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Las mejores aplicaciones educativas en Android | Observatorio Tecnológico

Análisis de las mejores aplicaciones educativas para tablets Android

Via olgadiez
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olgadiez's curator insight, March 14, 2013 5:54 AM

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Podcast en el aula. Guía rápida | Nuevas tecnologías aplicadas a la educación | Educa con TIC

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Via Alberto Armada
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10 pasos para crear contenidos para una PDI

10 pasos para crear contenidos para una PDI | HERRAMIENTAS ANTIPLAGIO | Scoop.it
Guía práctica para la creación de contenidos para PDI en 10 pasos.

Via Educación Castilla-La Mancha, Teresa Torné, Martín M. Fdez. López, Alberto Armada
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Más de 50 de las mejores herramientas online para profesores

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No es una exageración afirmar que hay cientos de aplicaciones educativas por ahí por la red, para todos los gustos y de todos los colores, por lo que es...


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Lorena Jimenez's curator insight, May 13, 2015 8:17 PM

Herramientas interesantes.

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Purdue OWL: Avoiding Plagiarism

Muy similar a Plagiarism.org aunque parece un poco más completa al ofrecer, además de todo tipo de estrategias para encontrar plagios, herramientas y recursos para fortalecer el proceso de escritura sin necesidad de caer en el fraude textual.
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Copyscape Plagiarism Checker - Duplicate Content Detection Software

Popular y con planes Premium permite analizar cualquier URL con sólo pegarla en su caja de búsqueda. Cuenta con una versión de pago con funciones de alerta adicionales.
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CopyGator - Catching duplicate content & plagiarism in the Blogosphere.

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Una alternativa a la anterior ya que también se encarga de los RSS feeds. Revisa entre más de 9 millones de URL para alertar, vía mail o seleccionando algunas opciones como filtro, sobre posibles coincidencias.

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DOC Cop - Accurate Fast Free Simple Plagiarism and Collusion Detection

Permite revisar todo tipo de copia en archivos DOC y PDF, sin importar su número de palabras. Realiza reportes bastante completos, en formato Word o en HTML, los cuáles se tendrán luego de un rato en la bandeja de nuestro correo.

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Professional Online Plagiarism Detection. Free Plagiarism Checker at PlagiarismDetect.com

A pesar de contar con demostración por sólo registrarse, es en general un llamativo servicio de pago que también realiza revisiones pero usando sus propios algoritmos de análisis. Su costo es de 0.5 dólares por página analizada.
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The Plagiarism Checker

La Universidad de Maryland es la responsable de esta herramienta que revisa un determinado texto ya sea pegándolo en el sitio o bien desde un archivo Word. Un tanto sencillo, o tal vez demasiado, aunque funciona de maravilla para buscar rápidamente determinadas secciones de un escrito.

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7 alternativas a Dropbox con cifrado de archivos

7 alternativas a Dropbox con cifrado de archivos | HERRAMIENTAS ANTIPLAGIO | Scoop.it
Aunque Dropbox sigue siendo la alternativa por excelencia respecto a almacenamiento en línea, para los usuarios más exigentes el tema de la seguridad y la...

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Personaliza tus códigos QR con Unitag

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Unitag QRcode es una aplicación web para crear códigos QR personalizados. Estos códigos cada vez están más presentes en nuestras actividades educativas...


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UNED Abierta – cursos, podcasts y libros gratuitos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

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Aquí tenemos una plataforma creada por la UNED con la lista de los recursos educativos abiertos que ofrecen, plataforma en la que docentes, tutores,...

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Google

Tal vez el paso más sencillo para buscar copias ilegales es buscando algunos fragmentos de texto, encerrándolos entre comillas, en Google.com. Tanto la indexación como la velocidad de respuesta del poderoso buscador hacen posible un buen chequeo del contenido en la red.

