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Cuando se habla de ser autónomo o profesional independiente en seguida hay quien pega un salto y un grito del susto pero la realidad es que dada la situación del mercado laboral en España o emigras o te lo montas por ti mismo.
Si estas en la segunda de las elecciones te doy unas pistas sobre los perfiles de autónomos que se meten el batacazo para que evites estar en alguno de ellos:
1.- Descubridor de continentes: si no tienes experiencia en el mundo de los negocios y no tienes formación sobre ello no te vayas de osado y creas que has descubierto América y que como a nadie se le había ocurrido antes, es probable, de hecho muy probable que estés cometiendo una locura. Desconfía de abrir una zapatería en un sitio donde no hay ninguna tienda de ropa, complementos ni zapatos, puede que nadie lo pusiese por qué no funcionan allí. ¿Por qué crees que la mayoría de comercios de este tipo se concentran en los mismos sitios? Confía en profesionales sinceros que te ayuden a descubrir si de verdad estas ante una oportunidad o ante una tontería de tamaño gigante.
2.- El “porque si”: este es uno que abre un negocio sin estudiar antes lo que está haciendo, lo malo es que cree que si lo hace. Cierra una parafarmacia y un año después llega uno y abre otra una calle más adelante que también cierra. Como no es suficiente llega un tercero y se me acerca al despacho y me dice que está haciendo la obra para abrir una parafarmacia en esa zona.
-¿Usted sabe que cerraron dos allí y por que causa?
-Ahhh pues no, no lo sabía.
Cojonudo.
3.- Por encima de la ley: Esto es de lo más habitual. Antes de montar un negocio hay que ver los requisitos legales no solo de hacienda y la seguridad social si no otras muchísimas cosas que la gente parece ignorar. El caso más aberrante que he vivido es el de uno que me dijo que quería montar un despacho de arquitectura.
-¡Tío pero si tú no eres arquitecto!
- Bueno pero no pasa nada, eso lo hacen todo los programas informáticos.
Mi cara era un poema. A parte de casos tan exagerados, los hay mucho más comunes como no conocer las normas sanitarias y permisos que hay que solicitar para estos efectos, accesibilidades, etc.… Uno de los últimos que ha sido el caso de un autónomo que se quería montar un negocio de jamones y chacinas ibéricas y que no tenía ni idea de la normativa al respecto del color de las etiquetas de los jamones. En resumen, conocer a fondo vuestro sector e investigar y desconfiar del asesoramiento si solo os hablan de seguridad social y hacienda.
4.- El “lo flipo con lo mío”: yo comprendo que quieras montar algo que vaya con tu personalidad y te haga sentir cómodo pero el que algo sea para ti un hobby y te encante no quiere decir que te vaya a servir para vivir. Lo sé, adoras la papiroflexia, pero una tienda de eso no tiene sentido ninguno lo mires por donde lo mires.
5.- El “me dio el furor”: Este error es más frecuente de lo que pensamos: cuando tienes un hijo piensas que una tienda de ropa infantil seria la caña, mas tarde empieza el cole y crees que lo mejor del mundo es una papelería y en la época de comuniones te da por las tiendas de regalitos y detallitos para estas…Si aciertas es pura casualidad. 6.- Asociado: Asociarte esta muy bien, de hecho es lo mejor, pero todo por escrito y buscando a gente que de verdad aporte y le aportemos, de lo contrario el fracaso será horrible, la amistad destrozada y en el peor de los casos con abogados de por medio. Repito por mucha confianza que exista todo por escrito, eso aportara seguridad a la situacion y marcara unas normas. 7.- No saber ni cuanto vas a gastar al mes: esto por mucho que lo repita casi nadie lo hace!! se que parece raro pero es la verdad. Sientate con un lapiz y un papel y dejalo en esa mesa durante dias, e apuntando todo los costes que tendras. Se que has pensado en la luz y el agua, pero tambien estan los seguros, impuestos municipales, gasolilna etc... Todo basado en la absoluta y frecuente realidad, si conoceis algunas os invito a ponerlas en comentarios.
La orden de la Dirección General de la Policía que obliga a los agentes a saludar a sus superiores con un «a sus órdenes» ha entrado hoy en vigor, una resolución que establece las normas de uniformidad y el saludo en el cuerpo. Esta es una de las novedades de la orden, ya que con anterioridad no se establecía esa fórmula, que ha sido criticada por los sindicatos al considerar que se trata de un término militar. De hecho, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) presentó alegaciones para que en el texto se sustituyera el saludo de los agentes «a sus órdenes» por el de «buenos días o tardes, jefe» y ya ha anunciado que recurrirá la orden. La resolución regula ciertas pautas de comportamiento, trato e indumentaria que no están contempladas en las diferentes normativas, con el objetivo de contribuir a mejorar el cumplimiento en el uso de la uniformidad. Los policías de menor escala tendrán que saludar a sus superiores, a los que tratarán de usted, con el término «a sus órdenes», mientras que a los ciudadanos y a los compañeros de su misma categoría o de otros cuerpos policiales se dirigirán con un «buenos días, tardes o noches». Cortes de pelo que dejen a la vista las orejas Respecto a la uniformidad y la imagen, la resolución establece como norma general en el caso de los hombres que lleven el pelo corto y que su corte deje ver la totalidad de las orejas, sin ocultar el cuello de la camisa o guerrera. «En caso de llevar barba, bigote, perilla o patillas deberán llevarse aseadas y arregladas, procurándose por motivos de seguridad que la barba y la perilla no oculten el nudo de la corbata», señala el texto. Las agentes usarán en todo momento un peinado que no impida que la cara esté visible y, si llevan el pelo largo, éste deberá ir recogido con un prendedor acorde con el color de la uniformidad. También se prohíbe el uso de pendientes, pulseras y «piercings» cuando vistan el uniforme, aunque las mujeres podrán llevar pendientes cuando porten el vestuario de gala, pero «siempre que su tamaño no sobrepasen el lóbulo de la oreja» y sean «iguales». Además de prohibir el uso de pegatinas y adornos sobre el material policial, la dirección general no permitirá «peinados, maquillajes, complementos o cualquier otro elemento que puedan ser considerados estrambóticos, extravagantes y contrarios a la imagen de la organización policial que se debe transmitir a los ciudadanos».
