vio truncada drásticamente  cuando decidió, en defensa de sus principios morales y del código ético profesional, no formar parte del entramado encargado de cometerlas.

 

En su web, www.estafaluz.com, Antonio ayuda desinteresadamente a los usuarios a reclamar su dinero, lo que le ha supuesto una demanda por parte de Endesa, que de momento no ha conseguido el cierre cautelar de la web.

 

IRREGULARIDAD Nº1: IMPOSICIÓN DE RESTRICCIONES A LA LIBRE COMPETENCIA EN EL MERCADO NACIONAL DE CONTADORES DE LA LUZ.

La imposición de restricciones es aplicada por el grupo Contact, formado por uno o dos directivos de cada fabricante de contadores de la luz establecido en España. Las restricciones son tanto horizontales (restricciones entre fabricantes) como verticales (restricciones de los fabricantes a los distribuidores). Las restricciones entre fabricantes tienen por finalidad el reparto consensuado del mercado, y las restricciones verticales, la imposición de unos precios de venta al público que hagan  económica la opción de compra y obliguen al usuario a alquilar el contador a la compañía. En su informe de 20/09/2001, la Comisión Nacional de Energía concluye que: “Aunque la regulación ha permitido históricamente que los consumidores adquiriesen en propiedad los diferentes equipos de medida y control, la realidad demuestra que la inmensa mayoría de ellos lo son en régimen de alquiler a las empresas distribuidoras. La principal razón no es otra que los precios de venta a los que los consumidores pueden optar son sensiblemente superiores a los de las empresas distribuidoras. Se observa que los mecanismos de fijación de precios en el mercado de contadores pudieran ser discriminatorios para los diferentes tipos de compradores, lo cual corresponde legalmente examinar a los órganos competentes en materia de competencia".

En medio de la incertidumbre por la reforma energética, Abengoa ha presentado los resultados del primer trimestre. La empresa crece fuera y sufre en casa, pero resiste. Su consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, analiza la situación de un mercado eléctrico en plenos cambios regulatorios.

 

-¿Qué le parecen las medidas adoptadas por el Gobierno?

-Un error, porque legitiman la posibilidad de no respetar la seguridad jurídica. El impacto que tiene sobre los inversores es negativo. Toman nota.

-Tanto los operadores tradicionales como Abengoa han calificado las medidas de expropiatorias. Es una acusación grave...

-Una expropiación es apropiarse de algo que no es suyo en base a un interés público, pagando una compensación. Esto es peor que una expropiación. Se han apropiado de un bien que era de unos accionistas que invirtieron al amparo de una regulación recogida en el BOE. Es tremendamente grave. La preocupación que pueden tener los accionistas de Repsol por la expropiación que han tenido en Argentina es comparable a la preocupación que pueden tener los inversores de las compañías renovables que han invertido en España. Los inversores extranjeros lo ven exactamente igual.

-Pese a las medidas adoptadas, el desequilibrio eléctrico continúa. ¿Qué puede hacer el Gobierno?

-Es un problema muy gordo, pero yo insisto en que a diciembre de 2011 había 25.000 millones de déficit y las primas a la termosolar habían sido 600 millones. Hay 24.400 millones de euros de déficit que alguien se tiene que preguntar de dónde han salido.

-¿Se puede recortar más en las plantas nucleares e hidráulicas?

-Hay que mirar de dónde venían esos 24.400 millones de déficit a cierre de 2011. Ahí se econtrarían muchas respuestas.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha dicho este viernes que "nadie en este mundo podría negarse a la extracción de hidrocarburos, porque eso sólo tiene ventajas económicas, pero la oposición a esa extracción es tan sólo una oposición política, que además está muy relacionada con la política insular", en alusión a las prospecciones que se desarrollarán en aguas canarias.

 

En España, explicó, tenemos una dependencia de hidrocarburos de más del 80% y que el precio de generación de hidrocarburos está en la media europea. Además, recalcó que nuestro mix energético está muy diversificado, con energía nuclear, hidroeléctrica, eléctrica o eólica.

Sin embargo, destacó que a partir de 2004 nuestro sistema ha ido generando crecientes déficits de tarifas eléctricas en el sistema debido a "una planificación incorrecta de lo que iba a ser el mercado de la energía entre 2008 y 2016, que se hicieron sobre unas bases de crecimiento económico muy diferentes a la realidad, con desviaciones de más del 20%"

Además, recordó, se apostó por las energías renovables cuando aún eran tecnologías inmaduras y se llevó a cabo "una incorrecta planificación de infraestructuras gasistas".

Las energías renovables, dijo, están llamadas a tomar parte importante en el mix energético de todos los países, pero no están llamadas a sustituir a las energías convencionales, puesto que tendrán que contar siempre con éstas últimas para sustituirlas cuando, por su falta, por el fallo de las condiciones climatológicas que las producen o por su escasa producción actual, no sean capaces de mantener la demanda actual de los estados.

 

Los paneles solares les están ahogando. Unas 30.000 familias, según estimaciones de tres asociaciones del sector, están al borde de la quiebra por su apuesta decidida por la energía sostenible. En 2007, animados por un decreto del Gobierno que fomentaba las energías renovables para cumplir con los objetivos de Kioto de reducción de emisiones de CO2, se entramparon para adquirir pequeñas instalaciones de energía fotovoltaica poniendo sus ahorros y sus bienes como garantía. La mayoría son agricultores y ganaderos que buscaban un complemento de renta de unos 400 o 500 euros mensuales.

Los particulares invirtieron en paneles solares animados por el real decreto 661/2007 que establecía un sistema de primas por la emisión de energía para compensar los grandes desembolsos que acarreaba la adquisición de instalaciones fotovoltaicas.