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Plagiarism.org

Más que para detectar plagios este espacio se enfoca a prevenirlos para lo cuál dispone de recursos educativos útiles para profesores y alumnos: conferencias, documentos, presentaciones, artículos de cómo citar fuentes, estrategias, tipos de plagio, etc.
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Maria Mascareño's curator insight, November 12, 2014 2:46 PM

Una formación del tipo que se propone debe contemplar, necesariamente, enfoques teórico-metodológicos e histórico-políticos, que no sólo permitan subsanar los problemas de la formación tecnocrática, tan frecuente en este dominio, sino también inaugurar una tradición diferente. Para ello debe articularse el conocimiento de las metodologías y técnicas de intervención con las dimensiones epistemológicas y teóricas de las disciplinas corporales y con la capacidad de análisis político-contextual en la construcción de políticas y proyectos educativos.

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Bienvenido a CopioNIC

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Funcionando con HTML5 y CSS3, permite analizar de forma gratuita todo tipo de archivos de Word y presentaciones PDF. Realmente interesante empezando por que está en español.

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Magdalena Hurtado Figueroa's curator insight, June 17, 2015 3:23 PM

Presentar trabajos de graduación con calidad y excelencia

Rosa Cecilia Blanco Peña's curator insight, August 12, 2015 10:28 PM

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE FARC EN EL POST-CONFLICTO

Autor: Rosa Cecilia Blanco[1]

Introducción

La Sociología del Derecho es concebida como parte de las Ciencias Humanas y Sociales. Dentro de dichas ciencias vale hacer algunas consideraciones con respecto a los sistemas complejos. Dicha denominación se refiere a todos aquellos procesos del mundo material, artificial o social que no pueden ser explicados o comprendidos por vía reductiva (o reduccionista), ni tampoco con el apoyo de cualquier clase de estadística. Los sistemas complejos son, en términos estrictos, fenómenos, sistemas o comportamientos de complejidad creciente, como por ejemplo, todas las dinámicas relacionadas con la sociedad, o como la que se encuentra en el campo de la información y el conocimiento, o en las reglas y signos sobre procesos algorítmicos, la dinámica  computacional; es decir, complejidad dinámica o cognitiva, que tiene la característica de ser creciente e impredecible. (Maldonado y Gómez, 2011: 39). Cuando se relacionan la sociedad con su dinámica y el Derecho como un campo intrincado de normas, comunicaciones e interacciones entre individuos y grupos, entre otros muchos componentes, se puede hablar de un sistema socio-jurídico de naturaleza compleja. En ese sentido es necesario señalar que Luhmann es reacio a descender del nivel de alta abstracción de sus formulaciones, como dice Ferrari en su conferencia magistral “La Sociología Jurídica Hoy” (2010) en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es así como en su «Rechtssoziologie» (1983), Luhmann citado por Carcova (1998: 73) señala como ejemplo del aumento creciente de la complejidad de un sistema, aunque no lo desarrolle, el implicado en la evolución y progresiva diferenciación del derecho en la cultura de Occidente. Se sabe que los romanos cubrían jurídicamente el conjunto de las relaciones sociales de su época, mediante la distinción entre el jus quiritario (derecho de la ciudad) y el jus gentium (derecho de gentes/extranjeros). Junto con el proceso histórico de diferenciación funcional, correspondió al mismo tiempo un proceso de diferenciación y creciente automatización del derecho: el derecho civil, del cual se desprenden el derecho mercantil y más tarde, el de la navegación, el laboral, aeronáutico, minero, fiscal, etc. En cada área de especialización, hay la posibilidad de cubrir nuevas relaciones, así como seleccionar opciones y reducir la complejidad del ambiente, a costa de aumentar la propia complejidad de la correspondiente área jurídica, al incrementar su información interna y generar estándares interpretativos correspondientes.