Lo que en principio se presentó como un gesto del Rey Juan Carlos, dispuesto a renunciar a un lujo como el del yate Fortuna en solidaridad con las dificultades que sufren tantos españoles, ha terminado revelándose como un acto de oportunismo puro, un intento de ganar imagen sin coste o renuncia alguna. Fue Patrimonio Nacional quien a principio de año anunció a la Zarzuela la imposibilidad de hacer frente a los 1,8 millones de euros que anualmente cuesta el mantenimiento del lujoso Fortuna, entre sueldos de la tripulación, reparaciones, amarres y demás. Sólo llenar sus tanques de combustible cuesta alrededor de 20.000 euros. De acuerdo con fuentes cercanas a Patrimonio, el ente público hizo más: adelantó a Palacio su decisión de proceder a la venta o incluso al desguace del yate que habitualmente se encuentra amarrado en Palma de Mallorca, lo cual provocó un “notable enfado” del Jefe del Estado. Habría sido esta determinación, en opinión de las fuentes, lo que habría aconsejado al Monarca a adelantarse a los acontecimientos “dando orden a Patrimonio Nacional para que inicie los trámites para la desafección del barco como bien de dicho organismo”, según la nota remitida ayer tarde por las Agencias de prensa. Un elemento añadido que ha pesado en la renuncia real, han sido los problemas físicos de don Juan Carlos, de tal calibre que prácticamente hacen impensable la eventualidad de salir a navegar dada su edad y condición física. A ello habría que añadir la pérdida de interés del Rey por pasar los veranos en Palma, a pesar de los buenos recuerdos que le unen a Marivent, ello a cuenta de problemas afectivos que están en la mente de todos. El "Fortuna", un yate de alta velocidad y 41 metros de eslora, que el año pasado sólo salió a la mar durante unas horas, fue donado en el 2000 para uso de la Familia Real por la Fundación Turística y Cultural de las Islas Baleares, presidida por Carmen Matutes, que contaba entre su treintena de patronos con los máximos responsables de Sol Meliá, Barceló, Globalia, la Caixa y la Caja de Ahorros de Baleares Sa Nostra. Polémica construcción En realidad su construcción ya estuvo rodeada de polémica, en tanto en cuanto la iniciativa –el propio Gobierno balear aportó hasta 500 millones de pesetas de la época- de regalar un yate de lujo al Rey a cuenta de los “servicios prestados” a la isla de Mallorca y a su industria turística, cogió a contrapié a no pocos notables mallorquines, fundamentalmente banqueros y hoteleros, que sin embargo tuvieron que rascarse el bolsillo casi a toque de corneta para no quedar en evidencia como rácanos, pobres de solemnidad o desafectos a la causa. El yate costó en su día una cifra equivalente a 21 millones de euros –más de 3.400 millones de pesetas-, y fue encargado en 1997 a los astilleros Bazán en San Fernando (Cádiz) para sustituir al anterior "Fortuna", donado en 1979 por el rey saudí Fahd, que a su vez reemplazaba a otra embarcación con el mismo nombre que don Juan Carlos utilizaba en aguas de Baleares desde agosto de 1976. El Rey navegó por última vez a bordo de este yate en agosto de 2012. Dos años antes estuvo a punto de pasear por aguas de Baleares la primera dama de EEUU, Michelle Obama, y su hija menor, Sasha, invitadas por don Juan Carlos y doña Sofía a un almuerzo en el Palacio de Marivent. Patrimonio Nacional -organismo público que custodia los bienes de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia- celebrará el próximo martes reunión de su consejo de administración, en la que se aprobará la desafectación del yate, que pasará a entonces manos del Ministerio de la Presidencia, que a su vez podría proceder a venderlo o desguazarlo.
PINO ALBEROLA Era una de las medidas con las que la Conselleria de Sanidad pretendía adelgazar sus gastos, pero le ha salido el tiro por la culata. Los tribunales están obligando al departamento que dirige Manuel Llombart a readmitir a aquellos médicos a los que en el último año había obligado a jubilarse.
Desde comienzos de 2012, cuando todavía estaba al frente Luis Rosado, la conselleria ha estado cerrando el grifo a la prórroga en la actividad laboral del personal médico que se han concedido casi con carácter excepcional. Hasta ese momento, una vez cumplidos los 65 años los facultativos podían solicitar seguir trabajando hasta los 70 previo paso por las unidades de riesgos laborales de los centros sanitarios, que evaluaban las condiciones físicas y psíquicas de los médicos para determinar si podían seguir desempeñando su labor sin problema. Según las nuevas directrices de la Conselleria de Sanidad, cuando un médico desee trabajar a partir de los 65 años, el responsable de su área deberá emitir un informe justificando la necesidad de su continuidad, y entonces será la conselleria quien decida.
En la provincia de Alicante se han visto afectados por esta situación más de 300 facultativos en el último año. De ellos, al menos 15 profesionales han recurrido, a través de los servicios jurídicos de los principales sindicatos del ámbito sanitario, la decisión de la conselleria de no dejarles seguir trabajando pese a que el estatuto así se lo permite. En el conjunto de la Comunidad Valenciana el número de denuncias superaría el centenar, según estimaciones del Sindicato Médico.
Según Pedro Plou, presidente de esta agrupación en la Comunidad Valenciana, "ya hay más de 50 sentencias favorables hacia el trabajador". En estos casos, además de readmitir al médico, "la conselleria ha tenido que hacer frente a una indemnización correspondiente a la cuantía económica que el trabajador ha dejado de percibir durante el tiempo que ha estado jubilado".
El Sindicato Médico estima que la indemnización media ronda los 30.000 euros, por lo que Sanidad tendría que verse obligada a pagar hasta tres millones de euros en caso de que pierda todas las sentencias que se han presentado en la Comunidad. "Además, tiene que devolver al Estado el gasto de las pensiones", afirma Plou. Teniendo en cuenta que, en caso de no sustituir a los médicos jubilados, la Conselleria se habría ahorrado más de 14 millones, en la provincia la estrategia ha sido un completo desastre.
Estas sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) han sido posibles porque Sanidad carece de un plan de recursos humanos. "De esta forma, el juez siempre falla a favor del médico afectado". Algo que Sanidad estaría ya tratando de subsanar. "Están intentando elaborar deprisa y corriendo un plan de recursos humanos del personal que trabaja en conselleria". Con este texto en la mano, "el juez ya no podrá fallar a favor del trabajador, porque en él se especificarán, por ejemplo, las necesidades de personal de cada servicio". No obstante, el responsable del Sindicato Médico alerta de que "los sindicatos miraremos con lupa este plan". Madrid copia la receta de ahorro de
la Comunidad
La Comunidad Valenciana no es la única que ha decidido jubilar forzosamente a sus médicos mayores de 65 años. La Comunidad de Madrid va a perder de golpe a 700 profesionales con el mismo argumento, el ahorro. Los profesionales ya han comenzado a recibir, sin previo aviso y de un día para otro, cartas comunicándoles el cese de su actividad por haber cumplido los 65 años. Unas cartas en las que, denuncian, ni siquiera hay una palabra de agradecimiento. El Colegio de Médicos de esta comunidad ha denunciado el trato vejatorio que se está dando a los médicos y advierte de que el ahorro fácil puede repercutir en los pacientes. Los médicos que superan los 65 años son los mejor pagados del sistema, pues acumulan trienios, carrera profesional y muchos de ellos ocupan jefaturas de servicio. Sin embargo, son quienes acumulan mayor experiencia y publicaciones médicas.
