Deber estatal de consulta previa
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BOLIVIA. “Consulta en el Tipnis no se adecuó a estándares internacionales”

BOLIVIA. “Consulta en el Tipnis no se adecuó a estándares internacionales” | Deber estatal de consulta previa | Scoop.it

La Federación Internacional de Derechos Humanos (fidh) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (apdhb) presentaron el informe de la visita que ambos organismos realizaron a las comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) para verificar la “consulta” hecha por el Gobierno nacional.

 

Los representantes constataron que la intervención gubernamental no cumplió los estándares internacionales de Consulta Previa, Libre, Informada y de Buena Fe del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, ambos con rango de ley en Bolivia.

 

Jairo Gutiérrez Berrío, de Colombia, y Juan Manuel Salgado, de Argentina, ambos de la fidh, visitaron con sus comisiones 36 comunidades del Tipnis en noviembre y diciembre de 2012. Igual que la Iglesia Católica, estas instituciones ingresaron al territorio por invitación de la Central de los Pueblos Étnicos Mojeños de Beni (cpemb) y de la Subcentral Tipnis.

“Nos fuimos enterando por la población de esta región que la consulta del Gobierno se basó sobre unas visitas muy cortas. No hubo posibilidad de seguir el debido proceso en términos de parámetros de consulta. En este sentido, la consulta del Gobierno no se ciñe a los estándares internacionales de la oit. Creemos que falló la metodología”, dijo Gutiérrez.

“Una consulta debe tomar el debido tiempo para que las comunidades puedan determinar sin presión. Con su propia autonomía deben deliberar en sus asambleas para tomar decisiones”, agregó el especialista de Colombia, donde es director de la Corporación Yurupari y exasesor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).

“Los indígenas y autoridades manifestaron que los funcionarios del Gobierno ofrecieron proyectos o entregaron plantas eléctricas y cosas elementales como tanques de purificación de agua, les dijeron que si presentaban proyectos el Gobierno podría financiarlos, todo si manifestaban un ‘sí’ a favor de la carretera”, informó.

También subrayó la carencia del carácter “previo” de la consulta, porque ya había leyes para el proyecto carretero y un crédito del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (bndes) para obras que ya estaban en marcha. “El carácter ‘previo’ de la consulta no se reduce simplemente a si hay o no una obra. Uno no puede entrar a preguntar a una comunidad si quiere una carretera cuando ya las máquinas están encima”.

De las 36 comunidades visitadas, sólo 19 manifestaron haber recibido la visita de las brigadas de consulta, 16 la rechazaron y en una hubo contradicciones. Asimismo, 30 comunidades expresaron a la misión su rechazo a la carretera, tres la aceptaron de forma condicionada a estudios de impacto, cambios de ruta, apertura de caminos vecinales y limpieza del río para mejorar el transporte fluvial y otras tres la aceptaron, señalaron los organismos.

Unidad entre los pueblos indígenas

“En todas las comunidades nos informaron que las brigadas de consulta les habían manifestado que esa intangibilidad impedía que las comunidades realizaran sus actividades tradicionales en el territorio, pese a que eso no es así, ya que el propio Decreto Supremo que reglamenta la Ley 180 dice claramente que la intangibilidad no implica impedimento a las comunidades para realizar sus actividades tradicionales”, indicó Salgado, también de la fidh y director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de Neuquén, Argentina.

 

“El proceso de consulta no puede considerarse finalizado de acuerdo a las normas internacionales. Creemos que el Estado debe reformular la metodología y proceder a la consulta de acuerdo a las normas que el propio Estado Plurinacional ha adoptado para este tipo de tareas. Entre las recomendaciones que realizamos se encuentra la de mantener la suspensión del proyecto hasta tanto se realice esta consulta adecuada a los tratados internacionales”, dijo.

 

“Bolivia es mirado por todos los pueblos indígenas del mundo como un modelo de muchas cosas, por ser de los primeros estados que reconocen a los pueblos indígenas en situación de igualdad con las otras culturas. Yo, particularmente, provengo de un país hermano que no ha llegado a adoptar estos avances y tengo gran simpatía por este proceso. Creemos que estas conclusiones que realizamos respecto a la forma en que se llevó adelante la consulta en el Tipnis desdibuja y hace perder esta imagen de respeto a los derechos indígenas” en Bolivia, agregó.

 

Para una consulta, explicó, “es necesario tener una etapa previa de información completa, transparente, de buena fe. Se debe permitir que las comunidades se reúnan, elaboren su visión respecto a esta información que se les brinda. Deben tener diálogo con otras comunidades para alcanzar una resolución en cada pueblo. Se debe volver a celebrar negociaciones concertadas con las organizaciones representativas de los pueblos, incorporar las propuestas que éstos realicen. En caso de que sea necesario, el Estado debe reformular los proyectos que se quiera realizar”, explicó Salgado.

 

Sobre las comunidades, “es muy importante prevalecer en la unidad, deben evitar la división a toda costa. Hay en marcha un proceso para resquebrajar la unidad en las comunidades indígenas. Creemos que en la medida en que se ofrezcan prebendas a líderes indígenas o comunidades se puede afectar a las estructuras orgánicas de los pueblos indígenas”, dijo Gutiérrez Berrío.

 

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PERU. El fracaso de la Ley de Consulta Previa » Opinión | Los Andes » Noticias Puno Perú

Crisis del sector encargado de implementar la ley

La renuncia del Viceministro Iván Lanegra al Viceministerio de Interculturalidad el viernes último, estuvo precedida de la salida de Gustavo Zambrano de la jefatura de INDEPA, el primero de enero de este año. Se pone en evidencia la segunda crisis del sector, encargado de la reglamentación e implementación de la ley, en 18 meses.

Iván Lanegra no ha podido mantener la docilidad y el precario equilibrio ante la presión de las grandes corporaciones extractivistas que, han logrado incluso, que el propio Ollanta Humala declare que las comunidades campesinas no son indígenas, lo que es un despropósito jurídico y un grave error político. Este hecho y el pedido de creación del Ministerio de Pueblos Indígenas constituyen un serio cuestionamiento al actual gobierno y evidencian el fracaso de la Ley Consulta Previa.

Las organizaciones indígenas afirman que la Ley de Consulta Previa y el actual proyecto de reglamento se apartan del espíritu del Convenio 169 de la OIT, vulnera sus derechos y favorece el extractivismo, que es actualmente la mayor amenaza de la seguridad de sus comunidades y del medio ambiente.

Reseña de la consulta previa y su tratamiento por el estado peruano

El 27 de junio de 1989 la Organización Internacional del Trabajo-OIT- adopta el convenio 169 que constituye un instrumento de primer orden para proteger los derechos de los pueblos indígenas. El Perú es signatario del Convenio desde 1994.

En agosto del 2011, El Congreso Nacional aprueba por unanimidad, la Ley 29785, de Consulta Previa. Una semana después es promulgada en Imasa, Bagua, con una excepcional carga simbólica, pues esta zona fue el escenario de los hechos sangrientos acaecidos el año 2009 (el baguazo).

La amplia expectativa del país y, en particular, de los pueblos indígenas, termina cuando el presidente Humala anuncia, en noviembre del mismo año, que Conga va, ¡si o si!, haciéndose patente la continuidad neoliberal con la salida del gabinete Lerner un mes después.

Las dos trabas para la consulta previa y los derechos indígenas

Primera, el Estado unicultural y excluyente. El Estado vigente ha sido diseñado y construido para representar los intereses de la etnia criolla hispano hablante, desde su instante fundacional en 1821, y no ha variado sustantivamente hasta la actualidad. De ahí que todas las políticas públicas y las acciones administrativas se elaboran y ejecutan desde el idioma castellano; las autoridades y funcionarios se desempeñan oficialmente solo en castellano. Los otros pueblos y etnias están excluidos del Estado unicultural. Este es el hecho histórico y estructural que atraviesa todos los niveles del estado.

La segunda, tiene que ver con la opción de modelo económico neoliberal adoptado desde Fujimori, que tiene en el extractivismo su principal fuente de acumulación. Este modelo implica, dada la ausencia de responsabilidad ambiental y social y la conducta servil del Estado, consecuencias depredadoras sobre el medio ambiente, y miseria y atraso en las zonas en que se realiza la explotación.

Ambos factores, se dan la mano para dificultar la aplicación de la Ley de Consulta Previa. Uno, porque desde una cultura criolla hegemónica se ha excluido e invisibilizado la presencia de los pueblos indígenas. Se continúa considerando los espacios amazónicos como deshabitados, por eso los concesionan indiscriminadamente. De otro lado, la política extractivista, vigente los últimos 23 años, asume que cualquier dispositivo para proteger los derechos indígenas o ambientales es una amenaza directa contra los proyectos de explotación minera y energética, pues éstos se encuentran localizados en territorios habitados por pueblos indígenas del ande o la amazonía. De ahí, la directa imbricación entre protección de los derechos indígenas y ambientales.