 

Lo anterior, conduce a reflexionar sobre los retos que a la organización contemporánea de los sistemas de decisión jurídica y comprensión sociológica, plantean a las negociaciones de paz entre actores armados que no se asimilan conjuntamente a un mismo sistema jurídico como en el caso colombiano, etc. Cada uno de estos aspectos, con los cuales se genera un subsistema jurídico que se especializa, o uno nuevo que es necesario construir, a partir de uno anterior, en un proceso que es creciente y ciertamente impredecible, que permite identificar las transformaciones en el entorno de las relaciones sociales, que tienden a ser más diversificadas y complejas.

 

A pesar de ello, la visión compleja y dinámica que se concibe en una interpretación inmanente del Derecho y de la Sociología del mismo, necesariamente recurre a la visión empírica de los fenómenos de la sociedad. Es en esa mirada que emergen los objetos que epistemológicamente se pueden definir para la Sociología del Derecho, es la realidad de los hechos que en tiempo y espacio viven las sociedades. Es de esa manera que en este ensayo se plantea en una perspectiva de sistemas complejos (el sistema socio-jurídico), la tesis con su respectivo debate, acerca de la participación política de los miembros de las FARC-EP, luego de que se firme el acuerdo de paz que se está negociando en la Habana.

 

Planteamiento de la tesis

Los acuerdos de paz adelantados por los gobiernos de turno en Colombia durante el siglo XX, tuvieron como telón de fondo el modelo jurídico positivista, que dotó al Derecho y a los estudios socio-jurídicos de criterios de racionalidad necesaria y suficiente, basados en teorías abstractas sobre el Derecho y la sociedad. En el siglo XXI se evidencia el agotamiento de dicho modelo, debido a las dinámicas y realidades de la sociedad en red, propia del mundo de la globalización y de las llamadas “sociedades complejas” o de la sociedad del conocimiento; fenómenos que se enmarcan en la visión de los sistemas complejos, los cuales exigen, para el caso de la Sociología Jurídica, una concepción holística, emergente, creciente y de dinámica no lineal, es decir impredecible, a partir de los hechos de la realidad social y legal. Por lo tanto, se necesita defender una concepción, desde una Sociología Jurídica, que mire los fenómenos socio-jurídicos de una manera sistémica y compleja, como es el caso de los nuevos dilemas políticos que emergen del proceso de los acuerdos de negociación de paz entre el gobierno de  la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), en particular en lo concerniente a la Participación Política en el post-conflicto. 

 

2.1 . Argumentos en favor de la tesis

Silva citado por Carvajal (2011: 114), en su intento por articular las concepciones sociológicas de tipo analítico y las de tipo sistémico dentro de la Sociología del Derecho, la presenta como “la especialidad de la sociología que conoce acerca de las instituciones (estructuras) relativas al control jurídico en su relación con las prácticas sociales (interacciones) que acaecen en la sociedad” (2002: 11). Silva señala que este concepto puede utilizarse para delimitar el objeto de la investigación socio-jurídica; pues según plantea, la pesquisa de las instituciones sociales, reducida a las que tienen vínculo con el control jurídico, establece el significado de estudiar tanto a los sistemas de normas vigentes, ya sea dentro del ordenamiento jurídico o dentro de las prácticas sociales rutinariamente establecidas, las instituciones sociales estrechamente relacionadas con los operadores de la justicia y la aplicación de las normas. Las cuales, según cada situación específica y según el factor interviniente, también generan efectos sobre el control jurídico, al igual  de cómo se aplica el derecho en la realidad. De la misma manera se generan efectos sobre las prácticas sociales, comprendidas éstas, en su vínculo con el control jurídico.

