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GUATEMALA. Plantean reforma a Ley de Minería para prevenir conflictos.

GUATEMALA. Plantean reforma a Ley de Minería para prevenir conflictos. | Derecho a la comunicación | Scoop.it

Reformas consensuadas por diversos sectores que incluyan aspectos sociales, culturales y beneficios netos a las comunidades es la salida que plantean varios sectores consultados por Siglo.21 para prevenir la conflictividad generada por la industria extractiva en el país. 

 

La minería es regulada por una Ley aprobada en 1997, que según políticos, académicos y sociedad civil está descontextualizada, pero, pese a varios intentos por modificarla, esta permanece estancada en el Congreso. En octubre pasado, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) presentó una iniciativa que propone 34 modificaciones en el aspecto social, económico, fiscalizador y ambiental (lea: Lo destacable según el MEM).

 

Pedro Muadi, presidente del Legislativo, opina que para que exista una baja en la conflictividad, el Parlamento debe jugar un papel importante al aprobar “una nueva ley de minas”. Indica que la actual normativa se hizo con el objetivo de “atraer la inversión y por eso las regalías son bajas”.

 

Édgar Cristiani, de la Comisión de Energía y Minas, del Congreso, concuerda y hace referencia a la iniciativa de reformas a la ley minera.

“El tema está parado; la Comisión no ha recibido las propuestas porque no se ha leído en el pleno. Cuando la tengamos, buscaremos la opinión de ambientalistas, alcaldes y los sectores que están en conflicto para buscar los consensos”, explica el legislador.

Destaca que las reformas buscarán defender los intereses de las comunidades y del Estado, crear una la ley amigable con el ambiente y que dé certeza a inversionistas.

La propuesta oficial 

Según Ivanova Ancheta, viceministra de Desarrollo Sostenible del MEM, uno de los pilares de la reforma que propone, son los aspectos sociales que permitirían reducir la conflictividad actual.

“La propuesta otorga a los ministerios de Energía y Ambiente la obligación de proveer información a las comunidades, previa a la autorización de un proyecto extractivo, a través de los Consejos Municipales de Desarrollo, responsabilidad social con pertinencia cultural y la obligatoriedad de hacer estudios de salud”, explica Ancheta.

A criterio de Yuri Melini, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), en cambio, la propuesta es un “mamarracho absoluto” y no contribuye a resolver las inquietudes que genera la extracción minera en las poblaciones de influencia. 

“No se pueden constituir a las comunas en instrumento del Estado; los miembros de los Consejos no son legítimos representantes del pueblo, se cuadran al partido de turno o a autoridades”, dice Mellini. 

Mario Marroquín, presidente de la Gremial de Industrias Mineras, opina que la reforma debe ser discutida en la agenda nacional, acorde con criterios técnicos, pero que también debe ir acompañada de otras herramientas que generen confianza.

“Se debe tener una inversión transparente y focalizada en las comunidades, un proceso informativo con diálogo permanente y una campaña de comunicación que permita comprender el verdadero alcance y beneficios de la industria”, propone.

Para el Comité de Unidad Campesina (CUC), antes de pensar en cambios se deben aclarar las inconstitucionalidades que presenta la normativa actual sobre la libre determinación de los pueblos que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“No tiene validez una reforma cuando no se respetan los derechos de los indígenas antes de las concesiones. Es falso y nefasto para los pueblos que no se reconozca el derecho de consulta, el Estado está obligado a consultar cuando firme convenios o tratados internacionales que afecten la vida económica, social y cultural”, asegura Daniel Pascual, de ese comité.

Centrarse  en el pueblo

Edwin Castellanos, de la Unidad de Investigación del Medio Ambiente, de la Universidad del Valle, expresa: “Las reformas tendrían que conformar aumento a las regalías, y mecanismos de control social y ambiental”.

Juan Carlos Rosito, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente, de la Universidad Rafael Landívar (Iarna), asevera que las reformas “ayudarían a bajar los niveles de conflictividad”.

Concuerda en que deben fortalecerse las instituciones de fiscalización “y que los ministerios  deberían tener un papel de contrapeso y no de facilitar las inversiones de las empresas”.