Un escenario con estas características difícilmente puede permitir la vigencia efectiva de instrumentos legales favorables a los pueblos indígenas.

Las frustrantes experiencias de INDEPA, del Vice Ministerio de Interculturalidad y la no implementación de la Ley de Consulta Previa, son las expresiones más evidentes de la inviabilidad de que el estado actual pueda implementar políticas interculturales.

El pedido de las organizaciones indígenas, en abril último, de creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas es el corolario de este fracaso.

Por Vicente Otta

8/05/2013

FUENTE

http://www.losandes.com.pe/Opinion/20130508/71191.html

 

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MEXICO. Ejidatarios triunfan sobre la minera Goldcorp

MEXICO. Ejidatarios triunfan sobre la minera Goldcorp | Deber estatal de consulta previa | Scoop.it
El magistrado Serafín Salazar Jiménez, del segundo tribunal colegiado de circuito de Zacatecas, emitió una sentencia en la que resuelve que la empresa Peñasquito, propiedad del consorcio minero canadiense Goldcorp, tiene que devolver de manera inmediata cerca de 600 hectáreas, que ocupaba de manera ilegal, a ejidatarios de Cerro Gordo, en esa entidad.

El expediente del litigio señala que "para establecer la mina esta empresa reubicó a las familias de los ejidatarios zacatecanos dueños de las tierras. Para ello se valió de contratos de ocupación temporal, de falsificación de títulos agrarios y de engaños a los campesinos".

Éstos aseguraron que Goldcorp les pagó 50 centavos por metro cuadrado como renta anual por sus tierras, de las que la trasnacional obtiene mensualmente millones de dólares en oro y plata.

Con este fallo, emitido luego de cuatro años de litigio y una vez agotadas definitivamente todas las instancias judiciales, Goldcorp está obligada a restituir sus tierras a los campesinos, además a pagarles una indemnización. Esto es porque se falló en contra de la trasnacional, que todavía intentó obtener un amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito en contra de lo que ya había dictaminado el tribunal superior agrario el 17 de enero.

La resolución jurídica se dio luego de un conflicto agrario que inició en 2009 y luego de cuatro años se resolvió en favor de los ejidatarios.

La sentencia de amparo emitida por un tribunal federal es la 528/2012 del 17 de enero de este año (auxiliar número 1176/2012) e indica que la resolución debe ser ejecutada de inmediato.

De esta forma, la minera Peñasquito, que forma parte del consorcio Goldcorp, tendrá que restituir a los ejidatarios zacatecanos sus tierras, el terreno en el que se aloja el tajo más grande a cielo abierto de oro y plata de México, y uno de los más grandes del mundo.

Además, tiene reservas probadas de oro, plata, cobre y zinc por un monto que rebasa 20 mil millones de dólares, una producción de 500 millones de onzas de oro anual y emplea a más de 3 mil 500 trabajadores.

La información detallada en el voluminoso expediente de este caso indica que en el municipio de Mazapil, Zacatecas, Goldcorp, líder mundial en la extracción de metales preciosos, inició actividades a principios de 2005 en cuatro ejidos: El Vergel, Mazapil, Cerro Gordo y Los Cedros. A dicho complejo minero se le denominó Peñasquito y es operado por esta empresa.

Aunque el gigantesco proyecto minero de Goldcorp ocupa un predio de 5 mil 400 hectáreas en el Valle de Mazapil –sobre tierras "rentadas" a cinco ejidos distintos–, las 599 hectáreas del ejido Cerro Gordo corresponden a una de las principales áreas que explota la empresa productora de oro en México.

Señala que para establecer la mina, reubicó con engaños a las familias de los ejidatarios zacatecanos dueños de las tierras. Falsificó títulos agrarios e incumplió acuerdos con ellos.

Por esta situación, 29 familias de ejidatarios de Cerro Gordo, encabezados por los campesinos Héctor Manuel Ordóñez y Daniel Mendoza Barbosa, así como el presidente del comisariado ejidal, Manuel Ordóñez Saucedo, demandaron a Goldcorp en un proceso jurídico inédito que pudo haber durado muchos años, pero se resolvió en cuatro.

 

Los abogados Hugo Teniente y Alfonso Herrera, documentaron episodios de engaño y abusos por parte de Peñasquito, filial de Goldcorp, la cual, según señalaron, "explota los minerales violando, desde hace cinco años, el régimen jurídico mexicano"., según documentan en el expediente de origen 412/2009; con un recurso de revisión número 16/2012-01.

Indicaron que a solicitud del juez, las partes se reunirán el martes 16 abril, en el tribunal unitario agrario de Zacatecas para iniciar el proceso de ejecución, pues Goldcorp "ya no tiene ninguna opción legal para negociar o ampararse". Información que fue ratificada por el diputado federal José Isabel Trejo.

En sus informes a los accionistas, el consorcio documentan más de 2 mil millones de dólares de utilidades entre 2010 y 2012.

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Indigenous peoples, Consultation and Mining: Lessons from the Supreme Court of India

Indigenous peoples, Consultation and Mining: Lessons from the Supreme Court of India | Deber estatal de consulta previa | Scoop.it

On the 19th of April, the Supreme Court of India rendered a significant decision  touching upon the connection between governments, corporations and the rights of local communities in the context of mining. The ruling of the court came after years of legal, administrative and political tinkering over a mining project in the Indian State of Orissa.

 

The mining project is planned to supply bauxite to Vedanta Aluminium, a unit of Vedanta Group and India’s largest producer of the metal. The project involves the clearance of forest land to allow mining, and touches directly the Niyamgiri Hills, which are part of the traditional land of the Dongria Kondh, a local tribal community.

 

This judgement is also an interesting lesson on the potential role of the judiciary within the triangular relationship between governments, corporations and local indigenous communities in the context of mining. In this case the judiciary acted as a fourth independent supervisory partner which over the last few years has been monitoring the process to make sure that all the parties were receiving a fair hearing.

 

Dr Jérémie Gilbert, Reader, University of East London.


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http://rightsasusual.com/2013/04/indigenous-peoples-consultation-and-mining-lessons-from-the-supreme-court-of-india/


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Chile. Comunidad Kawésqar de Puerto Edén denuncia a falso representante en "mesa de consenso consulta indígena"

Chile. Comunidad Kawésqar de Puerto Edén  denuncia a falso representante en "mesa de consenso consulta indígena" | Deber estatal de consulta previa | Scoop.it

"Este gobierno ha pretendido legitimar maliciosamente una representatividad que no existe, la Comunidad Kawésqar no es ni ha sido representada por el señor Juan Gonzales Caro".

 

DECLARACION

 

"La Comunidad Kawésqar Residente en Puerto Edén, es sin lugar a dudas el máximo referente cultural del Pueblo Kawésqar, por su conocimiento y práctica de costumbres ancestrales ocupación territorial y uso del idioma ancestral.


La Comunidad Kawésqar de Puerto Edén, manifiesta su extrañeza porque en el día de hoy (martes) no ha sido citada a participar en las mesa de consenso de la CONSULTA, tendiente a definir los criterios para la aplicación del Artículo 6° del Convenio 169 de la O.I.T, ratificado por el Estado de Chile en Septiembre de 2008.


Para nosotros es completamente discriminatoria la forma de cómo este Gobierno ha llevado adelante estas conversaciones, instalando a dirigentes cuestionables en su actuar y validándolos como representantes de Pueblos Originarios, cuando dicha denominación no es otorgada por los gobiernos, sino que las propias organizaciones representativas, que viendo y analizando sus particularidades culturales, deciden adoptar acuerdos en conjunto, situación que en este caso no ha ocurrido.


Reglamentar los procesos de Consulta, y solamente circunscribir la discusión a la aplicación de los al Artículos 6° y 7° del Convenio 169, es cercenar dicho instrumento, ya que la CONSULTA, como lo ha señalado el relator especial de las Naciones Unidas James Anaya, es transversal y afecta íntegramente su aplicación. Además, cabe hacer notar el mencionado Convenio se encuentra regulado complementariamente por otros Tratados Internacionales que Chile a suscrito, entre los que se pueden mencionar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.


Consideramos que ir en contra de este marco legal internacional es una falta jurídica muy grave, la que puede objeto de las presentaciones necesarias ante tribunales nacionales e internacionales.

En este proceso, no puede haber una persona que se arrogue una representatividad de un Pueblos Indígena cuando nadie se les ha otorgado, situación que en este caso ha sido amparada en la conformación de esta llamada mesa de consenso.

En su particularidad la Comunidad Kawésqar residente en Puerto Edén no entrega dicha representatividad a persona alguna, pues son nuestros dirigentes elegidos en el seno de nuestra organización quienes tienen la facultad de representarnos, ya que son ellos los que conocen nuestra realidad y nuestro proceso político, cultural, educacional y social.