 

Siendo así lo dicho, en un escenario de post-conflicto, la dinámica socio-jurídica en la perspectiva de la Sociología Jurídica, necesita comprender lo intrincado de los procesos de reinserción de los combatientes de las FARC en la vida cotidiana nacional, en particular en el campo de la actividad política. Dicha reorganización de la vida de los excombatientes toca diversos órdenes de lo público y de la vida privada, de la economía de los hogares, de la salud y la educación para las familias de esta población, la ubicación geográfica y ocupacional dentro del proceso productivo, así como la aspiración a gobernar o representar en las instituciones del poder legislativo sus ideas y aspiraciones políticas. Esto requiere un cambio dentro de la dinámica social y de las normas, que obliga a legitimar y promover, a nivel nacional y local, la convivencia, la tolerancia y la participación conjunta en materia política de los distintos partidos en los debates programáticos y en la competencia electoral, además de la legislación que apruebe y reglamente la participación política de los guerrilleros reinsertados en partidos políticos reconocidos legalmente. Lo anterior, para hacerle justicia a la pluralidad de visiones políticas sobre cómo se debe orientar el Estado y cómo se requiere atender las necesidades de la ciudadanía a través de planes, programas y proyectos. Esto en virtud de que hay muchos grupos sociales que tienen intereses diversos, muchas veces contrapuestos entre sí, aspectos que hacen muy alambicada la relación entre unos y otros. Lo que reconocería la complejidad y diversidad de proyectos de organización social y acción del Estado a través de los gobiernos en cabeza de los partidos políticos y sus coaliciones.  Por lo tanto, es saludable ver desde una visión de complejidad la participación política de los excombatientes de las FARC.

 

Planteamiento de la antítesis o contra argumentación.

Los acuerdos de paz adelantados por los gobiernos de turno en Colombia durante el siglo XX, tuvieron como telón de fondo el modelo jurídico positivista, que dotó al Derecho y a los estudios socio-jurídicos de criterios de racionalidad necesaria y suficiente basados en teorías abstractas sobre el Derecho y la sociedad. En el siglo XXI se evidencia la vigencia de dicho modelo, debido a que las dinámicas y realidades de la sociedad en red, propia del mundo de la globalización y de la sociedad del conocimiento, continúan necesitando, para el caso de la Sociología Jurídica, una visión analítica, basada en los hechos empíricamente contrastables a la luz de las clásicas teorías del Derecho y de la Sociología weberiana, para dar lectura a los hechos de la realidad social y legal. Por lo tanto, se necesita defender una concepción, desde una Sociología Jurídica, que mire los fenómenos socio-jurídicos de una manera analítica, en particular, como es el caso de los nuevos dilemas políticos que emergen del proceso de los acuerdos de negociación de paz entre el gobierno de  la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), en particular en lo concerniente a la Participación Política en el post-conflicto, que deben ser en acatamiento a las normas jurídicas establecidas, defendiendo el imperio de la ley. 

 

3.1  Argumentos en favor de la antítesis

En tal sentido, se entiende desde la Sociológica Jurídica, que la iniciativa y aplicación de la norma corresponde a la adecuación del sistema jurídico colombiano para facilitar la toma de decisiones políticas, económicas, sociales, administrativas y militares táctico-estratégicas en el proceso de negociación con las FARC, sin violentar la ley; para ello, se incorporó a la Constitución Nacional un artículo transitorio en el cual se consigna la ley estatutaria para la regulación del proceso sobre la posible participación política de los integrantes de las FARC-EP que se desmovilicen.[2]

 

En este sentido, se corre el riesgo de aplicar una justicia con impunidad, ya que en estas condiciones se pone en riesgo los derechos de las víctimas a conocer la verdad para luego recibir justicia y reparación. Al dar garantías para los desmovilizados de las FARC por medio de una negociación de paz, se abren espacio para la total impunidad, permitiendo cualquier forma de acceso a cargos de elección popular. De modo que la ausencia de concreción en el tratamiento jurídico que se pretende dar a los crímenes que quedan por castigar, pone en evidencia la debilidad del proceso, por cuanto es imposible desde el contexto jurídico legal existente, de que responsables de crímenes de guerra participen en política. Las negociaciones que se adelantan no son un ejercicio de rendición del imperio de la ley y sus instituciones. Por el contrario, es el Estado quien exige a los alzados en armas a que a través de este proceso, reconozcan sus delitos y se sometan a un proceso de justicia si realmente buscan alcanzar la paz sin impunidad.