La nota de Religión volverá a contar para hacer la media y para obtener becas. Es otra victoria de los obispos españoles en el proyecto de reforma de la enseñanza que hoya ha aprobado el Gobierno y que concita una fuerte oposición de los más variados sectores, desde la comunidad educativa (sobre todo en la escuela pública) a casi todo el arco político fuera del PP. El ministro José Ignacio Wert ha defendido su reforma como el antídoto para mejorar un sistema escolar que sufre un 24,5% de abandono escolar y obtiene resultados mediocres en las evaluaciones internacionales.
Lo intentará adelantando los itinerarios hacia la FP, con evaluaciones externas que serán reválidas en la ESO y el bachillerato o reforzando el margen de decisión de los directores de los centros. Sin embargo, para buena parte de la escuela pública (que el jueves pasado sacó a la calle a decenas de miles de personas en toda España contra la ley) no es más que la otra cara de los recortes educativos, que mira al pasado, que va a segregar alumnos desde muy jóvenes y además apoya a la escuela concertada y a la Iglesia.
De hecho, los obispos han conseguido con esta reforma (LOMCE) hacer realidad sus reclamaciones: desaparecerá completamente la materia de Educación para la Ciudadanía, será obligatorio estudiar la asignatura confesional de Religión o su alternativa (Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria) y, según ha confirmado hoy el ministerio, su nota volverá a contar para todo, igual que las demás. Esto no ocurría desde que se aprobó la ley educativa de 1990 (LOGSE), explica el expresidente de la Federación Española de Profesores de Religión, Rafael Ramírez.
La evaluación de la materia confesional dejó de computar con la ley de 1990
Ahora, la Religión no tiene una materia alternativa, los centros deben ofrecerla pero cada alumno elige si la cursa o no. Su nota cuenta para pasar de curso (se repite con más de dos o tres suspensos), pero no hace media para conseguir becas ni para cualquier proceso competitivo ni de admisión de alumnos. La ley educativa que aprobó el Gobierno del PP en 2002 (LOCE) también preveía para la Religión un estatus muy similar al que establece la actual reforma, pero aquella apenas llegó a entrar en vigor porque el Gobierno socialista la paralizó al llegar al poder en 2004.
La asignatura de Religión ha estado en el centro del debate educativo desde la Transición, con fuertes polémicas siempre condicionadas por el Concordato firmado entre el Estado español y el Vaticano, que establece que se garantizará “la enseñanza de la Religión Católica como materia ordinaria y obligatoria en todos los centros docentes, sean estatales o no estatales, de cualquier orden o grado”. En ese contexto, los obispos siempre han reclamado que la materia confesional fuese evaluable y computara para la nota media así como que tuviera una asignatura alternativa fuerte, para atraer a más alumnos a la materia confesional.
“Con esta medida se intenta frenar el hecho de que cada vez menos niños optan por la Religión. Piensan que puntuando en la media podrán parar la sangría”, opina Fernando Delgado, presidente de Europa Laica. Entre el curso 2000-2001 y el 2009-2010, se registró un descenso de más de ocho puntos, según los datos del Ministerio de Educación. En primaria, se pasó, en una década, del 83,32% de matriculados en Religión al 74,19%. En secundaria, del 63,71% al 54,39%. Y del 47,68% al 41,14% en bachillerato. “La asignatura de Religión tiene que ser ofrecida en condiciones de libertad para los alumnos que la elijan, pero como una asignatura equiparable a las fundamentales”, dijo el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino en octubre.
Los obispos siempre han reclamado una alternativa fuerte
Pero el de la Religión es solo uno de los cambios polémicos que prevé la reforma. Son tantos y tocan temas tan sensibles (Religión, convivencia entre la escuela pública y la concertada, la inmersión lingüística en Cataluña, coeducación) que han llegado a acaparar más atención (y quizá han sacado a más gente a la calle) que otros apartados centrales de la profunda reforma del sistema que está acometiendo el Gobierno.
Sobre muchas de esas cuestiones polémicas pidió cambios y matizaciones el Consejo de Estado en un duro dictamen publicado hace tres semanas. Wert ha asegurado hoy que se han atendido buena parte de las recomendaciones del Consejo de Estado, que en ningún caso cuestionaba apartados esenciales, aseguró. Sin embargo, algunas, como la petición de que haya una materia obligatoria de Ciudadanía, se han desoído.
Sobre la Religión, el dictamen dijo que se podía estar discriminado a los alumnos que estudien esta materia, porque no podrían cursar la de Valores. Ahora ya no serán excluyentes, porque ambas se ofrecerán en el bloque de optativas, de tal manera que, quien quiera, podrá estudiar las dos.
La ley blinda las subvenciones a los colegios que separan por sexo
Educación también ha hecho una pirueta para sortear las objeciones del Consejo de Estado sobre otro de los puntos más polémicos de la ley: la enseñanza en castellano en Cataluña. El Gobierno central adelantará el dinero para pagar a los colegios privados donde se matricularán los alumnos que no encuentren otra opción de estudios con más clases en castellano.
El sistema es de inmersión lingüística, con todas las materias en catalán, menos en la asignatura de Lengua y Literatura Española. El Gobierno ha reservado cinco millones de euros de la memoria presupuestaria de la ley (el 21% del presupuesto para la reforma el primer año) para cubrir la escolarización de unos 1.000 potenciales alumnos que solicitaran más clases en castellano en esta comunidad. El ministerio admitió que si la Generalitat tiene razón y la demanda no supera las 17 solicitudes al año, estos costes "serán insignificantes".