Este gobierno ha pretendido legitimar maliciosamente una representatividad que no existe, la Comunidad Kawésqar no es ni ha sido representada por el señor Juan Gonzales Caro.


Reconocemos su calidad de dirigente indígena urbano, pero desconoce completamente la cultura ancestral de nuestro pueblo, no es hablante del idioma, desconoce su origen territorial y lo más grave, ha defendido los intereses de grandes empresas que se ha instalado en el territorio Kawésqar, destruyendo el medio ambiente, contaminando atmosfera, agua y destruyendo sitios arqueológicos y patrimoniales que son propios de nuestra cultura ancestral canoera.


Es el caso de la defensa que el Sr. González Caro respecto del proyecto Mina INVIERNO en Isla Riesco, en donde junto a otros dirigentes declara públicamente su adhesión y compromiso con esta Empresa completamente cuestionada a nivel nacional:

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/08/27/cartas-de-la-semana-“mina-en-isla-riesco”/ ;


Por lo tanto este Gobierno no ha actuado de buena fe, condición esencial según dicta el Convenio Internacional 169, no ha procurado un diálogo verdadero con todas las organizaciones indígenas representativas, ha citado solamente a dirigentes políticamente afines para validar sus propuestas y ofrecer una aparente voluntad de apertura frente a materias que generan conflictos.


Por las razones expresadas, la Comunidad Indígena Kawésqar de Puerto Edén, rechaza cualquier acuerdo generado por esta “mesa de consenso” y condena el procedimiento impulsado por el Gobierno, ya que vulnera las disposiciones y espíritu del Convenio 169 de la O.I.T.


Igualmente, llamamos a las demás organizaciones indígenas representativas a manifestarse acerca de esta materia que lesiona gravemente los intereses de los Pueblos Originarios,  e irremediablemente afectan el fluido diálogo que debe existir entre nuestras autoridades representativas y los entes gubernamentales".

COMUNIDAD KAWÉSQAR RESIDENTE EN PUERTO EDÉN.


3/04/2013

Fuente

http://www.elmagallanews.cl/noticia/sociedad/comunidad-indigena-kawesqar-de-puerto-eden-y-reglamento-de-consulta-indigena

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Presidente ADI Ercilla aseguró que no aceptarán reglamento Consulta Indígena del Gobierno. Por exclusión de "mesa de consenso"

Presidente ADI Ercilla aseguró que no aceptarán reglamento Consulta Indígena del Gobierno. Por exclusión de "mesa de consenso" | Deber estatal de consulta previa | Scoop.it

El presidente del Área de Desarrollo Indígena de Ercilla, Juan Carlos Curinao dijo que no aceptarán la Consulta Indígena porque fueron excluidos de la entrega de propuestas.

 

Según Curinao, las decisiones que afectan al pueblo mapuche no se pueden tomar a puertas cerradas. Dijo que del proceso de propuesta sólo han participado algunos mapuche que no representan a las comunidades.

 

El presidente de la ADI de Ercilla dijo que ellos entregaron una propuesta y no fue aceptada. Agregó además que para que sea una real consulta debe recibir opiniones de todos los pueblos originarios.

 

La autoridad mapuche dijo que el consejero Marcial Colín, quien expuso y entregó la contrapropuesta a la presentación del Ejecutivo de 6 meses atrás sobre el sistema mediante el cual los pueblos originarios debieran ser consultados, excluyó al Área de Desarrollo Indígena y por esta razón, ellos no aceptarán la Consulta que realizará el Gobierno.

 

8/04/2013

fuente

http://nacional.biobiochile.cl/notas/2013/04/08/presidente-del-adi-de-ercilla-aseguro-que-no-aceptaran-consulta-indigena-que-realizara-el-gobierno.shtml

 

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MEXICO. Los Megaproyectos de Oaxaca y la Falta de Consulta a los Pueblos Indígenas

MEXICO. Los Megaproyectos de Oaxaca y la Falta de Consulta a los Pueblos Indígenas | Deber estatal de consulta previa | Scoop.it
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Resolución 0120/2013 - Tribunal Constitucional de Bolivia

ENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0120/2013
Sucre, 31 de enero de 2013

SALA SEGUNDA
Magistrada Relatora: Dra. Mirtha Camacho Quiroga
Acción popular

Expediente:01423-2012-03-AP
Departamento:La Paz

En revisión la Resolución 31/2012 de 9 de octubre, cursante de fs. 364 a 367 vta., pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Rafael Arcángel Quispe Flores contra Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y José Antonio Zamora Gutiérrez, Ministro de Medio Ambiente y Agua.

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BOLIVIA. 15 claves para entender la Consulta del TIPNIS

BOLIVIA. 15 claves para entender la Consulta del TIPNIS | Deber estatal de consulta previa | Scoop.it

A continuación le presentamos una guía para entender la forma en la que se llevará adelante, por primera vez, el proceso de Consulta previa a los pueblos indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Bolivia.

1.- ¿Cuáles son las etapas de la Consulta?

La Consulta tiene tres etapas: la primera consistió en la elaboración del cronograma, elaboración, socialización del protocolo y acopio de la información. La segunda etapa de instalación y desarrollo de la consulta es la que se realizará desde hoy; mientras que la tercera etapa es la de los resultados con la suscripción de actas de conclusiones.

2.- ¿Cuál es el objetivo del proceso?

Lograr un acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas para definir si el TIPNIS debe ser o no zona intangible, si se debe construir o no la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, y establecer medidas de salvaguarda para la protección del parque nacional.

3.- ¿Quienes serán consultados?

Los habitantes de las 69 comunidades indígenas originario campesinas Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, mayores de 16 años.

4.- ¿Cuánto tiempo durará la Consulta?

Se estima que la consulta que empieza hoy terminará el 25 de agosto, sin embargo este plazo no está cerrado y puede ampliarse.

5.- ¿Quiénes la llevarán a cabo?

La Consulta está a cargo de las brigadas contratadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Ministerio de Obras Públicas Servicios Y Vivienda, que contarán con la ayuda de facilitadores indígenas para la traducción.

6.- ¿Cuántas brigadas se desplazarán?

Serán 15 las brigadas encargadas de hacer la consulta. Cada brigada hará la consulta a un número de 4 a 5 comunidades indígenas que habitan en el TIPNIS.

7.- ¿Cuál será el procedimiento para realizarla?

La Consulta se hará a través de asambleas comunales que serán dirigidas por los corregidores, caciques o máximas autoridades de cada una de las comunidades indígenas. En la asamblea se desarrollará un diálogo intercultural entre los indígenas y las brigadas para llegar a un acuerdo en los tres temas que se discutirán en la Consulta (intangibilidad, carretera y salvaguarda).

8.- ¿Cómo se llegará al acuerdo entre los indígenas y el Gobierno?

Las comunidades podrán tomar una determinación acerca de los tres temas consultados, de acuerdo a sus usos y costumbres para firmar un acuerdo con el Gobierno. También se registrarán los desacuerdos.

9.- ¿Cómo se procesarán los resultados de la Consulta?

Se recogerán los acuerdos de todas las comunidades consultadas , para posteriormente elaborar un documento final, que será informado a todo el país por las autoridades.

10.- ¿Dónde se realizarán las asambleas?

En el 95 por ciento de los casos las asambleas de las comunidades se realizarán al aire libre, bajo árboles y, en algunos casos, en un pequeño pahuichi.

11.- ¿Cuánto durará cada asamblea?

Dependiendo la cantidad de familias que exista por comunidad, se estima que cada asamblea podría tener una duración de entre uno a dos días.

12.- ¿En qué idiomas se hará la Consulta?

Mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, chimané, yuracaré y castellano.

13.- ¿Quiénes serán los observadores?

El Servicio Intercultural del Fortalecimiento Democrático (Sifde), ente que depende del Tribunal supremo Electoral será el encargado de hacer el trabajo de observación y acompañamiento de la consulta.

14.- ¿Cuál será la función de los observadores?

Los equipos del Sifde tienen la tarea de hacer cumplir las normativas y el protocolo para la Consulta.

También filmarán y tomarán fotografías del proceso, pero no podrán intervenir en el mismo. Al final de la Consulta deberán entregar un informe con los resultados de la consulta.

15.- ¿Quiénes serán los veedores?

El Gobierno cursó invitaciones a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo que confirmó su participación junto a la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur), que enviarán personal al TIPNIS.

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BOLIVIA. Gobierno entregó informe final de consulta en TIPNIS. "Fue proceso complejo

BOLIVIA. Gobierno entregó informe final de consulta en TIPNIS. "Fue proceso complejo | Deber estatal de consulta previa | Scoop.it
El informe final cuenta con 400 páginas. Señala que el Sécure es un lugar donde se realizan métodos extraeconómicos de acumulación de capital basada en el saqueo.

 

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Vladimir Sánchez, afirmó anoche que la consulta en el TIPNIS fue un “proceso complejo”. La afirmación la hizo durante la entrega del informe final del proceso de consulta en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure a la Asamblea Legislativa.