 

Hay que tener presente que el objetivo de este proceso, es garantizar el derecho humano a la paz de la sociedad colombiana. Pero al actuar de acuerdo a los requerimientos de las FARC-EP en cuanto a dialogar sobre el régimen electoral y la institucionalidad democrática colombiana no es posible, en tanto que no se puede equiparar al Estado con un grupo narcoterrorista, sin propósitos ni argumentos políticos. Lo anterior significa, dejar de perseguir determinados delitos y a determinadas personas pertenecientes a las FARC-EP, para centrarse solamente en los “máximos responsables”, atrayendo así la impunidad, una vez que ciertos miembros de esta agrupación queden sin ser enjuiciados.

 

En medio de esta realidad política, el gobierno sigue haciendo concesiones con estos ejecutores de acciones terroristas, sin que entreguen sus armas. Al contrario de lo que se esperaba, han utilizado el pretexto del término técnico de “dejación de armas” sin la entrega de ellas; lo anterior, debido a la fase de dialogo indefinido que han mantenido las FARC. Por ello, la interpretación sobre ese asunto es tan solo especulación. Situación que a la luz de la Sociología del Derecho, evidencia que no hay ninguna obligación del gobierno, para que cumpla con exigencias extralegales que dicho grupo busca obtener. En tanto que las acciones del Estado, en cabeza de sus funcionarios, deben estar sujetas al imperio de la ley, libre de acuerdos condicionados por quienes han atentado contra la paz y la seguridad de quienes con su correcto actuar, han ayudado a hacer patria.

 

EL gobierno del presidente Santos ha mostrado su disposición por llevar a cabo un proceso legítimo y transparente, aun cuando los integrantes de las FARC-EP no han entrado a los diálogos de paz de manera desinteresada y resuelta con fines de un acuerdo. Su actitud demuestra que no están dispuestos a asumir los costos necesarios que se derivan de su escasa representación social y política, ni reconocen su insignificante poder militar estratégico. En cambio, han generado un juego calculado y metódico para sacar el mayor provecho de los diálogos de paz, a través del cual continuar su acción armada, en caso de que no queden satisfechas sus demandas. Por eso desde una mirada analítica de la sociología del Derecho se debe entender que es responsabilidad del Estado, hacer cumplir el imperio de la ley en función de proteger los bienes jurídicos tutelados.

 

Las FARC-EP buscan a través de este proceso, recuperar la parte que perdieron antes de tomar en serio la decisión de abandonar la lucha armada. Por ello argumentan que en la Habana se está en procesos de “diálogo” no de “negociación”. Por cuanto una negociación, implica que cada parte ceda un poco si realmente quiere llegar a un acuerdo; es evidente que para las FARC, el único que está obligado es el Estado, negándose a adquirir cualquier compromiso. Así que su interés es recuperar terreno, más no entregar ni comprometerse a nada, a pesar de los acuerdos suscritos (Núñez, 2013: 19). Por tanto, se requiere que se haga cumplir la constitución y las leyes con la represión armada de las fuerzas legalmente constituidas en defensa de la ciudadanía, si no hay hechos de paz de parte de las FARC. Pues quien hace la violencia es la guerrilla.

 

Se exige de las FARC-EP un cambio de comportamiento y un cambio de mentalidad, así que deben dejar las armas, desmontar el concepto de enemigo y asegurar el respeto por el opositor. Ellos mismos piden “prevenir la violencia contra quienes ejercen la política”, pero a su vez asesinan, destierran y amenazan a quienes denuncian su barbarie. Se debe exigir el cese de violencia, si de seguir dialogando se trata.