Los padres que quieran optar por esta enseñanza en castellano tendrán que iniciar un procedimiento administrativo a través de la Alta Inspección del ministerio. Esta investigará si, efectivamente, estas familias no tienen esa posibilidad en centros sostenidos con fondos públicos y lo comunicarán a la Generalitat. Si el Gobierno catalán no lo soluciona, el ministerio pagará una plaza en un centro privado. Se trata de una medida “excepcional y transitoria”, dijo Wert, hasta que se cumplan las sentencias que obligan a ofrecer la posibilidad de tener una “proporción razonable” de clases en castellano.
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El 99,4% de las 935.794 personas que votaron de manera presencial en la consulta popular sobre la externalización de la gestión de centros sanitarios, se han manifestado a favor de una sanidad "de gestión pública, de calidad y universal". Los datos definitivos del recuento de la consulta, celebrada del 5 al 10 de mayo, se han dado a conocer hoy en la concentración que ha tenido lugar en la Puerta del Sol con ocasión del segundo aniversario del movimiento del 15-M. La compañera del recientemente fallecido escritor y economista José Luis Sampedro, Olga Lucas, ha sido la encargada de leer públicamente los resultados de la votación, en la que 929.903 personas (99,4%) respondieron sí a la pregunta: "¿Está usted a favor de una sanidad de gestión pública, de calidad y universal, y en contra de su privatización y de las leyes que lo permiten?". Un total de 3.558 personas (0,4%) respondieron con un no a la misma cuestión en las 1.889 mesas distribuidas en 103 municipios de la Comunidad de Madrid, mientras que 1.454 votos fueron blancos (0,2%) y 879 nulos (0,1%). "Validez legal" Según ha explicado a Efe Enrique Martín, uno de los organizadores de la consulta, sólo han informado sobre el porcentaje de votos presenciales, ya que serán los que utilicen para presentar en las instituciones como la Comunidad de Madrid o la Unión Europea al tener "validez legal" porque hay firmas físicas que los respaldan. En cambio, ha señalado que otros 157.467 votos recogidos por internet tienen un carácter más bien simbólico porque al ser una prueba digital "es más difícil que la admitan", pero ha resaltado que sirvieron para que personas de toda España pudieran mostrar su apoyo a la sanidad pública. Entre los votos de internet, 55.924 proceden de ciudadanos de Madrid, 12.686 de Valencia, 5.168 de Alicante, 4.905 de Barcelona, 3.971 de la provincia de Vizcaya y 3.803 de Las Palmas. El referéndum popular ha sido convocado por 75 plataformas de trabajadores, ciudadanos y sindicatos con el objetivo de conocer la opinión de los madrileños sobre la externalización de la gestión de seis hospitales y hasta 27 centros de salud. Firmas contra la externalización Los ciudadanos podían firmar contra la externalización de los centros en las mismas mesas en que respondían a esta pregunta, firmas que se registrarán en la Asamblea de Madrid, en el Congreso de los Diputados y en el Senado "en las próximas semanas". El Gobierno madrileño publicó el pasado martes, coincidiendo con la huelga de la sanidad convocada por diez sindicatos, los pliegos para la privatización de los hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), del Henares (Coslada), Sureste (Arganda) y del Tajo (Aranjuez). El día de la huelga general de la sanidad, convocada el 7 de mayo por diez sindicatos, fue cuando más votos presenciales se recogieron, un total de 193.831, coincidiendo con la salida a la calle de sanitarios ataviados con sus batas blancas que animaban a los usuarios a depositar su voto. Entre los organizadores de la consulta figuran PatuSalud, Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM), Asociación Madrileña de Enfermería (AME), asamblea Coordinadora de Hospitales y Centros de Salud (CHYCS), los sindicatos Satse, CCOO, Amyts, CSIT, UGT y USAE, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), algunos partidos y asambleas del movimiento 15M entre otros.
Las primeras estimaciones procedentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) sitúan en un 90% el seguimiento de la huelga educativa por parte de los alumnos, y en un 60% por parte del profesorado, aunque desde el departamento de Educación del Gobierno de Aragón aún no han emitido datos oficiales.
La huelga convocada por sindicatos, estudiantes y plataformas en contra de los recortes y el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) arranca en Aragón con varias concentraciones en Zaragoza, Huesca y Teruel.
Durante la persecución de los cristianos bajo el mandato del Emperador Valeriano I en 258, muchos sacerdotes y obispos fueron condenados a muerte. El Papa Sixto II fue una de las primeras víctimas,...
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Los obispos españoles defienden la "igualdad académica" para la asignatura de Religión que recoge el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, que establece que tanto la asignatura de Religión como su alternativa --Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria-- serán evaluables y que la nota contará para la media del curso "a todos los efectos".
"Los profesores deben ser conscientes de que la enseñanza religiosa escolar ha de hacer presente en la escuela el saber científico, orgánico y estructurado de la fe, en igualdad académica con el resto de los demás saberes", señalan los prelados en el documento 'Orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe', redactado por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis y aprobado la XCVII Asamblea Plenaria y por la última Comisión Permanente.
Además, los obispos piden una formación en principios y valores éticos o morales no solo dentro sino también "fuera de la asignatura de Religión" de forma que la cultura religiosa católica se integre "en el conjunto de las ciencias humanas" sin que llegue a confundirse con la catequesis.
Sin embargo, dicen haber constatado que en la sociedad actual la aportación de los centros de enseñanza al desarrollo personal de sus alumnos se ve "muy limitada y condicionada por otras influencias" y se encuentra con "dificultades legislativas y administrativas", con "indiferencia e infravaloración por parte de padres y alumnos" y con "menosprecio" hacia la enseñanza religiosa frente a los conocimientos científicos y sociales.
En este sentido, apuntan que, a pesar de "algunas voces discordantes sobre la presencia de la religión en la escuela", hay motivos que la autorizan como el hecho de que su aprendizaje es "necesario para comprender la civilización europea" y para discernir "adecuadamente, asimilando lo positivo y declinando lo negativo".
"Sin un conocimiento adecuado de la religión es misión imposible comprender nuestra civilización. Para conocer la filosofía, la literatura, el arte, las costumbres populares, las fiestas y los valores morales de la civilización que hemos heredado no hace falta creer en la religión católica, pero sí es preciso comprender la religión", subrayan.