“Ha sido un proceso complejo porque nuestros brigadistas, los corregidores y muchos comunarios, sobre todo en la última etapa, han sido hostigados” por un sector indígena que resistía ese proceso democrático, dijo Sánchez, según reporte de ABI.

La consulta se inició el 29 de julio y concluyó el 7 de diciembre del pasado año.

Sin embargo, prosiguió el ministro, “este proceso ha concluido de una manera satisfactoria, porque cuando hay voluntad de ambas partes, cuando hay voluntad del Estado plurinacional para profundizar la democracia, para llegar a la democracia comunal, es posible”.

A ese acto asistieron las presidentas de las cámaras de Senadores, Gabriela Montaño, y de Diputados, Betty Tejada, además de dirigentes indígenas.

En su intervención, el ministro Sánchez dijo que el informe evidencia que el 80% de las comunidades consultadas en el TIPNIS aprobó la construcción de una carretera por esa reserva nacional y que el 82% rechazó la Ley 180 de intangibilidad.

Asimismo, dijo que el documento final contiene las principales demandas de los pobladores del TIPNIS, como la industrialización del chocolate, cueros de lagarto, madera, producción de semillas, viveros comunales, manejo ganadero, producción de almidón de yuca y fomento al turismo comunitario.

El informe final tiene 400 páginas, que incluye antecedentes de la consulta, bases legales, etapa preparatoria del proceso, registro de la visita de los brigadistas a cada comunidad, cuadros con resultados de los cabildos y las necesidades expresadas por las comunidades del TIPNIS, indicaron fuentes oficiales. El documento cuenta con 24 anexos de actas con notificaciones, invitaciones, solicitudes e informes técnicos y jurídicos.

También se entregó a la Asamblea Legislativa un texto de gráficos denominado La consulta contada en imágenes y un CD con todo el material en formato digital. El proceso de consulta en el TIPNIS fue comandado por los ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente, teniendo como entidades observadoras y de acompañamiento al Órgano Electoral Plurinacional, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático. El acto de entrega se realizó en predios del Palacio de Telecomunicaciones, ubicado en el centro de La Paz.

El informe final, entre otros, señala que el TIPNIS es un lugar donde se desarrollan métodos extraeconómicos de acumulación de capital basada en el saqueo y la destrucción de la naturaleza: empresarios madereros que han terminado con la madera mara y amenazan con hacer lo mismo con otras

 

especies madereras.

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BOLIVIA. Indígenas del Beni rechazan informe del Gobierno sobre consulta en el Tipnis

BOLIVIA. Indígenas del Beni rechazan informe del Gobierno sobre consulta en el Tipnis | Deber estatal de consulta previa | Scoop.it

Trinidad.- Autoridades indígenas no confían en el informe que brindó el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez,

 

“No coincide de ninguna manera, el Gobierno dice una cosa y obviamente los resultados de la Iglesia Católica también dice otra cosa”, afirmó Pedro Nuni.

 

“No confiamos, porque siempre el Gobierno se ha parcializado, entonces no creemos nada de lo que diga el Gobierno”, sostuvo Miriam Yuvanoré.

Para Miriam Yuvanoré los resultados no dicen la realidad de lo ocurrido con la consulta en el Tipnis.

 

“Nunca han informado la realidad de que los comunarios han dicho que no quieren la consulta”.

 

Nuni manifestó que indígenas se sienten atropellados e indignados por la forma que se realizó la consulta.

 

“Estamos indignados lamentablemente por todo el acoso, la presión y sobre todo la prebendalización que ya se ha denunciad en su oportunidad”. (Cadena A)

 

Iglesia Católica pide se compare informe del Gobierno con informe de DDHH

 

Cochabamba.- La Iglesia Católica en Cochabamba desmerece los resultados del informe del Tipnis que ha sido presentado por el Ministerio de Obras Públicas, pide que se haga una comparación con el informe de Derechos Humanos.

 

“Habría que contrastarlo, creo que la gente y todas las personas imparciales esperan que también se pronuncie esta comisión de Derechos Humanos con la Iglesia Católica, que creo que merece más credibilidad, porque es evidente que en el tema del Tipnis el Gobierno se contradice. Prácticamente ya se sabía que la consulta que hizo no fue una consulta previa y lo que han dicho muchos observadores tampoco fue de buena fe, es decir es una consulta que sí reunió a varios, les ofreció que les iba a dar prebendas, que les iba a mejorar la situación y lógicamente al final ha conseguido un resultado que muchos analistas imparciales ponen en tela de juicio”, señaló el representante de la Iglesia.  (Cadena A)

 

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Bolivia. Documentan las denuncias contra cuestionada consulta en Tipnis

Bolivia. Documentan las denuncias contra cuestionada consulta en Tipnis | Deber estatal de consulta previa | Scoop.it

Testimonios de los pobladores de 35 comunidades del Tipnis develan y confirman que la consulta desarrollada por el Gobierno, sobre la construcción de una carretera, fue resistida y rechazada en algunas y en otras fue motivada por la entrega de obsequios, presiones, condiciones o amenazas.

Estos testimonios, compilados en una publicación y grabados en un CD, fueron entregados anoche en la ciudad de La Paz, para conocimiento de la sociedad civil, por los integrantes de la comisión interinstitucional integrada por Cáritas de la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que visitó las 35 comunidades del Tipnis.

 

Ese recorrido fue realizado, entre el 29 de noviembre y 13 de diciembre el pasado año, a solicitud de los dirigentes indígenas del Tipnis, para contrarrestar y desvirtuar la campaña y la información del Gobierno sobre la presunta aceptación de la mayoría de las comunidades de la construcción de la vía por el medio del territorio indígena.

 

El informe resumido de la comisión, presentado el pasado 17 de diciembre, está sustentado por cada uno de los testimonios recogidos en las comunidades visitadas, reproducidos de forma casi completa en la publicación y la grabación, informó el representante de Cáritas Bolivia, Marcelo Ortega.

Agregó que estos documentos, presentados anoche en La Paz, también se harán públicos en Trinidad, Cochabamba y Santa Cruz, de manera que la sociedad civil conozca lo que sucedió en el Tipnis y el proceso de consulta.

En su recorrido, la comisión constató que de las 35 comunidades que visitaron 30 rechazaron la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atravesando el Tipnis, lo cual contradice los datos del Ministerio de Obras Públicas, que señala que el 80 por ciento de las comunidades aceptó la edificación de esa vía.

 

Además, concluyeron que la consulta desarrollada en el Tipnis por parte del Gobierno no puede ser considerada como un proceso de consulta, sino solamente como reuniones comunales, considerando que en algunas comunidades se realizaron sólo reuniones con algunas familias sin la presencia de corregidores y, en el peor de los casos, reuniones fuera de las comunidades.

Por otra parte, el proceso de “consulta” del Gobierno no se ha ajustado a los estándares de consulta previa, conforme lo establecen las normas nacionales e internacionales, ya que fue precedido y acompañado por regalos, prebendas y promesas de desarrollo y servicios.

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PERU. Viceministro: “Ley de Consulta Previa hará que inversiones sean más sostenibles”

PERU. Viceministro: “Ley de Consulta Previa hará que  inversiones sean más sostenibles” | Deber estatal de consulta previa | Scoop.it
El viceministro de Interculturalidad dijo que este recurso no apunta a aumentar las inversiones en el país, pero sí a fijar condiciones que les permitan desarrollarse mejor. Además, alista propuesta de Sistema Nacional de Política Intercultural.

 

Una de las principales consecuencias de la aplicación de la consulta previa al ingreso de inversiones en el país será que estas tendrán condiciones para volverse sostenibles a largo plazo, enfatizó Iván Lanegra, viceministro de Interculturalidad. “Nada le conviene menos a una inversión que tener un escenario social inadecuado”, agregó.

Así, no debe interpretarse a la Ley de Consulta Previa como un recurso que busque “proteger las inversiones”, sino como una herramienta que “nivele el terreno” para las obras privadas o públicas que impacten la vida de los pueblos indígenas. Esto apunta a que todas las inversiones sean de calidad, detalló Lanegra.

Asimismo, el funcionario criticó duramente la “economía ilegal”, que involucra a la minería, la tala y el narcotráfico en aquellas zonas del país donde el Estado no tiene una fuerte presencia o es poco efectiva: “esta economía debe desaparecer”, insistió. Las actividades formales que “no se han llevado efectivamente bajo reglas adecuadas tienen que cambiar”, continuó.

Tres claves
“Necesitamos reforzar capacidades para que el Estado hable las lenguas de los pueblos indígenas. Tenemos una política de formación de intérpretes de estas lenguas en desarrollo. Ya tenemos más de 80 capacitados y este año esperamos obtener el doble”, anotó el viceministro.