 

Adicionalmente, en relación con la implementación de las zonas de CTEP (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz), los opositores al acuerdo de consideran inviable la aplicación de esta medida; en tanto que los resultados serían que en aquellas zonas se aumentaría la fuerza de la presencia de las FARC, y en consecuencia, existiría un número importante de víctimas de este grupo guerrillero, obligados a elegir a los victimarios como sus representantes en el Congreso. Por esta razón, es inminente el establecimiento del estatuto de oposición sin esperar a que se firme del acuerdo con los subversivos.

 

Lo anterior, corresponde a la obligación constitucional, consagrada en el artículo 112 de la Constitución Política[3], como lo demanda el imperio de la ley, en procura de que se cumpla el imperio de la ley a través de sus instituciones y procesos reglamentarios. En tal sentido, se debe instaurar un sistema integral de seguridad que proteja a los ciudadanos de bien.

 

Por otra parte, las FARC-EP demandan cambios en la ley electoral y una revisión integral al actual régimen. Con ello quieren desconocer ese proceso solo se hará con los partidos que participen democráticamente y no con grupos armados, como lo estable el punto 2.3.4 del acuerdo firmado que ellos mismos firmaron. Por tanto, la reforma al régimen electoral se hará en las condiciones que exige la democracia y solo con los partidos políticos reconocidos. Este proceso solo los incluirá una vez surja el nuevo partido que surja de esta negociación y se encuentren participando de la vida civil, no antes. Por tanto….la antítesis vale.

 

Otra de las exigencias de las FARC-EP, es la modificación las condiciones democráticas preestablecidas, en tanto que buscan cambiar el umbral electoral correspondiente al 3% de los votos válidos, so pretexto de dar participación a las minorías que se encuentran representadas popularmente. Sin embargo es necesaria la adopción de un sistema progresivo de adquisición de derechos, ya que quienes adquieren mayor representación en el Congreso de la República, deben tener mayores derechos que los partidos que no alcanzaron dicha representación. De allí que, al existir suficientes condiciones para la participación de los nuevos partidos y movimientos políticos, los insurgentes que se desmovilicen y no sean condenados por crímenes atroces, deben someterse a las condiciones de la democracia Representativa de los partidos legalmente constituidos.

 

Un asunto injustificado es la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para los territorios más afectados por el conflicto. En estas zonas se elegirá un número, aún no definido, de representantes que formarán parte durante un período de transición de la Cámara baja. Estas circunscripciones contarán con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos, pero no permitirá que los partidos democráticos con representación en el Congreso, puedan inscribir candidatos en dichas circunscripciones. Esto significa, en pocas palabras, entregarles las regiones a los subversivos, lo que atenta contra la integridad territorial del país y vulnera la democracia. Aunque es una medida política transitoria y excepcional, no tienen por qué cambiar las reglas de juego del proceso electoral para los partidos con representación en dicha colegiatura.

 

Por último, se acordó establecer medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización a los opositores políticos. Para ello se prevé el establecimiento de Consejos para la Reconciliación y la Convivencia en las comunidades. El gobierno considera que esto es sano para la democracia y la administración pública, sin embargo hay que precisar que estas acciones solo se pondrán en marcha dentro de la institucionalidad, no dentro de las exigencias de la subversión.

 

Por todo lo anterior, es que se exige que el gobierno colombiano, defienda desde una concepción de negociación con elementos de Sociología Jurídica, que mire los fenómenos socio-jurídicos de una manera analítica, en particular, como es el caso de los nuevos dilemas políticos que emergen del proceso de los acuerdos de negociación de paz entre el gobierno de  la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), en particular en lo concerniente a la Participación Política de esta organización en el post-conflicto, que debe ser en acatamiento a las normas jurídicas establecidas, defendiendo el imperio de la ley, sin dar tantas concesiones en los acuerdos; y sí dando plazos perentorios a los guerrilleros para su sometimiento a la constitución y a la ley, con los beneficios establecidos de manera racional y justa.