Para empezar, "en el caso español, si comparamos las percepciones de la corrupción y las experiencias personales de los ciudadanos hay una gran disonancia", precisa Víctor Lapuente, especialista en temas de administración pública y corrupción del Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). A diferencia de lo que ocurre en otros países, como Grecia o Rumanía, la vida diaria no está mediatizada por el pago de sobornos o corruptelas en servicios básicos, como la educación, la sanidad o la seguridad ciudadana. En las bajas esferas estamos 'limpios'. El problema no es la corrupción administrativa, sino la corrupción política. Tampoco es un problema nuevo. Los casos que ahora salen a la luz con tanto revuelo "se desarrollaron desde la expansión económica, a partir del año 93" vinculados en especial al terreno urbanístico, señala Manuel Villoria. El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y Director del departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Ortega y Gasset constata que "más que a nivel del Estado, la corrupción se ha concentrado a nivel autonómico y sobre todo local, donde hay menos controles y más discrecionalidad". Recalificar terrenos era una forma fácil y relativamente 'segura' de ganar dinero rápido con pocos riesgos. Manifestación contra la corrupción en febrero en Madrid. | A. Heredia ¿Qué pasará ahora que el sector de la construcción ha colapsado? "La corrupción se ha desplazado a otras áreas, probablemente la contratación pública, las concesiones, las privatizaciones...", enumera Villoria, que incide en los problemas de la falta de transparencia en las adjudicaciones y de las famosas 'puertas giratorias', cuando los políticos pasan a trabajar en empresas del sector donde anteriormente ejercía su cargo público. En el ranking que cada año elabora la organización Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción España aparece a la altura de Botsuana, estancada en torno a la posición número 30 del índice y por detrás de la mayoría de la antigua UE de los 15. ¿Quién no ha usado nunca un 'enchufe'?
Érase una vez una piel de toro con forma de España -llamada Ishapan: tierra de buenos conejos :-) , les juro que la palabra significaba eso-, habitada por un centenar de tribus, cada una de las cuales tenía su lengua e iba a su rollo. Es más: procuraban destriparse a la menor ocasión, y sólo se unían entre sí para reventar al vecino que (a) era más débil, (b) destacaba por tener las mejores cosechas o ganados, o (c) tenía las mujeres más guapas, los hombres más apuestos y las chozas más lujosas. Fueras cántabro, astur, bastetano, mastieno, ilergete o lo que se terciara, que te fueran bien las cosas era suficiente para que se juntaran unas cuantas tribus y te pasaran por la piedra, o por el bronce, o por el hierro, según la época prehistórica que tocara. Envidia y mala leche al cincuenta por ciento (véanse carbono 14 y pruebas genéticas de Adn). El caso es que así, en plan general, toda esa pandilla de hijos de puta, tan prolífica a largo plazo, podía clasificarse en dos grandes grupos étnicos: iberos y celtas. Los primeros eran bajitos, morenos, y tenían más suerte con el sol, las minas, la agricultura, las playas, el turismo fenicio y griego y otros factores económicos interesantes (véanse folletos de viajes de la época). Los celtas, por su parte, eran rubios, ligeramente más bestias y a menudo más pobres, cosa que resolvían haciendo incursiones en las tierras del sur, más que nada para estrechar lazos con las iberas; que aunque menos exuberantes que las rubias de arriba, tenían su puntito meridional y su morbo cañí (véase Dama de Elche). Los iberos, claro, solían tomarlo a mal, y a menudo devolvían la visita. Así que cuando no estaban descuartizándose en su propia casa, iberos y celtas se la liaban parda unos a otros, sin complejos ni complejas. Facilitaba mucho el método una espada genuinamente aborigen llamada falcata: prodigio de herramienta forjada en hierro (véase Diodoro de Sicilia, que la califica de magnífica), que cortaba como hoja de afeitar y que, cual era de esperar en manos adecuadas, deparó a iberos, celtas y resto de la peña apasionantes terapias de grupo y bonitos experimentos colectivos de cirugía en vivo y en directo. Ayudaba mucho que, como entonces la península estaba tan llena de bosques que una ardilla podía recorrerla saltando de árbol en árbol, todas aquellas ruidosas incursiones, destripamientos con falcata y demás actos sociales podían hacerse a la sombra, y eso facilitaba las cosas. Y las ganas. Animaba mucho, vamos. De cualquier modo, hay que reconocer que en el arte de picar carne propia o ajena, tanto iberos como celtas, y luego esos celtíberos resultado de tantas incursiones románticas piel de toro arriba o piel de toro abajo, eran auténticos virtuosos. Feroces y valientes hasta el disparate (véanse el No-do de entonces y los telediarios de Teleturdetania), la vida propia o ajena les importaba literalmente un carajo; morían matando cuando los derrotaban y cantando cuando los crucificaban, se suicidaban en masa cuando palmaba el jefe de la tribu o perdía su equipo de fútbol, y las señoras eran de armas tomar. O sea. Si eras enemigo y caías vivo en sus manos, más te valía no caer. Y si además aquellas angelicales criaturas de ambos sexos acababan de trasegar unas litronas de caelia -cerveza de la época, como la San Miguel o la Cruzcampo, pero en basto-, ya ni te cuento. Imaginen los botellones que liaban mis primos. Y primas. Que en lo religioso, por cierto, a falta todavía de monseñores que pastoreasen sus almas prohibiéndoles la coyunda, el preservativo y el aborto, y a falta también del bañador de Falete y de Sálvame para babear en grupo, rendían culto a los ríos -de ahí procede el refrán celtíbero de perdidos, al río-, las montañas, los bosques, la luna y otros etcéteras. Y éste era, siglo arriba o siglo abajo, el panorama de la tierra de conejos cuando, sobre unos 800 años antes de que el Espíritu Santo en forma de paloma visitara a la Virgen María, unos marinos y mercaderes con cara de pirata, llamados fenicios, llegaron por el Mediterráneo trayendo dos cosas que en España tendrían desigual prestigio y fortuna: el dinero -la que más- y el alfabeto -la que menos-. También fueron los fenicios quienes inventaron la burbuja inmobiliaria adquiriendo propiedades en la costa, adelantándose a los jubilados anglosajones y a los simpáticos mafiosos rusos que bailan los pajaritos en Benidorm. Pero de los fenicios, de los griegos y de otra gente parecida, hablaremos en un próximo capítulo. O no. [Continuará].
. Carnavales de Bielsa . El oso / el onso .
. La Tranga . Carnaval de Bielsa .