Este sería el primer punto dentro de los compromisos que el Estado peruano tiene con los pueblos indígenas y sus relaciones con los demás niveles de gobierno y las empresas. El segundo aspecto tiene que ver con la titulación de tierras, lo que Lanegra considera “una gran deuda” que debe saldarse más rápidamente.

Finalmente, la educación intercultural bilingüe —aseguró— ha recibido más inversión para mejorar en calidad y cobertura. Todo esto se complementaría con una propuesta que el viceministerio de Interculturalidad (dependiente del Ministerio de Cultura) está preparando para asegurar una mayor y efectiva presencia del Estado en estas zonas.

“Hemos propuesto la creación de un Sistema Nacional de Política Intercultural para que se convierta en el instrumento de articulación del Gobierno nacional con todos los demás niveles involucrados”, adelantó Lanegra. Su expectativa es que esta Ley se apruebe a fin del primer semestre.

CEPPDI's insight:

Nota:

Equívoca interpretación del Vice Ministro.

La finalidad de la institución de la "consulta previa" como medida especial de derechos humanos, es salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas.

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Corte de Copiapó rechaza acción de protección en contra de Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama que habría omitido trámite de consulta indígena

Santiago, 8 de mayo de 2013.

Se dedujo acción de protección en contra del Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama, por parte de un Diputado de la República y de la Comunidad Colla de Pai Ote –Cerro Celeste, a fin de que se declare ilegal y arbitraria la resolución N° 4 de fecha 3 de enero de 2013 que calificó ambientalmente favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Optimización Proyecto Minero Cerro Casale", lo cual constituiría una vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y del derecho de propiedad.

La Corte de Copiapó rechazó el arbitrio constitucional, señalando que conforme a “las normas contenidas en los artículos 6 del propio Convenio 169 OIT, además de las disposiciones contenidas en los artículos 5º, 6º y 7º de la Constitución Política de la República de Chile, tal y como lo reconocen los propios recurrentes tal consulta efectivamente tuvo lugar en el marco de la evaluación ambiental del proyecto “Optimización Proyecto Minero Cerro Casale” de Compañía Minera Casale y apreciándose de los antecedentes allegados que en ese escenario la comunidad recurrente actuó haciendo sus observaciones, de lo que cabe tener presente que tal imperativo no implica la obligatoriedad -por parte de la entidad de evaluación ambiental- de seguir aquellas”.

 

Agrega el Tribunal de Alzada, para reforzar su decisión, que “no cabe sino convenir con el tercero interviniente que la Resolución de Calificación Ambiental cuestionada, en cuanto acto terminal y motivado en la administración, que conforme al procedimiento reglado contenido en la Ley 19.300, vino a coronar el respectivo proceso de evaluación de un proyecto sometido a consideración de la autoridad respectiva, luego de analizados los antecedentes aportados por el interesado, abriendo canales de participación ciudadana al efecto, en que se escuchó a quienes pudieran estar interesados, en este caso, a diversas comunidades indígenas, entre ellas, la recurrente de autos, a través de consultas informadas, acorde a los criterios previsto en el artículo 6° del Convenio de la O.I.T. 169, Ley Indígena N° 19.253 de 1993 y D.S. N°124 de 2009, apoyándose en informe técnicos atinentes y oídos que fueron los órganos con competencia ambiental sobre la materia, se tiene que la mentada resolución, en las condiciones anotadas, no resulta susceptible de causar menoscabo a alguna de las garantías constitucionales protegidas por la presente acción cautelar y, en particular, a aquella a que se hace referencia en el libelo, razón por la cual y desde esa mirada, el recurso de que se trata no podrá prosperar”.

 

FUENTE

http://diarioconstitucional.cl/articulo-det.php?id_articulo=5125&id_cat=9

 

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Apelan recurso de protección en contra de Cerro Casale

Apelan recurso de protección en contra de Cerro Casale | Deber estatal de consulta previa | Scoop.it

La pugna por el proyecto de oro de Barrick Gold, Cerro Casale, no para. Tras el fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Copiapó respaldando la consulta indígena que realizó la compañía, el lunes el diputado Lautaro Carmona presentó un recurso de apelación al dictamen emitido el 30 de abril pasado.

Carmona lidera ofensiva legal contra el proyecto, y enfatiza en el texto ingresado que la consulta a la comunidad colla no cumplió con los estándares exigidos por el Convenio 169 de la OIT.

Según Carmona, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó que rechazó el recurso de protección que él mismo impulsó en defensa de la comunidad colla aledaña a Cerro Casale, “aparta del mérito de los antecedentes del proceso de la evaluación ambiental, desconociendo en particular que el proyecto afecta a la comunidad Colla Pai Ote porque está en el área de influencia de Cerro Casale, que no existió en el proceso de EIA un proceso de consulta para la comunidad Pai Ote acorde a los estándares fijados por el Convenio 169 de la OIT”.

Según el escrito, “el proyecto Cerro Casale afecta a la comunidad Colla Pai Ote, porque ésta se encuentra en el área de influencia del proyecto”.



Los argumentos

Carmona argumenta que la “Corte Suprema ha señalado reiteradamente que no basta cualquier tipo de consulta en el marco del procedimiento de evaluación ambiental, sino que éste debe cumplir con los estándares fijados por el Convenio 169 OIT”. A ello, añade que “la sentencia recurrida desconoce los estándares para la consulta”.

Así, acusa el documento, “la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó, causa graves consecuencias para la debida protección de las garantías constitucionales”. Además, “se vulnera la igualdad ante la ley” y “vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. Finalmente, dice, “vulnera el derecho de propiedad en sus diversas especies”.

 

Fuente

http://www.df.cl/apelan-recurso-de-proteccion-en-contra-de-cerro-casale/prontus_df/2013-05-08/214103.html

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MEXICO. Pueblo yaqui obtiene amparo contra la construcción de Acueducto. Consulta previa

MEXICO. Pueblo yaqui obtiene amparo contra la construcción de Acueducto. Consulta previa | Deber estatal de consulta previa | Scoop.it

Ciudad de México.- Autoridades tradicionales del pueblo de Vicam, primera cabecera de los ocho pueblos de la tribu yaqui, celebraron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de otorgar el amparo en contra de la Autorización de Impacto Ambiental (AIA), otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para construir el Acueducto Independencia en el estado de Sonora.

Señalaron que la Primera Sala confirmó por unanimidad el amparo otorgado el año pasado con el fin de que la Semarnat deje sin efecto la AIA del Acueducto, por violar el derecho a la consulta y a la información de la tribu yaqui

Esto luego de que en julio de 2010, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de su órgano desconcentrado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), otorgó 50 millones de metros cúbicos de agua para la construcción del Acueducto Independencia. Ese mismo mes se publicó la convocatoria para licitar la construcción del acueducto; esto a pesar de la suspensión dictada por la Juez Octavo de Distrito con residencia en Sonora.

En noviembre de 2010 fue ingresada a Semarnat para su evaluación la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción del Acueducto Independencia, la cual fue autorizada por la dependencia.

Cabe señalar que en ninguno de los procesos antes descritos -concesión de agua por parte de Conagua, publicación de la licitación y procedimiento de evaluación de impacto ambiental- se cumplió con lo que establece la ley respecto de la obligación de informar y buscar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas respecto de recursos naturales sobre los cuales tienen derechos de propiedad reconocidos.

Fue entonces que ante todas estas violaciones, la tribu yaqui decidió presentar una demanda de amparo, recibiendo una sentencia favorable en mayo de 2012, la cual fue recurrida por las autoridades federales. Debido a la importancia y trascendencia de los temas que se ventilan en dicho juicio, la SCJN decidió atraer el asunto y conceder este día el amparo.

Mario Luna, secretario de la autoridad yaqui, quien estuvo presente en la audiencia pública expresó: "esperamos que ahora si el gobierno de Sonora tome una actitud responsable y trabaje para llevar agua a todos los sonorenses, tomando en cuenta que existen muchas opciones más para abastecer de agua al pueblo de Sonora, y en particular a Hermosillo, y sea éste el primer paso para que el gobierno mexicano aproveche la oportunidad de saldar la deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas".

Los representantes del pueblo Vicam agradecieron a los más de 3 mil firmantes de la petición creada en change.org/aguaparayaquis, su apoyo, solidaridad y les pidieron seguir pendientes de los pasos por venir en este tema.

Los representantes de la tribu yaqui manifestaron su deseo de que también se reconozca la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el sentido de garantizar a los pueblos indígenas el derecho al consentimiento previo, libre e informado sobre su territorio y los recursos naturales que tradicionalmente utilizan.

El agua del río Yaqui es parte de la ritualidad y cosmovisión de la tribu yaqui; es el principal elemento productivo y es la base de su sistema económico, social y cultural. La decisión de construir el Acueducto Independencia y desviar el cauce del río para abastecer a la ciudad de Hermosillo constituye una amenaza a la supervivencia de la tribu, quien ya padece desde hace años problemas de escasez de agua.