Así lo dijoNoticias Sigloxxi Guatemala
“Los ministerios deberían tener un papel de contrapeso y no de facilitar las inversiones de las empresas”. — Juan Carlos Rosito Universidad Rafael Landívar
“La propuesta es un mamarracho absoluto y no contribuye a resolver las inquietudes que genera la extracción ­minera”. — Yuri Melini, CALAS
“Los tiempos han cambiado; ahora sí tenemos actividad minera que se debe aprovechar de manera inteligente”. — Pedro Muadi Presidente del Congreso

 

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PARAGUAY. Cámara Diputados analiza Ley General de Telecomunicaciones

El diputado Fernando Oreggioni (PLRA- Itapúa), presidente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, anunció que analizarán dos proyectos de Ley durante la sesión ordinaria semanal de dicha asesoría prevista para este miércoles.

 

El primero se refiere al Proyecto de Ley, "General de Telecomunicaciones", que tiene como objetivo establecer el marco normativo regulador del sector de las Telecomunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, y la promoción y protección de la inversión en el sector.

El otro documento a ser analizado es el que establece el cobro electrónico del pasaje del transporte público automotor. El mismo tiene como objetivo el registro certero y preciso sobre el recorrido efectuado por las distintas unidades de transportes, cantidad de redondos, número de buses utilizados, cantidad de pasajeros transportados y otros detalles que permitan conocer la facturación real de cada empresa, controlar los componentes del precio del pasaje y establecer tarifas justas.

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ARGENTINA. La ley de acceso a la información también es "democratizar" la Justicia (por E. Bertoni)

ARGENTINA. La ley de acceso a la información también es "democratizar" la Justicia (por E. Bertoni) | Derecho a la comunicación | Scoop.it

La presidenta de la Nación acaba de enviar al Congreso Nacional distintos proyectos que se agrupan bajo el titular por ella misma acuñado "democratizar la Justicia". Los motivos de las reformas que mencionan quienes las defienden son varios.

 

Uno de ellos tiene que ver con aumentar la transparencia en los poderes del Estado, incluso en el Poder Judicial. No hace falta ser abogado, ni siquiera haber leído los proyectos para apoyar iniciativas que impulsen políticas públicas que generen herramientas para implementar el derecho a saber en nuestro país. Sin embargo, pensarlo sólo en el contexto de una reforma a la Justicia queda lejos de lo que debería impulsarse.

 

Lamentablemente, el récord del actual gobierno en lo que hace al impulso de una ley nacional de acceso a la información es negativo.

 

La Presidenta, cuando era legisladora, más precisamente titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, tuvo una inmejorable oportunidad para apoyar un proyecto de ley de acceso a la información pública que contaba con la aprobación de la Cámara baja.

 

En lugar de impulsarse en la comisión tal apoyo se propuso otro proyecto, lo que valió que, en mi carácter de Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, criticara a la Argentina, precisamente por no haber aprobado la ley en ese período de sesiones.

 

Como quedó dicho en aquella época, el texto aprobado por el Senado con los cambios introducidos por la citada comisión restringía de manera importante el derecho de acceso a la información pública y además no respetaba estándares internacionales en la materia. Una política de transparencia significa mucho más que hacer públicas las declaraciones juradas patrimoniales o los sistemas de designación de los funcionarios.

 

Es cierto que el ex presidente Néstor Kirchner fue quien, en 2003, mediante el decreto 1172/3, generó una herramienta para dar a los ciudadanos la posibilidad de hacer efectivo el derecho al acceso a la información, pilar de cualquier política que se manifieste a favor de la transparencia.

 

Sin embargo, y a pesar de las innumerables manifestaciones a favor de una ley de acceso a la información pública desde la sanción de aquel decreto, la actual presidenta no ha impulsado con la misma vehemencia con que lo ha hecho con otros proyectos que ya son ley, una normativa que garantice la posibilidad de solicitar la información que se encuentra en poder del Estado.

 

En la región nos estamos quedando solos. Brasil el año pasado aprobó una ley de este estilo; Uruguay, Chile, Perú, y tantos otros países latinoamericanos ya cuentan con una herramienta fundamental para el control de los actos de gobierno.

 

La propia Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos ha aprobado varias resoluciones sobre el tema, sin mencionar la ley modelo de acceso a la información pública desarrollada en el ámbito de ese organismo intergubernamental y sobre la cual tuve el honor de participar en su redacción entre muchos otros expertos.

 

Dado que el Gobierno puso ahora en la agenda la necesidad de aumentar la transparencia, sería una consecuencia lógica que la Presidenta envíe al Congreso y con su decidido apoyo una ley de acceso a la información pública. ¿Tendremos pronto una normativa que, siguiendo los estándares internacionales, incluya pero exceda en mucho la amarreta propuesta de transparencia que proponen los proyectos sobre "democratización de la Justicia"?