 

El primer recorte llegó en 2010. Mediante otro decreto, el 1565/10, se limitó la retribución de las instalaciones a 25 años. Antes se podían percibir las primas durante toda la vida útil de la instalación. En ese mismo año, el real decreto ley 14/10 reduce también el número de horas de emisión de energía con derecho a subvención.

 

En 2012, la Ley 15/2012 estableció un nuevo impuesto del 7% sobre la generación de electricidad. En 2013, el real decreto 2/2013 congela la actualización del IPC.

 

De las 59.835 instalaciones que hay en España, 34.000 pertenecen a personas físicas, según datos de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier).

 

“Esta gente no fue a buscar el pelotazo, sino un complemento de renta”, puntualizan desde el colectivo. Lo veían como una inversión segura, con la garantía del Estado, por lo que pensaron que podía servir como plan de pensiones, o para diversificar su dedicación al campo o a los animales. “Era cosa de no poner todos los huevos en una misma cesta”, resume Pedro Carrión, dueño de una finca agrícola en Jumilla (Murcia).

 

Miembros de diferentes huertos consultados aseguran que han intentado negociar con los bancos un cambio en las condiciones de sus préstamos, pero que las entidades prefieren ir caso por caso. Lo único que les ofrecen son refinanciaciones, que supondrán terminar de pagar los créditos fuera de la vida útil de las instalaciones fotovoltaicas y pagar unos intereses más altos (pasarían del 4% que tienen contratado al 8%).

El Gobierno considera que las energías  renovables tienen un "papel clave" y que su participación en el consumo  final de energía se sitúa en la actualidad en el 16,05%, frente al 8,41%  de 2005, según consta en el documento ampliado del Programa Nacional de  Reformas publicado este martes por el Ejecutivo.

   El porcentaje de peso de renovables se sitúa a casi cuatro puntos  de distancia del objetivo del 20% para 2020 y casi un punto por encima  del 15,1% registrado a cierre de 2011, según los datos ofrecidos  recientemente por Eurostat, que situaba a España como el undécimo país  de la UE más avanzado en la integración de estas tecnologías.

Eso parece insinuar la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que ha difundido esta semana un comunicado en el que denuncia que el Gobierno se está planteando que "la eólica compense a las tecnologías de respaldo" (el carbón, el fuel y el gas). La excusa del Ejecutivo sería que el viento no es gestionable, mientras que las otras fuentes de energía sí lo son y por eso se ven obligadas a estar "en guardia" para cuando no sopla Eolo. Sin embargo, según la AEE, la eólica no solo está "perfectamente integrada en el sistema", sino que, precisamente gracias a su gestionabilidad, le está resultando de gran ayuda a Red Eléctrica -el operador del sistema eléctrico nacional- "en momentos críticos", como los sucedidos la pasada Semana Santa.

 

Los pagos por capacidad -dice la AEE en su nota- "son fruto de decisiones regulatorias no ligadas ni a la instalación de parques eólicos, ni a la fijación de los incentivos a la eólica, por lo que no se justifica que su pago recaiga sobre el sector".

 

Esos pagos -por capacidad-, pagos que vendrían de la mano de la necesaria seguridad de suministro, parecen cada vez más en tela de juicio. De muestra, un botón: el párrafo que recogemos a continuación está escrito por la CNE: "la incorporación de nuevos ciclos combinados ha permitido que progresivamente el índice de cobertura de la demanda eléctrica en la península pasara de ser inferior a la unidad en 2001, a conseguir un 10% de reserva de capacidad a partir de 2003 (índice de cobertura de 1,1), nivel que el Operador del Sistema [Red Eléctrica de España] considera necesario para garantizar la seguridad del sistema. Asimismo -continúa la CNE-, de acuerdo con las estimaciones del Operador del Sistema [REE], desde 2008, la reserva de capacidad ha superado el 20% (valor del índice de cobertura superior a 1,2), y sin embargo, la incorporación de nuevos ciclos ha continuado progresivamente, instalándose en 2010 cuatro ciclos combinados más, sumando una potencia en ese año de 2.170 MW, con lo que la potencia total es de 25.270 MW" (véase Informe 26/2011 de la CNE, página 14). Ahora mismo, según datos de REE, nos encontraríamos por encima de los 45.000 MW de gas, fuel y carbón.

Los señores del gas siguieron sumando "seguridad" al sistema y reclaman pagos por ello La conclusión es la siguiente: Red Eléctrica de España (REE) y la Comisión Nacional de Energía (CNE) ya sabían (en 2003, hace casi diez años) que la reserva de capacidad era suficiente. Red Eléctrica de España lo sabía; lo sabía la CNE; y, presumiblemente, también lo sabía (o hubiese debido saberlo) el sector del gas. Pues bien, a pesar de ello, desde 2003 y hasta 2012, la patronal del gas no solo ha seguido instalando megavatios (Aprie tenía el año pasado 2.000 MW "en desarrollo"), sino que, además, ha seguido reclamándole al gobierno, sin vergüenza alguna, incrementos en los pagos por capacidad, como si su capacidad fuese la garante del sistema eléctrico nacional, ese sistema que ya presentaba en el año 2003 un índice de cobertura de 1,1, según la CNE. Y, a la par, el gobierno (los gobiernos) no solo ha hecho oídos sordos a los informes del operador del sistema eléctrico nacional (REE), sino que también ha desatendido los informes del regulador (CNE), que, hace apenas unos meses, proponía la eliminación transitoria del pago por capacidad. Ahora, además, el Ejecutivo Rajoy quiere pagar ese respaldo que todas las fuentes consideran excesivo con nuevos impuestos a imputar a las energías renovables, o a la eólica, para empezar.