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GUATEMALA. Líderes indígenas rechazan licencia de minería: no hubo consulta previa

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Autoridades indígenas de Momostenango, Totonicapán, convocaron a pobladores a una reunión de urgencia con el objetivo de discutir sobre cuatro licencias de exploración minera vigentes en ese departamento y que el Gobierno autorizó sin consultar a la población.

 

 

POR ÉDGAR DOMÍNGUEZ Totonicapán

 

Los denunciantes explicaron que en el 2009, autoridades gubernamentales aseguraron que no se otorgaría ninguna clase de licencia, pero se autorizaron cuatro.

 

A la reunión asistieron Karin Linares, en representación de la Procuraduría de los Derechos Humanos; el diputado Amílcar Pop y representantes de varias comunidades de San Cristóbal Totonicapán y San Francisco El Alto.

Gumercindo Calel Sontay, quien preside el Consejo de Autoridades Ancestrales de Momostenango, dijo que les preocupa que ninguna autoridad se haya pronunciado sobre estas licencias y no ha hecho algo al respecto.

 

Consulta

 

Explicó que por el momento las mineras están en fase de exploración, pero si llega la explotación habrá daños irreversibles para el ambiente, por lo que se organizan para decirle no a la minería.

Los inconformes refirieron que también organizan una consulta comunitaria para que la población se exprese si está de acuerdo o no con la minería.

Las áreas de exploración se ubican en las comunidades Xequemeyá, Calel, San Vicente Buenabaj, Xolajap y San Antonio Pasajoc.

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Chile. Consejera de pueblos originarios en Los Lagos crítica irregular reglamentación de consultas indígenas

Chile. Consejera de pueblos originarios en Los Lagos crítica irregular reglamentación de consultas indígenas | Deber estatal de consulta previa | Scoop.it

Una seria crítica a las iniciativas que se desarrollan en el Gobierno, realizó la consejera nacional indígena por la región de Los Lagos Claudia Pailalef, por la aplicación de la Consulta Indígena estipulada en la artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.


Además, la consejera indígena comentó que una vez que determinó que ambas iniciativas estarían viciadas, decidió no participar más, debido a que el gobierno y el parlamento estarían cometiendo el mismo error de siempre y que es reunirse entre ellos para determinar lo que se hará.

 

La consejera recalcó que según el convenio 169 el proceso de consulta debe ser “previo, libre e informado”, cuestión que no se estaría dando.

 

También Pailalef remarcó que se trata de más de lo mismo, además que no tendrían la representatividad efectiva del mundo indígena en la discusión.

 

Finalmente Claudia Pailalef, añadió que el gobierno no puede definir a puertas cerradas la regulación del proceso de la consulta a los pueblos originarios, enfatizando en que se deben generar las condiciones para que estos se autoconvoquen y realicen sus planteamientos en igualdad de condiciones, tal como lo hace el ejecutivo y el legislativo.

 

5/04/2013

Fuente

http://www.biobiochile.cl/2013/04/05/consejera-de-pueblos-originarios-en-los-lagos-realiza-critica-a-aplicacion-de-consulta-indigena.shtml

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PERU. Gobierno tergiversa finalidad de Consulta previa: "dará más confianza a empresas extractivas" afirma Viceministro

PERU. Gobierno tergiversa finalidad de Consulta previa: "dará más confianza a empresas extractivas" afirma Viceministro | Deber estatal de consulta previa | Scoop.it
La aplicación de la consulta previa va a generar progresivamente más confianza en las empresas extractivas sobre el desarrollo de inversiones más sostenibles y sin conflictos sociales, sostuvo hoy el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra.

 

"Poco a poco se va ir generando un clima de comprensión del proceso y de las tareas que nos compete a todos. Esta es una política nueva y nos encontramos en la etapa de información", señaló.

 

Resaltó el respaldo de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) a este mecanismo contemplado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y dijo que esa actitud demuestra que las empresas comienzan a entender la importancia de la consulta previa.

La consulta previa, que otorga voz a las comunidades nativas sobre el desarrollo de proyectos de inversión en sus territorios, tiene como objetivo mejorar la calidad de las inversiones, lo cual es beneficioso para las empresas, para la población y el Estado, subrayó.

 

Aquellos proyectos extractivos que no cumplan con los estándares de calidad, sociales y ambientales, añadió, constituyen en la práctica una amenaza para la estabilidad social en las zonas donde se desarrollan.

Indicó que desde el Estado se harán todos los esfuerzos para que los demás sectores entiendan de la importancia de velar por los derechos de los pueblos indígenas y la paz social.

 

Asimismo, aseguró que la presencia efectiva del Estado permitirá el éxito de la consulta previa en los pueblos indígenas que se inician este año.

 

Sin embargo, anotó, el Estado tiene que "llegar temprano" a los pueblos indígenas, no solo para la consulta previa en sí misma, sino para señalar cuáles son lo problemas reales en la zona donde se realizará la actividad extractiva.

CEPPDI's insight:

Explicar al Vice ministro que la finalidad de la Consulta Previa no es "dar confianza a las empresas"  sino   garantizar la participación efectiva y salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas antes de que el estado adopte decisiones suceptibles de afectarles.

 

En ninguna parte del derecho internacional se establece que la finalidad de las consultas sea "dar confianza a las empresas".

 

Al contrario, todas las normas y directrices internacionales existentes subrayan la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos de los pueblos indígenas y el deber del estado de proteger dichos derechos.

 

Perú está erosionando la consulta previa como institución de derechos humanos.

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Canadian mining companies subject of worldwide protests - Business - CBC News

Canadian mining companies subject of worldwide protests - Business - CBC News | Deber estatal de consulta previa | Scoop.it
Citizen's groups in at least 10 countries complaining about gold and silver miners' environmental practices

 

Colombians protested in force last month against the gold-mining plans of Vancouver-based Eco Oro. But the company shouldn't feel singled out.

 

ens of thousands of Colombians took to the streets of Bucaramanga, the country's sixth-largest city, last month to defend their water supply from a Canadian-owned gold-mining project.

The chief target of their protest was Vancouver-based Eco Oro Minerals Corp.

The company is exploring for gold and silver in a high-altitude, environmentally sensitive area that is the main source of water for Bucaramanga's one million inhabitants.

 

This was the fourth anti-gold-mining demonstration in the area since 2010, and one of the biggest.

But Eco Oro shouldn't feel singled out. It is only one in a string of Canadian mining and exploration companies that have drawn the ire of local communities around the world.

On March 12, for example, more than 10,000 Greeks protested in Thessaloniki against several gold mining projects owned by Vancouver-based Eldorado Gold.

Then on March 21, Catholic priests marched with 5,000 locals in Matagalpa, Nicaragua, against a project owned by Vancouver-based B2Gold Corp.

Canadian companies have also been targeted in Ecuador, Peru, Bolivia, Dominican Republic, Slovakia, Romania and Israel.

"Canada is very well represented in global mining conflicts because, in large part, Canada is the home of most of the junior mining companies of the world," says Ramsey Hart, the Canada program co-ordinator at Mining Watch, an Ottawa-based advocacy group.

The reason for this, he says, is that Canada has a favourable environment for high-risk, speculative investments, the kind that drives international mineral exploration.

The Current: Questioning CIDA's partnership with Canadian miners

Unlike the U.S. Alien Tort Statute, which allows foreign citizens to bring American companies to U.S. courts for abuses committed in a foreign country, there are no mechanisms to hold Canadian companies overseas accountable for their social and environmental policies. "We've just completely dropped that ball," Ramsey says.

The last attempt to impose minimum standards on Canadian companies was a bill sponsored by the opposition Liberals that would have set international standards for human rights and the environment for oil, gas and mining companies operating abroad, and would have made government political and financial support contingent on compliance.

Bill C-300, however, was defeated by six votes in a minority parliament two and a half years ago.

High-altitude grasslands

The people of Bucaramanga see the issue on their doorstep as a choice between water and gold.

They are worried that Eco Oro and two other multinational companies, AUX Colombia (part of the Brazilian EMX Group) and Leyhat (owned by Vancouver-based CB Gold Inc), will cause irreparable damage to the local ecosystem.

 

 

The high-altitude grasslands around Bucaramanga, known as paramos, lie above 3,000 metres in the tropical Andes, and Colombians are very protective of these ecosystems.

The paramos and Andean forests act as buffers that capture water during the rainy season, and then release it during the dry months.

Florentino Rodriguez, a spokesman for the Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana (MCCC), a grassroots movement in Bucaramanga, says he recognizes the need for foreign mining investment in Colombia. But he also wants to see it conducted in a more disciplined way.

The main problem, he says, is that many mining titles in Colombia "overlap with strategic ecosystems, water sources, and important basins that supply municipal aqueducts" — Eco Oro being a case in point.

It's involvement in the Santurbán region around Bucaramanga goes back to the mid-1990s, when its predecessor, Greystar Resources, acquired numerous mining titles.