El viernes 17 de mayo a las 21:30 tendrá lugar un evento futbolístico sin igual, 100% madrileño. Las aficiones del Real Madrid y del Atlético de Madrid se reunirán en el Santiago Bernabéu para presenciar la final de la Copa del Rey de Fútbol. Será una gran cita. . El siguiente mensaje ha comenzado a circular en las redes sociales: “Viernes 17M, final Copa del Rey, inmediatamente después, himno, únete al canto común: ¡SANIDAD PÚBLICA!”. Hemos de confesar que en la redacción de LVDH estamos ilusionados con esta convocatoria y que vamos a hacer campaña a favor. A continuación os explicamos por qué. Tradicionalmente se ha considerado apropiado desvincular el deporte de la política, postura con la que nosotros estamos de acuerdo. Ahora bien no creemos que los graves eventos deban desvincularse de las reivindicaciones ciudadanas puesto que como otras concentraciones, son una gran oportunidad de encuentro. En un sistema en el que no se pide opinión (ni participación) al ciudadano en la toma de decisiones que directamente le afectan, la Sociedad Civil, que habitualmente tiene pocos micrófonos, debe hacerse oír. Y más importante que hacerse oír, es que tome conciencia de sí misma, de sus posibilidades y por ende de sus responsabilidades. . ¿Qué tienen en común aficionados merengues y colchoneros? Pues que son ciudadanos madrileños y que están sufriendo las consecuencias de una severa crisis económica, social e institucional. Que están gobernados por políticos que actúan como si no fueran ciudadanos, tomando decisiones por ellos pero sin contar ellos, ignorando, despreciando e incluso despreciando a la ciudadanía. Si piensas así, el viernes el Bernabéu será el coliseo de Madrid. Presidirá nuestro Nerón (Ignacio González) y su guardia pretoriana. Cantando “Sanidad Pública” no se les estará pidiendo clemencia. No se estará protestando contra un partido político, sino contra una forma de hacer política, que por desgracia no es exclusiva del partido en el Gobierno. En el fondo se tratará de hacerles escuchar lo que como ciudadano deseas. En este caso en relación con la Sanidad y en relación con la forma de ejercer el servicio público que les hemos encomendado. Para que no puedan ignorarlo. Para que sepan cómo queremos que actúen. Para que tomemos conciencia de qué somos capaces de hacer si caminamos todos juntos, de cuáles son nuestras responsabilidades. . Porque ¡Sí se puede ! ¡Sí, se debe! ¡Sanidad Pública!
No cobrar ni un euro por trabajar. Ese es, desgraciadamente, el sino de numerosos jóvenes cuando acaban sus estudios en la universidad. Muchos de ellos, impacientes por entrar en el mercado laboral, aceptan resignados ofertas de prácticas sin remuneración, mientras algunas empresas lo venden bajo el lema 'Te estoy dando la oportunidad de aprender, qué mas quieres'. Otros, sin embargo, no están por la labor de pasar por el aro de una manera tan humillante. Es el caso de Carlos, un joven catalán de 24 años que explotó cuando recibió por email la propuesta de Bloom Estudio (una empresa dedicada al diseño y lanzamiento de páginas web) tras presentar su candidatura en una prometedora oferta anónima de un portal de empleo para estudiantes. “En principio nos interesan personas que puedan formalizar un convenio de prácticas, las practicas serán sin remuneración ya que queremos ver la valía de cada persona y valorar lo que nos aporta al equipo”, le dijeron el pasado 29 de abril. Cansado de trabajar de manera precaria, no se cortó en su respuesta: "me niego rotundamente a trabajar gratis y menos teniendo que pagar una habitación". Desde la empresa intentaron apaciguar los ánimos de Carlos justificando su decisión e incluso pidiendo disculpas por las posibles molestias causadas, pero lejos de conseguirlo, recibieron un repaso moral digno de tener en cuenta por cualquier comité de empresa: "Lo siento, pero no me vas a vender la moto. Puedes adornarlo todo lo que tú quieras y escribir una frase de siete líneas, que no me la cuelas (...) Llevo cuatro convenios firmados, tres sin cobrar y uno cobrando. SIEMPRE es la misma historia. "Te damos la oportunidad de lanzar tu carrera en una agencia joven, con un equipo dinámico" bla, bla, bla.
Buscáis una persona que redacte y os lleve las redes sociales (...) ¿qué recibe a cambio?) Una palmadita en la espalda y un "muy bien, sigue así". ¿Con qué se paga esa persona el transporte? ¿Cómo se paga la comida? ¿Cómo hace su vida? ¿Cómo se paga el alquiler de la habitación? ¿Sigo? A base de becarios no remunerados yo también me monto una empresa. Sé muy bien que el puesto es de prácticas, pero lo que pretendéis hacer es inmoral y roza la exclavitud, además de ser vergonzoso, entre otras muchas cosas", sentenció Carlos. Su historia de supervivencia laboral le ha llevado, como a tantos otros, a 'pringar' desde la adolescencia para intentar hacerse un hueco en el mercado, pero su lucha no es fácil. A punto de firmar su quinto convenio universitario, con tres años de experiencia laboral y sin un euro cotizado, se ha visto obligado a decir basta. “Espero que mi caso pueda servir para denunciar a todas estas agencias y empresas que viven de becarios y que no tienen ni la decencia de pagar el transporte, como mínimo.", nos comenta. Mientras tanto, Bloom Estudio no ha querido pronunciarse sobre el tema al ser contactados por Yahoo! Finanzas y siguen con su oferta en el portal de empleo.
Rajoy rechaza las propuestas de Berlín o Bruselas. El Comisario de Empleo ve con buenos un contrato único El Gobierno está sufriendo todo tipo de presiones, sobre todo de la patronal CEOE, Alemania y Bruselas, para que dé una nueva vuelta de tuerca a su reforma laboral. Dentro del propio Ejecutivo hay discrepancias serias sobre este asunto. A la vez, los sindicatos, a los que Mariano Rajoy ha citado el jueves en La Moncloa junto con la CEOE, reclaman una marcha atrás de esta reforma ante los pésimos datos del paro. Este lunes entró en el debate el comisario europeo de Empleo, el socialdemócrata László Andor, que dijo no ver mal la posibilidad de que se implantara en España un “contrato único abierto”. Pero poco después el presidente ha dejado muy claro que no piensa hacer caso ni a unos ni a otros: la reforma se quedará como está, al menos eso dice Rajoy. El contrato único no fue hoy una demanda. El comisario solo se refirió a ello en respuesta a una pregunta y se expresó con tibieza: “A lo mejor es una posibilidad que puede existir para España”. El contrato único supondría acabar con los diferentes tipos de contratos que existen y dejarlos en uno, que tendría una indemnización por despido creciente según la antigüedad del empleado. El punto de partida sería similar al de los contratos temporales (10 días por año trabajado en 2013). Andor no tiró del manual clásico de Bruselas (y Berlín) y aclaró que, en su opinión, “no hay una necesidad urgente” de ahondar en la flexibilización del mercado de trabajo...