 

Dentro de la dirigencia política colombiana que defiende el statu quo, se observan algunas contradicciones que en algunos casos también son agudas; ya que el presidente Santos que representa alguna facción de la dirigencia empresarial y económica del país, ha estado buscando de todas las formas posibles, mantener el dialogo a pesar de las actitudes belicistas y provocadoras de la guerrilla, la cual tiene una actitud ventajosa de sacar provecho, no dar nada y siempre pedir más. De otra parte, está la postura defendida por los terratenientes y ganaderos, de línea conservadora y ultra-conservadoras del país, que se alinean con las ideas que expresa Álvaro Uribe Vélez en el sentido en que solo hay negociación en la media en que haya cese de violencia y hostilidades de forma total, entrega de las armas y concentración en ciertos lugares del país con vigilancia, ya sea nacional o internacional para garantizar los procesos de acuerdo. Así que desde circunstancias muy difíciles de diferencia ha habido algunos tipos de acercamientos.

 

Ese tipo de circunstancias contribuye a que la tesis orientada a mirar el escenario como una sociedad compleja y globalizada, para negociar, no es útil. Es preferible seguir viendo la realidad desde un punto de vista analítico a partir de los hechos. En tanto que es con la muestra de los hechos y las acciones que se prueba la voluntad política de hacer la paz por parte de las FARC; por tanto el gobierno tiene que actuar en consecuencia. De allí la concordancia con la Sociología Jurídica de corte analítico y positiva, que se defiende la necesidad de que la negociación se haga de esta forma, para la posible participación de las FARC-EP como actor político en el país.

 

4. Planteamiento de la síntesis dialéctica.

Desde la visión empírica de los fenómenos de la sociedad, con una interpretación inmanente del Derecho y la Sociología, la visión sistémica y compleja que aquí se expone lleva a considerar que:

 

La visión Sociológica del Derecho que enmarca una visión sistémica, permite encontrar opciones  que permitan incrementar su información interna, con lo cual generar estándares interpretativos correspondientes. Lo anterior permite a la Sociología del Derecho, abrir la posibilidad de espacios para la interpretación política de problemas actuales como la participación en el contexto oficial, de quienes estaban en armas, con el propósito de darles todas las garantías posibles para el ejercicio de la oposición política, con garantías de seguridad.

 

Se genera un subsistema jurídico que se especializa, o uno nuevo que es necesario construir, a partir de uno anterior, en un proceso que es creciente y ciertamente impredecible, que permite identificar las transformaciones en el entorno de las relaciones sociales, que tienden a ser más diversificadas y complejas. La dificultad en este momento, consisten que el dicho “subsistema” establece que conforme al Derecho Internacional, no es posible conceder la impunidad para delitos graves como los que han cometido los diferentes actores del conflicto armado colombiano y, a la vez, garantizar los derechos de las víctimas. (Congreso de la República, 2012: 29). Así que es el Congreso quien determinará los casos en los que proceda una suspensión de la ejecución de la pena, la aplicación de sanciones extrajudiciales, penas alternativas, modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena así como renuncias condicionadas a la persecución judicial penal. Tales medidas están condicionadas al abandono de las armas, el reconocimiento de la responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de los menores de edad reclutados forzosamente. Es decir, el Estado es quien tiene la discrecionalidad para conceder beneficios penitenciarios si los desmovilizados colaboran con la justicia y participan a favor de una paz estable y duradera.

 

Este conjunto de argumentos a favor y en contra, hacen evidente que los fenómenos, sobe los cuales emerge la interpretación sociológica para el ámbito jurídico colombiano, conllevan a una nueva institucionalidad que responda a las exigencias planteadas por los acuerdos firmados y que se encuentran en transición. De esta manera, se promueve una “reforma política integral” que conlleva a una segunda generación de reformas constitucionales, sin perder el espíritu heredado de la visión positiva del Derecho, con alternativas viables de poder para los actores de este proceso.