In 2010, the company proposed an open-pit project called Angostura, which sparked a backlash in the local community.

Faced by a rising tide of public opposition to the project, Eco Oro decided in 2011 to abandon the open-pit approach, not long before the Colombian environment ministry denied the company an environmental licence.

Eco Oro then shifted to an underground project, with the potential to extract an estimated 2.7 million ounces of gold.

A national park

For its part, Eco Oro says it has been a victim of misunderstandings and misinformation.

"We believe the people marching must take the steps to educate themselves about the impacts of mining in the region," says Fiona Grant Leydier, a Vancouver-based company spokeswoman.

The company insists that it wants to properly educate the people of Bucaramanga about the benefits that mining could bring to the region, and that it is working to the highest international standards to ensure long-term sustainability.

One of the obstacles is that the Santurbán paramo was declared a national park in late 2012.

In a statement in January, the company said: "The Angostura deposit, Eco Oro's principal asset, covers a total area of 215 hectares of which 193 hectares or 90 per cent falls outside of the surface boundaries of the (Santurbán) Park."

However, activists take the view that other nearby ecosystems, which are important for water retention, such as the lower-altitude sub-paramo and the high-Andean forest should also be included in the boundaries of the national park.

For now, Eco Oro still does not have an environmental permit for mineral extraction. However, it can continue with large-scale exploration activities, which do not require a licence.

That exploration is also raising concerns as the MCCC feels large exploration tunnels can reduce surface water.

Visits from the environmental authorities in 2012 found evidence of pollution and erosion caused by the exploration activities, according to a technical document from Colombia's National Environmental Licence Agency.

Environmental rules expected

It was the concern around the exploration that sparked this month's protest in Bucaramanga.

MCCC has also sent a letter to the Colombian Congress demanding that lawmakers take action against the exploration activities. Signatories included the former manager of the metropolitan aqueduct, engineers and academics from the most important universities of the region, a former mayor of Bucaramanga, and a former governor.

Gold mining in the region is not without its supporters, though.

The same day of the march in Bucaramanga, the local community near Santurbán, about 70 kilometres away, organized a counter-march.

An estimated 1,200 people from the region of Soto Norte took to the streets to defend mining operations for their contribution to the local economy.

Eco Oro, and its Canadian predecessor, had been operating in the area for more than 10 years. It expects that a new mine would employ around 1,000 people.

The Colombian government is currently preparing terms of reference for environmental licensing of large-scale underground mining.

Once these new rules are ready, Eco Oro will submit an environmental impact assessment for the Angostura project.

To further complicate the situation, the Colombian mining sector is in a legal void. In 2010 the government tried to replace the old, more environmentally permissive, mining code, which was the subject of controversy as it was developed abroad, in this case with the guidance of the Canadian International Development Agency (CIDA) in 2001.

But the new successor code was not created in consultation with indigenous populations so the constitutional court declared it invalid and gave Colombia's congress a two-year period to make a new one.

The deadline is May 11, and missing it will mean that the country will have to go back to the old code.

In the meantime exploration will continue, and so, likely, will the activists' struggle to protect their water.

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Resolución 0300/2012 - Tribunal Constitucional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0300/2012
Sucre, 18 de junio de 2012


SALA PLENA
Magistrada Relatora: Dra. Mirtha Camacho Quiroga
Acción de inconstitucionalidad abstracta

Expedientes: 00157-2012-01-AIA
00188-2012-01-AIA (acumulado)
Departamento: La Paz

En las acciones de inconstitucionalidad abstractas presentadas por: Miguel Ángel Ruíz Morales y Zonia Guardia Melgar, Diputados de la Asanblea Legislativa Plurinacional, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 1, 3 y 4 de la Ley 180 de 24 de octubre de 2011, alegando la supuesta vulneración de los arts. 7, 11.I y II, 13.I, 17, 18, 19, 20, 30, 35, 36.I, 37, 77.I y 82.I de la Constitución Política del Estado (CPE), así como de los arts. XI y XII de la Declaración Americana de Derechos Humanos; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 3, 4, 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", y Fabián II Yaksic Feraudy y Miriam Marcela Revollo Quiroga, Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 1, 3, 4 inc. a), 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 222 de 10 de febrero de 2012, por ser presuntamente contrarios a los arts. 2, 13.I, 14.V, 30.II.15 y III, 108, 403, 410 parágrafo II de la CPE; 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969; 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

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BOLIVIA. Las consultas previas y su vacío legislativo

BOLIVIA. Las consultas previas y su vacío legislativo | Deber estatal de consulta previa | Scoop.it
El hecho de que no exista una ley marco para las consultas previas pensadas en general, es analizado por especialistas e involucrados en el conflicto del TIPNIS como un problema o como una cuestión accesoria.
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BOLIVIA. Informe visita a comunidades TIPNIS sobre consulta (completo)

BOLIVIA. Informe visita a comunidades TIPNIS sobre consulta (completo) | Deber estatal de consulta previa | Scoop.it
Conclusiones generales: INFORME DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL IGLESIA CATOLICA Y ASAMBLEA PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS DE BOLIVIA AL TERRITORIO INDIGENA PARQUE NACIONAL ISIBORO SECURE - TIPNIS:

 

Conclusiones generales:

INFORME DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL IGLESIA CATOLICA Y ASAMBLEA PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS DE BOLIVIA AL TERRITORIO INDIGENA PARQUE NACIONAL ISIBORO SECURE – TIPNIS:

Documento completo: http://es.scribd.com/doc/133653162/Informe-Verificacion-Consulta-TIPNIS

A partir de los datos y testimonios registrados en cada una de las comunidades, podemos concluir que, de las 35 comunidades y un Centro de Gestión visitadas:

1) En 23 mencionaron que antes de la llegada de las brigadas de consulta del Gobierno, en reuniones comunitarias, habían decidido no aceptar la realización de las reuniones de consulta, en razón a que consideraban que su participación implicaría aceptación implícita de la construcción de la carretera por medio del TIPNIS y representaría una negación a las demandas de la VIII y IX marcha indígena del TIPNIS.
2) Las brigadas de consulta del Gobierno no lograron llegar a todas las comunidades que visitamos. De la cantidad total de comunidades visitadas por la Comisión Interinstitucional Iglesia-APDHB (36), identificamos que llegaron a 28 comunidades y de las cuáles en 19 efectivamente lograron realizar las reuniones de consulta.
3) En 17 comunidades señalaron que la consulta no fue aceptada, aunque algunas familias de las mismas se reunieron con las brigadas de consulta del Gobierno, con la única finalidad de manifestarles que no aceptaban el desarrollo de la consulta ni la carretera por medio del TIPNIS.
4) En 5 comunidades manifestaron que no hubo consenso comunitario para la aceptación y realización de la consulta del Gobierno, por lo que esas reuniones, se llevaron a cabo solamente con algunas familias que estaban de acuerdo con la consulta, entre ellos algunos corregidores.
5) En 15 comunidades se coordinó la llegada de las brigadas de consulta, en muchas de ellas, luego de la insistencia y varios intentos de los brigadistas, cuyo principal argumento fue el ofrecimiento de regalos y promesa de obras.
6) De la cantidad total de comunidades visitadas por la comisión interinstitucional, en 9 mencionaron que tuvieron la notificación de la llegada de las brigadas de consulta, en señalaron que no recibieron ninguna comunicación previa y en 13 no hacen referencia a dicho aspecto.

7) En 11 comunidades manifestaron que las brigadas de consulta llegaron por sorpresa a las mismas, en algunos casos sin identificarse como funcionarios de Gobierno, mientras, al parecer, indicaron los comunarios, buscaban información sobre las familias que no estaban de acuerdo con la consulta o recababan información sobre las necesidades comunitarias.

8) En 12 comunidades las reuniones de consulta fueron realizadas en los cabildos indigenas, mientras que en 5 informaron que se celebraron en propiedades privadas y 9 en lugares particulares de la comunidad, como las casas de los corregidores.

9) En 16 comunidades indicaron que si bien se realizaron las reuniones de consulta y existen actas de aceptación de la construcción de la carretera, estas actas no fueron firmadas por todos los miembros de las comunidades, sino solamente por una representación relativa. En otros casos, manifiestan su arrepentimiento de haber aceptado que se saque el término intangible que, por desconocimiento de su alcance jurídico, aceptaron que se eliminara dicho término de la ley.
10) En 3 comunidades la aceptación de la construcción de la carretera fue por consenso. En 5 comunidades las decisiones comunitarias se llevaron a cabo aplicando el principio democrático de mayoría/minoría y en 6 comunidades, consideran que las decisiones fueron tomadas por cansancio, presión o manipulación.
11) En 22 comunidades testimoniaron que las brigadas de consulta del Gobierno, les mencionaron que el término intangibilidad es sinónimo de impedimento para tareas tradiciones de caza, pesca, recolección, así como no poder realizar “chacos” para el autoabastecimiento de alimentos, además de que su vigencia legal, no permitiría que haya proyectos de desarrollo comunitario. Con dicha explicación 4 comunidades decidieron que se mantenga dicho término para el TIPNIS y bajo las limitaciones que provocaría su aplicación, siendo 15 comunidades las que indicaron que dicho término debe retirarse de la Ley.
12) En 23 comunidades comprendieron que la carretera no les beneficia debido a que su construcción por medio del TIPNIS estaría muy lejos de sus comunidades, de las cuales resulta más rápido salir por río hacia Trinidad u otras poblaciones más grandes. Se debe resaltar que en muchas comunidades hay la conciencia cultural de que “su carretera” es el río.

