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En los últimos tiempos, la relación entre el mundo financiero y la energía solar fotovoltaica ha sido más bien  difícil e inestable, motivada principalmente por la elevada inseguridad jurídica generada por los distintos gobiernos y que ha tenido como consecuencia cambios dramáticos, algunos muy recientes, en los ingresos previstos inicialmente por ley en la explotación de las instalaciones fotovoltaicas. Estos cambios están ocasionando terribles pérdidas a los inversores y fondos de inversión que un día decidieron invertir en España en una fuente de energía limpia, inagotable y abundante en nuestro país.

Pero quizás ahora, ha llegado el momento de transmitir a los responsables financieros de empresas y organismos que la energía solar fotovoltaica, a día de hoy, puede ofrecerles atractivas opciones financieras. Nos referimos al autoconsumo fotovoltaico, que es el sistema que permite a los consumidores de electricidad, empresas o particulares, consumir la electricidad que ellos mismos generan y obtener un ahorro en su factura eléctrica. Hasta que el gobierno no regule el autoconsumo parcial (o con balance neto), los principales beneficiarios del autoconsumo con la normativa vigente son las industrias y empresas, ya que la energía que producen mientras su actividad está funcionando, la pueden consumir instantáneamente, sin generar excedente.

El precio de la electricidad derivado de combustibles fósiles seguirá subiendo en el futuro porque depende de recursos agotables y además, éstos son muy limitados en este país. La energía fotovoltaica es el futuro no porque lo diga el sector fotovoltaico, sino porque por suerte en España tenemos mucho sol. Estos hechos objetivos son motivo suficiente para entender que antes o después se va a producir un cambio de mentalidad hacia un modelo productivo basado en la eficiencia energética y la sostenibilidad. Está en manos de todos los que lo sabemos, difundir este mensaje a la sociedad y, antes o después, trascenderá la idea de que la economía debe ser sustentada no sólo por valores económico-financieros, sino también éticos, ecológicos y sociales.

En este artículo mi intención es resaltar también el beneficio económico del autoconsumo. Por eso me dirijo en particular a los directores financieros de las empresas de este país. Es una oportunidad única para aumentar la competitividad empresarial. El autoconsumo instantáneo va a permitir grandes ahorros en los costes indirectos derivados del consumo eléctrico. Con un dimensionado adecuado de la instalación fotovoltaica y en función del consumo de cada negocio, se pueden alcanzar ahorros de hasta el 50%, asociados a cortos periodos de amortización y elevadas tasas de rentabilidad, que en los casos más favorables pueden ascender al 20%. Además, el ahorro no es sólo actual, sino también futuro, ya que la empresa estará en cierta medida protegida de futuras subidas de las tarifas eléctricas durante un mínimo de treinta años, el periodo de vida útil de la instalación. Esta disminución de costes energéticos repercutirá positivamente en su cuenta de explotación, lo que permitirá aumentar la competitividad del negocio, un factor crítico para la supervivencia de la empresa. Otra importante ventaja es la autonomía que proporciona al consumidor final, ya que al convertirse en autoproductor, no depende de una única fuente de suministro eléctrico; esto le permitirá mayor predictibilidad en los precios de la electricidad, mayor control de sus costes y, por tanto, mayor precisión y fiabilidad en sus planes financieros.

Las subastas de energía para el suministro eléctrico de último recurso (Cesur), de las que desde julio de 2009 depende la tarifa TUR que se fija cada trimestre y que pagan más de 20 millones de consumidores (en su gran mayoría, domésticos), se han revelado como un buen negocio para sus participantes (eléctricas, bancos y fondos de inversión) y no tanto para los usuarios. Si se compara el precio marcado en cada una de esas subastas para la energía de base (la principal referencia, al ser el producto más demandado) con lo que luego han pagado las comercializadoras de último recurso (las cinco mayores eléctricas) en el mercado diario (el denominado pool eléctrico), el balance está claro: tras catorce subastas, en sólo una, la del tercer trimestre de 2011, el precio de la Cesur ha sido inferior al que después ha arrojado el pool.

En el resto, el precio ha sido superior, con una desviación media de precios al alza de en torno al 15%, lo que implica que el consumidor doméstico ha salido perdiendo en trece de las catorce ediciones de la Cesur celebradas desde mediados de 2009. También en la que tuvo lugar en septiembre pasado, a pesar de que determinó una bajada del recibo de la luz del 2%, que se quedó en nada debido a la refacturación de los peajes (la otra parte del recibo) forzada por el Tribunal Supremo. El producto de base en esa subasta se adjudicó en 49,25 euros por megavatio hora (MWh), por encima de los cerca de 44 euros por MWh que luego marcó el pool.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE), la misma entidad que valida cada Cesur, dio este verano el visto bueno al funcionamiento de estas subastas, tras una investigación en la que analizó dos pujas, entre ellas, la única que marcó un precio superior al que luego fijó el pool.

Las Cesur no son responsables directas del déficit de tarifa, que se genera cuando los ingresos por peajes (la otra parte del recibo, que regula el Gobierno) son inferiores a los costes reconocidos a las empresas. Sin embargo, en ocasiones su resultado ha determinado la evolución de los peajes, lo que sí ha incidido en la creación del citado déficit.

La nueva subida de la luz que entrará en vigor el próximo día 1 será, según el Ministerio de Industria, de en torno a un 3% porque así lo ha determinado el “mercado”, como ha señalado en repetidas ocasiones el titular de esa cartera, José Manuel Soria. En concreto, la última Cesur, celebrada el pasado día 21, arrojó un encarecimiento de la energía cercano al 7%.

Ese 3% podría quedarse muy corto como consecuencia del nuevo sistema de penalizaciones en el recibo que se aplicará cuando se superen determinados niveles de consumo. La CNE lo ha criticado con dureza por entender que encarecerá la factura de casi 8 millones de usuarios y es de difícil aplicación de forma inmediata.

España es el país de la Unión Europea en el que los ciudadanos pagan la energía más cara y el único en el que se ha generado déficit de tarifa, que alcanza los 30.000 millones de Euros, lo que supone que cada español debe 638 Euros por la energía consumida en los últimos 10 años. Por si esto fuera poco, el índice de pobreza energética que registra nuestro país es alarmante: se estima que cerca del 14% de la población, unos 6 millones de personas, son incapaces de mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud y que el número de muertes por este motivo supera al de la siniestralidad en las carretera españolas.

Esta realidad contrasta fuertemente con  elevadas cifras de facturación que acumulan en cada ejercicio las grandes compañías eléctricas, lo que les ha permitido alcanzar un alto grado de internacionalización y ofrecer millonarias retribuciones tanto a sus directivos como a sus consejeros externos,  que en muchos casos fueron altos cargos de la Administración que  influyeron de manera decisiva en la configuración de nuestro actual  sistema energético.

ANPIER considera que, en la coyuntura de crisis y pobreza energética que sufre la ciudanía, es una obligación del Estado realizar este ejercicio de transparencia serio y riguroso, para que se expliquen los diferentes costes del sistema y, en concreto, los costes reales que supone cada modalidad de  generación, así como los impactos positivos y negativos para la sociedad  y el medio ambiente de cada tecnología generadora de electricidad.

Pero sobre todo, por ser lo más gravoso para los españoles, el sobreprecio que pagamos por el 30% de la energía que consumimos, que es de origen nuclear e hidráulica y que, con datos de la CNE de 2011, nos supuso un coste anual de 4.015.646.979 Euros, cuando el coste real de producción fue de 1.066.509.141 Euros. Esto supone que abonamos un gasto inexistente de 2.949.137.838 Euros cada año: 62 Euros por español.