 

Referencias bibliográficas

Carta de la fiscal de la corte penal internacional. 2013. Ref. 2013/0/ FB/Jccd-          vdu, [Recuperado de Internet]. En:            http://www.ips.org/blog/cvieira/documento-fiscalia-cpi-sobre-cero-carcel-

      Por-crimenes-de-su-competencia/. Citada por             Gómez Isa, F. (Jul.-Dic.      2014). Justicia, verdad y          reparación en el      proceso de paz en Colombia.       Revista Derecho del Estado.         (33): 35-63.

 

Cárcova, C. M. (1998). “Complejidad y Derecho”.  Revista Doxa. Cuadernos de       filosofía del derecho 21. (2): 65-78.  ISSN 0214-8676.

Congreso de la República de Colombia. Acto Legislativo 01 de 2012, “Por    medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional          en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras         disposiciones”. Mp.             Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

 

Colombia (1997). Constitución Política de Colombia. Bogotá: Legis.

 

Núñez, R. O. (Abr. – Jun. 2013) “Las 10 estrategias de las FARC en la         Habana”. Revista Seguridad y Democracia. Universidad Sergio Arboleda: 6-       19. [Recuperado de Internet].

http://www.usergioarboleda.edu.co/politica/las_10_estrategias_de_las_farc_en_la_habana.pdf

 

Silva, G. (Abr. – Jun. 2002). “El proceso de la investigación sociojurídica en             Colombia”, Revista Diálogos de Saberes, Bogotá: Facultad de Derecho,    Universidad Libre de Colombia, (15); citado por Carvajal, J. (Jul. – Dic.         2011). “La sociología jurídica y el Derecho”. Revista Prolegómenos. ISSN   0121-182X. XIV (27): 112.

 

Valencia Villa, A. (2012). “Algunos escenarios jurídicos ante una eventual   negociación de paz con las FARC-EP”. Bogotá: Fundación Ideas para la      Paz, 7-26. Citado por Gómez Isa, F. (Jul.-Dic. 2014). Justicia, verdad y reparación en el proceso de paz en Colombia. Revista Derecho del Estado.    (33): 35-63.

 


[1] Estudiante de Maestría en Derecho Administrativo y Ciencias Políticas. Abogada Conciliadora. Esp. en Derecho de Familia; Esp. en Pedagogía - Docencia Universitaria. Correo electrónico rosacecilia.blanco@ugc.edu.co

[2] Artículo Transitorio 67°. Una Ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos. (Congreso de la República, Acto legislativo 01 del 31 de julio de 2012).

[3] Artículo 112. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. […] Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia. 

Demetrio Santiago Batioja Estupiñán's curator insight, December 17, 2015 9:34 AM

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Perfecto para practicar la escritura en inglés ya que junto al debido análisis de plagio en la web con enlaces a los sitios dónde le ha encontrado, realiza revisiones de tipo ortográfico, de gramática, vocabulario, signos de puntuación y estilo de escritura. No requiere registro aunque las mejores funciones son de pago.

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Plagiarism Checker. Free Plagarism Detector. Online Duplicate Check.

Cumple con lo promete, buscar en Bing, Yahoo o Google cualquier fragmento de texto insertado en la caja de búsqueda que le compone, además de que pueden cargarse documentos (PDF, DOC, HTML, ODT, TXT) y pegar direcciones de páginas web. Cuenta con versión de escritorio gratuita para Windows la cuál busca incluso en Google Scholar.

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Tonny Bautista's curator insight, September 6, 2013 11:06 AM

Lo que da lugar a la competencia del Juez de los Referimientos es la existencia de la urgencia. Es decir, se trata de un hecho que abandona la apreciación de los jueces del fondo. La urgencia se caracteriza en un retardo de medidas que trae por consecuencia los intereses del demandante o citante en Referimiento. También cuando hay lugar a prevenir un daño potencial susceptible de producirse en cualquier momento o cuando a falta de tomarse la medida de manera inmediata, la situación denunciada conduciría a un perjuicio irremediable.

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