13) En 17 comunidades visitadas por la comisión interinstitucional, manifiestan que durante las visitas previas que realizaron las brigadas y en algunas reuniones que sostuvieron para la consulta, les llevaron u ofrecieron regalos y proyectos de desarrollo.

14) En 11 comunidades, se recurrió a otras medidas ajenas a la consulta como ser: presencia de militares, del Ministro de Gobierno Juan Ramón Quintana o realización de visitas domiciliarias, señalan, para convencer a las familias a participar en la consulta. También mencionan que hubo traslado de algún corregidor a la ciudad de La Paz para la firma del acta, inducción a la firma de actas a cambio de la entrega de víveres y, en algún caso, incluso denunciaron que hicieron firmar a niños.
15) En 7 comunidades manifiestaron que les ofrecieron regalos generándoles expectativas en la satisfacción de sus necesidades básicas, pero que una vez que manifestaron su decisión de no aceptar la construcción de la carretera, dichos regalos no fueron entregados.
16) En 20 comunidades consideraron haber sufrido algún tipo de presión o engaño durante las visitas y la realización de las reuniones de consulta del Gobierno.
17) En 9 comunidades visitadas manifestaron que la consulta realizada por el Gobierno debió haber sido previa, es decir, antes de la firma de los contratos y antes que se comiencen a construir los tramos 1 y 3 de la carretera.
18) En 5 comunidades denunciaron que la atención en salud que prestaba la institución Médicos Canarios fue suspendida como medida de represalia a la negativa de la consulta y la construcción de la carretera.
19) En 9 comunidades indicaron que funcionarios del Gobierno (médicos, profesores y guarda-parques), intervinieron de manera directa en la promoción de la importancia y utilidad de la consulta y en llamados a aceptar la construcción de la carretera.

20) En 12 comunidades mencionaron que no se oponen a la carretera, pero sugieren que la misma sea construida por otras rutas alternativas que no sea por medio del TIPNIS.
21) En 19 comunidades indicaron que en las reuniones sostenidas con las brigadas del Gobierno (de consulta o solo informativas), no se les presentó ningún estudio referido a los impactos ambientales que la construcción de la carretera puede ocasionar. Son 19 comunidades de las 36 que se visitaron, porque en 16 no se llevó a cabo la consulta
22) En 12 comunidades han lamentado la división y las enemistades comunitarias que este proceso de consulta ha generado, en varios casos la comunidad ya no se reúne en su totalidad, más bien por separado entre aquellos que aceptaron la consulta y por otro lado los que no la aceptaron.
23) Finalmente se puede concluir que 3 comunidades aceptaron la construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, 3 la aceptaron de manera condicionada a estudios o a que se la construya fuera del TIPNIS y 30 comunidades indicaron que no aceptan la construcción de la carretera.

 

 

Documento completo: http://es.scribd.com/doc/133653162/Informe-Verificacion-Consulta-TIPNIS...

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GUATEMALA. Desde 2005, indígenas han realizado 74 consultas comunitarias rechazando proyectos extractivos

GUATEMALA. Desde 2005, indígenas han realizado 74 consultas comunitarias rechazando proyectos extractivos | Deber estatal de consulta previa | Scoop.it

 En total 74 consultas se han efectuado desde el 2005 tuvieron como resultado el rechazo a la explotación de recursos naturales en sus territorios.

CIUDAD DE GUATEMALA.- El  informe anual de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) informa de estas 74 consultas y detalla que a pesar de ese rechazo, han sido entregadas 276 licencias de explotación y 111 de exploración, a las que se suman 734 solicitudes pendientes en el Ministerio de Energía y Minas, el cual otorgó siete licencias de exploración sin consultar a los pueblos indígenas.

Debido a que los territorios para los cuales fueron entregadas éstas últimas siete licencias son indígenas, la Oacnudh “llama al Estado a respetar todos los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en la elaboración de tales políticas, incluyendo el derecho a la consulta para otorgar licencias individuales”.

 

Agrega: “El Gobierno informó haber iniciado un proceso de elaboración de una propuesta de ley y reglamento para las consultas, aprovechando las buenas prácticas regionales”.

 

El informe detalla que el análisis del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en el 2012 “brinda criterios importantes que deben tomarse en consideración antes de otorgar licencias de explotación de recursos naturales”.

 

Deben considerar factores sociales

 

También explica el documento que esos criterios incluyen la necesidad de considerar factores sociales y políticos relacionados con los proyectos, “más allá del respeto del deber del Estado de consultar a los pueblos indígenas y de realizar estudios e impacto ambiental. Esta –licencia social- es esencial para fomentar la confianza en un diálogo constructivo y de buena fe entre todos los actores involucrados y para evitar posibles situaciones problemáticas”.

La Oacnudh insiste en su informe que se requiere una “respuesta decisiva”  en los conflictos relacionados con la explotación de recursos naturales en territorios indígenas ancestrales o cerca de ellos, “para evitar el riesgo de posibles situaciones de ingobernabilidad y violencia”.

 

También hace énfasis en la necesidad de aprobar una legislación que reconozca formas tradicionales de tenencia, posesión y uso colectivo de la tierra por parte de comunidades indígenas.

 

Agrega: “El Estado no ha garantizado el derecho de los pueblos indígenas a participar en procesos de toma de decisión en la explotación de recursos naturales, incorporado al derecho nacional con la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”.

 

Afirma además “Persisten vacíos legales y deficiencias procedimentales en el otorgamiento de licencias. El proceso de aprobación de estudios de impacto ambiental carece de la consulta requerida por los estándares internacionales y, aunque el Decreto Gubernativo 431-2007 contempla la realización de estudios de impacto ambiental social, estos no son requeridos por las autoridades”.

 

FUENTE

http://www.prensalibre.com/noticias/consultas-comunitarias-explotacion-recursos-naturales_0_889711204.html

 

 

 

 

 

 

 

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PERU. Estatal Perupetro: "Ley de Consulta dificulta proyectos petroleros"

PERU. Estatal Perupetro: "Ley de Consulta dificulta proyectos petroleros" | Deber estatal de consulta previa | Scoop.it
Presidente de entidad estatal sostuvo que los permisos culturales y ambientales pueden demorarse entre 12 y 18 meses, lo cual ahuyenta la inversión privada en el sector hidrocarburos.

El presidente de Perupetro, Luis Ortigas, afirmó que la Ley de Consulta Previa es “una dificultad” que demora los plazos de aprobación para los proyectos de exploración y explotación petrolera.

Sostuvo que los permisos ambientales y culturales pueden demorarse entre 12 y 18 meses, lo cual ahuyenta la inversión privada en el sector hidrocarburos.

Precisamente indicó que desde el 2007 el Perú no ha firmado ningún contrato de explotación petrolera, los mismos que han disminuido de 87 a 80 en cuatro años.

“Nosotros en el fondo no tenesmo que ir a preguntar porque el Perú es un país es unitario y no puede haber un país dentro de otro país. Lo que sí es de nuestra responsabilidad es informar los beneficios de la explotación petrolera”, manifestó.

Según Ortigas el Perú podría alcanzar niveles de producción energética cercanos a los de Venezuela pero la demora en la aprobación de proyectos disminuye el potencial explorador y explotador.    

Precisó que la producción de hidrocarburos de país es superior a los 3.323 millones de barriles equivalentes de petróleo pero su potencial podría llegar a los 13.396 millones.

Asimismo reveló que su entidad solo licitó nueve de 36 petroleros, toda vez que la Consulta Previa a comunidades indígenas iba a retrasar los plazos.

“Tenemos todo listo para hacer una convocatoria de 36 lotes, sin embargo hemos decidido sacar solamente los lotes off shore que son nueve porque con la consulta previa vamos a necesitar un tiempo adicional”, declaró.

Cabe indicar que para los ministerios de Ambiente y de Cultura es erróneo que los trámites ambientales ahuyenten las inversiones pues las empresas siguen explorando nuestro territorio.

CEPPDI's insight:

Insólitas declaraciones de un directivo de empresa estatal, respecto a la consulta previa, deber estatal.

 

Lo que debiera preocupar al directivo es que proyectos petroleros afectan  derechos de pueblos indígenas. 

 

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