 

12/04/2013

Fuente

http://www.lanacion.com.ar/1571957-la-ley-de-acceso-a-la-informacion-tambien-es-democratizar-la-justicia

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MEXICO. Niega reforma de Telecomunicaciones acceso de indígenas a concesiones de radio y tv

MEXICO. Niega reforma de Telecomunicaciones acceso de indígenas a concesiones de radio y tv | Derecho a la comunicación | Scoop.it
El bloque conformado por PRI, PAN, Panal y PVEM en San Lázaro consideró que esos medios de comunicación podrían ser fuente de subversión o rebeldía en los pueblos étnicos y sus comunidades.

 

México, DF. La mayoría del pleno cameral en San Lázaro, compuesta por el PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, obstaculizaron la propuesta de modificación a los artículos sexto y vigésimo octavo de la Constitución para dar acceso a los pueblos y comunidades indígenas a concesiones de radio y televisión con objeto de fomentar el respeto, el pluriculturalismo y la multietnicidad en el país.

 

Prevaleció el criterio de negar a ese amplio sector de la población la posibilidad de participar en el terreno de la radiodifusión porque el bloque de partidos políticos citados considera que esos instrumentos de comunicación podrían ser fuente de subversión o rebeldía.

 

Anoche, esos partidos desoyeron la propuesta de un sector del PRD y de la bancada de  Movimiento Ciudadano para que las comunidades y pueblos indígenas tengan la opción de proponer ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) el otorgamiento de concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

 

Así se negó una vez más a ese amplio segmento de la población la posibilidad de reconocérsele como sujeto pleno de derecho en la materia de comunicación. Con ello, la democratización de los medios, tan llevada y traída en los últimos años se cerró de facto al desarrollo y florecimiento de las culturas indígenas.

 

Los argumentos para modificar el contenido de los dos artículos constitucionales se sustentaron en acceder, sin reservas, al derecho a establecer propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de comunicación no indígenas.

 

La propuesta pretendía, en la redacción de artículo sexto de la Constitución, que la radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento “y respeto”  de los valores del pluriculturalismo, plurilingüismo y multietnicidad”, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo tercero de esta Constitución.

 

También se, señala el actual ordenamiento: la Ley establecerá un organismo público con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan “la diversidad nacional”, la formación educativa, cultural y cívica, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

 

Específicamente, la propuesta de reforma al artículo  28 de la Constitución que pretendía garantizar el derecho a las comunidades y pueblos indígenas, y fue rechazada, hubiese permanecido de la siguiente forma: “Corresponde al Instituto (Federal de Telecomunicaciones), el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de concesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, “de los pueblos y comunidades indígenas”, social, y privado y se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2º. 3º., 6º. Y 7º. de esta Constitución. Las concesiones serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico…”

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BRASIL. Comunicación como derecho básico. Proyecto de Ley por la democratización de los medios masivos

Para algunos especialistas, la lucha por democratizar la comunicación tiene que ser de igual proporciones que las luchas por salud, cultura, vivienda, tierra, alimentación y distribución de ingresos (...)...

 

El Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación (FNDC) inició el 1ro de mayo la recolección de firmas entre la población brasileña para garantizar el ingreso de Proyecto de Ley de Iniciativa Popular, para promover la democratización de los medios masivos, en el congreso Nacional.

 

Entre otras propuestas, el Proyecto de Ley trata sobre la regularización de las Comunicaciones Electrónicas en Brasil (Radio y Televisión), que actualmente están reguladas por el Código Brasileño de las Telecomunicaciones, creado en 1962.

 

Además, el documento pide la revisión de los artículos de comunicación de la Constitución brasileña, que abordan sobre la defensa del contenido Nacional, la diversidad regional y la producción independiente.

João Brant, de la coordinación ejecutiva del FNDC, destacó la importancia del proyecto para garantizar un contenido mediático mas plural y descentralizado. “Él garante la amplia diversidad y pluralismo y la no concentración, fortalece el sistema público-comunitario, trae un conjunto de acciones que se enfrentan con los intereses del monopólio. No es solo por la propiedad, sino también por el acceso a la producción independiente, del acceso por la producción regional”

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ARGENTINA. Mapuches afirman que les restringen derechos. Presentan Informe.

ARGENTINA. Mapuches afirman que les restringen derechos. Presentan Informe. | Derecho a la comunicación | Scoop.it

NEUQUÉN (AN).- El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) presentó ayer su quinto informe anual que cuenta con un registro de los incumplimientos que realiza el estado argentino de los derechos que poseen los pueblos originarios, entre ellos los mapuches. La consulta previa es uno de los más frecuentes en Neuquén, Río Negro y Chubut.