Es probable que muchos propietarios de una vivienda piensen que se trata de una leyenda urbana. Sin embargo, a partir del 1 de junio –dentro de tres semanas-, si quieren vender o alquilar su vivienda y ésta fue construida antes de 2007, no podrán hacerlo si no tienen el certificado de eficiencia energética del inmueble que describa lo eficaz que es en cuanto al consumo de energía. Lo dice el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros a principios de abril y publicado en el BOE. Afecta a inmuebles de particulares, promotores, bancos y también a algunos edificios de las administraciones públicas. La etiqueta deberá aparecer en todos los anuncios, ofertas, promociones y publicidad dirigida a la venta o alquiler de cualquier inmueble. Lo clasificará con un código de color y una letra –del verde al rojo y de la A a la G-, según su consumo energético (como muestra la imagen superior). Siendo la A la calificación más alta calificación (mayor ahorro) y la G, la más baja (mayor gasto). Los expertos advierten de que quien no cumpla esta normativa incurre en una infracción en materia de defensa de los consumidores y será sancionado según la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Cada Comunidad Autónoma será la responsable de llevar a cabo inspecciones y registros para asegurarse del cumplimiento de esta obligación y tendrán que dar cuenta de ello al Ministerio de Industria. "El Real Decreto determina un régimen sancionador por su incumplimiento y según el grado de gravedad -falta leve, grave o muy grave-, las cuantías de las sanciones van desde 3.000 hasta 600.000 euros", explica Gonzalo Cervera, director general de Tinsa Certify, división de la tasadora que ofrece ya este servicio de certificación. Y añade que el régimen sancionador será de aplicación inmediata. Esto es, a partir también del 1 de junio. Los expertos consultados reconocen la falta de interés por parte de los particulares que quieren comprar o alquilar su vivienda a la hora de certificar sus viviendas. "Hay muchos propietarios que piensan que el certificado no sirve para nada. No ven que les vaya aportar nada y encima le cuesta dinero", comenta Pilar Pereda, secretaria general del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM). "Por eso es clave cambiar esta manera de pensar. Hay que conseguir que los propietarios entiendan las ventajas y el ahorro energético y económico que implica tener una G o una B", añade. En el caso del alquiler -excepto grandes patrimonialistas-, al ser un mercado poco transparente que mueve mucho dinero negro, los expertos dudan de que los propietarios vayan a ponerse al día con el certificado energético. Aunque Elisa Sarria, director técnico de Tinsa Certify advierte de que "su inexistencia puede invalidad cualquier contrato, ya sea de alquiler como de compraventa". ¿Cuánto cuesta? Precisamente el coste de emisión de dicho certificado sigue siendo una incógnita. El mercado de los certificados energéticos es libre. El Real Decreto no ha fijado ninguna tarifa, por lo que sigue existiendo una notable dispersión. "Nuestro mayor temor es que se tiren los precios por los suelos. En una situacion como la actual, ante una mínima posibilidad de tener algo de trabajo podemos caer en ese error", comenta Pereda. En la plataforma Certicalia.com, un comparador inmediato de precios de certificados energéticos ofrece, sin embargo, algunas estimaciones a partir de los presupuestos de más de 3.000 técnicos. "Cada técnico marca sus precios para cada tipología de inmueble, así el cliente puede buscar y comparar entre las tarifas de los profesionales más cercanos", explica Carlos Compains, socio de la compañía. “El precio medio de los certificados contratados para pisos es 207 euros, mientras que para la certificación de viviendas unifamiliares es precio medio asciende a 440 euros”. Y añade que el plazo medio de entrega del certificado realizado es de entre cinco y seis días desde su contratación. Esta plataforma permite a cualquier propietario obtener al instante hasta quince presupuestos de diferentes técnicos. Desde el estreno de este comparador, las búsquedas en la plataforma se han disparado. "A día de hoy se han realizado más de quince mil solicitudes de presupuesto por parte de particulares", comenta Diego Lasaosa, otro de los socios de Certicalia. "Hasta ahora los precios de certificados para pisos y unifamiliares son los más demandados por los clientes", añade. También son muchos los profesionales que han visto en la emisión de estos certificados una nueva fuente de ingresos. "Desde febrero hasta ahora hemos formado a casi 700 arquitectos", comenta Pilar Pereda. "Los cursos de formación están completos hasta el mes de julio. Estos se imparten entre semana y los fines de semana y constan de 20 horas. Ante la creciente demanda también estamos preparando cursos online". Un negocio del que las tasadoras también quieren un trozo. BNP Paribas Real Estate, Tinsa o Sociedad de Tasación además de tasaciones ofrecerán a sus clientes la posibilidad de realizar el certificado energético.