 

Con un duro cuestionamiento al proyecto que busca reformar el Código Civil, el director del ODHPI, Juan Manuel Salgado, presentó ayer el informe anual de este año (que contienen en realidad datos de 2012). "El punto inicial es el proyecto de reforma del Código Civil en donde se pretende legislar sobre las comunidades indígenas, la personería, los territorios, sin ningún procedimiento de consulta previa y con estándares muy bajos de lo que establecen los tratados de derechos humanos", remarcó Salgado.

 

La primera parte del informe cuenta con fundamentos sobre estos puntos.

Salgado también puntualizó sobre la criminalización en las tres provincias y la violencia que se genera desde el estado hacia las comunidades originarias. También se criticó las demoras en la realización del relevamiento territorial. La abogada del Observatorio, Micaela Gomiz,

explicó que en Neuquén el relevamiento está en marcha pero con una demora de seis años. "Pero no es una demora teórica, los problemas son todos los desalojos, la criminalización, los despojos territoriales que se han vivido por el incumplimiento de la ley. No es una solución de fondo pero viene a dar certidumbre para fijar cuáles son las ocupaciones de las comunidades y eso bajaría el nivel de conflicto", agregó.

 

Desde la Confederación Mapuche, Peti Pichiñan, destacó la importancia del informe como forma de visibilizar la realidad mapuche. "No se nos permite vivir en nuestro territorio libremente, aparte de la situación de marginalidad y pobreza tenemos que enfrentar juicios contra sus miembros. Esta información no sale en los medios masivos".

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Sociedad de la comunicación y sociedad política

Sociedad de la comunicación y sociedad política | Derecho a la comunicación | Scoop.it

Por Sergio Gómez Montero. La Jornada

Hoy, como se verá, el papel de esos medios juega un papel estratégico en términos de resignificación capitalista.

 

¿En qué consiste este nuevo papel?

Hoy existe un nuevo Estado dominado por los medios de comunicacoón, dado que ellos son los que han determinado los quehaceres políticos de la actualidad.

 

Tómense como casos paradigmáticos Italia, Inglaterra y México (en menor medida Rusia), en donde los imperios televisivos de Berlusconi, Murdoch y de Azcárraga Milmo (y su socio en las tinieblas, Salinas Pliego) virtualmente determinan qué hacer no sólo en cuestiones políticas sino en general en la vida cotidiana.

 

Desaparecida la conciencia (o sometida a la tv, que tiene dominada a la radio y en buena medida al ciberespacio) de gran parte de la población, y ella es hoy la que pone y quita a gobernantes de todo tipo, bien sea encumbrándolos subrepticia y corruptamente, o fijando las agendas de la vida nacional: reducido (o sometido) el papel del gobierno a los dictados de un Estado complejo (compuesto y dominado sobre todo por los poderes económicos, que nunca son blancas palomas: allí se mezclan lo mismo empresarios, cúpulas eclesiásticas, medios colectivos de comunicación, gobiernos extranjeros y narcotraficantes), este Estado utiliza a los medios colectivos de comunicación para definir el manejo del país (y lo inverso también es válido).

 

Esa irrupción política de los medios en la vida cotidiana se expresa indistintamente en términos de justicia (el montaje televisivo en el caso Florence Cassez), educación (la nueva reforma educativa), ficción cinematográfica (Argo o Zero Dark Thirty) o política-política (la asunción a la Presidencia de Peña Nieto, plagada de fraudes pero cínicamente impuesta por la televisión) o la virtual y paulatina desaparición de la prensa impresa ‒que no es casual‒ desplazada por internet y todo lo que ello implica.

 

Por eso, la única realidad que los políticos conocen es la transmitida por los medios.

 

Texto completo en

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/03/31/131358377-sociedad-de-la-comunicacion

 

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MEXICO. La Jornada: Tomadura de pelo, la reforma en telecomunicaciones: diputados

MEXICO. La Jornada: Tomadura de pelo, la reforma en telecomunicaciones: diputados | Derecho a la comunicación | Scoop.it

Desechadas sin debate, las reservas al dictamen presentadas por integrantes de las bancadas de PRD, Movimiento Ciudadano y PT"

 

El petista Arturo López Cándido se refirió a uno de los olvidos del dictamen: las radios comunitarias.

Ellas representan el derecho de las comunidades más alejadas y marginadas a transmitir su idea y acceder al derecho a la información, que está estrechamente ligado con los derechos humanos, especialmente coaligados con la libre expresión, señaló. No obstante, nadie hizo caso

 

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