El cruce de datos de Hacienda y de la contabilidad oficial del PP que están en manos del juez Pablo Ruz, encargado de la investigación del caso Bárcenas, permite concluir que José María Aznar cobró hasta en tres ocasiones “gastos de representación” cuando ya era presidente del Gobierno, en 1996, por importe de 2,7 millones de pesetas (16.755 euros). El partido, sin embargo, congeló toda remuneración a otros miembros que ocuparon cargos en el Ejecutivo. La Ley de Incompatibilidades vigente en aquel momento prohibía a los ministros y al presidente recibir retribuciones dobles. Según un informe que la Agencia Tributaria puso en manos de Ruz, el partido, que entonces tenía como gerente a Luis Bárcenas, abonó a su presidente ese ejercicio 12.174.073 pesetas (73.167 euros) y le practicó una retención del 46%. Esos abonos se realizaron entre el 31 de enero y el 17 de junio, cuando Aznar ya llevaba un mes y medio en La Moncloa. En la contabilidad oficial de la formación conservadora que el Tribunal de Cuentas remitió al juez correspondiente a 1996, Aznar no aparece con su nombre y apellidos, pero sí hay un código, el 053, al que se atribuyen 16 ingresos con distintas cantidades que suman exactamente 12.174.073 pesetas (73.167 euros), los mismos que, según Hacienda, percibió Aznar. En los meses previos a la cita con las urnas, el 3 de marzo de 1996, la corrupción se había subido al carro de las preocupaciones de la sociedad española, que desalojó de La Moncloa a Felipe González, terminando con 13 años de Gobierno socialista. Aznar tuvo por delante dos legislaturas, que estrenó adoptando duras medidas para reducir el déficit y la deuda española de cara a la entrada en la moneda única. Los primeros Presupuestos de su mandato fueron los más restrictivos de España desde 1977 y, entre otras cosas, ordenaron la congelación de los salarios de los empleados públicos. El expresidente percibió 2,7 millones de pesetas tras su investidura Antes de que todo eso ocurriera, su partido le compensó utilizando una fórmula que a día de hoy la formación considera perfectamente legal. Entre enero, febrero, marzo, abril y el 3 de mayo, dos días antes de su toma de posesión, le abonó sobresueldos por un total de 9.392.591 pesetas (56.500 euros). Investido presidente, en tres ocasiones recibió en total otras 2.781.482 pesetas (16.755 euros). Los dos últimos ingresos están fechados el 17 de junio de 1996, un mes y 12 días después de su toma de posesión. La Ley de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno vigente entonces aclaraba que los ministros y el presidente ejercerían sus funciones “con dedicación absoluta” y no podían “compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto (…) de carácter público o privado”. La ley también prohibía las retribuciones “de cualquier percepción que directa o indirectamente provenga de una actividad privada”, con tres excepciones. Consultada la sección de Gestión de Incompatibilidades del Ministerio de Hacienda, asegura que ejercer el cargo de presidente de un partido se considera a efectos legales una actividad privada. Como tal, la ley de 1995 solo hacía compatible la presidencia del Gobierno con estas tres situaciones: la gestión del patrimonio propio o cuando su titular participase “como ponente en congresos, seminarios, conferencias (...) de carácter profesional” o en “entidades benéficas”, siempre que como contrapartida no se generase una “relación de empleo”. Cuando la formación no gobernaba, los sobresueldos eran habituales en el PP para compensar a sus diputados por los bajos salarios oficiales, como relató el propio Luis Bárcenas ante el juez. Mariano Rajoy, que ese año ingresó 3,5 millones de pesetas (21.000 euros) como gastos de representación del PP, dejó de cobrar sobresueldos del partido cuando fue nombrado ministro de Administraciones Públicas, igual que Francisco Álvarez-Cascos, que en los cinco primeros meses del año que el PP venció en las urnas recibió seis millones de pesetas (36.000 euros). Consultados por este periódico, ni Aznar ni el PP han querido comentar estos pagos. Pagos de partido disparados Año 1996: el presidente del Gobierno de España tenía asignado en los Presupuestos Generales del Estado un salario de 12.076.984 pesetas (72.500 euros), al margen de vivienda y manutención. Esa cantidad era menos de la mitad de lo que José María Aznar había percibido un año antes a través de “gastos de representación” por ser líder del Partido Popular. Aunque no siempre fue tan elevada. Cuando llegó a la presidencia de la formación, en 1990, e inició su meteórica carrera política, el partido le asignó un sobresueldo de 500.000 pesetas al mes con sus correspondientes pagas extraordinarias (siete millones de pesetas en total, 42.000 euros). Al año siguiente se subió un millón (6.000 euros), y en el 92 superó los 10 millones. A partir de ese momento su nombre desapareció de la contabilidad oficial del PP y supuestamente comenzó a figurar bajo el código 530 asignado a las siglas JMA. Entre 1992 y 1993 su retribución se elevó un 104%, hasta los 21 millones de pesetas (130.900 euros). En el 94 arañó otra subida del 9% y en 1995, un año antes de ganar las elecciones, percibió sobresueldos de 25 millones de pesetas que completaron su asignación como diputado. Desde que el PP supo que había ganado las elecciones, en marzo, Aznar recibió 10 pagos (antes y después de tomar posesión) por un total de 8,8 millones que, sumados a las mensualidades de enero y febrero, alcanzaron los 12 millones. De esta manera, José María Aznar no perdió poder adquisitivo con su llegada a La Moncloa.
Ignacio Javier López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, efectuó dos donaciones al partido en los años 1997 y 1998. La primera por importe de 24.040,48 euros y la segunda, de 90.151,82. En total 114.192,30 euros. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía que recoge estos donativos vincula a López del Hierro con "diversos sectores como construcción, inmobiliario y asesoría", y en otro apartado directamente a Metrovacesa y a Constructora Continental. López del Hierro fue consejero ejecutivo de la primera de ellas entre 2003 y 2012 y vicepresidente y consejero de la segunda entre 1991 y 1994. La Policía pide al juez que requiera a ambas empresas las adjudicaciones públicas que han recibido. Concretamente, los contratos adjudicados tanto por la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas, ayuntamientos y cualquier otra empresa que tenga vinculación o dependencia de dichas administraciones. También reclama que se incluyan los que puedan haber recibido cualquier Unión Temporal de Empresas (UTE) de las que ambas compañías hayan formado parte. La documentación que se remita al juez Pablo Ruz debe especificar el órgano de contratación, la fecha de adjudicación y la de formalización, el importe de licitación y el de adjudicación, el objeto y tipo de contrato, y si ha existido una modificación del mismo y en qué fecha y la cuantía de la misma. Los investigadores quieren que la Agencia Estatal para la Administración Tributaria facilite el modelo de declaración de operaciones con terceros. El informe de la UDEF recoge que entre los periodos de tiempo que van desde 1991 a 1993 y de 1997 a 2008, el partido recibió 7.555.563,65 euros en donaciones, de los que algo más de seis millones fueron aportadas por donantes y el resto figura como 'otras entradas'. No todas las donaciones han sido identificadas, ya que algunas figuran vinculadas a nombres como 'Pepe C. (gol); 'De Málaga'; 'General des'; 'Lucio Moreno' o 'Amigo Diputado Grupo', entre otros. El total de estas entregas se aproxima al millón y medio de euros. Resulta llamativo que, de los más de siete millones de euros que recibió el PP, tres millones fueron a parar a 'personas partido', sin más concreción, siendo 2003 y 2004 cuando alcanzan un valor más elevado (533.900 y 396.450 euros). 1.176.000 se dedicaron a 'campañas' electorales; 1.731.380,61 aparece reseñado como 'otras salidas'; 1.269.575 son 'salidas bancos cuentas donativos', y los 57.570,93 euros restantes es una salida con el concepto de 'impuestos y sociedades'. Todos estos movimientos se corresponden con un periodo de tiempo en el que Luis Bárcenas fue gerente nacional (1990-2008). Bajo el concepto 'otras salidas' el receptor de más fondos es Gonzalo Urquijo, con 1.072.000 euros , y aparecen otros identificados con conceptos 'Cobo', 'Rosen Abogado', 'Entrega a Orti B. Por indic. José María (canje)', 'Viuda Francisco Cano', 'Entrega Amparo Borda (Jaime)', 'Jaime (Basta Ya)', 'Paco Yáñez L.Digital'.
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